A Dios rogando...

Con monseñor Miguel Cabrejos al frente, escoltado por el presidente regional, José Murgia, y el alcalde de Trujillo, César Acuña, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Teófilo Idrogo, entre otras autoridades, los docentes universitarios buscan sensibilizar la dureza del gobierno, convertido en sordo, ciego y mudo ante las demandas por la educación superior.

El presidente Alan García tendrá que realizar un acto de contricción, como ser humano y como depositario de la voluntad popular, ante las demandas de la docencia universitaria de Trujillo que hoy miércoles tuvo que refugiarse en el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y arzobispo de la ciudad, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte.

En un acto de desprendimiento pero también de buena fe, el representante de la Iglesia Católica convocó a su vez a las principales autoridades de Trujillo, entre ellas al presidente del Gobierno Regional José Murgia, al alcalde, César Acuña Peralta, el presidente de la Corte de Justicia de La Libertad y al Jefe de la III Región de la PNP, general, Carlos León Romero, entre otros importantes funcionarios, para conocer personalmente las demandas de los docentes de la Universidad Nacional de Trujillo.

Fue el secretario general del SUDUNT, Roberto Rojas, quien expuso en primer lugar una ayuda memoria del conjunto de dispositivos que el Congreso y el Ejecutivo han promulgado para efectivizar la homologación de los docentes, pero que lamentablemente hasta la fecha no se ha materializado.

La cita se produjo a las 10 am en el arzobispado de Trujillo, ubicado en la plaza de armas.

Producto de la reunión se suscribió un documento denominado Declaración de Trujillo donde se expresa que:

1. La falta de solución al problema de lahomologación de remuneraciones de los docentes universitarios con los magistrados del PoderJudicial en cumplimiento del artículo 53 de la Ley23733 ha ocasionado hasta hoy la pérdida de 112 díasde clases en las universidades públicas en el año2007, afectando a 320 mil alumnos y 22 mil maestrosuniversitarios, creando una grave situación sociolaboral.

2. Hemos constatado que en este proceso dehomologación se han dado una serie de normas que,sin embargo, hasta ahora no se han hecho efectivas.

3. Ante esta situación invocamos al señorPresidente de la República que promulgue el proyectode ley 1975 aprobada por la Comisión Permanente delCongreso de la República el día 19 de diciembre de este año 2007 e instruya a quien corresponda paraque se garantice la continuidad del tramo final dela homologación correspondiente al año 2008.

4. Los docentes universitarios, manifiestan sucompromiso de garantizar la culminación completa delaño académico 2007. Considerando que los jóvenes son la mayor riqueza deun país, como lo ha manifestado Su SantidadBenedicto XVI, hacemos votos para que laproblemática universitaria se afronte en un clima dediálogo, pensando en el bien común y se de unasolución de manera definitiva.

Con la aceptación de los presentes se ha encargado a Monseñor Cabrejos sea el portavoz del petitorio ante el presidente de la República, Alan García, con la finalidad de que el gobierno ponga fin así al clamor no sólo de docentes sino de toda la colectividad nacional.

El sueldo ético de la docencia universitaria

Docentes universitarios de la UNT-Trujillo, en huelga de hambre en una carpa en la plaza de armas.

Se nota cansancio, consternación y rabia, pero ante todo, el firme propósito de salvar su dignidad ante la rémora burocrática del régimen aprista que viene empleando durante todo el año mil argucias frente a las demandas de más de 20 mil docentes de las treinta universidades públicas del país.

Esta huelga nacional indefinida que se ha prolongado por más de dos meses, ha desembocado- como era previsible- en una masiva huelga de hambre, iniciada desde el miércoles último en ocho bases de la Federación Regional de Docentes Universitarios-FERDUNORTE, como una postura de sacrificio físico, pero sobre todo de una exposición moral del régimen, frente a un tema que constitucionalmente, legalmente y financieramente está zanjado desde hace tiempo.

SIMILAR ESCENARIO

Algo similar ocurrió durante el mes de julio del 2006 durante el gobierno de Alejandro Toledo, que felizmente reconoció entonces las justas peticiones de los docentes universitarios y dispuso el inicio del proceso de homologación de sueldos con los de los magistrados del Poder Judicial.

Pero, llegar a ese logro costó a los maestros de las universidades del Estado una lucha de 23 años, para que se comience a cumplir el artículo 53 de la Ley Universitaria 23733.

Se pensaba que el nuevo gobierno de Alan García respetaría durante el 2007 el proceso de homologación, pero no fue así.

A lo largo del 2007 los maestros tuvieron que tocar las puertas del Ejecutivo y del Congreso hasta lograr la dación de la Ley Nº 29035 (junio) y Ley Nº 29070 (julio), refrendados con dos Decretos Supremos que transfieren a las universidades los 71 millones de soles para cancelar el segundo tramo (35%) de la homologación, desde junio del 2007.

A LAS PATADAS

El gobierno demoró casi seis meses para atender recién los reclamos de los maestros universitarios, desconociendo con ello los haberes por homologación de los primeros cinco meses (enero- mayo del 2007). Esta fue la primera patada del gobierno a la docencia universitaria.

La segunda fue la famosa declaración del presidente García en noviembre de este año cuando anunció la solución al problema, pero condicionándola a la “evaluación docente”, siguiendo casi exactamente la estrategia utilizada por el gobierno con los maestros del SUTEP. El problema es que ya termina diciembre y la declaración presidencial se ha devaluado.

Y, para coronar con cereza al pastel, cuando el Congreso de la República había promulgado el 15 de noviembre último la Ley Nº 29137 (una vez más otra ley sobre lo mismo) disponiendo el pago de homologación de los docentes desde junio del presente año, un burócrata del ministerio de Economía y Finanzas le enmienda la plana ¡al propio Congreso! y manda que se cancele la homologación, no desde junio sino desde el 1º de diciembre.

Esta provocación enervó a los docentes y esa es la razón por la cual la huelga no se ha levantado sino que, por el contrario, se ha radicalizado.

Tan expuesto está el gobierno en el tema de la homologación docente universitaria que los operadores políticos del Partido Aprista en el Congreso no les ha quedado otra cosa que tratar de enderezar los entuertos.

Las demandas de los docentes universitarios no es por mayores sueldos sin trabajar, sino un sueldo ético que le permita vivir con dignidad. Está de por medio igualmente el cumplimiento de la ley y de la Constitución que dispone el 6% del PBI a la educación en el país.

Por ahora los parlamentarios de otras tiendas políticas han hecho causa común porque se han dado cuenta que el caso de la homologación docente se estaría prestando para una burla del gobierno.

Así, el miércoles 19 una moción del congresista Oswaldo Luizar Obregón presentada a la Comisión Permanente, trata de corregir la Ley 29137 y precisa las fechas del pago a los docentes universitarios en el periodo del 01 de junio al 28 de noviembre.

La Comisión Permanente ya la dispensó de trámite y lo aprobó sin dilación y el viernes 21 en la tarde firmó la autógrafa enviándola así para la firma y promulgación del Ejecutivo.

Se espera que en las próximas horas gobierno disponga su aplicación a través del MEF.

Mientras ello no ocurra, los docentes de todo el país continuarán en su justo reclamo y han anunciado que de ser preciso masificarán aún más el número de huelguistas de hambre para lo cual levantarán un mayor número de carpas en las plazas públicas de todo el país.

Ven a Palacio esta navidad

Foto: Radio Programas del Peru
El tole tole político, los cambios ministeriales, y las urgencias sociales del gobierno ad portas de las fiestas navideñas.

11.13 am del jueves 20 y en Palacio de Gobierno el presidente Alan García ensayaba un breve discurso de complacencia de su régimen y del primer gabinete que lo acompañó durante 18 meses.

Fue, además un discurso que por lo menos para las tribunas echaba paños fríos al tole tole político que 48 horas antes lo había provocado nada menos que su propio jefe de Gabinete Jorge del Castillo, quien lo miraba de reojo con cara de culpable, pero no se sabe si de conciente arrepentimiento.

“Este es un gobierno que se ha propuesto redistribuir lo que se logre del crecimiento económico sin pedir carné partidario. Trabajamos y beneficiaremos a todos sin ver de que grupos sociales son y seremos neutros en dicha política mientras esté yo al frente del gobierno”, comenzó su discurso mientras los ministros asistentes se codeaban unos a otros.

