Tierrabrava

Periodista de El Nuevo Herald tilda de "aburrido" a Jaime Bayly

2009-01-04T17:20:00.000-08:00

Comparto la información y tengo mis dudas respecto a Bayly. Creo que se debería dejar de hauchafadas en la tele.

Lima (Peru.com).- El periodista de ‘El Nuevo Herald’ Luis E. Palacios criticó a Jaime Bayly, de quien señaló “los televidentes se han aburrido de él”. Esa fue la conclusión que llegó el también crítico de TV, en un balance de lo mejor y peor de la televisión estadounidense 2008. ¡Lee, vota y opina!

"Con respecto a Mega TV, mencionamos a Jaime Bayly en el año más flojo de su carrera en televisión. El conductor peruano parece ya estar aburrido de Miami, lo mismo que la audiencia parece aburrida de él", escribió Palacios en el diario ‘El Nuevo Herald’.

Cabe recordar, que el conductor de ‘El Francotirador’ protagonizó uno de los escándalos más sonados en Miami, cuando criticó en vivo a los directivos de su televisora en EE.UU. Esto sucedió durante la emisión de uno de sus programas, por lo que fue sacado del aire abruptamente.

Sin embargo, este incidente se solucionó días después.

Fuente: Peru.com

¿APOCALIPSIS NOW?

2008-12-29T16:43:00.000-08:00

Los temidos jinetes bíblicos parece que ya están sobre la tierra golpeándola en sus finanzas, su sistema productivo global, las ideologías, el clima y hasta en la confianza.

Pasada la resaca de las fiestas navideñas y a la espera de las celebraciones por Año Nuevo, el ciudadano común y corriente no le toma sentido aún a la crisis global de los mercados, que de hecho nos impactará desde el 2009 hacia delante.

El título de nuestro reportaje no es tremendista. Y, no se trata del tema bélico de la película de Francis Ford Coppola, si no de lo que efectivamente viene ocurriendo en el mundo.

Es casi apocalíptico, como en las Sagradas Escrituras: “…vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol”. (Capítulo 7, del libro del Apocalipsis).

Varios analistas, entre economistas, políticos y visionarios, engarzan la metáfora bíblica con la realidad, cruda y desnuda. Se habla de la crisis del apocalipsis y no les falta razón.

Se puede verificar un pánico entre los inversionistas globales, situación que se verificó en los iniciales índices del movimiento prenavideño y luego en las propias fiestas pascuales. Parece que se han retraído y están guardando “pan para mayo”.

Y es que la actual crisis- dicen los expertos- desafía no solo las explicaciones simplistas sino también las más profundas.

Los efectos, con alta dosis de catástrofe, pintan la actual crisis económica como mucho peor a la ocurrida desde la Gran Depresión, hace exactamente 80 años, en 1929.

Esas consecuencias se resumen ahora mismo en el medio millón de despidos, sólo el último mes en Estados Unidos, y en lo que va del año que termina, el número suma los tres millones.

Evidentemente el sector más golpeado- los malvados dicen que merecidamente- ha sido el financiero, con 160 mil despidos y aún falta. El Citibank ha anunciado que lamentablemente pondrá en la calle a unos 50 mil empleados en los siguientes meses.

Es en el mercado norteamericano donde las cosas están casi como en estado de magma, a las más altas temperaturas jamás conocidas, casi, casi como en la película de Coppola después de la reventazón con napalm.

VISIONANDO EL HORIZONTE

Citando un informe último del visionario Francisco Sagasti, publicado en Caretas, se conoce que Wall Street, el paraíso financiero del mundo ha perdido más del 20% de su valor. Y, también que el plan de salvataje de Estados Unidos costará unos 7 billones de dólares. El hoyo fiscal en suelo gringo será profundo y alguien tendrá que pagar la factura. Eso lo sabe muy bien el presidente electo Barack Obama. La deuda pública de EE.UU. ha escalado los 10.5 billones de dólares, o lo que es lo mismo el 1% de su Producto Bruto Interno.

El crecimiento del PBI norteamericano será negativo en el 2009. La cifra que se baraja es de -0.7%. China no se quedará atrás. Su PBI caerá a 8.5%, dos terceras partes de lo que creció en el 2007. Europa crecerá en -0.6% y América Latina en 2.5%, a nivel mundial apenas 2,2% menos de la mitad del crecimiento promedio de los últimos 3 años.
Las cifras de la debacle son interminables: el valor del mercado inmobiliario-el origen de la crisis norteamericana y mundial- colapsó en 20% solo en EE.UU. y ha contagiado a varios países de Europa, entre ellos Inglaterra, Francia y España.

El precio del cobre ha caído cerca del 50% en lo que va del año y el costo del petróleo se comportó como en una montaña rusa, subía y bajaba. En agosto alcanzó un pico de US$ 150 por barril y ahora se paga menos de US$ 40. Los precios de las materias primas siguieron igual tendencia.

Y, lo que nunca pensábamos que se podía dar en pleno auge del capitalismo financiero globalizado: los gobiernos, comenzando por el propio Estados Unidos, han comenzado a nacionalizar sus sistemas financieros, tirando aquí, por allá y acullá rescates financieros impensados.

De eso pueden dar fe Lehman, AIG, Bear Sterns, Cerril Lynch, y otros, en EE.UU; Northern Rock en Inglaterra, Fortis en Bélgica y muchos más que quebraron, se fusionaron o simplemente fueron estatizados. Como para no creerlo. Los iluminados del libre mercado tuvieron que recular ideológica y técnicamente y abrazar el nuevo grito teórico: la de convertirse en estatistas de la noche a la mañana.

De modo general, dice Sagasti, se evidencia en esta crisis por lo menos cuatro colapsos. (Como los cuatro ángeles del Apocalipsis, agregamos nosotros).

En este marco tenemos cuatro crisis simultáneas que convergen y se amplifican mutuamente: la del sistema financiero mundial, la del sistema productivo globalizado, la de ideas e ideologías, y la crisis generalizada de confianza.

Por lo menos la primera se ha explicado largamente y es evidente las consecuencias. En los restantes temas hay mucha discusión, pero evidentemente, la crisis golpea a unos con gran fuerza y otros tratarán de aprovecharla a como de lugar.

¿QUE PASA EN PERÚ?

En nuestro país el ministro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, ha adelantado que se están tomando las precausiones para que los programas sociales del país no se vean afectados ante cualquier impacto negativo que provoque la crisis financiera internacional.

Ya con anterioridad el propio presidente Alan García había presentado un Plan Anticrisis que ahora es compartido con otros actores del empresariado y de la política nacional.
El ex presidente Alejandro Toledo ha prometido aportes de su partido al Plan Anticrisis, luego de las fiestas navideñas y de año nuevo.

En tanto el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala si ha sido muy directo. Ha reiterado en varias oportunidades su propuesta de rescate al sector industrial, textil y agropecuario.

Los empresarios, agrupados por la CONFIEP, en tanto han salido al frente para decir que sí tienen un programa de inversiones y, de manera general, el 83% de los empresarios, según una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú, sostiene que el empleo en el país no caerá. Esperemos que no. Si no, sálvese quien pueda.
(VER BARRA DE VIDEO, MAS SOBRE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL)

CAMBIO Y RECAMBIOS PRENAVIDEÑOS

2008-12-08T16:46:00.001-08:00

Escenario nacional urgido por las elecciones y decisiones en el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y en la Controlaría, que marcarán el escenario político del año que viene.

Un panorama diverso, preocupante y de expectativas políticas y gubernamentales prenavideñas, es el que tenemos durante la primera semana de diciembre y, que se extenderá, con toda seguridad, en lo que resta del año 2008.

ELECCIÓN UNO

El jueves al mediodía, por ejemplo, ya se conocía el futuro inmediato del Poder Judicial, cuya elección de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia, enfrentó por varias semanas, una abierta pugna entre los 16 vocales supremos titulares.

Cuatro magistrados supremos habían formalizado su postulación al máximo cargo de la judicatura: Elcira Vásquez Cortez (71), Manuel Sánchez Palacios-Paiva (73), Luis Almenara Bryson (66) y Javier Villa Stein (59).

Dos corrientes bien marcadas trazaron con antelación el panorama de los comicios judiciales. Por un lado estuvieron los magistrados que apoyaron a Villa Stein, de quien afirma más de un suspicaz, es demasiado cercano al fujimorato, y, en la otra orilla, los supremos que rechazaron, precisamente, por esos motivos, a Stein.

Los analistas manifestaron que ésta fue quizá la elección más reñida de los últimos tiempos.

Javier Villa Stein es ahora el nuevo presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de la República para el periodo 2009-2010. Fue elegido por mayoría, 11 de 16 votos, y en primera vuelta. Reemplazará en el cargo a Francisco Távara Córdova.

Stein tendrá la histórica responsabilidad de elegir al Tribunal que decidirá la posible apelación del ex presidente Alberto Fujimori, luego que el Tribunal que lo viene juzgando desde principios de año, emita su sentencia final.

Además de ello, el flamante presidente del Poder Judicial tendrá que iniciar una política institucional urgente y perentoria para recobrar la confianza de la ciudadanía, organismo, que en la encuesta nacional urbana de noviembre último del Grupo Apoyo, es desaprobado por el 78% de los peruanos.

Tamaña responsabilidad del presidente electo que tiene en su haber un rosario de declaraciones públicas, con claro tufillo pro-fujimori.

Lo vinculan desde las opiniones sobre los “vladivideos” (“que los vladivideos eran prueba prohibida”), la montaña de dólares de Montesinos, (“que las cuentas bancarias halladas a Montesinos no concluye que se hallan originado de un delito”), y apoyo al prófugo ex director de un diario nacional (“el tema Calmell del Solar es atípico”), entre otras perlas de abierto y desbocado apoyo al régimen corrupto de Fujimori.

Este manto de suspicacia y sospecha es el que tendrá que lidiar Stein durante su mandato de los próximos meses.

ELECCIÓN DOS

Otro punto en la agenda prenavideña nacional es la elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, frustrada durante esta semana por las rencillas y posiciones encontradas entre algunos miembros del TC.

Está pendiente el proceso de elección del nuevo presidente y el vicepresidente, que quedó trunco el lunes último por la ausencia de tres de sus magistrados: César Landa, Ricardo Beaumont y Fernando Calle.

Aquí, como en el caso del Poder Judicial, la confrontación tendría los siguientes matices: los que apoyan al magistrado Carlos Mesía y los que le favorecen el voto a Ricardo Beaumont.

El próximo presidente del TC deberá resolver la queja constitucional sobre el caso El Frontón, programada para el 20 de diciembre y postergada desde agosto pasado.

La queja fue presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y aceptada por el TC contra el habeas corpus del marino Teodorico Bernabé Montoya, acusado en el caso de El Frontón. Mesía, quien se desempeña actualmente como presidente interino, ante la renuncia de su anterior titular César Landa, es conocido por su filiación aprista y votó a favor del IDL, sin advertir que el caso sacaría más chispas que rata blanca navideña.

En ese contexto se espera que el TC revoque el fallo de la Tercera Sala Penal para reos libres de Lima, que archivó el caso.

En el caso están comprometidos el presidente Alan García y el vicepresidente Luis Gampietri, quienes serían llamados en calidad de testigos.

En todo caso, la elección del nuevo presidente del TC se produciría antes de navidad y su juramentación sería el 5 de enero del 2009.

ELECCIÓN TRES

La tercera nominación será la del nuevo Contralor General de la República, quien reemplazará al actual Genero Matute Reaño, elegido durante el gobierno de Alejandro Toledo.

El Premier, Yehude Simon había anunciado, apenas se hizo cargo del despacho de la PCM, que el candidato sería seleccionado por meritocracia, a cargo de una Comisión Especial de alto prestigio, presidida por el ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Richard Webb.

La Comisión ya ha seleccionado una terna de tres postulantes: Fuad Khoury Zarzar, quien proviene del campo de la banca privada, Ingrid Soraya Suárez Velarde, una tecnócrata que actualmente trabaja como asesora del Ministerio de la Producción, y Mayen Lucrecia Ugarte Vásquez, a quien la sindican como gerente general y representante del Grupo de la Consultora Goberna, que tiene como clientes a varias instituciones del Estado.

Esta terna será enviada por el Ejecutivo al Congreso de la República quien tendrá que decidir por un candidato antes que finalice la Legislatura Ordinaria 2008. Es decir, hasta el 15 del presente mes inclusive.

El temperamento de tirios y troyanos es que lo que conviene a la institucionalidad es fortalecer la independencia de la Contraloría y que sea un organismo efectivo en la lucha contra la corrupción.

Bien haría entonces el Ejecutivo y el Congreso en seleccionar al candidato en forma democrática pero sobre todo con total transparencia. ¿Suenan las campanas navideñas? ¿O, los cargos vienen con un regalo bajo el brazo?

FE DE RATAS

2008-10-13T09:00:00.000-07:00

Ha sido esta una semana particularmente signada por un faenón de estupor ciudadano y nerviosismo en el gobierno aprista, desde que el domingo último se difundieran tres audios donde se revela el más grande caso de corrupción gubernamental, desde la época del fujimorato.

Las tensiones en el Ejecutivo son de tal magnitud que la crisis política, iniciada en el mismo instante en que el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi presentara, en el programa televisivo Cuarto Poder de América TV, los tres primeros audios del escándalo petrolero, los nervios seguían alterados, hasta el envío del presente despacho.

La crisis

El barómetro político comenzó a subir apenas a la hora de conocidos los audios. Casi a la medianoche del domingo el propio presidente Alan García, su Premier, Jorge del Castillo, y el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, se presentaron ante la prensa conmocionados por la noticia. Este último fue virtualmente expuesto en público como el “chivo expiatorio” y culpable político del faenón. La renuncia de Valdivia, la primera baja del gabinete, le fue aceptada de inmediato.

A partir de allí los hechos se sucedieron vertiginosamente, conforme fueron conociéndose otros cuatro audios más y, los involucrados, todos del entorno presidencial, se incorporaban a una lista de sospechosos políticos, entre los cuales están el propio Jefe del Gabinete, Jorge del Castillo y el zarandeado ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca.

Los hechos llegaron a mayores cuando, impulsado por la necesidad de revertir el manto de sospecha que pesa sobre todo el gabinete, Jorge del Castillo se presentó, con todos sus ministros, el jueves durante el Pleno del Congreso, con la finalidad de exponer los hechos que a estas alturas ya habían erosionado gravemente al gobierno.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros y sus colegas no pudieron presentarse, pues la Junta de Portavoces del Congreso se negó a recibirlos y postergó la cita para el próximo martes 14. Del Castillo improvisó una conferencia de prensa en el propio hemiciclo y lamentó que el Congreso, especialmente los grupos de oposición no hayan querido escuchar las explicaciones del gobierno, en torno al escándalo desatado por los audios.

Censura y Comisión Especial

La premura de Del Castillo quizá haya sido motivada por el hecho casi certero de que el Congreso apruebe en las próximas horas la censura a todo el gabinete, y cuya moción presentada por la oposición tendría el respaldo de más de 61 votos, que son los que se requieren, según el reglamento.

La situación política a estas alturas es de incertidumbre, pues el Congreso aprobó, igualmente, el miércoles la formación de una Comisión Investigadora Especial de cinco miembros, presidida por el nacionalista Daniel Abugattás, que se encargará no sólo de ver el caso del contrato petrolero entre el Estado y la empresa noruega Discover Petroleum- envuelta en el escándalo de corrupción- sino del resto de acuerdos, sobre la materia, desde el año 2006 hasta la fecha.
Por supuesto, será esta la Comisión que indagará sobre todo el contenido de los audios que poco a poco van apareciendo y dando más pistas para la justicia y el comentario ciudadano.

Los involucrados hasta el momento son el ex miembro del directorio de Perúpetro, Alberto Quimper, capturado el miércoles en la clínica Maisón de Santé de Surco y recluido en la carceleta del Poder Judicial, el ex ministro de Pesquería del primer gobierno aprista, Rómulo León Alegría, el abogado Ernesto Arias Schereiber, representante legal de la empresa noruega Discover Petroleum y Fortunato Canaán, lobbysta dominicano, vinculado también, por propia confesión, a la empresa Discover.

Graves delitos

Rómulo León está prófugo desde el mismo domingo por la noche y buscado por el gobierno, en tanto que Canaán, anunció el miércoles a una radio panameña, que en las próximas horas llegaría al Perú para aclarar su participación.

La empresa Discover, salpicada por el escándalo político difundió desde noruega un comunicado público donde asegura que efectivamente Arias Schereiber es su representante legal en Perú y trata de desmentir que la organización esté involucrada en actos de corrupción para adjudicarse lotes petroleros en nuestro país.

