A Dios rogando...

Con monseñor Miguel Cabrejos al frente, escoltado por el presidente regional, José Murgia, y el alcalde de Trujillo, César Acuña, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Teófilo Idrogo, entre otras autoridades, los docentes universitarios buscan sensibilizar la dureza del gobierno, convertido en sordo, ciego y mudo ante las demandas por la educación superior.

El presidente Alan García tendrá que realizar un acto de contricción, como ser humano y como depositario de la voluntad popular, ante las demandas de la docencia universitaria de Trujillo que hoy miércoles tuvo que refugiarse en el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y arzobispo de la ciudad, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte.

En un acto de desprendimiento pero también de buena fe, el representante de la Iglesia Católica convocó a su vez a las principales autoridades de Trujillo, entre ellas al presidente del Gobierno Regional José Murgia, al alcalde, César Acuña Peralta, el presidente de la Corte de Justicia de La Libertad y al Jefe de la III Región de la PNP, general, Carlos León Romero, entre otros importantes funcionarios, para conocer personalmente las demandas de los docentes de la Universidad Nacional de Trujillo.

Fue el secretario general del SUDUNT, Roberto Rojas, quien expuso en primer lugar una ayuda memoria del conjunto de dispositivos que el Congreso y el Ejecutivo han promulgado para efectivizar la homologación de los docentes, pero que lamentablemente hasta la fecha no se ha materializado.

La cita se produjo a las 10 am en el arzobispado de Trujillo, ubicado en la plaza de armas.

Producto de la reunión se suscribió un documento denominado Declaración de Trujillo donde se expresa que:

1. La falta de solución al problema de lahomologación de remuneraciones de los docentes universitarios con los magistrados del PoderJudicial en cumplimiento del artículo 53 de la Ley23733 ha ocasionado hasta hoy la pérdida de 112 díasde clases en las universidades públicas en el año2007, afectando a 320 mil alumnos y 22 mil maestrosuniversitarios, creando una grave situación sociolaboral.

2. Hemos constatado que en este proceso dehomologación se han dado una serie de normas que,sin embargo, hasta ahora no se han hecho efectivas.

3. Ante esta situación invocamos al señorPresidente de la República que promulgue el proyectode ley 1975 aprobada por la Comisión Permanente delCongreso de la República el día 19 de diciembre de este año 2007 e instruya a quien corresponda paraque se garantice la continuidad del tramo final dela homologación correspondiente al año 2008.

4. Los docentes universitarios, manifiestan sucompromiso de garantizar la culminación completa delaño académico 2007. Considerando que los jóvenes son la mayor riqueza deun país, como lo ha manifestado Su SantidadBenedicto XVI, hacemos votos para que laproblemática universitaria se afronte en un clima dediálogo, pensando en el bien común y se de unasolución de manera definitiva.

Con la aceptación de los presentes se ha encargado a Monseñor Cabrejos sea el portavoz del petitorio ante el presidente de la República, Alan García, con la finalidad de que el gobierno ponga fin así al clamor no sólo de docentes sino de toda la colectividad nacional.

El sueldo ético de la docencia universitaria

Docentes universitarios de la UNT-Trujillo, en huelga de hambre en una carpa en la plaza de armas.

Se nota cansancio, consternación y rabia, pero ante todo, el firme propósito de salvar su dignidad ante la rémora burocrática del régimen aprista que viene empleando durante todo el año mil argucias frente a las demandas de más de 20 mil docentes de las treinta universidades públicas del país.

Esta huelga nacional indefinida que se ha prolongado por más de dos meses, ha desembocado- como era previsible- en una masiva huelga de hambre, iniciada desde el miércoles último en ocho bases de la Federación Regional de Docentes Universitarios-FERDUNORTE, como una postura de sacrificio físico, pero sobre todo de una exposición moral del régimen, frente a un tema que constitucionalmente, legalmente y financieramente está zanjado desde hace tiempo.