Quince minutos después inició el rito de rigor de aceptar la renuncia de cinco ministros de Estado y la incorporación del mismo número, con la juramentación frente a la cruz y la Biblia.

Alan García se animó a un recambio parcial de su gabinete, como corolario de la batahola política provocada durante la semana, nada menos que por su Premier y fiel escudero, Jorge del Castillo.

Las infelices declaraciones del presidente del Consejo de Ministros el domingo último en un acto público en Lurín, fue casi como un tiro en el propio pié del gobierno, que de inmediato el propio Jefe del Estado trató de atribuirle a un “desliz de mala comunicación” de su compañero de partido.

¿Qué había dicho Del Castillo?: que en adelante sus bastiones apristas tendrían la prioridad en la asignación del gasto social que administra el gobierno.

El mensaje inoportuno cayó como chicharrón de cebo a los propios dirigentes apristas y la prueba sectaria que necesitaban los enemigos del gobierno aprista.

Lo que sigue es una historia de reuniones palaciegas nada dramáticas sino de humor y contraste que terminó con la ratificación de Del Castillo, el martes al mediodía, y la decisión de las movidas ministeriales que comenzó a cocinarse en Palacio de Gobierno y que culminaron el jueves antes del mediodía, con la juramentación del nuevo gabinete.

Hubo algunos cambios de rostros y enroques que en nada modifican las líneas de política económica del régimen.

Lo que si se advirtieron fueron algunas novedades. Una de ellas fue el ingreso de Antero Flores Aáoz, actual embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cartera de Defensa en reemplazo de Allan Wagner. Este, a su vez, irá a la Corte Internacional de la Haya para asumir la defensa del Perú en la demanda a Chile por la delimitación marítima.

Otro hecho remarcado por muchos analistas es la incorporación de Rosario Fernández como ministra de Justicia, en reemplazo de María Zavala. Si bien, la entrante- dicen los voceros apristas- es una destacada profesional, su pasivo es que ha sido la abogada del empresario televisivo Ernesto Schutz, hijo, heredero de la televisora que vendió su línea editorial por torres de dólares al fujimontesinismo.

La otra novedad es el ingreso del abogado laboralista independiente Mario Pasco Cosmópolis en la cartera de Trabajo, en lugar de Susana Pinilla, quien va al ministerio de la Mujer y Promoción Social.

Llamó también la atención la designación de Hernán Garrido Lecca, quien se desempeñaba en el ministerio de Vivienda y Construcción y que ahora va a Salud, en reemplazo de Carlos Vallejo.

Entra a Vivienda y Construcción Enrique Cornejo, quien fuera el primer secretario general de Palacio de Gobierno durante el primer gobierno aprista.

Para gran parte de los entendidos no fue una sorpresa, pero si deploraron, por ejemplo, que en esta renovación del gabinete no se haya incluido al ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien tiene exhibe menos pergaminos ministeriales que Allan Wagner.

Lo que pasa es que LAC es un referente del APRA y eso es lo que pesó finalmente en los conciliábulos en la Casa de Pizarro.

Los expertos en análisis de la política nacional no ven auspicioso solo el cambio de caras en el gabinete ministerial dado que las políticas económicas y sociales del gobierno permanecen en el statu quo. Y ese es el problema de fondo del régimen aprista.

El sociólogo Sinesio López, dijo por ejemplo que los pobres exigen cambios del modelo de exclusión del Estado y parece que el gobierno del APRA no está dispuesto a cumplir.
José Vega de Unión por el Perú tildó de cambio “cosmético” la renovación ministerial, pues no implica un cambio del modelo económico neoliberal.

Para Carlos Raffo del Movimiento Fujimorista, “estos cambios no sirven de mucho porque la imagen del capitán del equipo (Jorge del Castillo) está deteriorado y eso será un lastre para todo el gabinete”.

El gasto social

Ya lo ha deslizado el presidente García en la juramentación de ministros. El énfasis de este nuevo gabinete está en dinamizar la política del gasto social. Tiene explicación entonces la designación de Susana Pinilla en el ministerio de la Mujer y Promoción Social, quien se nota más operativa que su antecesora.

Después de todo, tal como se conoce en los últimos 10 años el gasto social en el Perú sumó US $38,000 pero ha favorecido a las regiones con más ingresos y los resultados no fueron buenos: duplicidad de beneficiarios, filtración alta de no pobres, entre otros aspectos.

Nada garantiza que el programa Crecer del gobierno del APRA disminuya la pobreza ostensiblemente si es que no cambian las políticas del empleo y de la reactivación del aparato productivo nacional.

De manera que aquí estará el reto en la coyuntura inmediata que le espera al gabinete remozado. Esa será por ahora la preocupación del gobierno en medio de un ambiente navideño ganado por el consumismo, producto del boom de los megaplazas y los megaretail.

¿País justo y próspero?

Foto: K. Thorsen en http://www.shutterstock.com/pic-1319621-india-poverty.html


El TLC con EE.UU y el debate del CADE sobre nuestro futuro pone en agenda ahora más que nunca el tema de la pobreza y como reducirla aceleradamente.

El Tratado de Libre Comercio-TLC entre Estados Unidos y Perú, ratificado por el Senado americano a inicio de semana y los debates de la 45º Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE, 2007 que concluyó el sábado 1º de diciembre, constituyen dos grandes temas que se cruzan pero que también provocan divergencias en el país.

Pese a ello, el gabinete en su última sesión del jueves ha creado una Comisión multisectorial para supervisar la implementación del TLC.

El grupo de trabajo está integrado por los titulares de los ministerios de la Producción, Transportes y Comunicaciones, comercio Exterior y Turismo, Agricultura, Economía y Finanzas, Deberán sumarse a ellos Indecopi, Sunat, Osiptel, entre otros. Tendrán como tarea destrabar la maraña de normas que impedirían el proceso de aplicación del TLC.

Lo curioso es que casi todas las instituciones comprometidas son a su vez integrantes del Consejo Nacional de la Competitividad, que poco o nada ha avanzado en esta materia, a pesar de que ya se conocía que la ratificación del TLC con Estados Unidos era ya inminente, tras largos 43 meses en que ambos países firmaran el acuerdo, durante el periodo del ex presidente Alejandro Toledo.

Justicia y prosperidad

La noticia de que el Senado americano aprobaría el acuerdo comercial con Perú se conoció precisamente en el último día del CADE de Trujillo, donde los empresarios peruanos discurseaban sobre el tema “Todo lo que nos falta para ser un país justo y próspero”.

Y, es aquí donde el tema de la justicia, la prosperidad, inclusión social, la lucha contra la pobreza, la identidad y autoestima, categorías conceptuales incorporadas al debate del CADE, son ahora reinterpretadas por empresarios, trabajadores y analistas, luego de conocerse la votación del Senado USA a favor del acuerdo comercial con nuestro país.

Por supuesto, un sector de empresarios, desde el CADE saludó la ratificación del TLC. En cambio otros, especialmente vinculados al CONVEAGRO han propuesto desde el año 2004 una Plataforma Agraria en Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano, ante las grandes diferencias entre el agro peruano y el norteamericano.

David vs Goliat

Los críticos del TLC manifiestan que los Estados Unidos buscan siempre un trato igualitario en estos acuerdos comerciales y no reconocen las profundas diferencias con los países de América Latina.

Solo para ilustrar a grandes rasgos el problema hay que tener en cuenta los siguientes indicadores: la población de EE.UU. es 11 veces la población del Perú. El Producto Bruto Interno per cápita es 7 veces al nuestro y su presupuesto público es 126 veces al de Perú.
Según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. RICYT, la inversión anual en Investigación y Desarrollo por habitante durante el año 2002 fue en Perú de solo US$ 2.17 dólares, mientras que el coloso del norte fue de US$ 989.4 dólares por habitante, es decir 455 veces más.

Ni que decir de las exportaciones. EE.UU. exporta 80 veces más que Perú (en US$ 715 billones vs US$ 9 billones) y en importaciones la brecha es sideral (US$ 1,260 billones vs US$ 8 billones).

¿Qué pasa con Chile?

La desigualdad comercial con Estados Unidos siempre estará presente, si no veamos el análisis que resumió en un documento de trabajo la Comunidad Andina el año 2003 al Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Chile, nuestro vecino.