Por su parte Canaán ha aceptado que Rómulo León Alegría era su “lobbista” a quien, por lo menos le ha remitido unos 65 mil dólares durante ocho meses.

Sobre todo este embrollo, se ha tejido, especialmente en los diversos contratos petroleros, un manto de dudas por el nivel de funcionarios públicos involucrados- conocedores o no del entramado delictivo- y por la forma sistemática en que se han producido los hechos, asegura Carlos Rivero, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal.

Los delitos son graves. Van desde los delitos de concusión, de corrupción de funcionarios y de asociación ilícita para delinquir, típicos actos de corrupción, sostiene Rivero. La Ley dice que el funcionario público que, aprovechándose de su cargo, solicita un beneficio económico, será sancionado con una pena que supera los 12 años de prisión. Es el caso de Quimper, pero que también se le aplicaría a León Alegría y a Schereiber.

Lourdes Flores Nano, la lideresa de Unidad Nacional, ha manifestado que nada sería más sano y democrático la remoción del Gabinete Mnisterial, en tanto que Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, no sólo ha pedido similar decisión del Presidente García, si no la revisión de todos los contratos efectuados por este gobierno.

Por lo menos en el discurso, García Pérez ha sido muy duro desde el inicio de la crisis. El domingo último se le vio no sólo indignado ante un impávido Jorge del Castillo, junto a otro no menos desconcertado ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia.

La respuesta del presidente ha sido llamar a las cosas por su nombre. “Ratas”, “corruptos”, “cementerios blanqueados”, “fariseos”, “traidores a la Patria”, “felones”, “siniestros”, y otros adjetivos calificativos que muestran la indignación de un Jefe de Estado, atado de pies y manos, por el momento, ante los hechos delincuenciales evidentes de sus propios compañeros de partido.

Y, ha hecho un llamado al Congreso de la República y al Poder Judicial para que actúen rápidamente y sancionen ejemplarmente a los culpables del mayor acto de corrupción que se conozca, desde que Montesinos y Fujimori, cayeran en desgracia por similares actos, en el pasado.
Los analistas aseguran que el escándalo en la licitación de lotes petroleros no pudo haber caído en el momento menos oportuno. A raíz de las últimas encuestas donde el presidente García baja ostensiblemente su popularidad, un Poder Judicial y el Congreso de la República con una pérdida de credibilidad calamitosa, la sensación interna es de total estupor, y en el nivel internacional, de completo desconcierto.

Con razón la ministra de Industria y Turismo, Mercedes Araoz se muestra particularmente preocupada por el daño internacional que ha ocasionado el escándalo que bien podría ser llamado el caso del Discovergate a la peruana. Se nos ve como un país donde ganar una licitación sólo es posible por el empeño de los “lobbistas”, aupados muy cerca del poder gubernamental y con un aparato judicial paralizado por el burocratismo, la desidia y, cuando no, también corruptelas.

Avizorando el futuro

2008-09-24T06:18:00.000-07:00

Un mar de dudas políticos y otro tanto en lo económico son los escenarios que percibimos los peruanos, en medio del colapso de entidades financieras en el mercado global.

Caminando hacia la mitad del segundo mandato presidencial de Alan García, la coyuntura actual se torna nebulosa, a pesar de estar más o menos blindados económicamente del colapso que arrastra el mercado financiero global, centralizado en Wall Street.

A este panorama de incertidumbre abonan otros episodios que golpearon fuertemente a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

Primero fueron los resultados de la última encuesta sobre aprobación y desaprobación de las principales encuestadoras limeñas: Apoyo, el Grupo de Opinión Pública-GOP, de la Universidad de Lima y la Compañía Peruana de Estudios de Mercados-CPI.

Un segundo tema es sin duda el escenario futurible de los líderes que se van perfilando hacia las elecciones del 20011 y, un tercero, el reciente ranking del poder en el Perú.

El desplome de gigantes

Los temblores nacionales comenzaron a inicios de semana apenas conocimos el desplome de los mayores bancos de inversión norteamericanos.

El desconcierto se generó cuando el otrora todopoderoso Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de inversión de EE.UU, se declaró en bancarrota, y se anunció la compra- con canje de acciones incluida- de su competidor más feroz, Merril Lynch, por parte del Bank of América y, los problemas de liquidez que agobian al American Internacional Group- AIG, la empresa de seguros más importante de los gringos.

La crisis, en un solo día, se ha comparado casi como los efectos ocurridos en el sistema financiero USA, desde los atentados del 11 de setiembre del 2001. Los índices financiero y de energía cayeron cerca de 9 y 7 puntos, respectivamente, algo extraordinario en una economía como la norteamericana.

El efecto dominó sin duda afecta a toda la región y de esto no escapa nuestro país. Los expertos sostienen que una crisis de tal envergadura origina una fuga masiva de capitales y, un descenso brusco de los ingresos fiscales, al caer el precio de las materias primas que exportamos.

El pánico financiero aún continúa, pero en el Perú, el gobierno ha asegurado que se han tomado las medidas de emergencia para mitigar los daños colaterales de la economía mundial.

Mala nota

En medio de este panorama del “colapso de la burbuja financiera”, como la ha señalado el economista Richard Webb, hemos conocido esta semana las cifras de las empresas encuestadoras de mercado y de opinión pública, para reconocer sólo dos hechos: la caída en picada de las preferencias ciudadanas de aquellos que ostentan el poder en el Perú y la incompetencia de la clase política para comprender la urgencia de un nuevo rumbo en el país.

En la radiografía del presente mes CPI da cuenta que la aprobación presidencial en Lima Metropolitana, es de 22.1% y su desaprobación es de 71.5%. La caída es significativa comparándola con el mes último (agosto), cuya aprobación fue de 26.2 y su desaprobación fue de 65.0%.

La principal razón de la desaprobación del presidente García es el alza del precio de los alimentos de primera necesidad y la inflación. La gente piensa que dicho aumento continuará en los próximos meses (80.6% de los encuestados).

La imagen del Congreso de la República, otro poder del Estado, es percibida también hasta las cangallas, como diría en lenguaje coloquial un joven peruano. Su nivel de desaprobación es del 79.8%.

Cifras más o cifras menos, los resultados de Apoyo y de GOP recogen también similares tendencias.

Futuribles

Por lo menos Apoyo y CPI exploran los escenarios de lo que tendríamos en el 2011. Así, el último reporte de Opinión Data del Grupo Apoyo S.A. expresa que, aunque resulta prematuro proyectar las candidaturas presidenciales, lo que se tiene a la mano sirve para el ejercicio de escenarios posibles.

Castañeda Lossio va primero en la capital y tercero en provincias; Humala está primero en el interior y tercero en Lima: Keiko Fujimori ha alcanzado el segundo lugar en ámbos ámbitos. Más atrás vienen Lourdes Flores Nano y Alejandro Toledo. La sorpresa de esta medición es el avance de la hija de Alberto Fujimori, en momentos en que el juicio al ex presidente avanza hacia su desenlace, dice Apoyo.

CPI recoge algunos matices a nivel Metropolitano en los resultados de preferencias consultadas este mes. Su lista la encabeza Castañeda, le sigue Flores Nano y más atrás, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, Jorge del Castillo y Yehude Simon.

De los seis posibles candidatos con mayor opción para el 2011-dice Apoyo- cinco de ellos son percibidos a la derecha del espectro político y sólo uno a la izquierda.

Poderoso señor

Es ya una tradición el ranking de los poderosos en el Perú, elaborado por Apoyo Opinión y Mercado que está anunciando muy pronto su encuesta del presente año. No sabemos cuanto variará, pero los resultados del 2007, nos pueden dar una idea.

Los 10 más poderosos en el Perú el año pasado fueron Alan García, presidente de la República y, le siguen en ese orden: Jorge del Castillo, actual presidente de la PCM., Dionisio Romero Seminario, presidente del Grupo Crédito, Mercedes Cabanillas, (cuando ocupaba la presidencia del Congreso), Luis Gonzáles Posada (quien lo reemplazó en el cargo), Luis Carranza Ugarte (el ex titular del MEF), Juan Luis Cipriano, arzobispo de Lima, Ollanta Humala Tasso, líder de la oposión, Lujis Alva Castro, actual ministro del Interior y, Roque Benavides Ganoza, ex presidente de Confiep y presidente de Minas Buenaventura.

Con todos estos ingredientes en el panorama político, social y económico ¿Qué nos depara el futuro? ¿Quién se atreve a predecir?

La macana de la Chakana

2008-09-15T19:02:00.000-07:00

La macana guerrera de la discordia que ha dejado turuleco a más de uno durante la presente semana.

Alejandro Toledo, aún sin mascaipacha, ha alborotado el cotarro político nacional y el gobierno, herido en su amor propio, ha respondido mal y peor.

La política nacional de la semana puede ser comparada como un campo minado, típico territorio comanche, donde el que saca la cabeza es herido o cae muerto. Los escenarios convulsionados van desde Palacio de gobierno, pasando por el Congreso, el sector Salud y, nuevamente, las comunidades campesinas del oriente y centro del país.

La macana guerrera fue lanzada primero por el ex Presidente Alejandro Toledo, quien el fin de semana criticó agriamente al gobierno del Presidente Alan García, al que acusó de ser responsable de la inflación que afecta a los peruanos y amenazó con convocar movilizaciones si el Presidente no deroga los decretos legislativos sobre las comunidades campesinas.

Toledo estaría pensando desempolvar la mascaipacha y ceñírselo nuevamente, en una pose que sus críticos le han dicho que estaría pensando en las elecciones del 2011. Sin embargo, al margen de las simbologías andinas, las críticas a García, son de fondo, en materia económica y política.

Gobierno con los ricos

El líder de la Chakana le ha endilgado al presidente García que éste viene gobernando con los ricos, olvidándose de los pobres, expresión mucho más lacónica que la empleada por la lideresa de Unidad Nacional, Lourde Flores Nano, quien, con anterioridad ya había calificado al Primer Mandatario qué gobernaba para los ricos.

Alborotado y herido en su amor propio, Alan García no tardó en responder. El martes, desde Palacio de Gobierno, se pronunció en una nota casi telegráfica y difundida en todos los medios de comunicación.

El cruce de lanzas y flechas, altamente mediática, alteró la política nacional, en medio de las protestas de los médicos, la amenaza de huelga general nacional de los transportistas de carga pesada e interprovinciales (demandas que las han publicado en dos diarios de cobertura nacional) y el pandemonium que se puede presentar en las próximas semanas si el gobierno no atiende los reclamos de los cocaleros del centro del Perú.

El laconismo empleado por García en su respuesta a Toledo enfatiza que se debe evitar respuestas erróneas al problema de la inflación y afirmó que no habrá control de precios, subsidios ni aumento de sueldos.

Sin embargo, analistas de diversas profesiones le han recordado al Presidente aprista que precisamente los problemas enumerados corresponden a los traumas de su primer gobierno, y nadie le ha pedido tamaña insensatez. Eso es politiquería de García, sostiene Jurgen¨Schuldt.

Le recordaron también que la cifra (8%) sobre reducción de la pobreza durante los dos primeros años de mandato, no es cierto. Jürgen Schuldt, de la Universidad del Pacífico y Pedro Francke, ex jefe del Foncodes, corrigieron la cifra y le dijeron que la reducción de la pobreza durante este periodo alcanza el 5%. Y, difícilmente se cumplirá la promesa presidencial de seguir reduciendo la pobreza este año, pues la inflación anual bordeará el 7 u 8%, con lo cual la pobreza se disparará al 40%.

Tanto Schuldt como Francke sostienen que el texto difundido el martes último por García no tiene propuestas y se limita a sólo a pedir que la población tenga más optimismo, cuando en realidad lo que se requiere es mayor liderazgo y confianza.

Otros analistas políticos van un poco más. Dicen que el Presidente García cree firmemente que su política económica va por buen camino, y que no habría nada que variar. Y, a aquellos que alzan la voz y reclaman al gobierno, rápidamente cree él que es por subsidios, control de precios o simples aumentos de los trabajadores del Estado.

Nelson Manrique, por ejemplo, aseguró que el comunicado del martes publicado por el presidente García son solo “buenos deseos”. El bienestar de la población depende del cambio de modelo económico, no de buenos deseos, sostuvo.

Pero, sobre la política económica hay muchos otros entendidos en la materia que le han dicho al presidente García que hay que apuntalar la reforma del Estado para tener un aparato público más eficiente y transparente.

También le han manifestado que el sector Salud, en estado calamitoso requiere urgente atención y, que con el sector Educación, no sólo debe haber bronca con los maestros del Sutep o entregar computadoras en las zonas altoandinas, donde ni luz eléctrica existe.

Todos estos factores son los que le han pasado la factura al gobierno en sus niveles de impopularidad. Ya en agosto último, un estudio de CPI registró que la aprobación presidencial se había reducido en 12 puntos y la mayoría de ciudadanos pedía a gritos manejar la inflación y generar más puestos de trabajo.

La impopularidad presidencial a nivel nacional iba en ascenso. El 71.8% desaprobaba la gestión del gobierno aprista. En Lima, la principal plaza de García, la gente lo desaprobaba en un 65%.

Protesta de médicos

En medio de esta batahola, los médicos del Ministerio de Salud también han sacado sus flechas y al primero que le han disparado es al ministro del sector, Hernán Garrido Lecca, a quien no sólo no quieren ver sino si no, además, han pedido al gobierno que le tramite su renuncia.

El doctor Julio Vargas La Fuente, presidente de la Federación Médica Peruana, ha calificado al ministro como “incapaz” y hasta que está “mal de la cabeza”, diagnóstico que no le ha gustado al ministro quien congeló durante semanas reuniones con los dirigentes médicos, situación que ha empeorado sus relaciones.

En realidad, el tema en el sector es para llorar. Actualmente existen en el país 7,011 hospitales, centros de salud e institutos públicos, de los cuales, según cifras oficiales, el 28% estaría sufriendo una situación de crisis. Hasta los propios médicos se infectan ante la falta de equipos de protección, denunciaron los galenos.

Y, para continuar la preocupación de la semana, los diversos gremios de Huanuco conjuntamente con los cocaleros de la zona han dado un plazo de 72 horas al gobierno para que atienda sus demandas, o de lo contrario, iniciarán un paro indefinido. ¿Haber que le dirá el gobierno a los 5,000 cocaleros de las provincias de Leoncio Prado y el Marañón?

No se escucha taita

2008-08-25T12:28:00.000-07:00

Indígenas del pueblo shipibo, en Ucayali esperando una mayor comunicación con el gobierno, que al parecer no habla ni escucha. Y, cuando lo hace los hechos ya están consumados. (Foto:Servindi)

Un gobierno que no escucha ni dialoga con las comunidades amazónicas, y, al contrario, impone y muestra los dientes, provocando que los nativos muestren sus lanzas en señal de defensa.

La violencia desatada la última semana por los nativos de la selva del norte y sur del país, quienes se oponen radicalmente a los Decretos Legislativos 1015 y 1073, dictados por el gobierno-según dice- para facilitar la propiedad de la tierra, ha enfrentado al Congreso de la República con el Ejecutivo.

Cosa extraña, dicen los suspicaces, pues no se entiende como el oficialista presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén logró “quebrar” la protesta de los nativos y el miércoles último, luego de una larga reunión en Lima, firmó un acuerdo con el representante de los pueblos indígenas, Alberto Pizango.

La condición para tal medida fue que el Congreso se reúna para derogar los aludidos decretos y que los nativos levanten la huelga y depongan sus posturas beligerantes. Ambas episodios ya se cumplieron y las aguas se calmaron, por el momento.

¿Arreglo o embuste?

Ante estos hechos el presidente de la República Alan García ha respondido agriamente, fiel a su estilo, apenas supo de la decisión del Congreso de apoyar lo planteado por los nativos.

“Derogar las normas, señaló, sentaría un nefasto precedente, ya que se estaría tomando decisiones bajo amenaza de huelga, toma de carreteras y actos violentos”.

No se sabe si el presidente del Congreso, se ha sentido aludido por las reprimendas del Jefe de Estado, ambos del Partido Aprista, o si dichas conductas forman parte de un manejo mediático, que rayaría con el engaño, para conseguir que los pueblos indígenas en conflicto, depongan a como de lugar su actitud contestataria.

Si ese fuera el caso, tanto el gobierno como el propio Congreso, podrían estar jugando con fuego, pues pasado el señuelo, los nativos tendrían todo el derecho a dejar sentir no sólo mayores protestas sino a reinvindicar el embuste.