SIMILAR ESCENARIO

Algo similar ocurrió durante el mes de julio del 2006 durante el gobierno de Alejandro Toledo, que felizmente reconoció entonces las justas peticiones de los docentes universitarios y dispuso el inicio del proceso de homologación de sueldos con los de los magistrados del Poder Judicial.

Pero, llegar a ese logro costó a los maestros de las universidades del Estado una lucha de 23 años, para que se comience a cumplir el artículo 53 de la Ley Universitaria 23733.

Se pensaba que el nuevo gobierno de Alan García respetaría durante el 2007 el proceso de homologación, pero no fue así.

A lo largo del 2007 los maestros tuvieron que tocar las puertas del Ejecutivo y del Congreso hasta lograr la dación de la Ley Nº 29035 (junio) y Ley Nº 29070 (julio), refrendados con dos Decretos Supremos que transfieren a las universidades los 71 millones de soles para cancelar el segundo tramo (35%) de la homologación, desde junio del 2007.

A LAS PATADAS

El gobierno demoró casi seis meses para atender recién los reclamos de los maestros universitarios, desconociendo con ello los haberes por homologación de los primeros cinco meses (enero- mayo del 2007). Esta fue la primera patada del gobierno a la docencia universitaria.

La segunda fue la famosa declaración del presidente García en noviembre de este año cuando anunció la solución al problema, pero condicionándola a la “evaluación docente”, siguiendo casi exactamente la estrategia utilizada por el gobierno con los maestros del SUTEP. El problema es que ya termina diciembre y la declaración presidencial se ha devaluado.

Y, para coronar con cereza al pastel, cuando el Congreso de la República había promulgado el 15 de noviembre último la Ley Nº 29137 (una vez más otra ley sobre lo mismo) disponiendo el pago de homologación de los docentes desde junio del presente año, un burócrata del ministerio de Economía y Finanzas le enmienda la plana ¡al propio Congreso! y manda que se cancele la homologación, no desde junio sino desde el 1º de diciembre.

Esta provocación enervó a los docentes y esa es la razón por la cual la huelga no se ha levantado sino que, por el contrario, se ha radicalizado.

Tan expuesto está el gobierno en el tema de la homologación docente universitaria que los operadores políticos del Partido Aprista en el Congreso no les ha quedado otra cosa que tratar de enderezar los entuertos.

Las demandas de los docentes universitarios no es por mayores sueldos sin trabajar, sino un sueldo ético que le permita vivir con dignidad. Está de por medio igualmente el cumplimiento de la ley y de la Constitución que dispone el 6% del PBI a la educación en el país.

Por ahora los parlamentarios de otras tiendas políticas han hecho causa común porque se han dado cuenta que el caso de la homologación docente se estaría prestando para una burla del gobierno.

Así, el miércoles 19 una moción del congresista Oswaldo Luizar Obregón presentada a la Comisión Permanente, trata de corregir la Ley 29137 y precisa las fechas del pago a los docentes universitarios en el periodo del 01 de junio al 28 de noviembre.

La Comisión Permanente ya la dispensó de trámite y lo aprobó sin dilación y el viernes 21 en la tarde firmó la autógrafa enviándola así para la firma y promulgación del Ejecutivo.

Se espera que en las próximas horas gobierno disponga su aplicación a través del MEF.

Mientras ello no ocurra, los docentes de todo el país continuarán en su justo reclamo y han anunciado que de ser preciso masificarán aún más el número de huelguistas de hambre para lo cual levantarán un mayor número de carpas en las plazas públicas de todo el país.

Ven a Palacio esta navidad

Foto: Radio Programas del Peru
El tole tole político, los cambios ministeriales, y las urgencias sociales del gobierno ad portas de las fiestas navideñas.

11.13 am del jueves 20 y en Palacio de Gobierno el presidente Alan García ensayaba un breve discurso de complacencia de su régimen y del primer gabinete que lo acompañó durante 18 meses.