Chile concluyó el 2002 negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero también ese año lo hizo con Europa y Corea.

Según el gobierno chileno el TLCCE le permitiría consolidar y ampliar el acceso de sus productos a las principales economías internacionales, diversificar las exportaciones y contar con reglas de juego claras y, de este modo, la productividad de las empresas chilenas se vería incrementada al facilitar la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios.

Sin embargo fueron claros en las importantes desventajas o “sacrificios”, como eufemísticamente le llamaron y que ahora soportan. Entre ellos: el no contemplar tratamientos diferenciales para Chile, como país en desarrollo, el esfuerzo de eliminación del impuesto de lujo para automóviles, la limitación en el uso de regímenes aduaneros especiales, tales como la exención o la remisión de impuestos de importación de bienes no originarios utilizados en la producción de bienes de exportación, entre otros agudos puntos.

¿El TLC reduce la pobreza?

La pregunta, como apuntaba Pedro Francke, analista de la Universidad Católica del Perú, es si ¿el TLC con Estados Unidos reducirá la pobreza en el Perú? y ¿si esta será la mejor que otras alternativas de integración comercial?

Y, ese es precisamente el problema actual de discusión y que los empresarios del CADE tibiamente trataron de poner en la agenda de su Conferencia anual de Trujillo.

Claro está es la primera vez que lo abordan oficialmente, pues no les quedaba otra cosa, ad portas de la ratificación del TLC por el Senado norteamericano y las observaciones que hizo la representación congresal demócrata que pugnó por incluir en el acuerdo artículos referidos a la protección del medio ambiente y de las condiciones laborales.

Los temas de fondo de este TLC con Estados Unidos son a tenor de Francke los siguientes: a) Exportaciones y empleo, b) Precios agropecuarios, c) Medicamentos y salud, d) Presupuesto y gasto público. En un análisis de todos estos puntos, el Perú no sale bien parado. Todo lo contrario.

Francke profetiza: “Cualquier acuerdo comercial, favorecerá o no a un país y a la reducción de su pobreza dependiendo, en primer lugar, de las condiciones del mismo. Bajo las condiciones que parecen prevalecer en los acuerdos TLC firmados con Estados Unidos con otros países y las posiciones que hasta la fecha mantiene el país del norte, no es seguro que el TLC reduzca la pobreza. Es más bien probable lo contrario”.
Por su parte los empresarios alrededor de la CONFIEP expresaron su alegría por el TLC e instaron a los opositores del acuerdo a “no tener los ojos vendados” y sumarse al proceso de modernización del país y pidieron al Ejecutivo y al Congreso a apretar el acelerador e iniciar en breve el proceso de adecuación legal y de infraestructura.

El camino será largo y tortuoso, pero de cualquier modo será mejor que el Perú tenga su propio proyecto de desarrollo y no se agudice más la brecha de los excluidos y de pobres y ricos.

Guerra avisada

"Como el dia era la noche": autor:dibujo de Edilberto Jiménez.


Subversión y narcotráfico: un cóctel mortal que si el Estado no enfrenta con políticas sociales y legales claras y profundas, fragmentará más al país.

Hay un notorio y preocupante avance sedicioso en la zona sur oriental del país desde finales del año 2006 que el gobierno del APRA parece haberse distraído, interesado por supuesto en estos 16 meses de gestión en cumplir parte de sus promesas electorales y quizá en poner orden administrativo y logístico en la cartera del Ministerio del Interior.

Los dos últimos ataques a policías en un intervalo de quince días, ha crispado no sólo los nervios del gobierno sino de las comunidades en Huancavelica y Apurímac, que se sienten más desprotegidas que nunca.

En uno y otro caso la táctica de enfrentamiento empleada ha sido diferente. El 1º de noviembre fue atacada frontalmente la comisaría de Ocobamba (provincia de Chincheros, Apurímac). El martes 13 una patrulla policial fue emboscada en Huachocolpa (Pampas de Tayacaja, en Huancavelica).

El resultado en ambos episodios sangrientos ha sido cinco policías muertos e igual número de heridos y, por parte de los sediciosos, tres abatidos en combate, según fuentes militares.
Sin embargo, los familiares de dos supuestos terroristas han denunciado en Huancavelica que sus parientes son ajenos a las imputaciones que ha hecho la policía.

¿Narcos o terrucos?

Lo servicios de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía no se ponen de acuerdo hasta ahora en el origen faccioso de los grupos armados. El Ministerio de Defensa ha calificado de “delincuentes terroristas”al grupo que emboscó a la patrulla policial en Huachocolpa. En tanto que el ministro del Interior, Luis Alva Castro en su viaje realizado a la comisaría de Ocobamba aseguraba que el ataque fue realizado por “narcoterroristas”.

Sean unos u otros, se piensa ya en una alianza mortal entre columnas dispersas de Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico que tratan de controlar los accesos del Valle de los ríos Apurímac y Ene- VRAE, zonas de alto tránsito de pasta básica, el insumo principal que sale hacia los laboratorios que luego es transformada en clorhidrato de cocaína.

Aún cuando la zona está declarada en emergencia y controlada por las Fuerzas Armadas desde enero del presente año, el accionar tanto de supuestas columnas de Sendero como de sicarios del narcotráfico no ha sido neutralizado, menos reducido.

Cronología

La prensa nacional ya ha informado que en abril, junio y agosto de este año se produjeron ataques en Corah, en Santa Lucía, también en Tocache, donde asesinaron a tres policías y al fiscal Arturo Campos, y un incursión en el centro minero de Doe Run, donde murió un policía.

En diciembre del 2006 fue emboscada una patrulla policial en el VRAE donde murieron cinco policías y tres empleados de la empresa ENACO.

Un poco más atrás, a fines del año 2005 dos feroces ataques terroristas terminaron, uno por el VRAE y el otro en Aucayacu (Huanuco), con la vida de trece policías en total, en una arremetida sangrienta que impactó en la colectividad nacional.

Nada claro

No se conoce hasta ahora con claridad cual es la política antisubversiva y antinarcóticos del gobierno, salvo algunos anuncios efectistas hechos hace dos meses, especialmente en el control de activos por lavado de dinero.

Pero ante la escalada de violencia senderista que se va extendiendo poco a poco y que el gobierno no quiere reconocer y, de otro lado, la violencia social, desatada por la desatención del Estado a los reclamos- la mayoría de ellos justos- de los trabajadores, municipios, gobiernos regionales, y otros gremios de la producción, el Ejecutivo se encuentra prácticamente en un dilema de urgente solución.

Lo único que se conoce del gobierno aprista en esta materia es la contradicción en que cayó durante su primer gobierno. Cuando en 1985 García accedió al poder anunció solemnemente en el Congreso que “no combatiría la barbarie con la barbarie”. Los hechos demostraron posteriormente que en ese empeño fracasó. Ahí están como episodios irrefutables, leguleyadas aparte, las masacres de campesinos en Accomarca y Pucayacu (Ayacucho), la matanza de los penales (Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara), Cayara (Ayacucho) y otros casos más.

En un informe publicado en 1990 el Instituto de Defensa Legal mencionaba que “durante los cinco años del gobierno de García la acción contra el país por parte de los grupos subversivos creció en intensidad […] La estrategia antisubversiva con que se enfrentó el problema fue, a la luz de los resultados, claramente ineficaz e incluso contraproducente. El permanente recurso de la violación a los derechos humanos y de la impunidad fue uno de los ingredientes fundamentales que explican ese fracaso”.

Fragmentación

Sin embargo, después de 1990 y durante todo el periodo de Fujimori, etapa en la cual la política antisubversiva frenó las acciones sediciosas, la brecha de “fragmentación de la vida social”, como la llamaron Max Hernández y Francisco Sagasti se amplió y complicó más.

En suma- decía ya en un estudio del año 2000, la institución Agenda Perú- que “la prédica terrorista siempre va a encontrar un terreno fértil en la pobreza y el abandono en que han vivido y viven muchos peruanos. La exclusión y la injusticia fueron tomadas como pretexto por los grupos subversivos para plantear la destrucción del Estado. Al romper lo que debe ser el monopolio estatal en el uso legítimo de la coerción y la violencia, el terrorismo muestra la debilidad del Estado peruano y el hecho de entregar zonas enteras del país al control de las Fuerzas Armadas abrió nuevas posibilidades a la represión indiscriminada”.