Algunos analistas sostienen que los decretos 1015 y 1073 favorece a los nativos, pues el primero dispone que cada comunidad decida la propiedad de sus tierras con la mitad más uno de sus miembros y no con el 66% o más, y, el segundo, precisa que los votantes que definan el destino de las tierras deban tener por lo menos un año de posesionarios de predios, con lo cual las tierras tendrían un mayor valor en caso que quisieran venderlos a inversionistas interesados.

El síndrome del perro del hortelano

Otros analistas, en cambio, sostienen que lo único que quiere el gobierno es desaparecer a las comunidades nativas y ofrecer en venta sus tierras, tal como lo proponía el presidente Alan García desde octubre del año pasado en sus propuestas del Perro del hortelano.

Le recordaron que desde esa fecha, el Primer Mandatario sustentó en los medios la concesión en la selva de grandes lotes (de 5,000 a 20,000 hás) a capitalistas e inversionistas extranjeros. Y, ese, ha sido precisamente el temor fundado de los nativos ante los decretos del gobierno.

Sin embargo, en lo que si coinciden muchos actores de la política nacional, entre ellos algunos medios de comunicaciones, es que el pecado del gobierno fue decretar dichas normas sin un diálogo con las comunidades afectadas, ni mucho menos una política de información transparente.

“Se nota mucha arrogancia y soberbia” de parte del gobierno, han manifestado el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi y la lideresa, Lourdes Flores Nano. Han anotado que el gobierno debería reconocer que se equivocaron al actuar inconsultamente, con los nativos de la selva.

Pero la presión no sólo está por el lado de los pueblos indígenas. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió esta semana admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensa del Pueblo, Beatriz Merino, contra el artículo único del D.L. 1015, publicado el 20 de mayo de este año en el diario oficial El Peruano, referido a la unificación de los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria.

Ahora el TC, ordenó correr traslado del expediente al Congreso, el mismo que tiene un plazo de 30 días para responder. Luego el TC citará a las partes a una audiencia y tendrá un plazo máximo de un mes para resolver la causa.

Antes de ello, los congresistas tendrán que ponerse de acuerdo (especialmente la bancada oficialista) con la finalidad de exhibir resultados concretos ante las comunidades nativas.

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el pedido es que dichos decretos no se deroguen sino se mejoren. Pero sus opositores dicen que eso estaría bien si es que el gobierno actuara con transparencia y diálogo. Al final se impuso la decisión del Congreso con todas las repercusiones que se han conocido el fin de semana.

En el supuesto de que el régimen aprista decida dialogar con las comunidades amazónicas, éstas -como lo sostiene el periodista Juan Paredes Castro- no pueden hacer tres cosas: a) abandonar la oportunidad de incorporarse a la modernidad de estos tiempos, dejando atrás más de 500 años de aislamiento, b) convertirse en fácil presa de la manipulación política de grupos y partidos interesados en sacar provecho y, c) descartar el cambio razonable quirúrgico al que deben someterse los decretos legislativos materia de controversia.

El tema, como se ve, tiene para largo, razón por la cual lo que más le conviene al gobierno es no hacerse de oídos sordos, sino escuchar y dialogar sobre el particular con las comunidades afectadas, especialmente de selva.

Mediocridad y enjuague político

2008-08-11T18:31:00.000-07:00

EL ENJUAGUE DEL EJECUTIVO Y LA BANCADA FUJIMORISTA (Foto:www.latinstock.com.pe)

El hilo conductor entre el Congreso y el Ejecutivo serían las componendas bajo la mesa entre apristas y fujimoristas para ablandar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori y eventualmente exculparlo de sus fechorías

Un Parlamento mediocre que desmoraliza y el “enjuague político” que compromete al gobierno aprista con el procesado Alberto Fujimori, son los dos hechos de preocupación ciudadana, que los medios de comunicación ya habían advertido pero que cobran mayor notoriedad en palabras del laureado escritor, Mario Vargas Llosa.

Los episodios ocurren a poco de concluida la renovación de la Junta Directiva del Congreso, con los escandaletes y pujas partidarias entre el oficialismo y la oposición y, la resaca por fiestas patrias.

Vargas Llosa, sensible como siempre, y enterado de los acontecimientos políticos en el país le puso la puntería a las dos noticias que dominaron la discusión palaciega y mediática nacional.

“Se trata de un Congreso mediocre de exclusiva responsabilidad nuestra. Esa es la gente que elegimos. Por eso hay que votar la próxima vez con más responsabilidad y manteniendo la memoria para no volver a llevarlos al Parlamento”, se quejó el novelista el último miércoles ante el acoso de la prensa por conocer sus opiniones.

Imagen negativa

No le falta razón a Vargas Llosa. Con un Congreso desaprobado en un 60.5%, según el Barómetro de junio de este año de la Universidad de Lima y con una reprobación, del 57.7% del chiclayano Javier Velásquez Quesquén, durante la primea semana de julio, cuando estuvo candidateando a la presidencia del Parlamento, la desacreditación no era para menos.

Más aún cuando se conoce que el 50% del total de parlamentarios (especialmente de upepistas y apristas), se encuentra denunciado y con gruesos expedientes en la Comisión de Ética del Congreso.

Al APRA lo acusan ahora de “dinamitar” la organicidad de las agrupaciones políticas al interior del Congreso, especialmente a la bancada de Unión por el Perú (UPP) y de afianzar un pacto secreto con la bancada fujimorista.

Es decir, por un lado, el Partido Aprista estaría propiciando el transfugismo congresal, tan usual en la época de Montesinos y Fujimori, y de otro, bloquear la acción de la bancada fujimorista, negociando mejores condiciones penitenciarias para el proceso ex presidente Alberto Fujimori.

Ese es el escenario en el cual se mueve ahora el Congreso del Perú. Tan efectiva le ha resultado la política disociadora del APRA, que la UPP prácticamente está partida en dos bloques.

Negociar, por ejemplo, que Alvaro Gutiérrez Cueva, miembro del originario UPP integre la Junta Directiva de Velásquez Quesquén, significó un remezón en las filas de la oposición upepista. Luego de ello nació el llamado Bloque Popular que se escindía de Unión por el Perú.

Para la repartija de las presidencias de las Comisiones Ordinarias y Extraordinarias del Congreso, surgió un nuevo y pomposo nombre: Unidad Patriótica Peruana-Bloque Popular.

En este “toma y daca” el APRA se muestra sólida en el Congreso con sus 36 integrantes y mantiene con esta nueva directiva oficialista, siete Comisiones. Los fujimoristas, con 13 miembros le secundan y en términos generales han sido bien tratados. Tanto así que en la directiva de Velásquez, Alejandro Aguinaga Recuenco, del Grupo Parlamentario Fujimorista, ocupa nada menos que la primera vicepresidencia del Congreso.

Pero la pésima imagen del Parlamento no es tanto por las diatribas que se incuban en su seno para el teje y maneje político, sino por los escándalos de sus integrantes, de los que no se escapa ni el propio Velásquez Quesquén.

Si no basta recordar el audio difundido en un programa de televisión, donde se escucha al ahora presidente del Congreso abogar por un amiste entre Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza Soto, ambos ex humalistas, enfrentados a “muerte”. Y, todo para requerir sus votos para la presidencia.

Después del escándalo mediático, los dos congresistas fueron sometidos a investigación sumaria por la Comisión de Ética, por inconducta funcional, por supuesto tráfico de influencias y violación de la intimidad.

Espinoza acusó a Torres Caro de solicitar dinero al empresario uruguayo Sergio Cayrus Silva para ayudarle (a Cayrus) a ganar dinero y, además, de desacreditarlo, valiéndose de su asesor de prensa Humberto Landeo Bustamante.

Pero, lo más nebuloso en el manejo parlamentario es el “enamoramiento” cada vez más evidente entre la bancada aprista a la fujimorista, que ha funcionado especialmente para que éstos negocien con el gobierno para mejorar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. Y, lo han conseguido.

El pacto

A esos episodios se refería Vargas Llosa cuando manifestó esta semana que “si (Alan García) llegara a ponerse de acuerdo con Fujimori, y eso fuera explícito, yo seré la persona que salga a criticarlo con más energía. Sería una catástrofe para el Perú y para él. Él esta reconstruyendo una imagen, ahora tiene la imagen de un estadista responsable y moderno, no creo que él quiera poner en riesgo esa imagen llegando a un pacto con un dictador, alguien que persiguió a él mismo y a su partido. Espero que eso no ocurra".

Sin embargo, todas las evidencias difundidas por el periodismo apuntan a que ese pacto sí ha ocurrido.

Lo real ahora es que Fujimori goza de un nuevo régimen carcelario concedido en junio por el Instituto Nacional Penitenciario, que le ha posibilitado entre otras gollerías, celebrar su cumpleaños 70, (el 28 de julio) con dos integrantes del grupo uruguayo Los Iracundos, amén de recibir visitas todos los días de semana, no sólo de sus familiares sino de quienquiera.

Ahora se alista a seguir las incidencias de los Juegos Olímpicos de Bejing en un televisor de plasma de 52 pulgadas cómodamente sentado comiendo sushi.

Y, como para que no quede la menor duda, el mismísimo ministro del Interior Luis Alva Castro (el mismo que la población lo desaprueba en más del 50%, según GOP de la Universidad de Lima), lo habría visitado el sábado 19 de julio en su carceleta de la Diroes, donde está recluido.

A dicha reunión secreta no habría ido solo sino acompañado de la Ministra de Justicia y del director de la Policía, general Octavio Salazar.

¿A que fueron? Las declaraciones de LAC y de sus voceros oficiales niegan la cita, pero caen en contradicciones cuando se les pregunta específicamente para qué visitaron la Diroes.

Hasta la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos ha tenido que admitir que la flexibilización del régimen carcelario es revisable si el INPE no argumenta claramente el por qué de las mejoras carcelarias a Alberto Fujimori.

Algo se cocina en el Parlamento, y ese olor trasciende por el Ejecutivo y llega nítidamente hasta la Diroes, en el fundo Barbadillo. Habrá que llamar al chef Gastón Acurio para ver de qué menú se trata.

Paro y reparos

2008-07-12T18:57:00.000-07:00

Foto: www.peru.com

El tañido de las cacerolas vacías debe recordarle al gobierno que, a pesar del crecimiento sostenido del Perú desde el año 2002, la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno se redujo de 30.1% en el año 1991 al 21% en el 2006 y desde allí no ha habido mejoras durante todo este tiempo del segundo mandato de García Pérez.

Después del 9 de julio no viene el 10 como socarronamente dijo el presidente Alan García, sino que continúa el 9 de noviembre, fecha anunciada para la convocatoria de un frente político y un nuevo paro, según confesó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán.

El juego de palabras del Jefe de Estado, cinco días antes del paro de la CGTP, trasuntaba no sólo malestar evidente en el gobierno sino una especie de esquizofrenia política por frenar en seco la paralización convocada por la mayor central sindical del Perú.

Lo que si parece evidente de todo esto es que de aquí hasta noviembre el ambiente es de incertidumbre, a tenor del malestar social incubado durante todo este tiempo, sin que el gobierno aprista atine a reencaminar su prédica filosofal de justicia y de pan con libertad.

Fermento social

Con anticipación la paralización fue fermentando en la amazonía, en el sector agrario y en ocho regiones, especialmente en el sur y oriente peruano.

El malestar no ha sido otro que por un cambio del modelo económico que ha continuado sin miramientos el gobierno aprista, envalentonado por los evidentes logros en su política macroeconómica, en desmedro de la microeconomía, es decir de la atención a los bolsillos del común de la gente.

Las encuestas últimas reflejan ese estado de ánimo de la población, pero, ahora, se ha manifestado con ferocidad ante un Estado indolente y ciego que no quiere ver la brecha de inequidad, y que hasta los propios empresarios lo abordaron en la última CADE y en cuanto forum organizaron, con la presencia del Jefe de Estado.

Desde la accidentada geografía, Ancash, Ayacucho y Puno son las regiones que más preocupación vienen dándole al gobierno. El descontento manifestado en esas paupérrimas zonas del país, debería servirle al régimen como una alerta para que en los próximos meses la situación no se escape de las manos.

De modo que, después del 10 de julio, el horizonte del malestar es de zozobra. Sin embargo, el gobierno solo atinó a ejercer la diatriba para desacreditar las protestas, como el uso del famoso “vladispots”, y utilizando al vocero más desacreditado- Vladimiro Montesinos- para provocar pánico y desbande en la población.

Soldados a la calle

Por eso, después de las declaraciones del presidente García y hasta las postrimerías del miércoles 9, los principales gonfaloneros del régimen, antes que hacerle un bien al gobierno, terminaron favoreciendo a los organizadores del paro nacional.

A instancias de Palacio de Gobierno, el ministro de Defensa, Antero Flores, anunciaría a fines de la semana última, que las Fuerzas Armadas saldrían a las calles para resguardar los puntos estratégicos en las principales regiones. Se dijo que los soldados iban a complementar la labor de los policías. Los opositores al régimen tildaron al gobierno de fascista y de pretender criminalizar las protestas populares. Tuvieron razón.

El día del paro no se observó a ningún miembro de las Fuerzas Armadas. El gobierno pulseó el ambiente y se percató que iba a convalidar un papelón con repercusiones internacionales.

Ya calmo, el propio presidente García reconocería el miércoles al término de una maratónica sesión de Consejo de Ministros que efectivamente el paro reflejaba un descontento que hay que atender y que la protesta nacional tiene un reclamo fundamentado por el alza del precio de los alimentos.

Pero, a continuación, fiel al estilo, García espetó: “Si el 9 no pudo parar ni el 5% del país, en noviembre no parará ni al 1% porque nadie se suma a los perdedores", dijo y denunció una especie de “conspiración contra la democracia”.

Metidas de pata

Los juicios y argumentos presidenciales post paro siguen la misma línea de las “metidas de pata” de su entorno más íntimo en el gobierno y en el Partido Aprista. El “vladispots” que el domingo último canalizara a través de una empresa publicitaria limeña, prácticamente dejó mal parado al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pues la factura salió a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no tiene nada que hacer en este lío interno.

Solícito, el secretario general del APRA, Mauricio Mulder, se autoinculpó y dijo que se había cometido un error en la facturación, pues el documento debió cancelarlo el APRA y no el PNUD.

Todo esto sucedió en las postrimerías del paro del 9 y los resultados todos los conocemos: el gobierno le había hecho una campaña publicitaria gratuita al paro de la CGTP y a Mario Huamán y compañía.

El tañido de las cacerolas vacías le debe recordar al gobierno que, tal como apuntara el economista Julio Gomero, que a pesar del crecimiento sostenido del Perú desde el año 2002, la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno se redujo de 30.1% en el año 1991 al 21% en el 2006 y desde allí no ha habido mejoras durante todo este tiempo del segundo mandato de García Pérez.

Si a esto se suma el alza del costo de vida que paulatinamente se ha venido produciendo prácticamente desde que ingresara a gobernar el APRA y, en el escenario los aumentos internacionales del precio de alimentos y combustibles no cesan sino que se acentúan, entonces lo que tenemos en el mediano plazo es una bomba molotov que el régimen debe intentar desactivar si se quiere alcanzar el desarrollo sostenido.

Si de verdad el APRA quisiera ser consecuente con sus postulados doctrinarios, lo primero que tendría que pensar es no ser macartista, endilgando las protestas populares a “la izquierda roja”, como se le ha escuchado decir a Mauricio Mulder ni menos criminalizar los reclamos de la ciudadanía.

Es decir, de lo que se trata es de no dejar el camino libre a sus opositores que quisieran sacar el máximo provecho de los errores del gobierno, para auparse a una protesta petardista que en nada beneficiaría a la democracia.

Sintonizar con el pueblo y atender sus necesidades y reclamos no significará para el APRA, ser inconsecuente. Sino todo lo contrario.

¿Teléfono malogrado?

2008-04-28T17:37:00.000-07:00

Ilustración: http://www.fotosearch.es/UNN362/u18204761/

¿Quién repara las líneas maestras que conectan los buenos resultados macroeconómicos del Perú con la caída libre en la aprobación presidencial de los últimos 21 meses del gobierno aprista, y el ránking latinoamericano donde García está muy lejos del tercio superior?

El jueves 24 Alan García hizo madrugar a más de un ministro quizá abrumado por las malas noticias del día anterior. Daba la impresión de haber entrado en pánico, aún cuando en su discurso lo negaba rotundamente.

La consultora Apoyo había difundido los resultados de su última encuesta de abril donde el presidente cayó, en su aprobación, a 26%, dos puntos menos en relación a marzo (28%).

Veinticuatro horas antes ya había comenzado a circular también el ránking americano de la consultora mexicana Mitofsky, donde – de un total de 20 presidentes latinoamericanos- el Jefe de Estado peruano ocupa el puesto 18.