Fue, además un discurso que por lo menos para las tribunas echaba paños fríos al tole tole político que 48 horas antes lo había provocado nada menos que su propio jefe de Gabinete Jorge del Castillo, quien lo miraba de reojo con cara de culpable, pero no se sabe si de conciente arrepentimiento.

“Este es un gobierno que se ha propuesto redistribuir lo que se logre del crecimiento económico sin pedir carné partidario. Trabajamos y beneficiaremos a todos sin ver de que grupos sociales son y seremos neutros en dicha política mientras esté yo al frente del gobierno”, comenzó su discurso mientras los ministros asistentes se codeaban unos a otros.

Quince minutos después inició el rito de rigor de aceptar la renuncia de cinco ministros de Estado y la incorporación del mismo número, con la juramentación frente a la cruz y la Biblia.

Alan García se animó a un recambio parcial de su gabinete, como corolario de la batahola política provocada durante la semana, nada menos que por su Premier y fiel escudero, Jorge del Castillo.

Las infelices declaraciones del presidente del Consejo de Ministros el domingo último en un acto público en Lurín, fue casi como un tiro en el propio pié del gobierno, que de inmediato el propio Jefe del Estado trató de atribuirle a un “desliz de mala comunicación” de su compañero de partido.

¿Qué había dicho Del Castillo?: que en adelante sus bastiones apristas tendrían la prioridad en la asignación del gasto social que administra el gobierno.

El mensaje inoportuno cayó como chicharrón de cebo a los propios dirigentes apristas y la prueba sectaria que necesitaban los enemigos del gobierno aprista.

Lo que sigue es una historia de reuniones palaciegas nada dramáticas sino de humor y contraste que terminó con la ratificación de Del Castillo, el martes al mediodía, y la decisión de las movidas ministeriales que comenzó a cocinarse en Palacio de Gobierno y que culminaron el jueves antes del mediodía, con la juramentación del nuevo gabinete.

Hubo algunos cambios de rostros y enroques que en nada modifican las líneas de política económica del régimen.

Lo que si se advirtieron fueron algunas novedades. Una de ellas fue el ingreso de Antero Flores Aáoz, actual embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cartera de Defensa en reemplazo de Allan Wagner. Este, a su vez, irá a la Corte Internacional de la Haya para asumir la defensa del Perú en la demanda a Chile por la delimitación marítima.

Otro hecho remarcado por muchos analistas es la incorporación de Rosario Fernández como ministra de Justicia, en reemplazo de María Zavala. Si bien, la entrante- dicen los voceros apristas- es una destacada profesional, su pasivo es que ha sido la abogada del empresario televisivo Ernesto Schutz, hijo, heredero de la televisora que vendió su línea editorial por torres de dólares al fujimontesinismo.

La otra novedad es el ingreso del abogado laboralista independiente Mario Pasco Cosmópolis en la cartera de Trabajo, en lugar de Susana Pinilla, quien va al ministerio de la Mujer y Promoción Social.

Llamó también la atención la designación de Hernán Garrido Lecca, quien se desempeñaba en el ministerio de Vivienda y Construcción y que ahora va a Salud, en reemplazo de Carlos Vallejo.

Entra a Vivienda y Construcción Enrique Cornejo, quien fuera el primer secretario general de Palacio de Gobierno durante el primer gobierno aprista.

Para gran parte de los entendidos no fue una sorpresa, pero si deploraron, por ejemplo, que en esta renovación del gabinete no se haya incluido al ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien tiene exhibe menos pergaminos ministeriales que Allan Wagner.

Lo que pasa es que LAC es un referente del APRA y eso es lo que pesó finalmente en los conciliábulos en la Casa de Pizarro.

Los expertos en análisis de la política nacional no ven auspicioso solo el cambio de caras en el gabinete ministerial dado que las políticas económicas y sociales del gobierno permanecen en el statu quo. Y ese es el problema de fondo del régimen aprista.

