Ha sido esta una semana particularmente signada por un faenón de estupor ciudadano y nerviosismo en el gobierno aprista, desde que el domingo último se difundieran tres audios donde se revela el más grande caso de corrupción gubernamental, desde la época del fujimorato.
Las tensiones en el Ejecutivo son de tal magnitud que la crisis política, iniciada en el mismo instante en que el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi presentara, en el programa televisivo Cuarto Poder de América TV, los tres primeros audios del escándalo petrolero, los nervios seguían alterados, hasta el envío del presente despacho.
La crisis
El barómetro político comenzó a subir apenas a la hora de conocidos los audios. Casi a la medianoche del domingo el propio presidente Alan García, su Premier, Jorge del Castillo, y el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, se presentaron ante la prensa conmocionados por la noticia. Este último fue virtualmente expuesto en público como el “chivo expiatorio” y culpable político del faenón. La renuncia de Valdivia, la primera baja del gabinete, le fue aceptada de inmediato.
A partir de allí los hechos se sucedieron vertiginosamente, conforme fueron conociéndose otros cuatro audios más y, los involucrados, todos del entorno presidencial, se incorporaban a una lista de sospechosos políticos, entre los cuales están el propio Jefe del Gabinete, Jorge del Castillo y el zarandeado ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca.
Los hechos llegaron a mayores cuando, impulsado por la necesidad de revertir el manto de sospecha que pesa sobre todo el gabinete, Jorge del Castillo se presentó, con todos sus ministros, el jueves durante el Pleno del Congreso, con la finalidad de exponer los hechos que a estas alturas ya habían erosionado gravemente al gobierno.
Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros y sus colegas no pudieron presentarse, pues la Junta de Portavoces del Congreso se negó a recibirlos y postergó la cita para el próximo martes 14. Del Castillo improvisó una conferencia de prensa en el propio hemiciclo y lamentó que el Congreso, especialmente los grupos de oposición no hayan querido escuchar las explicaciones del gobierno, en torno al escándalo desatado por los audios.
Censura y Comisión Especial
La premura de Del Castillo quizá haya sido motivada por el hecho casi certero de que el Congreso apruebe en las próximas horas la censura a todo el gabinete, y cuya moción presentada por la oposición tendría el respaldo de más de 61 votos, que son los que se requieren, según el reglamento.
La situación política a estas alturas es de incertidumbre, pues el Congreso aprobó, igualmente, el miércoles la formación de una Comisión Investigadora Especial de cinco miembros, presidida por el nacionalista Daniel Abugattás, que se encargará no sólo de ver el caso del contrato petrolero entre el Estado y la empresa noruega Discover Petroleum- envuelta en el escándalo de corrupción- sino del resto de acuerdos, sobre la materia, desde el año 2006 hasta la fecha.
Por supuesto, será esta la Comisión que indagará sobre todo el contenido de los audios que poco a poco van apareciendo y dando más pistas para la justicia y el comentario ciudadano.
Los involucrados hasta el momento son el ex miembro del directorio de Perúpetro, Alberto Quimper, capturado el miércoles en la clínica Maisón de Santé de Surco y recluido en la carceleta del Poder Judicial, el ex ministro de Pesquería del primer gobierno aprista, Rómulo León Alegría, el abogado Ernesto Arias Schereiber, representante legal de la empresa noruega Discover Petroleum y Fortunato Canaán, lobbysta dominicano, vinculado también, por propia confesión, a la empresa Discover.
Graves delitos
Rómulo León está prófugo desde el mismo domingo por la noche y buscado por el gobierno, en tanto que Canaán, anunció el miércoles a una radio panameña, que en las próximas horas llegaría al Perú para aclarar su participación.
La empresa Discover, salpicada por el escándalo político difundió desde noruega un comunicado público donde asegura que efectivamente Arias Schereiber es su representante legal en Perú y trata de desmentir que la organización esté involucrada en actos de corrupción para adjudicarse lotes petroleros en nuestro país.
Por su parte Canaán ha aceptado que Rómulo León Alegría era su “lobbista” a quien, por lo menos le ha remitido unos 65 mil dólares durante ocho meses.
Sobre todo este embrollo, se ha tejido, especialmente en los diversos contratos petroleros, un manto de dudas por el nivel de funcionarios públicos involucrados- conocedores o no del entramado delictivo- y por la forma sistemática en que se han producido los hechos, asegura Carlos Rivero, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal.
Los delitos son graves. Van desde los delitos de concusión, de corrupción de funcionarios y de asociación ilícita para delinquir, típicos actos de corrupción, sostiene Rivero. La Ley dice que el funcionario público que, aprovechándose de su cargo, solicita un beneficio económico, será sancionado con una pena que supera los 12 años de prisión. Es el caso de Quimper, pero que también se le aplicaría a León Alegría y a Schereiber.
Lourdes Flores Nano, la lideresa de Unidad Nacional, ha manifestado que nada sería más sano y democrático la remoción del Gabinete Mnisterial, en tanto que Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, no sólo ha pedido similar decisión del Presidente García, si no la revisión de todos los contratos efectuados por este gobierno.
Por lo menos en el discurso, García Pérez ha sido muy duro desde el inicio de la crisis. El domingo último se le vio no sólo indignado ante un impávido Jorge del Castillo, junto a otro no menos desconcertado ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia.
La respuesta del presidente ha sido llamar a las cosas por su nombre. “Ratas”, “corruptos”, “cementerios blanqueados”, “fariseos”, “traidores a la Patria”, “felones”, “siniestros”, y otros adjetivos calificativos que muestran la indignación de un Jefe de Estado, atado de pies y manos, por el momento, ante los hechos delincuenciales evidentes de sus propios compañeros de partido.
Y, ha hecho un llamado al Congreso de la República y al Poder Judicial para que actúen rápidamente y sancionen ejemplarmente a los culpables del mayor acto de corrupción que se conozca, desde que Montesinos y Fujimori, cayeran en desgracia por similares actos, en el pasado.
Los analistas aseguran que el escándalo en la licitación de lotes petroleros no pudo haber caído en el momento menos oportuno. A raíz de las últimas encuestas donde el presidente García baja ostensiblemente su popularidad, un Poder Judicial y el Congreso de la República con una pérdida de credibilidad calamitosa, la sensación interna es de total estupor, y en el nivel internacional, de completo desconcierto.
Con razón la ministra de Industria y Turismo, Mercedes Araoz se muestra particularmente preocupada por el daño internacional que ha ocasionado el escándalo que bien podría ser llamado el caso del Discovergate a la peruana. Se nos ve como un país donde ganar una licitación sólo es posible por el empeño de los “lobbistas”, aupados muy cerca del poder gubernamental y con un aparato judicial paralizado por el burocratismo, la desidia y, cuando no, también corruptelas.