Y eso que la consultora mexicana había utilizado el índice de aprobación de marzo (28%) y no el de abril donde Alan García bajó en dos dígitos. En el ránking de Mitofsky el presidente de mayor aprobación es el colombiano Alvaro Uribe (84%) y el último es el paraguayo, Nicanor Duarte (5%).

Es decir nuestro Jefe de Estado figura a la cola de los desaprobados por los ciudadanos peruanos y a gran distancia del tercio superior presidencial latinoamericano. ¿Qué dirá de esta noticia su ministro de Educación, José Antonio Chang, que tanto le gusta hablar del tercio superior?

Encuestas vs obras

El humor y las poses de García Pérez han variado mucho en las últimas semanas después del shock que sufriera con el tema de la corrupción en el Banco de Materiales. Desde entonces ha afilado mucho más su discurso confrontacional empleando términos como “imbéciles”, “sinvergüenzas”, “botar a patadas”, y terminó esta semana disparando contra el Congreso de la República por el tema de la “renunciabilidad de los congresistas”.

Por eso el jueves último dispuso que se programara en la primera hora de la jornada laboral en Palacio de Gobierno, una ceremonia para presentar públicamente -empleando el poder amplificador de los medios de comunicación- 38 ambulancias, de un total de 200, para Essalud y un paquete de obras y equipamiento en diversos hospitales en el país.

Incluyó en la ceremonia el anuncio de los trabajos en 18 carreteras, a razón de cinco kilómetros asfaltados por día y aseguró que con todas estas obras el Perú tendrá el año 2011 una situación superior a la del 2006, tratando así de diferenciarse del régimen toledista.

Pero a tono con su genio, aprovechó el momento para decir: "Problemas, noticias pequeñas, diferentes, pueden haber pero el buen gobernante y el buen administrador no se deja distraer por esas tonterías, sino que ataca las obras como usted lo está haciendo", dijo el dignatario dirigiéndose al presidente de Essalud, Fernando Barrios, presente en el acto palaciego. “Respondo a las encuestas con obras”, reafirmó.

En realidad la caída en la aprobación presidencial reflejada en los últimos sondeos nacionales ha descuadrado, aparte del Jefe de Estado, a más de un dirigente del partido de gobierno.

¿Mudos o sordos?

Ya el secretario general del APRA, Mauricio Mulder se había referido a los ministros “mudos” que han dejado solo al presidente García y que no lo acompañan para comunicar acerca de sus obras y logros en sus respectivas carteras.

A ese coro se unieron durante la presente semana la ministra de Justicia Rosario Fernández y el presidente del Congreso, Luis Gonzáles Posada. Ambos coincidieron en que al presidente “no hay que dejarlo solo en la tarea de comunicar los logros, pues de este modo se produce un vacío de comunicación que afecta al gobierno”.

Otras voces, como el del ex titular del IRTP, Eduardo Bruce, ex funcionario toledista, aseguró que “como estrategia comunicacional este gobierno tiene muchas fallas, pero el problema de fondo es de gestión”.

En ese aspecto coinciden con el análisis de Juan Paredes Castro, de El Comercio quien manifiesta que “Lo que más afecta a Alan García y al país no son los puntos que él pierde en las encuestas, sino el papel que pierde cada día como jefe de Estado”. Es decir, la gestión del gobierno, su dirección y su articulación con las demandas de la ciudadanía.

Retos siguen vigentes

Y ese es el quid del asunto: ¿Por qué si el crecimiento del país sube como la espuma, las percepciones de los ciudadanos respecto al Jefe de Estado van degradándose en los sondeos?

El descontento, sin duda, se refleja en las encuestas. Pueden ser variables como el repunte de la inflación, el alza persistente de los alimentos de primera necesidad y, por supuesto, los episodios de corrupción en la administración pública.

Puno, por ejemplo, al cierre de esta crónica había comenzado un paro regional de 24 horas por el alza del costo de vida. La actividad en la región sureña había sido paralizada por el bloqueo de carreteras y la suspensión de las clases en los colegios.

Algunos analistas dicen que García sufre en los sondeos por su sobreexposición en los medios. Esa sería en parte la explicación de su baja popularidad. Pero ¿Quién le dice al presidente que no se exponga tanto en actividades que muchas veces lo pueden hacer sus ministros o hasta funcionarios de un rango más inferior?

Sin embargo, otros, como el ministro de Defensa Antero Flores Aráoz, abogan por la inmediata puesta en marcha de una política de comunicación integral y planificada, como si esa fuera la tabla de salvación del gobierno.

El problema es que al presidente García, no sólo la oposición si no algunos miembros de su propio partido, lo han etiquetado como un “neoliberal a ultranza” que ha perdido el horizonte de lo que requiere el país para el futuro.

Y, esta percepción coincide- aunque parezca increíble- con el pensamiento de muchos analistas liberales como Paredes Castro, quien aboga por la “necesidad de marcar la agenda del país (qué queremos ser y hacer por fin) y las señales a futuro (la predictibilidad vital de estos tiempos) que nos permitan saber qué nos espera a la vuelta de la esquina nacional”.

Transparencia gubernamental, lucha frontal contra la pobreza y contra la corrupción en el sector público y privado, mayor presupuesto en salud, educación básica regular, educación universitaria, reforma radical del Estado, mayor énfasis en la regionalización, búsqueda urgente de consenso y apertura del Ejecutivo con las organizaciones productivas y populares, son temas que el gobierno aprista no ha impulsado, para su desgracia, en sus 21 meses de mandato.

Calatos, pero buenos pagadores

2008-04-08T15:21:00.000-07:00

Cómo las calificadoras de riesgo nos alientan para un chorreo de inversiones por ser buenos pagadores afuera… pero olvidan a los perromuerteros adentro. Dejar de ser calatos es el reto de este gobierno. (Foto: Mauricio Ramos, en http://www.tierramerica.net/global/galerias/mauricioramos4.shtml)

¿Cuál es el hilo conductor entre el malestar de las amas de casa que día a día ven como los precios de los productos de primera necesidad se van elevando y, la sonrisa del Gobierno que asegura que ahora somos un país más rico?

Esta es la paradoja del Perú ahora luego que el miércoles último se conociera que Fitch Ratings, una de las tres más importantes calificadoras de riesgo del mundo, le otorgara a nuestro país el “grado de inversión”, fundamentalmente por ser un “buen pagador”.

Esta noticia alegró a la gran mayoría de agentes económicos y políticos y lógicamente al gobierno, pues en palabras del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza: “este es el acontecimiento más importante para el Perú en los últimos quince años”.

Y, tiene razón. Al término del mandato del primer gobierno aprista de Alan García, en 1990, nuestras finanzas quedaron peor que una economía de guerra. En las esferas crediticias internacionales fuimos unos apestados y perromuerteros, pues no pagábamos nuestras acreencias.

Así aparece en la escena nacional el ahora procesado ex Presidente Alberto Fujimori, que si bien combatió y frenó el duro proceso inflacionario de entonces, pero, en el largo plazo minó el sistema democrático, con los resultados que ahora conocemos.

Ahora la situación ha cambiado. El presidente García ha pasado por una especie de metamorfosis y ya no tira perromuerto. Más bien se ha convertido en un eximio pagador de nuestras deudas públicas. No había otra salida, pues el régimen del ex Presidente Alejandro Toledo le dejó la valla bien alta.

Altamente elegibles

Por eso conocer esta semana que no sólo Fitch Ratings, sino otras reputadas calificadoras de riesgo del planeta, como Standard and Poor´s y Moody´s calificaran al Perú con la ubicación BB+ (a un paso del grado de inversión) y Ba2, respectivamente (a dos pasos del grado de inversión), era para ensayar una sonrisa de oreja a oreja.

¿Qué hizo la agencia Fitch para ponernos contentos? Pues, elevó la calificación de la deuda peruana de largo plazo en moneda extranjera de “BB+” (grado especulativo) a “BBB-“(con perspectiva positiva, el primer escalón en el grupo de calificaciones que corresponden al denominado grado de inversión).

La calificación con grado de inversión la tienen sólo dos países de América Latina: Chile (A) y México (BBB+).

Sin embargo, la mencionada agencia reconoce algunas debilidades del país en el sentido de que seguimos siendo una base exportadora concentrada en materias primas además de los deficientes indicadores sociales y políticos o los de gobernabilidad. Esos siguen siendo nuestro Talón de Aquiles.

Meta: reducir la pobreza

A pesar de ello, el entusiasmado ministro Carranza en una entrevista radial el día miércoles, aseguró que las principales calificadoras de riesgo “respaldan nuestras políticas macroecnómicas, separándonos de los países de grado especulativos”.

Y, el titular del MEF fue más allá en sus apreciaciones. Manifestó que ahora el Perú es más rico, pues las propiedades valdrán más y la mayor inversión ayudará a reducir la pobreza a pasos agigantados. Se espera buenos resultados antes de concluir el gobierno aprista.

Con estas declaraciones el ministro prácticamente ha comprometido al presente régimen a continuar con una buena política macroeconómica, y a no descuidar la microeconomía. Esa que las amas de casa saborean cada día cuando van a los mercados de abastos a comprar pollo, pan, leche, arroz o fideos.

Es este tema precisamente el que más dolor de cabeza le sigue provocando al gobierno a raíz del repunte inflacionario que a marzo último llegó a 1,04%, según el INEI, y corresponde ya al sexto mes consecutivo que la inflación superar al del mes anterior. El incremento de precios anual bordea ahora el 5.5%.

Salvado por la campana

Los precios vienen golpeando dramáticamente a todo el país y esa situación había puesto en jaque al ministro de Economía. Muchas versiones corrieron esta semana en el sentido de que varios colegas de Luis Carranza y el propio presidente de la República estaban molestos con el titular del MEF.

Pero, las noticias de la buena calificación de riesgo del país pararon en seco no sólo las miradas adustas hacia el ministro Carranza sino que el hecho se convirtió felizmente en su salvación.

Tan sensible está el gobierno con el tema de la inflación que el propio Alan García en su reunión del miércoles con los presidentes regionales en Palacio de Gobierno, les instó a que apoyaran con un conjunto de estrategias para atenuar el alza de precios descontrolado acicateado-según les dijo- por los comerciantes inescrupulosos.

Tanto el Banco Central de Reserva como el propio INEI han informado que la inflación tenderá a la baja en el segundo semestre de este año hasta situarse dentro del rango- meta establecida por el BCR- de hasta 3%.

Pero para aguarle la fiesta a las buenas intenciones del Ejecutivo, Samuel Gleiser de la Cámara de Comercio de Lima pronosticó que la inflación será 5,40% a fin de año.
Esta situación es la que sentirán entonces las amas de casa y seguirán interrogando con razón: total ¿que no somos un país rico?

El vía crucis de Tula Benites

2008-03-14T16:24:00.000-07:00

Tula Benites sale del Congreso cargando su cruz (la del desafuero) y comenzará ahora su vía crucis judicial, lejos del Parlamento y fuera del APRA, su partido que la expulsó después de apañarla y protegerla por más de 10 meses. Foto Yael Rojas (Diario PERU 21)

A pocos días de Semana Santa, el Partido Aprista ha adelantado su vía crucis política en el caso de la congresista Tula Benítes que fue finalmente acusada constitucionalmente para que el Poder Judicial decida su caso.

Algunos dicen que fue un anunciado corsi y recorsi, otros que se trató de un estratégico recule político, pero hay voces que aseguran que el presidente Alan García, no tuvo otra alternativa que imponer disciplina en la bancada aprista del Congreso, en el caso de la parlamentaria Tula Benites Vásquez.

El vía crucis político de Benítes se escenificó en sólo 24 horas. El miércoles 12 el Congreso no aprobó la acusación constitucional contra la citada parlamentaria, durante la sesión plenaria que se convirtió horas después en acto reservado, ante el pedido del congresista Mauricio Mulder, secretario General del APRA.

Al final, la congresista aprista no sólo no fue acusada sino que, por esas malas artes que han denigrado a la política y al propio Congreso, Benites salió protegida, pues de los 48 votos que se requerían para acusarla, 39 estuvieron a favor, 16 en contra (incluida el voto de la propia acusada), 19 abstenciones y un número no determinado sin pronunciarse.

Pero, el jueves 13, en una nueva sesión y en otra votación la situación de la congresista pasó de la risa al llanto, pues fue acusada constitucionalmente para que responda ante la justicia por la presunta contratación irregular de un empleado en su despacho.

Esta vez votaron a favor de la acusación 66 congresistas y 9 se abstuvieron. El estupor en los medios de comunicación fue mayor pues dio la impresión que estábamos ante dos representaciones congresales: la del miércoles y la del jueves.

Previamente a la sesión donde se sancionó a Benites, fue aceptado el pedido de reconsideración para proceder a la acusación constitucional, que en las primeras horas de la mañana del jueves, en una comunicación telefónica, había anunciado la congresista Mercedes Cabanillas, en calidad de presidenta de la dirección política del APRA y que coincidió con una postura similar del congresista (AP), Johny Lescano.

Clamor ciudadano

El desafuero de Tula Benites era un clamor nacional y todos pensaban que la congresista aprista tenía los días contados en el Parlamento, pero, eso no ocurrió el miércoles durante la sesión plenaria. Al final de esa jornada la congresista aprista no sólo no fue desaforada sino que quedó en la más completa impunidad…por algunas horas.

Todo se ha consumado

Rumiando este quiebre político del APRA, el congresista acciopopulista, Yonhy Lescano dijo la noche del miércoles mismo a la periodista Rosa María Palacios que se había “consumado la impunidad, aunque viniendo del APRA ya ni eso llamaba la atención, pero si indignaba”.

Lescano se refería a la postura que tomó la bancada del APRA en el caso Canchaya (UN), donde se mostró expeditiva, y que ahora contrastaba con la de Benites, cuyo proceso no sólo se dilató en extremo sino que, al final, en una rara alianza con los fujimoristas, terminaron por salvarla momentáneamente de la acusación constitucional.

Tras el impacto político y mediático que significó para el Partido Aprista la defensa de una congresista, de sus filas, que había sido suspendida por 120 días por la Comisión de Ética Parlamentaria por la presunta contratación de un asesor que no trabajaba en el Congreso, pero si cobraba religiosamente, la dirección política del APRA se reunió de manera urgente para analizar este espinoso episodio.

Esa postura la anunció formalmente Mercedes Cabanillas, cuando abruptamente intervino por teléfono el jueves por la mañana, en medio de una acalorada discusión radial, donde los parlamentarios, Aurelio Pastor (APRA), Oswaldo Luisa (UPP) y Luis Galarreta (UN) estaban enfrascados en los pormenores de la sesión de la noche anterior.

Pilatos

Al Partido Aprista no parece haberle quedado otra alternativa que actuar casi como Pilatos en el caso su compañera Benites. Se lavaron las manos en una nueva votación del jueves y han dejado expedito el camino para que el Poder Judicial investigue a la parlamentaria aprista y determine su culpa o inocencia.

A la bancada del APRA tampoco le quedaba mucho espacio tratando de dilatar más este paradigmático caso de corrupción entre sus propias filas, pues evidenciaba de manera grotesca la política de “dos cañones” que se le atribuye al partido de la estrella.

Tampoco concordaba con el discurso presidencial de Alan García que había enfilado sus baterías no sólo contra el narcotráfico, sino contra la corrupción de funcionarios del Estado.

Precisamente el jueves García, enterado ya del tema desde la noche anterior, había declarado que la posición inicial del Parlamento en el caso Benites “había sido una bofetada para La Libertad y para el país”, en alusión al origen de su compañera de partido.

Los analistas ya vislumbraban el alto costo político para el APRA el hecho de seguir encubriendo a Benites y además dejarle sentarse en su curul desde el miércoles, dado que ya ha había cumplido la pena de 120 días impuesto por el Congreso.

Había sido fuerte el impacto político que el presidente del Congreso Luis Gonzáles Posada ni siquiera dio cara a la prensa para que explicara la indisciplina de la bancada aprista, que fue dejada a su “libre conciencia” para la primera votación y también para que presentara la lista de los legisladores apristas que protegieron a Benites.

Nunca como antes fue más notorio, también dicen los expertos, aquella política de que otorongo no come a otorongo. Es decir, congresistas apristas no expectoran a congresistas apristas, así éstos sean acusados de corruptos por todos los indicios registrados.

Territorio Comanche

2008-02-26T09:59:00.000-08:00

Foto: AFP

Un escenario convulso, en la política educativa y agraria del Ejecutivo donde el descontento se quiere solucionar con balas y gases lacrimógenos.