El sociólogo Sinesio López, dijo por ejemplo que los pobres exigen cambios del modelo de exclusión del Estado y parece que el gobierno del APRA no está dispuesto a cumplir.
José Vega de Unión por el Perú tildó de cambio “cosmético” la renovación ministerial, pues no implica un cambio del modelo económico neoliberal.

Para Carlos Raffo del Movimiento Fujimorista, “estos cambios no sirven de mucho porque la imagen del capitán del equipo (Jorge del Castillo) está deteriorado y eso será un lastre para todo el gabinete”.

El gasto social

Ya lo ha deslizado el presidente García en la juramentación de ministros. El énfasis de este nuevo gabinete está en dinamizar la política del gasto social. Tiene explicación entonces la designación de Susana Pinilla en el ministerio de la Mujer y Promoción Social, quien se nota más operativa que su antecesora.

Después de todo, tal como se conoce en los últimos 10 años el gasto social en el Perú sumó US $38,000 pero ha favorecido a las regiones con más ingresos y los resultados no fueron buenos: duplicidad de beneficiarios, filtración alta de no pobres, entre otros aspectos.

Nada garantiza que el programa Crecer del gobierno del APRA disminuya la pobreza ostensiblemente si es que no cambian las políticas del empleo y de la reactivación del aparato productivo nacional.

De manera que aquí estará el reto en la coyuntura inmediata que le espera al gabinete remozado. Esa será por ahora la preocupación del gobierno en medio de un ambiente navideño ganado por el consumismo, producto del boom de los megaplazas y los megaretail.

¿País justo y próspero?

Foto: K. Thorsen en http://www.shutterstock.com/pic-1319621-india-poverty.html


El TLC con EE.UU y el debate del CADE sobre nuestro futuro pone en agenda ahora más que nunca el tema de la pobreza y como reducirla aceleradamente.

El Tratado de Libre Comercio-TLC entre Estados Unidos y Perú, ratificado por el Senado americano a inicio de semana y los debates de la 45º Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE, 2007 que concluyó el sábado 1º de diciembre, constituyen dos grandes temas que se cruzan pero que también provocan divergencias en el país.

Pese a ello, el gabinete en su última sesión del jueves ha creado una Comisión multisectorial para supervisar la implementación del TLC.

El grupo de trabajo está integrado por los titulares de los ministerios de la Producción, Transportes y Comunicaciones, comercio Exterior y Turismo, Agricultura, Economía y Finanzas, Deberán sumarse a ellos Indecopi, Sunat, Osiptel, entre otros. Tendrán como tarea destrabar la maraña de normas que impedirían el proceso de aplicación del TLC.

Lo curioso es que casi todas las instituciones comprometidas son a su vez integrantes del Consejo Nacional de la Competitividad, que poco o nada ha avanzado en esta materia, a pesar de que ya se conocía que la ratificación del TLC con Estados Unidos era ya inminente, tras largos 43 meses en que ambos países firmaran el acuerdo, durante el periodo del ex presidente Alejandro Toledo.

Justicia y prosperidad

La noticia de que el Senado americano aprobaría el acuerdo comercial con Perú se conoció precisamente en el último día del CADE de Trujillo, donde los empresarios peruanos discurseaban sobre el tema “Todo lo que nos falta para ser un país justo y próspero”.

Y, es aquí donde el tema de la justicia, la prosperidad, inclusión social, la lucha contra la pobreza, la identidad y autoestima, categorías conceptuales incorporadas al debate del CADE, son ahora reinterpretadas por empresarios, trabajadores y analistas, luego de conocerse la votación del Senado USA a favor del acuerdo comercial con nuestro país.

Por supuesto, un sector de empresarios, desde el CADE saludó la ratificación del TLC. En cambio otros, especialmente vinculados al CONVEAGRO han propuesto desde el año 2004 una Plataforma Agraria en Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano, ante las grandes diferencias entre el agro peruano y el norteamericano.

David vs Goliat

Los críticos del TLC manifiestan que los Estados Unidos buscan siempre un trato igualitario en estos acuerdos comerciales y no reconocen las profundas diferencias con los países de América Latina.

