viernes, 16 de noviembre de 2007

Guerra avisada

"Como el dia era la noche": autor:dibujo de Edilberto Jiménez.


Subversión y narcotráfico: un cóctel mortal que si el Estado no enfrenta con políticas sociales y legales claras y profundas, fragmentará más al país.



Hay un notorio y preocupante avance sedicioso en la zona sur oriental del país desde finales del año 2006 que el gobierno del APRA parece haberse distraído, interesado por supuesto en estos 16 meses de gestión en cumplir parte de sus promesas electorales y quizá en poner orden administrativo y logístico en la cartera del Ministerio del Interior.

Los dos últimos ataques a policías en un intervalo de quince días, ha crispado no sólo los nervios del gobierno sino de las comunidades en Huancavelica y Apurímac, que se sienten más desprotegidas que nunca.

En uno y otro caso la táctica de enfrentamiento empleada ha sido diferente. El 1º de noviembre fue atacada frontalmente la comisaría de Ocobamba (provincia de Chincheros, Apurímac). El martes 13 una patrulla policial fue emboscada en Huachocolpa (Pampas de Tayacaja, en Huancavelica).

El resultado en ambos episodios sangrientos ha sido cinco policías muertos e igual número de heridos y, por parte de los sediciosos, tres abatidos en combate, según fuentes militares.
Sin embargo, los familiares de dos supuestos terroristas han denunciado en Huancavelica que sus parientes son ajenos a las imputaciones que ha hecho la policía.

¿Narcos o terrucos?

Lo servicios de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía no se ponen de acuerdo hasta ahora en el origen faccioso de los grupos armados. El Ministerio de Defensa ha calificado de “delincuentes terroristas”al grupo que emboscó a la patrulla policial en Huachocolpa. En tanto que el ministro del Interior, Luis Alva Castro en su viaje realizado a la comisaría de Ocobamba aseguraba que el ataque fue realizado por “narcoterroristas”.

Sean unos u otros, se piensa ya en una alianza mortal entre columnas dispersas de Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico que tratan de controlar los accesos del Valle de los ríos Apurímac y Ene- VRAE, zonas de alto tránsito de pasta básica, el insumo principal que sale hacia los laboratorios que luego es transformada en clorhidrato de cocaína.

Aún cuando la zona está declarada en emergencia y controlada por las Fuerzas Armadas desde enero del presente año, el accionar tanto de supuestas columnas de Sendero como de sicarios del narcotráfico no ha sido neutralizado, menos reducido.

Cronología

La prensa nacional ya ha informado que en abril, junio y agosto de este año se produjeron ataques en Corah, en Santa Lucía, también en Tocache, donde asesinaron a tres policías y al fiscal Arturo Campos, y un incursión en el centro minero de Doe Run, donde murió un policía.

En diciembre del 2006 fue emboscada una patrulla policial en el VRAE donde murieron cinco policías y tres empleados de la empresa ENACO.

Un poco más atrás, a fines del año 2005 dos feroces ataques terroristas terminaron, uno por el VRAE y el otro en Aucayacu (Huanuco), con la vida de trece policías en total, en una arremetida sangrienta que impactó en la colectividad nacional.

Nada claro



No se conoce hasta ahora con claridad cual es la política antisubversiva y antinarcóticos del gobierno, salvo algunos anuncios efectistas hechos hace dos meses, especialmente en el control de activos por lavado de dinero.

Pero ante la escalada de violencia senderista que se va extendiendo poco a poco y que el gobierno no quiere reconocer y, de otro lado, la violencia social, desatada por la desatención del Estado a los reclamos- la mayoría de ellos justos- de los trabajadores, municipios, gobiernos regionales, y otros gremios de la producción, el Ejecutivo se encuentra prácticamente en un dilema de urgente solución.

Lo único que se conoce del gobierno aprista en esta materia es la contradicción en que cayó durante su primer gobierno. Cuando en 1985 García accedió al poder anunció solemnemente en el Congreso que “no combatiría la barbarie con la barbarie”. Los hechos demostraron posteriormente que en ese empeño fracasó. Ahí están como episodios irrefutables, leguleyadas aparte, las masacres de campesinos en Accomarca y Pucayacu (Ayacucho), la matanza de los penales (Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara), Cayara (Ayacucho) y otros casos más.