Ha sido esta una semana de recule político del Ejecutivo, especialmente en Educación, pero- para su mala suerte- concluyó con heridos, muertes y cientos de detenidos, en el marco de un panorama conflictivo que se ha radicalizado con el Paro Nacional Agrario.

Este escenario con olor a llanta quemada, gases lacrimógenos, y sangre es casi un “territorio comanche”, al mejor estilo del español Arturo Pérez-Reverte y se produce justo cuando el gobierno menos lo pensaba, pues ya se aprestaba a ajustar el programa preparatorio para la cumbre mundial del Foro Asia-Pacífico, APEC y una desbocada tarea para la suscripción de Tratados de Libre Comercio con Singapur, Canadá, con la Unión Europea, China y hasta con el Japón.

Esto sin tener en cuenta que ya tenemos un TLC con Estados Unidos y con el Canadá y, en stand by, ha quedado un TLC con Chile.

Terco Chang

El quiebre político del gobierno de esta semana fue, el debate primero, el descontento luego y finalmente un nuevo decreto supremo que reemplaza al tristísimo D.S. 004 del tercio superior, promovido por el ministro José Antonio Chang con el objetivo de torcerle el cogote al SUTEP.

En su afán, Chang no solo se abrió otra vez un conflicto con los maestros sutepistas, sino que provocó una crisis en cadena, que chocó con cerca de 20 presidente regionales, los expertos del Consejo Nacional de Educación y hasta con algunos congresistas del partido gobernante, entre ellos, Mercedes Cabanillas.

A estas alturas el presidente Alan García ya había “pulseado” la situación política y no le quedó otra camino que salir el lunes ante la opinión pública junto con su ministro para anunciar “algunas medidas complementarias” a la tan zarandeada norma.

Pero 48 horas después en una tensa reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros, Chang se sentó con los presidentes regionales y al final de la negociación su defensa del tercio superior resultó no solo insostenible sino jalada de los cabellos.

Este será un negro precedente para el ministro Chang y para el gobierno, pues cualquier enfrentamiento con los docentes de Educación Básica Regular o con cualquier otro sector, tendrá siempre el estigma de un régimen autoritario.

Palo con el paro

En otro frente, no menos espinoso, los últimos acontecimientos en torno al Paro Agrario, deja en el balance un cierto temor de la ciudadanía, que no lo valoró quizá en su oportunidad.

Como se sabe el gobierno promovió y dictó a fines del año pasado el proyecto de ley 982, que declara inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales para que usen sus armas para dispersar manifestaciones y además, que no sean investigados por el Ministerio Público.
Esta norma fue dictada justamente a raíz de las grandes manifestaciones populares que se escenificaron durante el último trimestre del 2007, y que concluyeron en aisladas medidas económicas por parte del gobierno, traducidas en “bonos por productividad”, como una forma del “chorreo económico”.

Sin embargo, la compulsa y el descontento de los trabajadores quedaron ahí embalsados, hasta ahora.

Por eso es que, la protesta aislada de los expertos no dejaba de tener razón: el proyecto de ley de entonces colisiona con la normatividad internacional que exige el uso adecuado y proporcional de la fuerza en las manifestaciones.

Y, lo que se temía se produjo precisamente el martes durante los sucesos ocurridos en el paro agrario, donde murieron cuatro campesinos en Ayacucho, Arequipa y Barranca.

El enfrentamiento entre las fuerzas del orden no sólo se escenificó en las carreteras sino también en las calles de Ayacucho y del resto de ciudades convulsionadas.

En Ayacucho el enfrentamiento se produjo en la plaza de armas de Huamanga donde los campesinos les rendían homenaje a Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, muertos por dos impactos de bala en la cabeza. Allí miles de manifestantes de organizaciones sociales, gremiales y sindicales protestaban por la muerte de dichos comuneros, y en esas circunstancias se produjo un nuevo enfrentamiento con la policía.

El velatorio se convirtió en un pandemonium pues la policía comenzó a disparar gases lacrimógenos, como se ha podido observar en las dramáticas imágenes de todos los noticiarios de televisión de alcance nacional.

Alan: “¡Que sirva de lección!”

El miércoles, tras los trágicos sucesos, el Presidente García enfiló sus baterías verbales contra los “seudodirigentes y los agitadores extremistas que de una manera empujan como carne de cañón a los pobladores”, y demandó que ellos deben ser investigados en lugar de su ministro del Interior, Luis Alva Castro.

Pero no contento con esta reprimenda, ha advertido: "Que sirva de lección para que cuando alguien promueve públicamente y agitadamente un paro, sepa a dónde está conduciendo a estas personas, que sepa a qué está abriendo las puertas. De ahora en adelante, si no es ahora mismo como dicen los fiscales, todo aquel que convoque a este tipo de movilizaciones tiene que ser directamente responsable de cualquier cosa que ocurra, de la destrucción y de la muerte de cualquier persona".

Por el momento los dirigentes agrarios han pedido no solo la renuncia de Alva Castro sino que se forme una comisión investigadora en el Congreso de la República. Estos pedidos fueron acogidos por las bancadas de UPP y de los nacionalistas, que son las más afanosas para derogar la ley del uso de la fuerza armada y policial en las manifestaciones populares.

Algo que no parece darse cuenta el Presidente (o es un defecto en él) es que, quien ha rociado gasolina a la hoguera ha sido precisamente el propio Jefe del Estado, pues ante la impaciencia de los agricultores y campesinos para que les resuelvan sus demandas, García Pérez no solo los ha ninguneado sino ha insultado llamándolos “borregos” y, ahora, “seudodirigentes” y “agitadores extremistas”.

Casi el mismo guión empleado con los docentes del Sutep, los catedráticos de las universidades nacionales y hasta con los pobladores que se oponen a las operaciones de las empresas mineras irresponsables con el medio ambiente y con una vida saludable de las comunidades.

La única explicación racional de lo que sucede con el APRA y el gobierno en su conjunto es su giro ideológico mucho más a la derecha que lo está estigmatizando como un régimen dictatorial y represivo, han coincido muchos analistas, entre ellos Humberto Campodónico.

Timba bursatil y blindaje económico

2008-01-28T06:15:00.000-08:00

El colapso del mercado bursátil, en el marco de una crisis de la economía global que sigue latente, no ha amainado el entusiasmo del gobierno, empeñado en atraer mayor inversión para el país.

Los nervios de los inversionistas siguen crispados por la alta volatilidad del mercado bursátil a nivel global y también local que contrasta con una elevada dosis de voluntarismo, del presidente Alan García, antes, durante y después de su viaje a España.

Al “lunes negro” del 21 en las bolsas del mundo, incluido por supuesto la Bolsa de Valores de Lima (BVL) le siguió un martes de ligero repunte para concluir el miércoles 23 nuevamente con una caída por el golpe que sufrió la cotización de los metales preciosos.

Todo este fenómeno tiene que ver con la desaceleración de la economía norteamericana, que es la que marca la pauta de la economía en casi todos los mercados del mundo.

¿Qué pasa en casa?

En lo que respecta al Perú, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, tuvo que salir de su closet el miércoles para echar paños tibios al tema, dado los temblores bursátiles que sigue afectando a la BVL.

Carranza, no dudó en afirmar ante los medios de comunicación que la economía peruana nunca ha estado mejor preparada para enfrentar una posible crisis en los mercados internacionales.

Para Carranza, la economía peruana "se encuentra en una fase de sólida expansión, con fundamentos muy sólidos". Asimismo, señaló que el país tiene un presupuesto para el 2008 que, en el papel, está balanceado.

Humberto Campodónico analiza el tema desde otro ángulo, no menos espinoso. Dice que en el Perú, el Índice General de la BVL tuvo durante el último año (enero 2006-diciembre 2007) una rentabilidad de sólo 4.5%, porcentaje similar a las tasas de interés que ofrecen los bancos y es menor a las de los bonos (entre 7 y 8% anual).

El problema-asegura Campodónico- es que las Agencias de Fondo de Pensiones (AFP) están invirtiendo cada vez más en dinero valores de renta variable en el Perú y ahora más en el extranjero.

La renta variable está ligada a las acciones en la Bolsa o en fondos de inversión (pueden subir o bajar), mientras que la renta fija recibe tasas de interés fijas, de los depósitos en los bancos y bonos.

De modo que el hipo bursátil está atacando en estos momentos los fondos de nuestra futura jubilación y habrá que tener mayor cuidado con el resto de la economía peruana, recomiendan los entendidos en estos temas.

Olé, Olé

Lo curioso de la semana es que mientras ocurría el desplome de las bolsas de valores en el mundo, la delegación peruana que viajó a España, encabezado por el presidente Alan García, se reunía en Madrid, con potenciales inversionistas a quienes les presentaron lo atractivo que puede resultar venir al Perú.

Tanto ha sido el entusiasmo presidencial que apenas el martes retornó el equipo peruano de la península ibérica, el jueves al mediodía García ya estaba lanzando, con pirotecnia mediática por medio, la V Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará en nuestro país el próximo 16 de mayo, con participación de 60 dignatarios.

Es que el equipo peruano llegó de España insuflado de expectativas, luego de las reuniones que Alan García sostuvo con el Rey Juan Carlos, con el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y con potenciales inversores a los cuales les ofreció “estabilidad en medio de un vecindario algo desordenado y belicoso”.

Algunos medios peruanos recogen versiones de que el Jefe del Estado les dijo que las mejores cartas de presentación del Perú son un crecimiento sostenido, que el 20’07 alcanzó el 8.3% y que este año será más del 7%, y además mostró una clara apuesta por la apertura de los mercados.

Lo que los expertos han advertido es la nota discordante entre los presidente de Perú y Colombia, pues mientras García propuso en España su disposición para que el Perú negocie directamente un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, sin la intermediación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el mandatario Alvaro Uribe, desde Bruselas, sostuvo todo lo contrario.

García justificó la necesidad de dejar a la CAN fuera de las conversaciones por cuanto “no avanza la negociación de bloque a bloque”, en tanto, Uribe dijo no sólo en Bruselas sino también en España, donde se reunión igualmente con el presidente Zapatero, que “queremos rápidamente una negociación de bloque a bloque”.

Como se nota la estrategia competitiva de los países latinoamericanos si bien no puede ser la misma, pero el espíritu de la CAN puede erosionarse cuando los apetitos individuales pueden más que los colectivos.

La primera ola de inversiones española se experimentó durante el gobierno fujimorista, luego de la apertura de la Economía. Ya en el periodo del presidente Toledo los inversores europeos y particularmente de España eran considerables.

El interés del actual gobierno es potenciar esa tendencia, de allí que García, en la víspera de su viaje a España habló que su propósito era promover una “segunda ola” de inversiones española en nuestro país.

Se habla en estos momentos de que la Compañía Española de Petróleos (Cepsa) está interesada en expandirse en el país, principalmente en el sector hidrocarburos y que la Empresa Gas Natural de España ha mostrado su interés en la concesión del gasoducto a Ica y el proyecto del gasoducto al Cusco, así como en la instalación de estaciones de servicio de gas.

CAOS CONSTITUCIONAL

2008-01-12T15:32:00.000-08:00

Foto El Trome
Cómo un latrocinio cometido por el Estado peruano provoca un lío constitucional de resultados impredecibles.

“¡Se ha convertido usted en un rebelde del Tribunal Constitucional!”, le enrostró la periodista Rosa María Palacios, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, en una entrevista por televisión, el miércoles 9, en torno al caso del reclamo de la Asociación de Fonavistas del Perú.

“¿Por qué no acata usteddddd los fallos del TC?”, le preguntó a continuación con mucha sonoridad y énfasis la reportera, antes que Mendoza Ramírez, sin convencer fehacientemente explicara la posición del JNE en dicha materia.

Lo que no mencionó a lo largo de la entrevista fue que en ese mismo momento en sus oficinas (casi a la medianoche) ya estaba lista la Resolución Nº 004-2008-JNE donde el máximo organismo electoral reculaba de sus posturas iniciales de un abierto enfrentamiento con el TC, que había durado toda la semana.

En esta nueva resolución el JNE “coincidía con el Tribunal Constitucional al reconocer que la solución definitiva al reclamo de la Asociación de Fonavistas del Perú pasa por la formación de una comisión de trabajo con participación de los propios fonavistas, para lo cual se invoca al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República atender dicha problemática”.

Para llegar a este punto el enfrentamiento JNE-TC ya había alcanzado hasta las altas cumbres de la política nacional a raíz de las dos resoluciones del Tribunal Constitucional, que favorecían las demandas de los fonavistas en el sentido de solucionar el impasse a través de un referéndum que el JNE debía acatar y organizar.

Aguas movidas

En realidad las desavenencias entre estos dos organismos autónomos y constitucionales habían comenzado desde el 21 de diciembre último cuando el JNE dictó la resolución Nº 260-2007 precisando que de acuerdo con el artículo 32 de la Constitución, no procedía convocar el referéndum promovido por los fonavistas.

De esta manera el ente electoral se había declarado en rebeldía al no acatar y ejecutar las sentencias 1078-2007-PA/TC y 3283-2007-PA/TC que el Tribunal Constitucional había dictaminado unos días antes durante el mes de diciembre del 2007.

El ambiente político se movió desde entonces, pero las cercanías de las fiestas navideñas y de Año Nuevo amainaron los temperamentos.

Así en este escenario, apenas se restañaron los estragos de las celebraciones, la bancada oficialista con el presidente de la Comisión de Constitución, Javier Velásquez Quesquén y el secretario general del APRA, Mauricio Mulder, a la cabeza, comenzaron a promover una corriente al interior del Congreso para delimitar las funciones del Tribunal Constitucional.

Esta postura les generó serias fricciones con el propio gobierno y de manera especial con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien trataba que el pleito JNE-TC no generara más un ambiente de discordia nacional.

En esas circunstancias el TC dictó su segunda y última sentencia el 7 de enero donde se ratifica y expresa que debe ser el Juez, quien debe disponer al JNE el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, cosa que no ha ocurrido y señala que lo resuelto por el JNE con fecha 21 de diciembre del 2007 y el procedimiento que tomó resultan nulos de pleno derecho.

Latrocinio estatal

Todo este intríngulis legal constitucional trató de ser resumido a inicios de semana por el congresista Javier Valle Riestra, del siguiente modo: “El caso FONAVI ha revelado la existencia de una crisis estructural y constituyente en el Perú, pues el TC ha hipertrofiado sus funciones”.

En declaraciones a una radio limeña Valle Riestra abogó porque se busque una fórmula distinta al referéndum pues este se puede convertir en caótico.

Aceptó sin embargo que “nadie discute que el Estado peruano cometió latrocinio en agravio de los fonavistas y está obligado a reintegrar de alguna forma los aportes de los que fueron despojados los perjudicados tras contribuir a este fondo durante muchos años”.

El tema de fondo de la discusión JNE-TC es que el primero considera que el aporte de los fonavistas es un tributo y por tanto no se puede resolver mediante referéndum.

El segundo, en cambio dice lo contrario: “las contribuciones de los trabajadores al FONAVI no constituyen tributos desde el 30 de junio de 1979 hasta el 31 de agosto de 1998, conforme a la Ley Nº 26969 de fecha 21 de agosto de 1998; puesto que no se cumplía con el principio de legalidad y reserva de la ley, que establece el artículo 74º de la Constitución para que sea considerado como tal”.

Como los dos organismos en conflicto ya se pronunciaron, tendrá que ser el Parlamento y el Ejecutivo, incluido los demandantes, quienes se sienten a resolver el “modus operandi” del conflicto.

Cultura del perro muerto

Pero todo ello ha levantado suspicacias colectivas y muchos han recordado que se ha llegado hasta este nivel de caos constitucional y jurídico, a causa del propio Estado, donde casi todos los gobiernos han instalado una especie de “cultura del perro muerto”, cuando de demandas justas y legales se trata.

Esta vez el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dispuso de fondos que no le pertenecían, de más de seis millones de fonavistas, de cuyo universo solo se habrían beneficiado apenas unos 200 mil a través de créditos para viviendas o en sorteos de viviendas multifamiliares, según la Asociación de Fonavistas del Perú.

Es decir, apenas el 4% de fonavistas fueron los beneficiarios del Fondo y el 96%, restante no recibió nada. En palabras simples, el Estado les tiró “perro muerto”.

Esta es la gran contradicción que encuentran muchos analistas, pues mientras el Estado se esmera en pagar ahora las deudas en el exterior, al interior tiene que producirse una larga lucha de más de ocho años, como es el caso de los fonavistas, para recién tratar de enderezar los entuertos.

De allí que el presente régimen deberá poner las barbas en remojo e hilar fino en Economía y Finanzas si no quiere que le ocurra como en otros casos, como por ejemplo el Decreto de Urgencia 033-2005, para sentencia del Tribunal Constitucional, o con el tema de los 61 millones de soles que corresponde al Fondo de Contingencia que era para la homologación de los maestros universitarios y que el gobierno se ha hecho el sueco y hasta ahora no ha desembolsado nada.