Solo para ilustrar a grandes rasgos el problema hay que tener en cuenta los siguientes indicadores: la población de EE.UU. es 11 veces la población del Perú. El Producto Bruto Interno per cápita es 7 veces al nuestro y su presupuesto público es 126 veces al de Perú.
Según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. RICYT, la inversión anual en Investigación y Desarrollo por habitante durante el año 2002 fue en Perú de solo US$ 2.17 dólares, mientras que el coloso del norte fue de US$ 989.4 dólares por habitante, es decir 455 veces más.

Ni que decir de las exportaciones. EE.UU. exporta 80 veces más que Perú (en US$ 715 billones vs US$ 9 billones) y en importaciones la brecha es sideral (US$ 1,260 billones vs US$ 8 billones).

¿Qué pasa con Chile?

La desigualdad comercial con Estados Unidos siempre estará presente, si no veamos el análisis que resumió en un documento de trabajo la Comunidad Andina el año 2003 al Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Chile, nuestro vecino.

Chile concluyó el 2002 negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero también ese año lo hizo con Europa y Corea.

Según el gobierno chileno el TLCCE le permitiría consolidar y ampliar el acceso de sus productos a las principales economías internacionales, diversificar las exportaciones y contar con reglas de juego claras y, de este modo, la productividad de las empresas chilenas se vería incrementada al facilitar la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios.

Sin embargo fueron claros en las importantes desventajas o “sacrificios”, como eufemísticamente le llamaron y que ahora soportan. Entre ellos: el no contemplar tratamientos diferenciales para Chile, como país en desarrollo, el esfuerzo de eliminación del impuesto de lujo para automóviles, la limitación en el uso de regímenes aduaneros especiales, tales como la exención o la remisión de impuestos de importación de bienes no originarios utilizados en la producción de bienes de exportación, entre otros agudos puntos.

¿El TLC reduce la pobreza?

La pregunta, como apuntaba Pedro Francke, analista de la Universidad Católica del Perú, es si ¿el TLC con Estados Unidos reducirá la pobreza en el Perú? y ¿si esta será la mejor que otras alternativas de integración comercial?

Y, ese es precisamente el problema actual de discusión y que los empresarios del CADE tibiamente trataron de poner en la agenda de su Conferencia anual de Trujillo.

Claro está es la primera vez que lo abordan oficialmente, pues no les quedaba otra cosa, ad portas de la ratificación del TLC por el Senado norteamericano y las observaciones que hizo la representación congresal demócrata que pugnó por incluir en el acuerdo artículos referidos a la protección del medio ambiente y de las condiciones laborales.

Los temas de fondo de este TLC con Estados Unidos son a tenor de Francke los siguientes: a) Exportaciones y empleo, b) Precios agropecuarios, c) Medicamentos y salud, d) Presupuesto y gasto público. En un análisis de todos estos puntos, el Perú no sale bien parado. Todo lo contrario.

Francke profetiza: “Cualquier acuerdo comercial, favorecerá o no a un país y a la reducción de su pobreza dependiendo, en primer lugar, de las condiciones del mismo. Bajo las condiciones que parecen prevalecer en los acuerdos TLC firmados con Estados Unidos con otros países y las posiciones que hasta la fecha mantiene el país del norte, no es seguro que el TLC reduzca la pobreza. Es más bien probable lo contrario”.
Por su parte los empresarios alrededor de la CONFIEP expresaron su alegría por el TLC e instaron a los opositores del acuerdo a “no tener los ojos vendados” y sumarse al proceso de modernización del país y pidieron al Ejecutivo y al Congreso a apretar el acelerador e iniciar en breve el proceso de adecuación legal y de infraestructura.

El camino será largo y tortuoso, pero de cualquier modo será mejor que el Perú tenga su propio proyecto de desarrollo y no se agudice más la brecha de los excluidos y de pobres y ricos.