domingo, 23 de setiembre de 2007

Sueldos y desigualdades hoy

Fuente de fotografia: La República


Repaso al debate sobre el aumento de la RMV que no resuelve el drama de la pobreza en el Perú.

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) en 50 soles, anunciado durante la semana por el gobierno ha puesto sobre el tapete la vieja discusión de las desigualdades sociales en el país.
La medida, anunciada por el presidente Alan García el martes último, no fue del agrado de los gremios empresariales, pero, tampoco de las organizaciones laborales.

La decisión, más bien, ha sido vista por algunos líderes de opinión como “medida populista”, pues el aumento no solucionará los graves problemas de pobreza de una gran mayoría de peruanos, según han expresado.

El aumento, según versiones oficiales, se otorgará en dos tramos. Un primer monto de 30 soles se dará a partir del 1º de octubre, y el segundo, de 20 soles, desde enero del 2008.

Adicionalmente el gobierno entregará unos denominados “bonos por crecimiento” a los 150 mil empleados del sector público, que ganan menos de 1,000 soles, pero que aún no se ha especificado ni el monto, menos la modalidad.

Luego de la decisión del Ejecutivo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha expresado que ahora las coordinaciones realizadas por los gremios empresariales, sindicatos y organizaciones vinculadas al sector Trabajo para definir un método técnico para calcular los ajustes de la RMV, ha sido descartado al haberse producido una decisión política para dicho aumento.

Como era de esperarse, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el ministro de Economía, Luis Carranza han salido a defender la medida. Este último manifestó que se había decidido aumentar el sueldo mínimo para proteger a los trabajadores.

Señaló, además, que la idea es que la RMV deba considerar el aumento del costo de la canasta básica, cuyo precio está ya en los 1,300 nuevos soles mensuales.

Cifras que no mienten

Recientemente, el analista económico Humberto Campodónico, remitiéndose al reciente Informe Estadístico Mensual (mayo 2006) del Ministerio de Trabajo, daba cuenta que la gran mayoría de limeños son pobres, pues, de varios años de crecimiento, con las justas llegan a 1,000 soles mensuales en sus remuneraciones.

Los empleados privados en los rangos más bajos, constituyen el 9.8% (de 0 a 400 soles) y el porcentaje mayor, 45.8% ( de 400 a 1,000 soles).

No sucede lo mismo con los empleados públicos, pues el 33.8% gana menos de 1,000 soles mensuales. Y, el 48.3% gana de 1,000 a 2,000 soles. A pesar de estas diferencias entre empleados públicos y privados, dice Campodónico, no quiere decir que los primeros no sean pobres. Lo son.

Sueldos siderales



Si estos datos ya son esclarecedores, mucho más son las comparaciones que hace poco hiciera Pedro Francke, ex funcionario del gobierno de Toledo y actualmente profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Francke señala que hay siete ejecutivos en el Perú que ganan más de un millón de soles anuales. Se concentran principalmente en el sector minero, y, el dato es aportado por la consultora Deloitte.
El sueldo más alto de un gerente en Perú, es de un millón 400 mil soles anuales: el equivalente a 120 mil soles mensuales.

Un solo gerente minero gana más que 200 trabajadores juntos de la minera Casapalca, o más que 150 catedráticos de una universidad pública.

La comparación más escalofriante que ensaya Francke es la siguiente: los propietarios de las acciones tipo C de Southern Perú Cooper Corp. han visto disparar sus acciones de una cotización de 10 mil millones de dólares, a valer 27 millones de dólares actualmente. Una ganancia de 17 mil millones de dólares, unos 50 mil millones de soles. ¿en obreros, cuanto sería esta cifra? se pregunta el analista.

De allí que resulta dispar, dicen algunos, el aumento de 50 soles al SMV (actualmente de 500 soles), cuando la canasta familiar está por los 1,200 o 1,300 soles.

En la otra orilla. Por ejemplo, desde la perspectiva del Instituto de Libre Empresa, Jorge Valín sostiene que “obligar a las empresas a remunerar a sus empleados con un sueldo mínimo significa que los que actualmente cobran una cuantía inferior a éste automáticamente quedan fuera del terreno laboral o bien pasan a cobrar lo mismo pero dentro de la economía sumergida”.