Ese mismo fenómeno se le puede presentar al nuevo gobierno del APRA, si antes no define y pone en marcha políticas eficaces para reducir drásticamente la “fragmentación de la vida social”. Pero esta es una punta de la madeja. La otra punta es la guerra contra la droga que ya a estas alturas se ha constituido en una serie cuestión de Estado.

Aquí hay tareas urgentes, difíciles y complejas. Y, si no se enfrentan ambos miedos-la subversión y el narcotráfico- el cóctel mortal puede estar a la vuelta de la esquina.

Del “perro del hortelano” a la política del “perro muerto”

Fotos Dalia Chevez (Blog Rodrigo Peñalba)

Un repaso a las leyes, políticas y filosofías populares acicateados desde lo alto por el Primer Mandatario, pero con efecto boomerang.

El presidente Alan García hizo público hace siete días una de sus últimas “leyes” que, puesta en la agenda pública desató, como era de esperar, un agrio debate nacional.

Más que una norma del Ejecutivo, lo que presentó el Jefe del Estado, en blanco y negro, fue un ensayo periodístico donde sustentó su ahora famosa “ley del perro del hortelano”.

No se trata de un dispositivo en favor de tantos perrunos sueltos en plazas. Es más bien una visión particular de lo que el Primer Mandatario entiende por uso de los recursos naturales, inversión y generación de trabajo.

Apenas apareció el artículo en un medio de circulación nacional se inició el debate en programas radiales y en la televisión, siempre con invitados a favor y en contra de los juicios presidenciales.

Empresarios, como Pablo Bustamante, o congresistas del APRA como Aurelio Pastor Valdivieso, justificaron las propuestas de García. En cambio, Pedro Francke, coordinador nacional de Foro Salud y otros parlamentarios de la bancada de UPP, sostuvieron que en lugar de denigrar las reclamaciones de la ciudadanía, bajo el supuesto de que ésta actúa como “el perro del hortelano”, lo que se requería era que el Presidente lidere en forma concreta los sectores económicos a los que hacía alusión en su comentario personal.

“Ociosos e indolentes”

García ha manifestado que en el país existen ingentes recursos naturales, sin uso que no son transables, que no reciben inversión y no generan trabajo. Y, le ha echado la culpa de todo ello al “tabú de ideologías superadas y también a la ociosidad y a la indolencia”.

A continuación repasa los recursos que el Estado no puede ofrecer a los inversionistas porque hay “ociosos e indolentes” en el país que se niegan a facilitar la tarea del Ejecutivo. Es decir, la “ley del perro del hortelano”.

Hay dos temas iniciales que se emparentan en la propuesta de García: la propiedad de la tierra en la amazonía y las facilidades para su adquisición en grandes dimensiones. Vendida en grandes lotes traería tecnología, asegura.

Otro asunto es el de los recursos mineros. El Perú tiene la riqueza más grande del mundo, sin embargo, apenas una décima parte está en explotación porque “aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado”.

Un cuarto tema es el mar. “Reaccionan los pescadores artesanales de la caleta cercana, que ven nacer una competencia más moderna y dicen que se está bloqueando su derecho al libre paso, que se contamina el mar y, otros, invocan lo sagrado del Mar de Grau”.

Finalmente García aborda un punto neurálgico, pero lo hace por la tangente: la educación. “Tampoco se pone en valor el cerebro de nuestros alumnos e hijos”, dice el presidente. Y, a continuación considera como causa “a un grupo de malos profesores y malos funcionarios que exigen no ser evaluados para esconder su mediocridad y así el sistema sigue produciendo resultados sin valor”.

El Estado tramposo

Lo que muchos analistas le han recordado al Presidente García a raíz de su ya famoso artículo periodístico, es que si de perros se trata, es bueno recordar en todo caso la política del “perro muerto” o del “Estado tramposo” o de la cultura de “meterle el dedo en la boca” a los trabajadores y ciudadanos, creyéndose el iluminado del reino.

El Estado ha instalado en el país la política y cultura del “perro muerto” y esa conducta es la fatalidad nacional que deja como bebe de pecho a la filosofía del “perro del hortelano” que expone a su manera el Jefe del Estado.

El primero gobierno de García Pérez (1985-1990) fue acusado por el régimen fujimorista y por gran parte de los agentes económicos de “perromuertero”, por el hecho de dejar de pagar la deuda externa. A nivel internacional el Perú fue visto durante ese quinquenio como un paria, no sujeto a créditos, como narró una vez el empresario Raúl Benavides.

Claro, el Presidente García explicó en una Carta al Pueblo Peruano, desde Colombia en enero del 2001, así: “Cuando recibí el gobierno el 28 de Julio de 1985 el Perú tenía una deuda de más de 14,000 millones de dólares y debía pagar en 1986 1,200 millones por ese año, más 1,500 atrasados del año anterior. Tenía que pagar un total de 2,700 millones siendo que todas sus exportaciones al extranjero no llegaban a 3,000 millones. Por eso decidí que mientras la situación económica y de violencia no cambiara, el país sólo dedicaría el 10% del valor de sus exportaciones al pago de la deuda”.

En esa misma misiva enrostró al hoy preso ex Presidente Fujimori denunciándolo que “él comenzó su política del perro muerto contra el empleo, la industria, la agricultura, la salud y la educación del país. Todo fue sacrificado al pago de la deuda externa”.

Ahora, en el 2007, el gobierno del Apra, nuevamente se enfrenta con esta política de Estado: la del perro muerto.

¿Cómo poner en valor a la Educación en el Perú, por ejemplo, si el Estado le sigue negando recursos para infraestructura, equipamiento y encima maltrata a sus docentes de Educación Básica Regular y de Educación Universitaria?

Sin mencionar los dispositivos legales dictados durante el gobierno de Toledo para finiquitar lo estipulado en la Ley Universitaria Nº 23733, en lo que va de este año durante el presente régimen el Congreso dictó en junio último la Ley Nº 29035 que autorizó el pago del 26% de la homologación de los maestros universitarios, después de una larga huelga nacional.

Mediante el D.S 087-2007-EF, firmados por el presidente y los ministros de Educación y de Economía y Finanzas se transfirieron 52 millones 753 mil soles a las universidades y, la Ley Nº 29070 (06 de julio) estableció en 9% el porcentaje para completar el monto fijado para el Programa de Homologación.

Esta semana el Gobierno- en medio de otra huelga nacional indefinida de los maestros- se desdijo de su propia normatividad y envió al Congreso un proyecto de Ley sobre la materia que tira al traste los dispositivos ya vigentes.

Pone en marcha la evaluación de los catedráticos desconociendo que esta práctica ya tiene más de 50 años en la universidad pública. Es decir, como siempre, la vieja cantaleta y práctica del Estado: la política del perro muerto, la del huevo de pato, y el cuento del gato por liebre.
Y el de los maestros no es el único caso. Abundan en este corto periodo del segundo gobierno del APRA y son más patéticos que la ley del perro del hortelano. Es decir, dicen los críticos del régimen, a otro perro con ese hueso.

Los idus de octubre del régimen

El "baile" del gobierno será así de complicado en lo que queda del 2007. Haber si no queda dislocado. (Foto Valery Bazán-Trujillo Dayly Photo)

Temblores políticos que por el momentohan amainado en la coyuntura nacional, pero que por los indicios, el panorama tiene a
calentar las calles y plazas, en pleno friaje.

Semana de grandes sustos políticos para el gobierno, aunque sus voceros más connotados, incluido el propio presidente de la República, traten de echar tierra al asunto y optar por voltear la página.

Los temblores apuntaban directamente a dos ministros quienes estuvieron en la picota y, otros tantos, en salmuera, a raíz de una serie de episodios que llevaron al inquilino de Palacio de Gobierno a pensar seriamente en recambios urgentes para protegerse de la tromba ciudadana. De todas maneras la población ha castigado al Ejecutivo en las dos últimas encuestas.

Frente al cadalso

Estuvieron con un pié en el cadalso el ministro del Interior, Luis Alva Castro y el titular de Salud, Carlos Vallejo.

El primero se salvó por un pelo de la moción de censura que había presentado la oposición en el Congreso, por los escándalos alrededor de la compra de patrulleros y la posterior suspensión de la licitación respectiva.