A Dios rogando...

2007-12-26T17:37:00.000-08:00

Con monseñor Miguel Cabrejos al frente, escoltado por el presidente regional, José Murgia, y el alcalde de Trujillo, César Acuña, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Teófilo Idrogo, entre otras autoridades, los docentes universitarios buscan sensibilizar la dureza del gobierno, convertido en sordo, ciego y mudo ante las demandas por la educación superior.

El presidente Alan García tendrá que realizar un acto de contricción, como ser humano y como depositario de la voluntad popular, ante las demandas de la docencia universitaria de Trujillo que hoy miércoles tuvo que refugiarse en el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y arzobispo de la ciudad, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte.

En un acto de desprendimiento pero también de buena fe, el representante de la Iglesia Católica convocó a su vez a las principales autoridades de Trujillo, entre ellas al presidente del Gobierno Regional José Murgia, al alcalde, César Acuña Peralta, el presidente de la Corte de Justicia de La Libertad y al Jefe de la III Región de la PNP, general, Carlos León Romero, entre otros importantes funcionarios, para conocer personalmente las demandas de los docentes de la Universidad Nacional de Trujillo.

Fue el secretario general del SUDUNT, Roberto Rojas, quien expuso en primer lugar una ayuda memoria del conjunto de dispositivos que el Congreso y el Ejecutivo han promulgado para efectivizar la homologación de los docentes, pero que lamentablemente hasta la fecha no se ha materializado.

La cita se produjo a las 10 am en el arzobispado de Trujillo, ubicado en la plaza de armas.

Producto de la reunión se suscribió un documento denominado Declaración de Trujillo donde se expresa que:

1. La falta de solución al problema de lahomologación de remuneraciones de los docentes universitarios con los magistrados del PoderJudicial en cumplimiento del artículo 53 de la Ley23733 ha ocasionado hasta hoy la pérdida de 112 díasde clases en las universidades públicas en el año2007, afectando a 320 mil alumnos y 22 mil maestrosuniversitarios, creando una grave situación sociolaboral.

2. Hemos constatado que en este proceso dehomologación se han dado una serie de normas que,sin embargo, hasta ahora no se han hecho efectivas.

3. Ante esta situación invocamos al señorPresidente de la República que promulgue el proyectode ley 1975 aprobada por la Comisión Permanente delCongreso de la República el día 19 de diciembre de este año 2007 e instruya a quien corresponda paraque se garantice la continuidad del tramo final dela homologación correspondiente al año 2008.

4. Los docentes universitarios, manifiestan sucompromiso de garantizar la culminación completa delaño académico 2007. Considerando que los jóvenes son la mayor riqueza deun país, como lo ha manifestado Su SantidadBenedicto XVI, hacemos votos para que laproblemática universitaria se afronte en un clima dediálogo, pensando en el bien común y se de unasolución de manera definitiva.

Con la aceptación de los presentes se ha encargado a Monseñor Cabrejos sea el portavoz del petitorio ante el presidente de la República, Alan García, con la finalidad de que el gobierno ponga fin así al clamor no sólo de docentes sino de toda la colectividad nacional.

El sueldo ético de la docencia universitaria

2007-12-21T16:24:00.000-08:00

Docentes universitarios de la UNT-Trujillo, en huelga de hambre en una carpa en la plaza de armas.

Se nota cansancio, consternación y rabia, pero ante todo, el firme propósito de salvar su dignidad ante la rémora burocrática del régimen aprista que viene empleando durante todo el año mil argucias frente a las demandas de más de 20 mil docentes de las treinta universidades públicas del país.

Esta huelga nacional indefinida que se ha prolongado por más de dos meses, ha desembocado- como era previsible- en una masiva huelga de hambre, iniciada desde el miércoles último en ocho bases de la Federación Regional de Docentes Universitarios-FERDUNORTE, como una postura de sacrificio físico, pero sobre todo de una exposición moral del régimen, frente a un tema que constitucionalmente, legalmente y financieramente está zanjado desde hace tiempo.

SIMILAR ESCENARIO

Algo similar ocurrió durante el mes de julio del 2006 durante el gobierno de Alejandro Toledo, que felizmente reconoció entonces las justas peticiones de los docentes universitarios y dispuso el inicio del proceso de homologación de sueldos con los de los magistrados del Poder Judicial.

Pero, llegar a ese logro costó a los maestros de las universidades del Estado una lucha de 23 años, para que se comience a cumplir el artículo 53 de la Ley Universitaria 23733.

Se pensaba que el nuevo gobierno de Alan García respetaría durante el 2007 el proceso de homologación, pero no fue así.

A lo largo del 2007 los maestros tuvieron que tocar las puertas del Ejecutivo y del Congreso hasta lograr la dación de la Ley Nº 29035 (junio) y Ley Nº 29070 (julio), refrendados con dos Decretos Supremos que transfieren a las universidades los 71 millones de soles para cancelar el segundo tramo (35%) de la homologación, desde junio del 2007.

A LAS PATADAS

El gobierno demoró casi seis meses para atender recién los reclamos de los maestros universitarios, desconociendo con ello los haberes por homologación de los primeros cinco meses (enero- mayo del 2007). Esta fue la primera patada del gobierno a la docencia universitaria.

La segunda fue la famosa declaración del presidente García en noviembre de este año cuando anunció la solución al problema, pero condicionándola a la “evaluación docente”, siguiendo casi exactamente la estrategia utilizada por el gobierno con los maestros del SUTEP. El problema es que ya termina diciembre y la declaración presidencial se ha devaluado.

Y, para coronar con cereza al pastel, cuando el Congreso de la República había promulgado el 15 de noviembre último la Ley Nº 29137 (una vez más otra ley sobre lo mismo) disponiendo el pago de homologación de los docentes desde junio del presente año, un burócrata del ministerio de Economía y Finanzas le enmienda la plana ¡al propio Congreso! y manda que se cancele la homologación, no desde junio sino desde el 1º de diciembre.

Esta provocación enervó a los docentes y esa es la razón por la cual la huelga no se ha levantado sino que, por el contrario, se ha radicalizado.

Tan expuesto está el gobierno en el tema de la homologación docente universitaria que los operadores políticos del Partido Aprista en el Congreso no les ha quedado otra cosa que tratar de enderezar los entuertos.

Las demandas de los docentes universitarios no es por mayores sueldos sin trabajar, sino un sueldo ético que le permita vivir con dignidad. Está de por medio igualmente el cumplimiento de la ley y de la Constitución que dispone el 6% del PBI a la educación en el país.

Por ahora los parlamentarios de otras tiendas políticas han hecho causa común porque se han dado cuenta que el caso de la homologación docente se estaría prestando para una burla del gobierno.

Así, el miércoles 19 una moción del congresista Oswaldo Luizar Obregón presentada a la Comisión Permanente, trata de corregir la Ley 29137 y precisa las fechas del pago a los docentes universitarios en el periodo del 01 de junio al 28 de noviembre.

La Comisión Permanente ya la dispensó de trámite y lo aprobó sin dilación y el viernes 21 en la tarde firmó la autógrafa enviándola así para la firma y promulgación del Ejecutivo.

Se espera que en las próximas horas gobierno disponga su aplicación a través del MEF.

Mientras ello no ocurra, los docentes de todo el país continuarán en su justo reclamo y han anunciado que de ser preciso masificarán aún más el número de huelguistas de hambre para lo cual levantarán un mayor número de carpas en las plazas públicas de todo el país.

Ven a Palacio esta navidad

2007-12-21T12:33:00.000-08:00

Foto: Radio Programas del Peru
El tole tole político, los cambios ministeriales, y las urgencias sociales del gobierno ad portas de las fiestas navideñas.

11.13 am del jueves 20 y en Palacio de Gobierno el presidente Alan García ensayaba un breve discurso de complacencia de su régimen y del primer gabinete que lo acompañó durante 18 meses.

Fue, además un discurso que por lo menos para las tribunas echaba paños fríos al tole tole político que 48 horas antes lo había provocado nada menos que su propio jefe de Gabinete Jorge del Castillo, quien lo miraba de reojo con cara de culpable, pero no se sabe si de conciente arrepentimiento.

“Este es un gobierno que se ha propuesto redistribuir lo que se logre del crecimiento económico sin pedir carné partidario. Trabajamos y beneficiaremos a todos sin ver de que grupos sociales son y seremos neutros en dicha política mientras esté yo al frente del gobierno”, comenzó su discurso mientras los ministros asistentes se codeaban unos a otros.

Quince minutos después inició el rito de rigor de aceptar la renuncia de cinco ministros de Estado y la incorporación del mismo número, con la juramentación frente a la cruz y la Biblia.

Alan García se animó a un recambio parcial de su gabinete, como corolario de la batahola política provocada durante la semana, nada menos que por su Premier y fiel escudero, Jorge del Castillo.

Las infelices declaraciones del presidente del Consejo de Ministros el domingo último en un acto público en Lurín, fue casi como un tiro en el propio pié del gobierno, que de inmediato el propio Jefe del Estado trató de atribuirle a un “desliz de mala comunicación” de su compañero de partido.

¿Qué había dicho Del Castillo?: que en adelante sus bastiones apristas tendrían la prioridad en la asignación del gasto social que administra el gobierno.

El mensaje inoportuno cayó como chicharrón de cebo a los propios dirigentes apristas y la prueba sectaria que necesitaban los enemigos del gobierno aprista.

Lo que sigue es una historia de reuniones palaciegas nada dramáticas sino de humor y contraste que terminó con la ratificación de Del Castillo, el martes al mediodía, y la decisión de las movidas ministeriales que comenzó a cocinarse en Palacio de Gobierno y que culminaron el jueves antes del mediodía, con la juramentación del nuevo gabinete.

Hubo algunos cambios de rostros y enroques que en nada modifican las líneas de política económica del régimen.

Lo que si se advirtieron fueron algunas novedades. Una de ellas fue el ingreso de Antero Flores Aáoz, actual embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cartera de Defensa en reemplazo de Allan Wagner. Este, a su vez, irá a la Corte Internacional de la Haya para asumir la defensa del Perú en la demanda a Chile por la delimitación marítima.

Otro hecho remarcado por muchos analistas es la incorporación de Rosario Fernández como ministra de Justicia, en reemplazo de María Zavala. Si bien, la entrante- dicen los voceros apristas- es una destacada profesional, su pasivo es que ha sido la abogada del empresario televisivo Ernesto Schutz, hijo, heredero de la televisora que vendió su línea editorial por torres de dólares al fujimontesinismo.

La otra novedad es el ingreso del abogado laboralista independiente Mario Pasco Cosmópolis en la cartera de Trabajo, en lugar de Susana Pinilla, quien va al ministerio de la Mujer y Promoción Social.

Llamó también la atención la designación de Hernán Garrido Lecca, quien se desempeñaba en el ministerio de Vivienda y Construcción y que ahora va a Salud, en reemplazo de Carlos Vallejo.

Entra a Vivienda y Construcción Enrique Cornejo, quien fuera el primer secretario general de Palacio de Gobierno durante el primer gobierno aprista.

Para gran parte de los entendidos no fue una sorpresa, pero si deploraron, por ejemplo, que en esta renovación del gabinete no se haya incluido al ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien tiene exhibe menos pergaminos ministeriales que Allan Wagner.

Lo que pasa es que LAC es un referente del APRA y eso es lo que pesó finalmente en los conciliábulos en la Casa de Pizarro.

Los expertos en análisis de la política nacional no ven auspicioso solo el cambio de caras en el gabinete ministerial dado que las políticas económicas y sociales del gobierno permanecen en el statu quo. Y ese es el problema de fondo del régimen aprista.

El sociólogo Sinesio López, dijo por ejemplo que los pobres exigen cambios del modelo de exclusión del Estado y parece que el gobierno del APRA no está dispuesto a cumplir.
José Vega de Unión por el Perú tildó de cambio “cosmético” la renovación ministerial, pues no implica un cambio del modelo económico neoliberal.

Para Carlos Raffo del Movimiento Fujimorista, “estos cambios no sirven de mucho porque la imagen del capitán del equipo (Jorge del Castillo) está deteriorado y eso será un lastre para todo el gabinete”.

El gasto social

Ya lo ha deslizado el presidente García en la juramentación de ministros. El énfasis de este nuevo gabinete está en dinamizar la política del gasto social. Tiene explicación entonces la designación de Susana Pinilla en el ministerio de la Mujer y Promoción Social, quien se nota más operativa que su antecesora.

Después de todo, tal como se conoce en los últimos 10 años el gasto social en el Perú sumó US $38,000 pero ha favorecido a las regiones con más ingresos y los resultados no fueron buenos: duplicidad de beneficiarios, filtración alta de no pobres, entre otros aspectos.

Nada garantiza que el programa Crecer del gobierno del APRA disminuya la pobreza ostensiblemente si es que no cambian las políticas del empleo y de la reactivación del aparato productivo nacional.

De manera que aquí estará el reto en la coyuntura inmediata que le espera al gabinete remozado. Esa será por ahora la preocupación del gobierno en medio de un ambiente navideño ganado por el consumismo, producto del boom de los megaplazas y los megaretail.

¿País justo y próspero?

2007-12-08T18:21:00.000-08:00

Foto: K. Thorsen en http://www.shutterstock.com/pic-1319621-india-poverty.html

El TLC con EE.UU y el debate del CADE sobre nuestro futuro pone en agenda ahora más que nunca el tema de la pobreza y como reducirla aceleradamente.

El Tratado de Libre Comercio-TLC entre Estados Unidos y Perú, ratificado por el Senado americano a inicio de semana y los debates de la 45º Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE, 2007 que concluyó el sábado 1º de diciembre, constituyen dos grandes temas que se cruzan pero que también provocan divergencias en el país.

Pese a ello, el gabinete en su última sesión del jueves ha creado una Comisión multisectorial para supervisar la implementación del TLC.

El grupo de trabajo está integrado por los titulares de los ministerios de la Producción, Transportes y Comunicaciones, comercio Exterior y Turismo, Agricultura, Economía y Finanzas, Deberán sumarse a ellos Indecopi, Sunat, Osiptel, entre otros. Tendrán como tarea destrabar la maraña de normas que impedirían el proceso de aplicación del TLC.

Lo curioso es que casi todas las instituciones comprometidas son a su vez integrantes del Consejo Nacional de la Competitividad, que poco o nada ha avanzado en esta materia, a pesar de que ya se conocía que la ratificación del TLC con Estados Unidos era ya inminente, tras largos 43 meses en que ambos países firmaran el acuerdo, durante el periodo del ex presidente Alejandro Toledo.

Justicia y prosperidad

La noticia de que el Senado americano aprobaría el acuerdo comercial con Perú se conoció precisamente en el último día del CADE de Trujillo, donde los empresarios peruanos discurseaban sobre el tema “Todo lo que nos falta para ser un país justo y próspero”.

Y, es aquí donde el tema de la justicia, la prosperidad, inclusión social, la lucha contra la pobreza, la identidad y autoestima, categorías conceptuales incorporadas al debate del CADE, son ahora reinterpretadas por empresarios, trabajadores y analistas, luego de conocerse la votación del Senado USA a favor del acuerdo comercial con nuestro país.

Por supuesto, un sector de empresarios, desde el CADE saludó la ratificación del TLC. En cambio otros, especialmente vinculados al CONVEAGRO han propuesto desde el año 2004 una Plataforma Agraria en Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano, ante las grandes diferencias entre el agro peruano y el norteamericano.

David vs Goliat

Los críticos del TLC manifiestan que los Estados Unidos buscan siempre un trato igualitario en estos acuerdos comerciales y no reconocen las profundas diferencias con los países de América Latina.

Solo para ilustrar a grandes rasgos el problema hay que tener en cuenta los siguientes indicadores: la población de EE.UU. es 11 veces la población del Perú. El Producto Bruto Interno per cápita es 7 veces al nuestro y su presupuesto público es 126 veces al de Perú.
Según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. RICYT, la inversión anual en Investigación y Desarrollo por habitante durante el año 2002 fue en Perú de solo US$ 2.17 dólares, mientras que el coloso del norte fue de US$ 989.4 dólares por habitante, es decir 455 veces más.

Ni que decir de las exportaciones. EE.UU. exporta 80 veces más que Perú (en US$ 715 billones vs US$ 9 billones) y en importaciones la brecha es sideral (US$ 1,260 billones vs US$ 8 billones).

¿Qué pasa con Chile?