En tanto que Miguel Jaramillo de Grade, puntualiza que “bajo ciertas circunstancias, el salario mínimo puede ser útil para mejorar las remuneraciones de los trabajadores en la cola de la distribución del ingreso. Sin embargo, no debe perderse de vista que el salario es una variable “resultado”, por tanto, no puede fijarse arbitrariamente o siguiendo criterios ajenos al mercado laboral.”.

La única manera efectiva de elevar las remuneraciones a largo plazo es a través del aumento de la productividad, por lo que el énfasis en las políticas debería ir en dicha dirección, enfatiza Jaramillo.

Una mercancía más

Francke, polemiza con estos criterios expuestos cuando sostiene que “con su discurso contra los salarios y los derechos laborales, lo que en verdad quiere defender la derecha son las ganancias empresariales, que se achican con mayores salarios. Pero para ellos, las utilidades son intocables y los capitales son la única fuerza de desarrollo, como si el trabajo no importara y fuera solo una mercancía más que se compra y se vende.”

Los empresarios en el Perú tan proclives a mencionar a Chile como el modelo a seguir, deberían conocer que este año el gobierno mapocho aumentó el sueldo mínimo a 144,000 pesos mensuales (unos 275 dólares), un 6.7% más que en el 2006. Lo gracioso- como para sacar roncha al gobierno aprista y a la propia derecha peruana- es que los aumentos se realizan todos los años.

Aquí se habla mucho del crecimiento económico y sostenido desde el gobierno de Toledo, pero en materia de sueldos y salarios y de inversión en infraestructura básica como educación, salud, agua y desagüe, el decrecimiento es dramático.
Solo hasta el año 2004 el déficit en infraestructura en el Perú alcanzó la cifra de 30 mil millones de dólares. Los mayores montos estaban en transportes, energía, y saneamiento.
Y esto es solo en infraestructura. De tecnología y conocimiento, mejor ni hablar.


martes, 11 de setiembre de 2007

Frases célebres

Foto La República-Perú






Antes de partir a cumbre de APEC el presidente Alan García nos dejó algunas frases para el análisis y…la consternación:

Semana agitada en el despacho presidencial y el Congreso de la República, marcada por las célebres frases del Jefe de Estado, horas antes de emprender vuelo hacia Sydney (Australia), a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico.

Los acuciosos miran los antecedentes y luego se frotan las manos cuando el presidente Alan García lanza cada frase, que después lo desmiente o lo lamenta públicamente.

"Si nosotros comenzamos a protegernos unos a otros, entonces eso la población lo ve como una cochinada", dijo en tono amargo el miércoles el Jefe de Estado, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Puntualizó que no se refería puntualmente al caso de su compañera de partido, la congresista por La Libertad, Tula Benites Vásquez, cuyo acuerdo para suspenderla por 120 días ha enfrentado al oficialismo y a la oposición congresal, durante estos últimos tres meses.

Alan García tuvo el afán de marcar distancias pero de ningún modo mandar al cadalso a la Benites. Advirtió que “no puede haber doble moral ni doble medida. Si se han aplicado medidas preventivas en un caso, tienen que plantearse del mismo modo en casos parecidos", pero que esto no va para la legisladora liberteña. Todos se preguntan entonces para que dijo lo que dijo.

Coincidencia o no el verbo de García siempre mata y, esta vez, la ciudadanía vincula la cochinada a la que se refiere el presidente a los intríngulis que se “cocinan” en el Congreso para salvar a su compañera de partido. Esta postura, por lo demás, no es ninguna novedad.
Después de todo el espíritu de cuerpo del que hacen gala los otorongos es usual en el Parlamento.