Fueron los 10 votos decisivos de la agrupación fujimorista y de algunos congresistas de oposición que-coincidentemente no estuvieron en la sesión del miércoles último por sus “múltiples” ocupaciones- los que le salvaron el pellejo a LAC y, por ende, el cuestionamiento político al gobierno.

Pero la censura obtuvo 51 votos y ello ha sido importante para la oposición. El mínimo de votos era 61. El analista Santiago Pedraglio, ha manifestado que el hecho de que Alva Castro no fuera censurado constituye una “victoria pírrica”, si se tiene en cuenta la caída de la popularidad del presidente García y del gobierno en su conjunto.

De otro lado, el ministro Vallejo, en cambio, recibía desde hace 20 días tal andanada de críticas, especialmente por escándalos de los contagios del VIH por transfusión sanguínea y la denuncia por corrupción en el Seguro Integral de Salud.

Sin embargo no eran los únicos ministros-fusibles los que iban a ser “sacrificados”, si hubiera prosperado la censura congresal.

La coyuntura política dejaba lista las condiciones para una renovación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia y aunque remotamente se pensaban también en el Ministerio de la Producción, que despacha el socio del APRA, Rafael Rey Rey.

Malestar en aumento

Aún cuando García Pérez siempre ha dicho que no administra el gobierno en función a las encuestas, su caída en las preferencias populares, no deja lugar a dudas de un malestar ciudadano que va en aumento.

La creciente alza de precios de los principales productos de la canasta básica y los escándalos de las corruptelas e ineficiencia en algunos sectores del gobierno, se manifiestan en las calles.

Por lo menos ello ha sido “fotografiado” por el sondeo de la PUCP que reveló que la aprobación presidencial bajó de 49% el mes pasado a 30% en octubre y, en análisis de la Universidad de Lima, García baja de 51.6% de las preferencias a 37.7%, en ese mismo periodo.

Es posible que en lo que queda de octubre y noviembre los índices de desaprobación aumentará, pues, desengañados muchos sectores del aparato del Estado, los pequeños ganaderos y las comunidades contaminadas por la minería rapaz, retomarán sus tambores de guerra para que el gobierno se acuerde de sus promesas.

La batahola comenzará el martes 16 con la huelga general indefinida anunciada por los maestros de todas las universidades públicas del país, cansados de que el gobierno incumpla con sus propias leyes, ratificadas hasta en “mesas de diálogo” y que hasta el momento no los pueda homologar.

Es tal la indignación de los catedráticos de las universidades del Estado que han alertado que el programa de homologación dispuesto por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, quede sin efecto si se llegara a aprobar el proyecto de presupuesto nacional del 2008, donde se ha incluido un artículo que dispone “dejar sin efecto todo programa de homologación o indexación de sueldos”.

En todo caso, todas las demandas de los quejosos se canalizarán a través de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), según han adelantado sus dirigentes. Y, como para que no quede dudas han anunciado un paro y movilización nacional para el próximo 8 de noviembre.

La Ministra de Trabajo, Susana Pinilla ha reaccionado rápidamente, pero sólo para decir que “le da pena” la decisión de la CGTP y la ha calificado como una “acción política”.
No es novedad. Así calificó el gobierno el conjunto de demandas nacionales que asolaron todo el país hasta unos días antes de Fiestas Patrias.

Pero, en su mensaje por 28 de Julio, el presidente García no sólo se golpeó el pecho sino que hasta tuvo que pedir público perdón a los maestros sutepistas, aquellos a los que vilipendió y maltrató.

En fin, lo que parece venir no será a todas luces malva de rosas sino un hueso duro de roer que el gobierno tendrá que manejar con mucho cuidado.


Después de todo lo que la ciudadanía le pide es que no solo sea responsable sino también equitativo y justo con las demandas de la población.

Sueldos y desigualdades hoy

Fuente de fotografia: La República


Repaso al debate sobre el aumento de la RMV que no resuelve el drama de la pobreza en el Perú.

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) en 50 soles, anunciado durante la semana por el gobierno ha puesto sobre el tapete la vieja discusión de las desigualdades sociales en el país.
La medida, anunciada por el presidente Alan García el martes último, no fue del agrado de los gremios empresariales, pero, tampoco de las organizaciones laborales.

La decisión, más bien, ha sido vista por algunos líderes de opinión como “medida populista”, pues el aumento no solucionará los graves problemas de pobreza de una gran mayoría de peruanos, según han expresado.

El aumento, según versiones oficiales, se otorgará en dos tramos. Un primer monto de 30 soles se dará a partir del 1º de octubre, y el segundo, de 20 soles, desde enero del 2008.

Adicionalmente el gobierno entregará unos denominados “bonos por crecimiento” a los 150 mil empleados del sector público, que ganan menos de 1,000 soles, pero que aún no se ha especificado ni el monto, menos la modalidad.

Luego de la decisión del Ejecutivo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha expresado que ahora las coordinaciones realizadas por los gremios empresariales, sindicatos y organizaciones vinculadas al sector Trabajo para definir un método técnico para calcular los ajustes de la RMV, ha sido descartado al haberse producido una decisión política para dicho aumento.

Como era de esperarse, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el ministro de Economía, Luis Carranza han salido a defender la medida. Este último manifestó que se había decidido aumentar el sueldo mínimo para proteger a los trabajadores.

Señaló, además, que la idea es que la RMV deba considerar el aumento del costo de la canasta básica, cuyo precio está ya en los 1,300 nuevos soles mensuales.

Cifras que no mienten

Recientemente, el analista económico Humberto Campodónico, remitiéndose al reciente Informe Estadístico Mensual (mayo 2006) del Ministerio de Trabajo, daba cuenta que la gran mayoría de limeños son pobres, pues, de varios años de crecimiento, con las justas llegan a 1,000 soles mensuales en sus remuneraciones.

Los empleados privados en los rangos más bajos, constituyen el 9.8% (de 0 a 400 soles) y el porcentaje mayor, 45.8% ( de 400 a 1,000 soles).

No sucede lo mismo con los empleados públicos, pues el 33.8% gana menos de 1,000 soles mensuales. Y, el 48.3% gana de 1,000 a 2,000 soles. A pesar de estas diferencias entre empleados públicos y privados, dice Campodónico, no quiere decir que los primeros no sean pobres. Lo son.

Sueldos siderales



Si estos datos ya son esclarecedores, mucho más son las comparaciones que hace poco hiciera Pedro Francke, ex funcionario del gobierno de Toledo y actualmente profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Francke señala que hay siete ejecutivos en el Perú que ganan más de un millón de soles anuales. Se concentran principalmente en el sector minero, y, el dato es aportado por la consultora Deloitte.
El sueldo más alto de un gerente en Perú, es de un millón 400 mil soles anuales: el equivalente a 120 mil soles mensuales.

Un solo gerente minero gana más que 200 trabajadores juntos de la minera Casapalca, o más que 150 catedráticos de una universidad pública.

La comparación más escalofriante que ensaya Francke es la siguiente: los propietarios de las acciones tipo C de Southern Perú Cooper Corp. han visto disparar sus acciones de una cotización de 10 mil millones de dólares, a valer 27 millones de dólares actualmente. Una ganancia de 17 mil millones de dólares, unos 50 mil millones de soles. ¿en obreros, cuanto sería esta cifra? se pregunta el analista.

De allí que resulta dispar, dicen algunos, el aumento de 50 soles al SMV (actualmente de 500 soles), cuando la canasta familiar está por los 1,200 o 1,300 soles.

En la otra orilla. Por ejemplo, desde la perspectiva del Instituto de Libre Empresa, Jorge Valín sostiene que “obligar a las empresas a remunerar a sus empleados con un sueldo mínimo significa que los que actualmente cobran una cuantía inferior a éste automáticamente quedan fuera del terreno laboral o bien pasan a cobrar lo mismo pero dentro de la economía sumergida”.

En tanto que Miguel Jaramillo de Grade, puntualiza que “bajo ciertas circunstancias, el salario mínimo puede ser útil para mejorar las remuneraciones de los trabajadores en la cola de la distribución del ingreso. Sin embargo, no debe perderse de vista que el salario es una variable “resultado”, por tanto, no puede fijarse arbitrariamente o siguiendo criterios ajenos al mercado laboral.”.