La desigualdad comercial con Estados Unidos siempre estará presente, si no veamos el análisis que resumió en un documento de trabajo la Comunidad Andina el año 2003 al Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Chile, nuestro vecino.

Chile concluyó el 2002 negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero también ese año lo hizo con Europa y Corea.

Según el gobierno chileno el TLCCE le permitiría consolidar y ampliar el acceso de sus productos a las principales economías internacionales, diversificar las exportaciones y contar con reglas de juego claras y, de este modo, la productividad de las empresas chilenas se vería incrementada al facilitar la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios.

Sin embargo fueron claros en las importantes desventajas o “sacrificios”, como eufemísticamente le llamaron y que ahora soportan. Entre ellos: el no contemplar tratamientos diferenciales para Chile, como país en desarrollo, el esfuerzo de eliminación del impuesto de lujo para automóviles, la limitación en el uso de regímenes aduaneros especiales, tales como la exención o la remisión de impuestos de importación de bienes no originarios utilizados en la producción de bienes de exportación, entre otros agudos puntos.

¿El TLC reduce la pobreza?

La pregunta, como apuntaba Pedro Francke, analista de la Universidad Católica del Perú, es si ¿el TLC con Estados Unidos reducirá la pobreza en el Perú? y ¿si esta será la mejor que otras alternativas de integración comercial?

Y, ese es precisamente el problema actual de discusión y que los empresarios del CADE tibiamente trataron de poner en la agenda de su Conferencia anual de Trujillo.

Claro está es la primera vez que lo abordan oficialmente, pues no les quedaba otra cosa, ad portas de la ratificación del TLC por el Senado norteamericano y las observaciones que hizo la representación congresal demócrata que pugnó por incluir en el acuerdo artículos referidos a la protección del medio ambiente y de las condiciones laborales.

Los temas de fondo de este TLC con Estados Unidos son a tenor de Francke los siguientes: a) Exportaciones y empleo, b) Precios agropecuarios, c) Medicamentos y salud, d) Presupuesto y gasto público. En un análisis de todos estos puntos, el Perú no sale bien parado. Todo lo contrario.

Francke profetiza: “Cualquier acuerdo comercial, favorecerá o no a un país y a la reducción de su pobreza dependiendo, en primer lugar, de las condiciones del mismo. Bajo las condiciones que parecen prevalecer en los acuerdos TLC firmados con Estados Unidos con otros países y las posiciones que hasta la fecha mantiene el país del norte, no es seguro que el TLC reduzca la pobreza. Es más bien probable lo contrario”.
Por su parte los empresarios alrededor de la CONFIEP expresaron su alegría por el TLC e instaron a los opositores del acuerdo a “no tener los ojos vendados” y sumarse al proceso de modernización del país y pidieron al Ejecutivo y al Congreso a apretar el acelerador e iniciar en breve el proceso de adecuación legal y de infraestructura.

El camino será largo y tortuoso, pero de cualquier modo será mejor que el Perú tenga su propio proyecto de desarrollo y no se agudice más la brecha de los excluidos y de pobres y ricos.

Guerra avisada

2007-11-16T13:55:00.000-08:00

"Como el dia era la noche": autor:dibujo de Edilberto Jiménez.

Subversión y narcotráfico: un cóctel mortal que si el Estado no enfrenta con políticas sociales y legales claras y profundas, fragmentará más al país.

Hay un notorio y preocupante avance sedicioso en la zona sur oriental del país desde finales del año 2006 que el gobierno del APRA parece haberse distraído, interesado por supuesto en estos 16 meses de gestión en cumplir parte de sus promesas electorales y quizá en poner orden administrativo y logístico en la cartera del Ministerio del Interior.

Los dos últimos ataques a policías en un intervalo de quince días, ha crispado no sólo los nervios del gobierno sino de las comunidades en Huancavelica y Apurímac, que se sienten más desprotegidas que nunca.

En uno y otro caso la táctica de enfrentamiento empleada ha sido diferente. El 1º de noviembre fue atacada frontalmente la comisaría de Ocobamba (provincia de Chincheros, Apurímac). El martes 13 una patrulla policial fue emboscada en Huachocolpa (Pampas de Tayacaja, en Huancavelica).

El resultado en ambos episodios sangrientos ha sido cinco policías muertos e igual número de heridos y, por parte de los sediciosos, tres abatidos en combate, según fuentes militares.
Sin embargo, los familiares de dos supuestos terroristas han denunciado en Huancavelica que sus parientes son ajenos a las imputaciones que ha hecho la policía.

¿Narcos o terrucos?

Lo servicios de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía no se ponen de acuerdo hasta ahora en el origen faccioso de los grupos armados. El Ministerio de Defensa ha calificado de “delincuentes terroristas”al grupo que emboscó a la patrulla policial en Huachocolpa. En tanto que el ministro del Interior, Luis Alva Castro en su viaje realizado a la comisaría de Ocobamba aseguraba que el ataque fue realizado por “narcoterroristas”.

Sean unos u otros, se piensa ya en una alianza mortal entre columnas dispersas de Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico que tratan de controlar los accesos del Valle de los ríos Apurímac y Ene- VRAE, zonas de alto tránsito de pasta básica, el insumo principal que sale hacia los laboratorios que luego es transformada en clorhidrato de cocaína.

Aún cuando la zona está declarada en emergencia y controlada por las Fuerzas Armadas desde enero del presente año, el accionar tanto de supuestas columnas de Sendero como de sicarios del narcotráfico no ha sido neutralizado, menos reducido.

Cronología

La prensa nacional ya ha informado que en abril, junio y agosto de este año se produjeron ataques en Corah, en Santa Lucía, también en Tocache, donde asesinaron a tres policías y al fiscal Arturo Campos, y un incursión en el centro minero de Doe Run, donde murió un policía.

En diciembre del 2006 fue emboscada una patrulla policial en el VRAE donde murieron cinco policías y tres empleados de la empresa ENACO.

Un poco más atrás, a fines del año 2005 dos feroces ataques terroristas terminaron, uno por el VRAE y el otro en Aucayacu (Huanuco), con la vida de trece policías en total, en una arremetida sangrienta que impactó en la colectividad nacional.

Nada claro

No se conoce hasta ahora con claridad cual es la política antisubversiva y antinarcóticos del gobierno, salvo algunos anuncios efectistas hechos hace dos meses, especialmente en el control de activos por lavado de dinero.

Pero ante la escalada de violencia senderista que se va extendiendo poco a poco y que el gobierno no quiere reconocer y, de otro lado, la violencia social, desatada por la desatención del Estado a los reclamos- la mayoría de ellos justos- de los trabajadores, municipios, gobiernos regionales, y otros gremios de la producción, el Ejecutivo se encuentra prácticamente en un dilema de urgente solución.

Lo único que se conoce del gobierno aprista en esta materia es la contradicción en que cayó durante su primer gobierno. Cuando en 1985 García accedió al poder anunció solemnemente en el Congreso que “no combatiría la barbarie con la barbarie”. Los hechos demostraron posteriormente que en ese empeño fracasó. Ahí están como episodios irrefutables, leguleyadas aparte, las masacres de campesinos en Accomarca y Pucayacu (Ayacucho), la matanza de los penales (Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara), Cayara (Ayacucho) y otros casos más.

En un informe publicado en 1990 el Instituto de Defensa Legal mencionaba que “durante los cinco años del gobierno de García la acción contra el país por parte de los grupos subversivos creció en intensidad […] La estrategia antisubversiva con que se enfrentó el problema fue, a la luz de los resultados, claramente ineficaz e incluso contraproducente. El permanente recurso de la violación a los derechos humanos y de la impunidad fue uno de los ingredientes fundamentales que explican ese fracaso”.

Fragmentación

Sin embargo, después de 1990 y durante todo el periodo de Fujimori, etapa en la cual la política antisubversiva frenó las acciones sediciosas, la brecha de “fragmentación de la vida social”, como la llamaron Max Hernández y Francisco Sagasti se amplió y complicó más.

En suma- decía ya en un estudio del año 2000, la institución Agenda Perú- que “la prédica terrorista siempre va a encontrar un terreno fértil en la pobreza y el abandono en que han vivido y viven muchos peruanos. La exclusión y la injusticia fueron tomadas como pretexto por los grupos subversivos para plantear la destrucción del Estado. Al romper lo que debe ser el monopolio estatal en el uso legítimo de la coerción y la violencia, el terrorismo muestra la debilidad del Estado peruano y el hecho de entregar zonas enteras del país al control de las Fuerzas Armadas abrió nuevas posibilidades a la represión indiscriminada”.

Ese mismo fenómeno se le puede presentar al nuevo gobierno del APRA, si antes no define y pone en marcha políticas eficaces para reducir drásticamente la “fragmentación de la vida social”. Pero esta es una punta de la madeja. La otra punta es la guerra contra la droga que ya a estas alturas se ha constituido en una serie cuestión de Estado.

Aquí hay tareas urgentes, difíciles y complejas. Y, si no se enfrentan ambos miedos-la subversión y el narcotráfico- el cóctel mortal puede estar a la vuelta de la esquina.

Del “perro del hortelano” a la política del “perro muerto”

2007-11-02T08:13:00.001-07:00

Fotos Dalia Chevez (Blog Rodrigo Peñalba)

Un repaso a las leyes, políticas y filosofías populares acicateados desde lo alto por el Primer Mandatario, pero con efecto boomerang.

El presidente Alan García hizo público hace siete días una de sus últimas “leyes” que, puesta en la agenda pública desató, como era de esperar, un agrio debate nacional.

Más que una norma del Ejecutivo, lo que presentó el Jefe del Estado, en blanco y negro, fue un ensayo periodístico donde sustentó su ahora famosa “ley del perro del hortelano”.

No se trata de un dispositivo en favor de tantos perrunos sueltos en plazas. Es más bien una visión particular de lo que el Primer Mandatario entiende por uso de los recursos naturales, inversión y generación de trabajo.

Apenas apareció el artículo en un medio de circulación nacional se inició el debate en programas radiales y en la televisión, siempre con invitados a favor y en contra de los juicios presidenciales.

Empresarios, como Pablo Bustamante, o congresistas del APRA como Aurelio Pastor Valdivieso, justificaron las propuestas de García. En cambio, Pedro Francke, coordinador nacional de Foro Salud y otros parlamentarios de la bancada de UPP, sostuvieron que en lugar de denigrar las reclamaciones de la ciudadanía, bajo el supuesto de que ésta actúa como “el perro del hortelano”, lo que se requería era que el Presidente lidere en forma concreta los sectores económicos a los que hacía alusión en su comentario personal.

“Ociosos e indolentes”

García ha manifestado que en el país existen ingentes recursos naturales, sin uso que no son transables, que no reciben inversión y no generan trabajo. Y, le ha echado la culpa de todo ello al “tabú de ideologías superadas y también a la ociosidad y a la indolencia”.

A continuación repasa los recursos que el Estado no puede ofrecer a los inversionistas porque hay “ociosos e indolentes” en el país que se niegan a facilitar la tarea del Ejecutivo. Es decir, la “ley del perro del hortelano”.

Hay dos temas iniciales que se emparentan en la propuesta de García: la propiedad de la tierra en la amazonía y las facilidades para su adquisición en grandes dimensiones. Vendida en grandes lotes traería tecnología, asegura.

Otro asunto es el de los recursos mineros. El Perú tiene la riqueza más grande del mundo, sin embargo, apenas una décima parte está en explotación porque “aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado”.

Un cuarto tema es el mar. “Reaccionan los pescadores artesanales de la caleta cercana, que ven nacer una competencia más moderna y dicen que se está bloqueando su derecho al libre paso, que se contamina el mar y, otros, invocan lo sagrado del Mar de Grau”.

Finalmente García aborda un punto neurálgico, pero lo hace por la tangente: la educación. “Tampoco se pone en valor el cerebro de nuestros alumnos e hijos”, dice el presidente. Y, a continuación considera como causa “a un grupo de malos profesores y malos funcionarios que exigen no ser evaluados para esconder su mediocridad y así el sistema sigue produciendo resultados sin valor”.

El Estado tramposo

Lo que muchos analistas le han recordado al Presidente García a raíz de su ya famoso artículo periodístico, es que si de perros se trata, es bueno recordar en todo caso la política del “perro muerto” o del “Estado tramposo” o de la cultura de “meterle el dedo en la boca” a los trabajadores y ciudadanos, creyéndose el iluminado del reino.

El Estado ha instalado en el país la política y cultura del “perro muerto” y esa conducta es la fatalidad nacional que deja como bebe de pecho a la filosofía del “perro del hortelano” que expone a su manera el Jefe del Estado.

El primero gobierno de García Pérez (1985-1990) fue acusado por el régimen fujimorista y por gran parte de los agentes económicos de “perromuertero”, por el hecho de dejar de pagar la deuda externa. A nivel internacional el Perú fue visto durante ese quinquenio como un paria, no sujeto a créditos, como narró una vez el empresario Raúl Benavides.

Claro, el Presidente García explicó en una Carta al Pueblo Peruano, desde Colombia en enero del 2001, así: “Cuando recibí el gobierno el 28 de Julio de 1985 el Perú tenía una deuda de más de 14,000 millones de dólares y debía pagar en 1986 1,200 millones por ese año, más 1,500 atrasados del año anterior. Tenía que pagar un total de 2,700 millones siendo que todas sus exportaciones al extranjero no llegaban a 3,000 millones. Por eso decidí que mientras la situación económica y de violencia no cambiara, el país sólo dedicaría el 10% del valor de sus exportaciones al pago de la deuda”.

En esa misma misiva enrostró al hoy preso ex Presidente Fujimori denunciándolo que “él comenzó su política del perro muerto contra el empleo, la industria, la agricultura, la salud y la educación del país. Todo fue sacrificado al pago de la deuda externa”.

Ahora, en el 2007, el gobierno del Apra, nuevamente se enfrenta con esta política de Estado: la del perro muerto.

¿Cómo poner en valor a la Educación en el Perú, por ejemplo, si el Estado le sigue negando recursos para infraestructura, equipamiento y encima maltrata a sus docentes de Educación Básica Regular y de Educación Universitaria?

Sin mencionar los dispositivos legales dictados durante el gobierno de Toledo para finiquitar lo estipulado en la Ley Universitaria Nº 23733, en lo que va de este año durante el presente régimen el Congreso dictó en junio último la Ley Nº 29035 que autorizó el pago del 26% de la homologación de los maestros universitarios, después de una larga huelga nacional.

Mediante el D.S 087-2007-EF, firmados por el presidente y los ministros de Educación y de Economía y Finanzas se transfirieron 52 millones 753 mil soles a las universidades y, la Ley Nº 29070 (06 de julio) estableció en 9% el porcentaje para completar el monto fijado para el Programa de Homologación.

Esta semana el Gobierno- en medio de otra huelga nacional indefinida de los maestros- se desdijo de su propia normatividad y envió al Congreso un proyecto de Ley sobre la materia que tira al traste los dispositivos ya vigentes.

Pone en marcha la evaluación de los catedráticos desconociendo que esta práctica ya tiene más de 50 años en la universidad pública. Es decir, como siempre, la vieja cantaleta y práctica del Estado: la política del perro muerto, la del huevo de pato, y el cuento del gato por liebre.
Y el de los maestros no es el único caso. Abundan en este corto periodo del segundo gobierno del APRA y son más patéticos que la ley del perro del hortelano. Es decir, dicen los críticos del régimen, a otro perro con ese hueso.

Los idus de octubre del régimen

2007-10-15T08:25:00.000-07:00

El "baile" del gobierno será así de complicado en lo que queda del 2007. Haber si no queda dislocado. (Foto Valery Bazán-Trujillo Dayly Photo)

Temblores políticos que por el momentohan amainado en la coyuntura nacional, pero que por los indicios, el panorama tiene a
calentar las calles y plazas, en pleno friaje.

Semana de grandes sustos políticos para el gobierno, aunque sus voceros más connotados, incluido el propio presidente de la República, traten de echar tierra al asunto y optar por voltear la página.

Los temblores apuntaban directamente a dos ministros quienes estuvieron en la picota y, otros tantos, en salmuera, a raíz de una serie de episodios que llevaron al inquilino de Palacio de Gobierno a pensar seriamente en recambios urgentes para protegerse de la tromba ciudadana. De todas maneras la población ha castigado al Ejecutivo en las dos últimas encuestas.

Frente al cadalso

Estuvieron con un pié en el cadalso el ministro del Interior, Luis Alva Castro y el titular de Salud, Carlos Vallejo.

El primero se salvó por un pelo de la moción de censura que había presentado la oposición en el Congreso, por los escándalos alrededor de la compra de patrulleros y la posterior suspensión de la licitación respectiva.