En un informe publicado en 1990 el Instituto de Defensa Legal mencionaba que “durante los cinco años del gobierno de García la acción contra el país por parte de los grupos subversivos creció en intensidad […] La estrategia antisubversiva con que se enfrentó el problema fue, a la luz de los resultados, claramente ineficaz e incluso contraproducente. El permanente recurso de la violación a los derechos humanos y de la impunidad fue uno de los ingredientes fundamentales que explican ese fracaso”.

Fragmentación

Sin embargo, después de 1990 y durante todo el periodo de Fujimori, etapa en la cual la política antisubversiva frenó las acciones sediciosas, la brecha de “fragmentación de la vida social”, como la llamaron Max Hernández y Francisco Sagasti se amplió y complicó más.

En suma- decía ya en un estudio del año 2000, la institución Agenda Perú- que “la prédica terrorista siempre va a encontrar un terreno fértil en la pobreza y el abandono en que han vivido y viven muchos peruanos. La exclusión y la injusticia fueron tomadas como pretexto por los grupos subversivos para plantear la destrucción del Estado. Al romper lo que debe ser el monopolio estatal en el uso legítimo de la coerción y la violencia, el terrorismo muestra la debilidad del Estado peruano y el hecho de entregar zonas enteras del país al control de las Fuerzas Armadas abrió nuevas posibilidades a la represión indiscriminada”.

Ese mismo fenómeno se le puede presentar al nuevo gobierno del APRA, si antes no define y pone en marcha políticas eficaces para reducir drásticamente la “fragmentación de la vida social”. Pero esta es una punta de la madeja. La otra punta es la guerra contra la droga que ya a estas alturas se ha constituido en una serie cuestión de Estado.

Aquí hay tareas urgentes, difíciles y complejas. Y, si no se enfrentan ambos miedos-la subversión y el narcotráfico- el cóctel mortal puede estar a la vuelta de la esquina.

viernes, 2 de noviembre de 2007

Del “perro del hortelano” a la política del “perro muerto”










Fotos Dalia Chevez (Blog Rodrigo Peñalba)

Un repaso a las leyes, políticas y filosofías populares acicateados desde lo alto por el Primer Mandatario, pero con efecto boomerang.

El presidente Alan García hizo público hace siete días una de sus últimas “leyes” que, puesta en la agenda pública desató, como era de esperar, un agrio debate nacional.

Más que una norma del Ejecutivo, lo que presentó el Jefe del Estado, en blanco y negro, fue un ensayo periodístico donde sustentó su ahora famosa “ley del perro del hortelano”.

No se trata de un dispositivo en favor de tantos perrunos sueltos en plazas. Es más bien una visión particular de lo que el Primer Mandatario entiende por uso de los recursos naturales, inversión y generación de trabajo.

Apenas apareció el artículo en un medio de circulación nacional se inició el debate en programas radiales y en la televisión, siempre con invitados a favor y en contra de los juicios presidenciales.

Empresarios, como Pablo Bustamante, o congresistas del APRA como Aurelio Pastor Valdivieso, justificaron las propuestas de García. En cambio, Pedro Francke, coordinador nacional de Foro Salud y otros parlamentarios de la bancada de UPP, sostuvieron que en lugar de denigrar las reclamaciones de la ciudadanía, bajo el supuesto de que ésta actúa como “el perro del hortelano”, lo que se requería era que el Presidente lidere en forma concreta los sectores económicos a los que hacía alusión en su comentario personal.

“Ociosos e indolentes”

García ha manifestado que en el país existen ingentes recursos naturales, sin uso que no son transables, que no reciben inversión y no generan trabajo. Y, le ha echado la culpa de todo ello al “tabú de ideologías superadas y también a la ociosidad y a la indolencia”.

A continuación repasa los recursos que el Estado no puede ofrecer a los inversionistas porque hay “ociosos e indolentes” en el país que se niegan a facilitar la tarea del Ejecutivo. Es decir, la “ley del perro del hortelano”.

Hay dos temas iniciales que se emparentan en la propuesta de García: la propiedad de la tierra en la amazonía y las facilidades para su adquisición en grandes dimensiones. Vendida en grandes lotes traería tecnología, asegura.