La única manera efectiva de elevar las remuneraciones a largo plazo es a través del aumento de la productividad, por lo que el énfasis en las políticas debería ir en dicha dirección, enfatiza Jaramillo.

Una mercancía más

Francke, polemiza con estos criterios expuestos cuando sostiene que “con su discurso contra los salarios y los derechos laborales, lo que en verdad quiere defender la derecha son las ganancias empresariales, que se achican con mayores salarios. Pero para ellos, las utilidades son intocables y los capitales son la única fuerza de desarrollo, como si el trabajo no importara y fuera solo una mercancía más que se compra y se vende.”

Los empresarios en el Perú tan proclives a mencionar a Chile como el modelo a seguir, deberían conocer que este año el gobierno mapocho aumentó el sueldo mínimo a 144,000 pesos mensuales (unos 275 dólares), un 6.7% más que en el 2006. Lo gracioso- como para sacar roncha al gobierno aprista y a la propia derecha peruana- es que los aumentos se realizan todos los años.

Aquí se habla mucho del crecimiento económico y sostenido desde el gobierno de Toledo, pero en materia de sueldos y salarios y de inversión en infraestructura básica como educación, salud, agua y desagüe, el decrecimiento es dramático.
Solo hasta el año 2004 el déficit en infraestructura en el Perú alcanzó la cifra de 30 mil millones de dólares. Los mayores montos estaban en transportes, energía, y saneamiento.
Y esto es solo en infraestructura. De tecnología y conocimiento, mejor ni hablar.

Frases célebres

Foto La República-Perú

Antes de partir a cumbre de APEC el presidente Alan García nos dejó algunas frases para el análisis y…la consternación:

Semana agitada en el despacho presidencial y el Congreso de la República, marcada por las célebres frases del Jefe de Estado, horas antes de emprender vuelo hacia Sydney (Australia), a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico.

Los acuciosos miran los antecedentes y luego se frotan las manos cuando el presidente Alan García lanza cada frase, que después lo desmiente o lo lamenta públicamente.

"Si nosotros comenzamos a protegernos unos a otros, entonces eso la población lo ve como una cochinada", dijo en tono amargo el miércoles el Jefe de Estado, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Puntualizó que no se refería puntualmente al caso de su compañera de partido, la congresista por La Libertad, Tula Benites Vásquez, cuyo acuerdo para suspenderla por 120 días ha enfrentado al oficialismo y a la oposición congresal, durante estos últimos tres meses.

Alan García tuvo el afán de marcar distancias pero de ningún modo mandar al cadalso a la Benites. Advirtió que “no puede haber doble moral ni doble medida. Si se han aplicado medidas preventivas en un caso, tienen que plantearse del mismo modo en casos parecidos", pero que esto no va para la legisladora liberteña. Todos se preguntan entonces para que dijo lo que dijo.

Coincidencia o no el verbo de García siempre mata y, esta vez, la ciudadanía vincula la cochinada a la que se refiere el presidente a los intríngulis que se “cocinan” en el Congreso para salvar a su compañera de partido. Esta postura, por lo demás, no es ninguna novedad.
Después de todo el espíritu de cuerpo del que hacen gala los otorongos es usual en el Parlamento.

De ahí que cuando el Jefe del Estado habla de doble moral y de cochinadas, la población no hace distingos. Los sanciona por igual, sea del Partido Aprista, de Unidad Nacional o de UPP.
Es que el impacto mediático que generaron los casos de los inefables congresistas Elsa Canchaya y Walter Menchola, sancionados inmediatamente por hechos parecidos, constituyen antecedentes que ahora, tanto la Célula Parlamentaria Aprista, como el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada no deben pasar por alto.

No sancionar a Benites o tratarla con perfume de impunidad, bien puede costarle al oficialismo una repulsa y, con ello, echar en alforja de ciego, las celebérrimas frases del presidente García.

Finalmente la “Canchaya aprista”, fue inhabilitada por 120 días sin goce de haberes y sus compañeros de partido han cortado con ella por lo sano, pese a las pataletas de Benites.

¿Otro gobierno?

La siguiente frase de AGP, no por justa resulta contraproducente: "El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley, la misma que establece las reglas que el país tiene para generar inversión. Eso no depende de que algunas personas se reúnan y digan que no quieren inversión. Entonces escojan otro gobierno”.

Fue pronunciada también el miércoles en la reunión con los periodistas. Se trataba de una respuesta a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se realice actividad minera en Ayabaca?
Esta es la interrogante de la consulta popular que a toda costa planea realizar el municipio provincial de dicha localidad el domingo 16 de setiembre.
La empresa minera aludida es Majaz (propiedad de la empresa china Zijin Metais), que planea operar en la zona y que, para congraciarse con la población, ha ofrecido crear un fondo de US$ 80 millones para obras de infraestructura.

Habría que ver que postura toma la población de Ayabaca con eso de “que mejor escojan a otro gobierno”.

Pero allí no quedó todo. El presidente calificó de “agitadores comunistas” a quienes están detrás de la consulta popular. “Creen todavía en el Estado propietario de todo, creen que el capitalismo es enemigo de los pobres”, enfatizó García.

Palanas en ristre

La respuesta no se ha hecho esperar. En un comunicado difundido en varios medios electrónicos el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, conformado por las municipalidades, comunidades campesinas, frentes, organizaciones sociales, instituciones y colectivos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, Jaén y de los distritos de Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Tambogrande, han denunciado la campaña de amedrentamiento del gobierno y de la empresa Majaz S.A.

Dicen que se trata de impedir lo que ellos llaman “manera libre y voluntaria de opinar” sobre la realización de una actividad económica que va a afectar la planificación del desarrollo concertada, el ordenamiento territorial y el medio ambiente.

Claro este movimiento es una alerta para el presidente que precisamente en Australia en la reunión de APEC tratará de promover las inversiones en nuestro país.

Pero, el gobierno debería tener presente que, antes de actuar como acusete y endilgar clichés empleados desde el primer gobierno del presidente Belaúnde (“agitadores comunistas”), los movimientos de campesinos por la defensa de su hábitat ha traído siempre enfrentamientos que terminaron con muertes.

Los antecedentes más cercanos y recientes son los acontecidos en Cajamarca, con la pugna casi permanente entre las comunidades y la empresa Yanacocha.

Aquí el gobierno ha dejado hacer y ha dejado pasar y el conflicto está ahí latente. La contaminación en Cajamarca no tiene nada de ideológico o político- partidario. El desmadre medioambiental es causa de la voracidad de la transnacional de sacar hasta el último gramo de oro antes de dejar estas tierras.

Otra cosa es que la población de Ayabaca no haya seguido el trámite adecuado para su consulta popular, tal como ha denunciado el gobierno y los organismos competentes como el Jurado Nacional de Elecciones.

Pero eso es lo menos. Lo más está en el conflicto mismo que se puede extender por el resto de comunidades afectadas también por la actividad minera y donde el Estado ni garantiza el cuidado del medio ambiente ni sanciona a sus responsables.

Al cierre de esta crónica el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo acusó el guante y junto con el obispo de Chimbote, Luis Bambarén voló a Piura para dialogar con la población y los alcaldes y buscar una salida al conflicto.

Como siempre, el presidente de la República primero menosprecia el tema y hasta lanza adjetivos y su fiel escudero no le queda otra alternativa que apagar el incendio y atemperar los arrebatos ciudadanos.

¿Margarita, está linda la mar?

Foto: Radio Programas del Perú

Semana de cataclismos: el diferendo marítimo con Chile y, el terremoto que sacudió gran
parte del Perú.

La política internacional y menuda del Perú quedó en el closet por esta semana, a raíz del sismo de 7,9 grados Richter que remeció al país el miércoles 15.

El presidente Alan García y su gabinete ministerial reaccionaron como un resorte a los pocos minutos de producido el terremoto, que ha dejado más de medio millar de muertos, 176 mil damnificados y unas 16 mil viviendas destruidas. Las cifras probablemente aumentarán en la medida que se retiren los escombros, especialmente en Chincha, según estimó el director regional de Operaciones de INDECI, Arístides Mussio.

Las otras ciudades más afectadas, fueron Ica y Pisco y, ante el dolor nacional, el gobierno declaró tres días de duelo nacional.