De ahí que cuando el Jefe del Estado habla de doble moral y de cochinadas, la población no hace distingos. Los sanciona por igual, sea del Partido Aprista, de Unidad Nacional o de UPP.
Es que el impacto mediático que generaron los casos de los inefables congresistas Elsa Canchaya y Walter Menchola, sancionados inmediatamente por hechos parecidos, constituyen antecedentes que ahora, tanto la Célula Parlamentaria Aprista, como el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada no deben pasar por alto.

No sancionar a Benites o tratarla con perfume de impunidad, bien puede costarle al oficialismo una repulsa y, con ello, echar en alforja de ciego, las celebérrimas frases del presidente García.

Finalmente la “Canchaya aprista”, fue inhabilitada por 120 días sin goce de haberes y sus compañeros de partido han cortado con ella por lo sano, pese a las pataletas de Benites.

¿Otro gobierno?

La siguiente frase de AGP, no por justa resulta contraproducente: "El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley, la misma que establece las reglas que el país tiene para generar inversión. Eso no depende de que algunas personas se reúnan y digan que no quieren inversión. Entonces escojan otro gobierno”.

Fue pronunciada también el miércoles en la reunión con los periodistas. Se trataba de una respuesta a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se realice actividad minera en Ayabaca?
Esta es la interrogante de la consulta popular que a toda costa planea realizar el municipio provincial de dicha localidad el domingo 16 de setiembre.
La empresa minera aludida es Majaz (propiedad de la empresa china Zijin Metais), que planea operar en la zona y que, para congraciarse con la población, ha ofrecido crear un fondo de US$ 80 millones para obras de infraestructura.

Habría que ver que postura toma la población de Ayabaca con eso de “que mejor escojan a otro gobierno”.

Pero allí no quedó todo. El presidente calificó de “agitadores comunistas” a quienes están detrás de la consulta popular. “Creen todavía en el Estado propietario de todo, creen que el capitalismo es enemigo de los pobres”, enfatizó García.

Palanas en ristre

La respuesta no se ha hecho esperar. En un comunicado difundido en varios medios electrónicos el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, conformado por las municipalidades, comunidades campesinas, frentes, organizaciones sociales, instituciones y colectivos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, Jaén y de los distritos de Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Tambogrande, han denunciado la campaña de amedrentamiento del gobierno y de la empresa Majaz S.A.

Dicen que se trata de impedir lo que ellos llaman “manera libre y voluntaria de opinar” sobre la realización de una actividad económica que va a afectar la planificación del desarrollo concertada, el ordenamiento territorial y el medio ambiente.

Claro este movimiento es una alerta para el presidente que precisamente en Australia en la reunión de APEC tratará de promover las inversiones en nuestro país.

Pero, el gobierno debería tener presente que, antes de actuar como acusete y endilgar clichés empleados desde el primer gobierno del presidente Belaúnde (“agitadores comunistas”), los movimientos de campesinos por la defensa de su hábitat ha traído siempre enfrentamientos que terminaron con muertes.

Los antecedentes más cercanos y recientes son los acontecidos en Cajamarca, con la pugna casi permanente entre las comunidades y la empresa Yanacocha.

Aquí el gobierno ha dejado hacer y ha dejado pasar y el conflicto está ahí latente. La contaminación en Cajamarca no tiene nada de ideológico o político- partidario. El desmadre medioambiental es causa de la voracidad de la transnacional de sacar hasta el último gramo de oro antes de dejar estas tierras.

Otra cosa es que la población de Ayabaca no haya seguido el trámite adecuado para su consulta popular, tal como ha denunciado el gobierno y los organismos competentes como el Jurado Nacional de Elecciones.

Pero eso es lo menos. Lo más está en el conflicto mismo que se puede extender por el resto de comunidades afectadas también por la actividad minera y donde el Estado ni garantiza el cuidado del medio ambiente ni sanciona a sus responsables.

Al cierre de esta crónica el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo acusó el guante y junto con el obispo de Chimbote, Luis Bambarén voló a Piura para dialogar con la población y los alcaldes y buscar una salida al conflicto.

Como siempre, el presidente de la República primero menosprecia el tema y hasta lanza adjetivos y su fiel escudero no le queda otra alternativa que apagar el incendio y atemperar los arrebatos ciudadanos.