Otro asunto es el de los recursos mineros. El Perú tiene la riqueza más grande del mundo, sin embargo, apenas una décima parte está en explotación porque “aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado”.

Un cuarto tema es el mar. “Reaccionan los pescadores artesanales de la caleta cercana, que ven nacer una competencia más moderna y dicen que se está bloqueando su derecho al libre paso, que se contamina el mar y, otros, invocan lo sagrado del Mar de Grau”.

Finalmente García aborda un punto neurálgico, pero lo hace por la tangente: la educación. “Tampoco se pone en valor el cerebro de nuestros alumnos e hijos”, dice el presidente. Y, a continuación considera como causa “a un grupo de malos profesores y malos funcionarios que exigen no ser evaluados para esconder su mediocridad y así el sistema sigue produciendo resultados sin valor”.

El Estado tramposo

Lo que muchos analistas le han recordado al Presidente García a raíz de su ya famoso artículo periodístico, es que si de perros se trata, es bueno recordar en todo caso la política del “perro muerto” o del “Estado tramposo” o de la cultura de “meterle el dedo en la boca” a los trabajadores y ciudadanos, creyéndose el iluminado del reino.

El Estado ha instalado en el país la política y cultura del “perro muerto” y esa conducta es la fatalidad nacional que deja como bebe de pecho a la filosofía del “perro del hortelano” que expone a su manera el Jefe del Estado.

El primero gobierno de García Pérez (1985-1990) fue acusado por el régimen fujimorista y por gran parte de los agentes económicos de “perromuertero”, por el hecho de dejar de pagar la deuda externa. A nivel internacional el Perú fue visto durante ese quinquenio como un paria, no sujeto a créditos, como narró una vez el empresario Raúl Benavides.

Claro, el Presidente García explicó en una Carta al Pueblo Peruano, desde Colombia en enero del 2001, así: “Cuando recibí el gobierno el 28 de Julio de 1985 el Perú tenía una deuda de más de 14,000 millones de dólares y debía pagar en 1986 1,200 millones por ese año, más 1,500 atrasados del año anterior. Tenía que pagar un total de 2,700 millones siendo que todas sus exportaciones al extranjero no llegaban a 3,000 millones. Por eso decidí que mientras la situación económica y de violencia no cambiara, el país sólo dedicaría el 10% del valor de sus exportaciones al pago de la deuda”.

En esa misma misiva enrostró al hoy preso ex Presidente Fujimori denunciándolo que “él comenzó su política del perro muerto contra el empleo, la industria, la agricultura, la salud y la educación del país. Todo fue sacrificado al pago de la deuda externa”.

Ahora, en el 2007, el gobierno del Apra, nuevamente se enfrenta con esta política de Estado: la del perro muerto.

¿Cómo poner en valor a la Educación en el Perú, por ejemplo, si el Estado le sigue negando recursos para infraestructura, equipamiento y encima maltrata a sus docentes de Educación Básica Regular y de Educación Universitaria?

Sin mencionar los dispositivos legales dictados durante el gobierno de Toledo para finiquitar lo estipulado en la Ley Universitaria Nº 23733, en lo que va de este año durante el presente régimen el Congreso dictó en junio último la Ley Nº 29035 que autorizó el pago del 26% de la homologación de los maestros universitarios, después de una larga huelga nacional.

Mediante el D.S 087-2007-EF, firmados por el presidente y los ministros de Educación y de Economía y Finanzas se transfirieron 52 millones 753 mil soles a las universidades y, la Ley Nº 29070 (06 de julio) estableció en 9% el porcentaje para completar el monto fijado para el Programa de Homologación.

Esta semana el Gobierno- en medio de otra huelga nacional indefinida de los maestros- se desdijo de su propia normatividad y envió al Congreso un proyecto de Ley sobre la materia que tira al traste los dispositivos ya vigentes.

Pone en marcha la evaluación de los catedráticos desconociendo que esta práctica ya tiene más de 50 años en la universidad pública. Es decir, como siempre, la vieja cantaleta y práctica del Estado: la política del perro muerto, la del huevo de pato, y el cuento del gato por liebre.
Y el de los maestros no es el único caso. Abundan en este corto periodo del segundo gobierno del APRA y son más patéticos que la ley del perro del hortelano. Es decir, dicen los críticos del régimen, a otro perro con ese hueso.