La acción gubernamental se advirtió a los pocos minutos del cataclismo, con las informaciones preliminares de la desgracia. El jefe del Estado convocó de emergencia a su Consejo de Ministros donde trazaron lineamientos y un plan de crisis que el propio García lo expuso en cadena nacional por televisión.

La misma noche del sismo, salieron hacia la zona de desastre los ministros de Salud, de Vivienda y Construcción y del ministerio de la Mujer.

Al día siguiente, el jueves, como madrugando a otras brigadas, el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, llegó a Pisco con un cargamento de hospitales de campaña, un cuerpo de médicos y otros enseres y medicinas.

En la desgracia, hermanos

La furia de la naturaleza fue la única que permitió un acercamiento entre los gobiernos del Perú y Chile, pues hasta el mismo día 15, el debate áspero y belicista, especialmente en el sur, había ganado grandes titulares en los medios de comunicación mapochinos.

El jueves por la tarde se conoció que la presidenta de Chile, Michael Bachelet se había comunicado con su homólogo de Perú, para expresarle las condolencias del pueblo chileno por el terremoto, que había sacudido gran parte del país.

La reacción del Palacio de La Moneda fue también muy rápida, pero la noticia recién fue confirmada por la propia Bachelet, durante una ceremonia pública realizada a 100 kilómetros al sur de Santiago, donde inauguró una planta de energía solar.

La presidenta aceptó que en los últimos días Perú había estado en el centro de la atención de su país a raíz de la publicación de una nueva cartografía peruana que modifica unilateralmente los límites marítimos con Chile.

Bachelet fue tajante: “creo que la ciudadanía sabe muy bien que mi gobierno, junto a todos los sectores políticos, ha manifestado su firme decisión de defender nuestra soberanía y que se respeten los acuerdos internacionales vigentes que existen en materia limítrofe”.

Cuando la prensa chilena quiso conocer más detalles de las acciones presidenciales en relación al tema, Bachelet reaccionó y les contestó: “Hoy no quiero hablar más del tema. Es un día de dolor para el pueblo peruano y es por eso que me he comunicado con el presidente Alan García para expresarle mi solidaridad”, dijo.

Esta postura chilena bien puede expresarse con el título de la novela del nicaragüense, Sergio Ramírez: “¿Margarita, está linda la mar”?, que es la que mejor expresa la actual coyuntura política internacional y nacional, además del desastre natural que enluta a los peruanos.

Lo de mar, en doble sentido. Tanto por el tema internacional con Chile, como por el episodio cataclísmico que sucedió precisamente frente a las costas de Ica, mar adentro y a 45 kilómetros en las profundidades del Pacífico.

En efecto, el martes 14, un día antes del terremoto, el presidente Alan García ya había echado paños fríos al tema manifestando que el pueblo chileno no tiene nada que temer, pues la acción del Estado Peruano de llevar la controversia hasta el Tribunal de La Haya, es para poner fin al debate sobre este punto que tantos disgustos provoca.

Así como estaban las cosas nada hacía presagiar un rápido acercamiento entre Chile y Perú. Ha sido la desgracia la que ha provocado un acercamiento inusual en términos humanitarios.
Pero, nadie sabe que puede pasar en las siguientes semanas, una vez que pase el dolor y la atención internacional distraiga su interés por otros temas.

Líneas caídas

El desastre en el sur y el temor nacional tras el sismo opacó el gesto duro que tuvo el presidente García en su mensaje nacional del miércoles. Allí fustigó duramente a las empresas privadas de telecomunicaciones pues durante el episodio todas las líneas telefónicas, sobre todo de equipos móviles, quedaron inutilizadas por completo.

Hasta el jueves por la mañana las líneas seguían congestionadas en todo el territorio nacional. Sin embargo, el Internet, incluido el MSN Messenger y el Chat no colapsaron y fueron los únicos medios de comunicación en los minutos que siguieron al terremoto.

Los medios de comunicación, especialmente las radioemisoras y la televisión que tienen programas informativos, se vieron precisados a crear cuentas especiales por correo electrónico en Gmail para recibir mensajes de emergencia.

Tanta ha sido la congestión que el acceso a los teléfonos de las principales instituciones públicas y de emergencia fue imposible.

La respuesta de la empresa Telefónica del Perú, el miércoles en la noche, a través de su vocero de comunicaciones, Carlos Oviedo, no fue suficiente.

El jueves la ministra de Transportes había convocado a todos los representantes de las empresas de telefonía fija y móvil para que expliquen la razones técnicas del desastre comunicacional.

El gobierno tendrá que obligar a las multinacionales a una previsión de emergencia para que en otras circunstancias similares este fenómeno no vuelva a ocurrir jamás.

La caja de Pandora del mensaje presidencial

A Dios rogando, pero con el mazo de la soberbia dando

Fiestas Patrias en un país que se parece más a la novela del español Arturo Pérez Reverte: “Territorio Comanche”, donde la golpiza o la muerte acecha en una esquina o en una protesta callejera.

Para muchos el mensaje presidencial de 28 de julio constituye una verdadera Caja de Pandora; para otros, será más de lo mismo, conociendo el verbo encendido y efectista del presidente Alan García.

El discurso por Fiestas Patrias será expuesto en el marco de la tensión social que ocupó al régimen en casi gran parte de su primer año de gobierno.

Por el frente interno, el dolor de cabeza del APRA disminuyó con la elección de Luis Gonzáles Posada como nuevo presidente del Congreso de la República, pero a costa de un soterrado amarre con el fujimorismo y un desertor de Unión por el Perú.

La alianza (no pactada) con la bancada fujimorista data desde el inicio del régimen y ha despertado no una sino muchísimas sospechas ciudadanas. De otro lado, por lo menos una decena de upepistas fueron “enamorados” a favor de la candidatura de Gonzáles Posada y fueron prácticamente los que le dieron el triunfo al APRA.

El efecto García

En una carrera contra el tiempo y los fantasmas de su primer gobierno, Alan García ganó las elecciones a un segundo mandato presidencial con el 52.6% de los votos ciudadanos. Le siguió muy cerca, Ollanta Humala, de Unión por el Perú, con el 47.3%.

Estuvo claro que García Pérez ganó en segunda vuelta con el voto prestado de los que apoyaron a Lourdes Flores, de Unidad Nacional, que logró en la primera ronda, el 19.9% vs. 20.4% del APRA.

¿Por qué el gobierno de García llega este 28 de julio tan zarandeado y confundido? ¿Qué pasa con este régimen que prometió mucho y cumple poco?, son las preguntas que ahora le hacen los ciudadanos.

La explicación, dicen los expertos, es que el voto que catapultó a Alan García a Palacio es muy volátil. La gente se inclinó según la conveniencia del momento.

Por eso es que García captó adeptos en el pueblo cuando en la campaña electoral endilgó a Lourdes Flores el sambenito de “candidata de la derecha y de los ricos”.

Hizo otro tanto, para las graderías de la derecha peruana, cuando en la segunda vuelta motejó a Humala como el “candidato del despeñadero y la sinrazón” y lo ubicó en el extremo más radical de la izquierda.

García, por supuesto, ya se había colocado hábilmente en el centro político, desde la primera vuelta. De todo esto, tanto tirios como troyanos han admitido la astucia del líder aprista para ganar las elecciones presidenciales.

Política de terciopelo o de medio pelo

Pero, tras el triunfo como apuntan varios analistas, el gobierno ha seguido un camino errático creyendo que con los resultados macroeconómicos los temas sociales se iban a resolver.

Por ejemplo, Alberto Belaúnde, anota que el régimen de García se caracterizó desde el saque como un “gobierno facilista”.

La primera percepción de ese tipo de manejo comenzó el mismo 28 de julio del 2006 cuando anunció la famosa austeridad y la reducción de los sueldos de los más altos funcionarios del Estado.

Sería interesante conocer ahora- dice Belaúnde- cual ha sido el impacto de las medidas de austeridad y de la reducción de los altos sueldos en el presupuesto general de la República.

El otro tema efectista fue la ley de la pena de muerte a terroristas y violadores de niños. ¿En qué quedó? En eso: en titulares.

Martín Tanaka analiza el tema por el lado de la confianza que se tenía el gobierno en los beneficios del crecimiento económico. La apuesta del APRA, sin duda, era que había que mantener una excelente relación con los capitales privados y contener la oposición política tanto en el Congreso como en las calles, especialmente con la mayoría de gobiernos regionales y municipales, ahora en la oposición.

Desde esa perspectiva se entiende la política del terciopelo que aplicó primero el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, con la firma de una ruma de actas de instalación de mesas de diálogo en casi todos los sectores económicos y diversas regiones en el Perú que clamaban atención del nuevo gobierno.

Desengañados las organizaciones sindicales, populares y hasta empresariales, de dichos “acuerdos”, pasaron a casi una guerra interna contra el gobierno que convirtió su política de terciopelo a una política de “mano dura”, casi fascista, como dirían algunos o a una política de medio pelo, como anotaría el periodista Raúl Vargas.

Paquete represor

En ese contexto y al cumplirse el primer año de gobierno, el Ejecutivo, jaqueado por protestas y marchas callejeras, en vez de buscar consensos aprovechó las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso en abril último y presentó un paquete de once decretos que lo fortalecen en la lucha contra el crimen, pero que también lo enfrentan contra las autoridades regionales y locales.

El decreto ley que más roncha ha sacado es el que modifica el Código Penal, especialmente en el artículo 200, que prohíbe que los funcionarios públicos que desempeñan cargos de confianza o dirección serán inhabilitados si participan en una huelga. La medida apunta a los presidentes regionales, alcaldes y hasta congresistas que apoyan marchas y protestas.

Otro decreto que preocupa es el que declara exentos de responsabilidad penal a policías o miembros de las FF.AA que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber”, en una clara invitación a que usen lógicamente sus armas.

“Se advierte así un gobierno orientado solo a reprimir, para detener la ola de protesta. Nada de diálogo ni consensos”, dicen los opositores del régimen.

Voces más técnicas advierten al gobierno que el crecimiento económico no lleva espontáneamente a la reducción de la pobreza ni de las desigualdades.

Para ilustrar esta aseveración, César Peñaranda, citado por Rospigliosi dice que para entender el círculo vicioso en el que estamos atrapados, las “altas inequidades afectan la dinámica de la reducción de la pobreza”. Es decir cuanto mayor es la desigualdad, más difícil es reducir la pobreza.

Y, esto es lo que parece que el gobierno del APRA soslaya o no entiende, expresan. Se trata en suma de aplicar urgentes políticas de Estado estructurales que reduzcan la exclusión social, las desigualdades e inequidades en el Perú. Esa sería en todo caso la caja de Pandora que la ciudadanía querría escuchar en este mensaje presidencial 2007.

Tras cuernos, palos

(Publicado el 15 de julio 2007 en el suplemento Dominical del diario La Industria de Chiclayo)

La efervescencia social está en auge y rechina contra la política económica de un régimen que más parece de salida, que de entrada. A ello se suma la decisión de un juez chileno que desestimó la extradición de Fujimori.


Los acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante la semana lindan en lo dramático, tanto en el frente interno como externo.

Por un lado fermenta el descontento social no solo de trabajadores sino también de un grupo de empresarios, especialmente del oriente peruano.

La furia se expresa en huelgas, marchas y jornadas de protesta, episodios callejeros que fueron subiendo de tono en los últimos quince días.

De otro lado tenemos el sorpresivo rechazo del juez chileno Orlando Álvarez a la solicitud peruana de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, conocido el miércoles 11, en pleno desarrollo de la jornada de protesta que convocó la Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP).

El fallo del “tremendo juez” del país mapocho echó más leña al fuego popular, pues coincidió en el momento menos oportuno para el gobierno. La repulsa al régimen aprista se extendió a la clase dirigente chilena y especialmente a la justicia de ese país.

¿Calma chicha?
La tensión social venía aumentando desde la semana pasada y alcanzó su pico más alto el 11, cuando confluyeron todos los gremios en conflicto, tanto en Lima como en el interior del país.

Las demandas son amplias y variadas y van desde los reclamos salariales, en el sector Educación, Salud, Minería y atención al agro nacional, hasta el rechazo de la política económica del régimen aprista y, por supuesto, el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC), que se suscribiría con Estados Unidos y por la defensa de las exoneraciones tributarias en la selva peruana.

En resumen, la Defensoría del Pueblo dio cuenta que existían 75 conflictos sociales en el país. De esta cifra 35 están activos y son los que vienen convulsionando a la nación. Las causas, según la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, serían, entre otras, “la falta de interlocución entre la ciudadanía y el Estado”.

Esta situación ha motivado a la defensora a manifestar que espera que “los conflictos sociales no se convierta en una política de Estado en los próximos cinco años” y aclaró que “la costumbre del gobierno, expresando en los continuos viajes de los ministros a las zonas de conflicto para calmar los ánimos, no es útil. Esta política no va a detener las protestas”, enfatizó Merino.

La estrategia del gobierno giraba inicialmente en las buenas cosas que podía gestionar el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pero, cansados de los incumplimientos a las actas suscritas en los “diálogos”, los gremios decidieron salir a las calles.

Ese era el escenario por lo menos hace dos semanas, hasta que el Jefe de Estado decidió entrar en escena, especialmente a partir del inicio de la huelga general indefinida del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).

Alan García sigue demostrando que es cáustico y letal con el verbo. Pero, también es paradójico. No solo ha lanzado improperios a los maestros- sin distinción alguna- sino también a todos aquellos que han levantado su voz de protesta frente al régimen.

El lunes último les dijo“comechados” a los maestros y “locos, suicidas y picones”, a los dirigentes populares, sindicales y agrarios.

“No les temo a estos grupúsculos de revoltosos”, había expresado unos días antes, pero el mismo lunes 9, ya se había publicado en el diario Oficial El Peruano el decreto supremo 060-2007-PCM que disponía que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional y durante 30 días a “garantizar el funcionamiento de las entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos para el normal desarrollo de las actividades de la población”.

El gobierno se ha cuidado de que durante la intervención de las FF.AA. no hubiera restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, las leyes y en los Tratados Internacional sobre Derechos Humanos, en una suerte de poner el parche, ante los graves conflictos sociales.

Felizmente, ante la protesta de varios sectores por la drástica y contradictoria medida, el miércoles 11 no se vio mucha presencia de los efectivos militares en algunas regiones en conflicto.

En esta especie de “guerra” entre el gobierno y el Sutep, García dio su estocada final el miércoles en la tarde al promulgar la ley de la Carrera Pública Magisterial, luego de que la Junta de Portavoces del Parlamento la exonerara de la segunda votación.

El Sutep, por supuesto, ha rechazado la norma y profetiza que en menos de un año la nueva ley no podrá aplicarse porque el gobierno no la proveerá de los recursos financieros necesarios.

En ese contexto, los empresarios del oriente peruano, a pesar de la tregua pactada con el gobierno, siguen molestos por el recorte de las exoneraciones tributarias.

Pero son los empresarios agrupados en la CONFIEP, los que intentan ser más ponderados. Señalaron, en palabras de su presidente, Jaime Cáceres Sayán, que ellos se mantienen optimistas en relación al futuro de la economía peruana, aunque reconocieron su preocupación por la ola de paros y huelgas en diversas zonas del país.

En ese mismo sentido se pronunciaron los presidentes de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias.
Sea como fuere, la gestión del gobierno aprista en su conjunto ha visto caer sus niveles de aprobación durante la última semana, según las últimas encuestas, especialmente de la Universidad de Lima.

La aprobación al presidente García cayó once puntos, de 52.6 a 41.3% durante el último mes. Similar tendencia sufre la gestión del premier Jorge del Castillo (baja de 41.3 a 38.9%) y la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (de 54.4 a 48.9%).

El fugitivo y la ley
Las reacciones en el país y en el exterior frente a la decisión de la justicia chilena respecto a la extradición del fugitivo ex presidente Fujimori, han recrudecido con mayor virulencia.

El único consuelo que exponen los expertos es que esa postura soberana de Chile no significa de modo alguno una expedición de un certificado de buena conducta del ex dictador peruano, ya que Chile no está juzgando a Fujimori. Solo tramita un pedido de extradición.

Hasta en el propio Japón, muchos sectores creen que sería conveniente que Fujimori mejor se allane a la justicia peruana para “salir de las dudas y limpiar su honorabilidad”, si es que en verdad la tiene.