Fueron los 10 votos decisivos de la agrupación fujimorista y de algunos congresistas de oposición que-coincidentemente no estuvieron en la sesión del miércoles último por sus “múltiples” ocupaciones- los que le salvaron el pellejo a LAC y, por ende, el cuestionamiento político al gobierno.

Pero la censura obtuvo 51 votos y ello ha sido importante para la oposición. El mínimo de votos era 61. El analista Santiago Pedraglio, ha manifestado que el hecho de que Alva Castro no fuera censurado constituye una “victoria pírrica”, si se tiene en cuenta la caída de la popularidad del presidente García y del gobierno en su conjunto.

De otro lado, el ministro Vallejo, en cambio, recibía desde hace 20 días tal andanada de críticas, especialmente por escándalos de los contagios del VIH por transfusión sanguínea y la denuncia por corrupción en el Seguro Integral de Salud.

Sin embargo no eran los únicos ministros-fusibles los que iban a ser “sacrificados”, si hubiera prosperado la censura congresal.

La coyuntura política dejaba lista las condiciones para una renovación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia y aunque remotamente se pensaban también en el Ministerio de la Producción, que despacha el socio del APRA, Rafael Rey Rey.

Malestar en aumento

Aún cuando García Pérez siempre ha dicho que no administra el gobierno en función a las encuestas, su caída en las preferencias populares, no deja lugar a dudas de un malestar ciudadano que va en aumento.

La creciente alza de precios de los principales productos de la canasta básica y los escándalos de las corruptelas e ineficiencia en algunos sectores del gobierno, se manifiestan en las calles.

Por lo menos ello ha sido “fotografiado” por el sondeo de la PUCP que reveló que la aprobación presidencial bajó de 49% el mes pasado a 30% en octubre y, en análisis de la Universidad de Lima, García baja de 51.6% de las preferencias a 37.7%, en ese mismo periodo.

Es posible que en lo que queda de octubre y noviembre los índices de desaprobación aumentará, pues, desengañados muchos sectores del aparato del Estado, los pequeños ganaderos y las comunidades contaminadas por la minería rapaz, retomarán sus tambores de guerra para que el gobierno se acuerde de sus promesas.

La batahola comenzará el martes 16 con la huelga general indefinida anunciada por los maestros de todas las universidades públicas del país, cansados de que el gobierno incumpla con sus propias leyes, ratificadas hasta en “mesas de diálogo” y que hasta el momento no los pueda homologar.

Es tal la indignación de los catedráticos de las universidades del Estado que han alertado que el programa de homologación dispuesto por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, quede sin efecto si se llegara a aprobar el proyecto de presupuesto nacional del 2008, donde se ha incluido un artículo que dispone “dejar sin efecto todo programa de homologación o indexación de sueldos”.

En todo caso, todas las demandas de los quejosos se canalizarán a través de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), según han adelantado sus dirigentes. Y, como para que no quede dudas han anunciado un paro y movilización nacional para el próximo 8 de noviembre.

La Ministra de Trabajo, Susana Pinilla ha reaccionado rápidamente, pero sólo para decir que “le da pena” la decisión de la CGTP y la ha calificado como una “acción política”.
No es novedad. Así calificó el gobierno el conjunto de demandas nacionales que asolaron todo el país hasta unos días antes de Fiestas Patrias.

Pero, en su mensaje por 28 de Julio, el presidente García no sólo se golpeó el pecho sino que hasta tuvo que pedir público perdón a los maestros sutepistas, aquellos a los que vilipendió y maltrató.

En fin, lo que parece venir no será a todas luces malva de rosas sino un hueso duro de roer que el gobierno tendrá que manejar con mucho cuidado.

Después de todo lo que la ciudadanía le pide es que no solo sea responsable sino también equitativo y justo con las demandas de la población.

Sueldos y desigualdades hoy

2007-09-23T14:03:00.000-07:00

Fuente de fotografia: La República

Repaso al debate sobre el aumento de la RMV que no resuelve el drama de la pobreza en el Perú.

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) en 50 soles, anunciado durante la semana por el gobierno ha puesto sobre el tapete la vieja discusión de las desigualdades sociales en el país.
La medida, anunciada por el presidente Alan García el martes último, no fue del agrado de los gremios empresariales, pero, tampoco de las organizaciones laborales.

La decisión, más bien, ha sido vista por algunos líderes de opinión como “medida populista”, pues el aumento no solucionará los graves problemas de pobreza de una gran mayoría de peruanos, según han expresado.

El aumento, según versiones oficiales, se otorgará en dos tramos. Un primer monto de 30 soles se dará a partir del 1º de octubre, y el segundo, de 20 soles, desde enero del 2008.

Adicionalmente el gobierno entregará unos denominados “bonos por crecimiento” a los 150 mil empleados del sector público, que ganan menos de 1,000 soles, pero que aún no se ha especificado ni el monto, menos la modalidad.

Luego de la decisión del Ejecutivo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha expresado que ahora las coordinaciones realizadas por los gremios empresariales, sindicatos y organizaciones vinculadas al sector Trabajo para definir un método técnico para calcular los ajustes de la RMV, ha sido descartado al haberse producido una decisión política para dicho aumento.

Como era de esperarse, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el ministro de Economía, Luis Carranza han salido a defender la medida. Este último manifestó que se había decidido aumentar el sueldo mínimo para proteger a los trabajadores.

Señaló, además, que la idea es que la RMV deba considerar el aumento del costo de la canasta básica, cuyo precio está ya en los 1,300 nuevos soles mensuales.

Cifras que no mienten

Recientemente, el analista económico Humberto Campodónico, remitiéndose al reciente Informe Estadístico Mensual (mayo 2006) del Ministerio de Trabajo, daba cuenta que la gran mayoría de limeños son pobres, pues, de varios años de crecimiento, con las justas llegan a 1,000 soles mensuales en sus remuneraciones.

Los empleados privados en los rangos más bajos, constituyen el 9.8% (de 0 a 400 soles) y el porcentaje mayor, 45.8% ( de 400 a 1,000 soles).

No sucede lo mismo con los empleados públicos, pues el 33.8% gana menos de 1,000 soles mensuales. Y, el 48.3% gana de 1,000 a 2,000 soles. A pesar de estas diferencias entre empleados públicos y privados, dice Campodónico, no quiere decir que los primeros no sean pobres. Lo son.

Sueldos siderales

Si estos datos ya son esclarecedores, mucho más son las comparaciones que hace poco hiciera Pedro Francke, ex funcionario del gobierno de Toledo y actualmente profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Francke señala que hay siete ejecutivos en el Perú que ganan más de un millón de soles anuales. Se concentran principalmente en el sector minero, y, el dato es aportado por la consultora Deloitte.
El sueldo más alto de un gerente en Perú, es de un millón 400 mil soles anuales: el equivalente a 120 mil soles mensuales.

Un solo gerente minero gana más que 200 trabajadores juntos de la minera Casapalca, o más que 150 catedráticos de una universidad pública.

La comparación más escalofriante que ensaya Francke es la siguiente: los propietarios de las acciones tipo C de Southern Perú Cooper Corp. han visto disparar sus acciones de una cotización de 10 mil millones de dólares, a valer 27 millones de dólares actualmente. Una ganancia de 17 mil millones de dólares, unos 50 mil millones de soles. ¿en obreros, cuanto sería esta cifra? se pregunta el analista.

De allí que resulta dispar, dicen algunos, el aumento de 50 soles al SMV (actualmente de 500 soles), cuando la canasta familiar está por los 1,200 o 1,300 soles.

En la otra orilla. Por ejemplo, desde la perspectiva del Instituto de Libre Empresa, Jorge Valín sostiene que “obligar a las empresas a remunerar a sus empleados con un sueldo mínimo significa que los que actualmente cobran una cuantía inferior a éste automáticamente quedan fuera del terreno laboral o bien pasan a cobrar lo mismo pero dentro de la economía sumergida”.

En tanto que Miguel Jaramillo de Grade, puntualiza que “bajo ciertas circunstancias, el salario mínimo puede ser útil para mejorar las remuneraciones de los trabajadores en la cola de la distribución del ingreso. Sin embargo, no debe perderse de vista que el salario es una variable “resultado”, por tanto, no puede fijarse arbitrariamente o siguiendo criterios ajenos al mercado laboral.”.

La única manera efectiva de elevar las remuneraciones a largo plazo es a través del aumento de la productividad, por lo que el énfasis en las políticas debería ir en dicha dirección, enfatiza Jaramillo.

Una mercancía más

Francke, polemiza con estos criterios expuestos cuando sostiene que “con su discurso contra los salarios y los derechos laborales, lo que en verdad quiere defender la derecha son las ganancias empresariales, que se achican con mayores salarios. Pero para ellos, las utilidades son intocables y los capitales son la única fuerza de desarrollo, como si el trabajo no importara y fuera solo una mercancía más que se compra y se vende.”

Los empresarios en el Perú tan proclives a mencionar a Chile como el modelo a seguir, deberían conocer que este año el gobierno mapocho aumentó el sueldo mínimo a 144,000 pesos mensuales (unos 275 dólares), un 6.7% más que en el 2006. Lo gracioso- como para sacar roncha al gobierno aprista y a la propia derecha peruana- es que los aumentos se realizan todos los años.

Aquí se habla mucho del crecimiento económico y sostenido desde el gobierno de Toledo, pero en materia de sueldos y salarios y de inversión en infraestructura básica como educación, salud, agua y desagüe, el decrecimiento es dramático.
Solo hasta el año 2004 el déficit en infraestructura en el Perú alcanzó la cifra de 30 mil millones de dólares. Los mayores montos estaban en transportes, energía, y saneamiento.
Y esto es solo en infraestructura. De tecnología y conocimiento, mejor ni hablar.

Frases célebres

2007-09-11T07:12:00.000-07:00

Foto La República-Perú

Antes de partir a cumbre de APEC el presidente Alan García nos dejó algunas frases para el análisis y…la consternación:
Semana agitada en el despacho presidencial y el Congreso de la República, marcada por las célebres frases del Jefe de Estado, horas antes de emprender vuelo hacia Sydney (Australia), a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico.

Los acuciosos miran los antecedentes y luego se frotan las manos cuando el presidente Alan García lanza cada frase, que después lo desmiente o lo lamenta públicamente.

"Si nosotros comenzamos a protegernos unos a otros, entonces eso la población lo ve como una cochinada", dijo en tono amargo el miércoles el Jefe de Estado, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Puntualizó que no se refería puntualmente al caso de su compañera de partido, la congresista por La Libertad, Tula Benites Vásquez, cuyo acuerdo para suspenderla por 120 días ha enfrentado al oficialismo y a la oposición congresal, durante estos últimos tres meses.

Alan García tuvo el afán de marcar distancias pero de ningún modo mandar al cadalso a la Benites. Advirtió que “no puede haber doble moral ni doble medida. Si se han aplicado medidas preventivas en un caso, tienen que plantearse del mismo modo en casos parecidos", pero que esto no va para la legisladora liberteña. Todos se preguntan entonces para que dijo lo que dijo.

Coincidencia o no el verbo de García siempre mata y, esta vez, la ciudadanía vincula la cochinada a la que se refiere el presidente a los intríngulis que se “cocinan” en el Congreso para salvar a su compañera de partido. Esta postura, por lo demás, no es ninguna novedad.
Después de todo el espíritu de cuerpo del que hacen gala los otorongos es usual en el Parlamento.

De ahí que cuando el Jefe del Estado habla de doble moral y de cochinadas, la población no hace distingos. Los sanciona por igual, sea del Partido Aprista, de Unidad Nacional o de UPP.
Es que el impacto mediático que generaron los casos de los inefables congresistas Elsa Canchaya y Walter Menchola, sancionados inmediatamente por hechos parecidos, constituyen antecedentes que ahora, tanto la Célula Parlamentaria Aprista, como el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada no deben pasar por alto.

No sancionar a Benites o tratarla con perfume de impunidad, bien puede costarle al oficialismo una repulsa y, con ello, echar en alforja de ciego, las celebérrimas frases del presidente García.

Finalmente la “Canchaya aprista”, fue inhabilitada por 120 días sin goce de haberes y sus compañeros de partido han cortado con ella por lo sano, pese a las pataletas de Benites.

¿Otro gobierno?

La siguiente frase de AGP, no por justa resulta contraproducente: "El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley, la misma que establece las reglas que el país tiene para generar inversión. Eso no depende de que algunas personas se reúnan y digan que no quieren inversión. Entonces escojan otro gobierno”.

Fue pronunciada también el miércoles en la reunión con los periodistas. Se trataba de una respuesta a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se realice actividad minera en Ayabaca?
Esta es la interrogante de la consulta popular que a toda costa planea realizar el municipio provincial de dicha localidad el domingo 16 de setiembre.
La empresa minera aludida es Majaz (propiedad de la empresa china Zijin Metais), que planea operar en la zona y que, para congraciarse con la población, ha ofrecido crear un fondo de US$ 80 millones para obras de infraestructura.

Habría que ver que postura toma la población de Ayabaca con eso de “que mejor escojan a otro gobierno”.

Pero allí no quedó todo. El presidente calificó de “agitadores comunistas” a quienes están detrás de la consulta popular. “Creen todavía en el Estado propietario de todo, creen que el capitalismo es enemigo de los pobres”, enfatizó García.

Palanas en ristre

La respuesta no se ha hecho esperar. En un comunicado difundido en varios medios electrónicos el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, conformado por las municipalidades, comunidades campesinas, frentes, organizaciones sociales, instituciones y colectivos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, Jaén y de los distritos de Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Tambogrande, han denunciado la campaña de amedrentamiento del gobierno y de la empresa Majaz S.A.

Dicen que se trata de impedir lo que ellos llaman “manera libre y voluntaria de opinar” sobre la realización de una actividad económica que va a afectar la planificación del desarrollo concertada, el ordenamiento territorial y el medio ambiente.

Claro este movimiento es una alerta para el presidente que precisamente en Australia en la reunión de APEC tratará de promover las inversiones en nuestro país.

Pero, el gobierno debería tener presente que, antes de actuar como acusete y endilgar clichés empleados desde el primer gobierno del presidente Belaúnde (“agitadores comunistas”), los movimientos de campesinos por la defensa de su hábitat ha traído siempre enfrentamientos que terminaron con muertes.

Los antecedentes más cercanos y recientes son los acontecidos en Cajamarca, con la pugna casi permanente entre las comunidades y la empresa Yanacocha.

Aquí el gobierno ha dejado hacer y ha dejado pasar y el conflicto está ahí latente. La contaminación en Cajamarca no tiene nada de ideológico o político- partidario. El desmadre medioambiental es causa de la voracidad de la transnacional de sacar hasta el último gramo de oro antes de dejar estas tierras.

Otra cosa es que la población de Ayabaca no haya seguido el trámite adecuado para su consulta popular, tal como ha denunciado el gobierno y los organismos competentes como el Jurado Nacional de Elecciones.

Pero eso es lo menos. Lo más está en el conflicto mismo que se puede extender por el resto de comunidades afectadas también por la actividad minera y donde el Estado ni garantiza el cuidado del medio ambiente ni sanciona a sus responsables.

Al cierre de esta crónica el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo acusó el guante y junto con el obispo de Chimbote, Luis Bambarén voló a Piura para dialogar con la población y los alcaldes y buscar una salida al conflicto.

Como siempre, el presidente de la República primero menosprecia el tema y hasta lanza adjetivos y su fiel escudero no le queda otra alternativa que apagar el incendio y atemperar los arrebatos ciudadanos.

¿Margarita, está linda la mar?

2007-08-20T09:54:00.000-07:00

Foto: Radio Programas del Perú

Semana de cataclismos: el diferendo marítimo con Chile y, el terremoto que sacudió gran
parte del Perú.

La política internacional y menuda del Perú quedó en el closet por esta semana, a raíz del sismo de 7,9 grados Richter que remeció al país el miércoles 15.

El presidente Alan García y su gabinete ministerial reaccionaron como un resorte a los pocos minutos de producido el terremoto, que ha dejado más de medio millar de muertos, 176 mil damnificados y unas 16 mil viviendas destruidas. Las cifras probablemente aumentarán en la medida que se retiren los escombros, especialmente en Chincha, según estimó el director regional de Operaciones de INDECI, Arístides Mussio.

Las otras ciudades más afectadas, fueron Ica y Pisco y, ante el dolor nacional, el gobierno declaró tres días de duelo nacional.

La acción gubernamental se advirtió a los pocos minutos del cataclismo, con las informaciones preliminares de la desgracia. El jefe del Estado convocó de emergencia a su Consejo de Ministros donde trazaron lineamientos y un plan de crisis que el propio García lo expuso en cadena nacional por televisión.

La misma noche del sismo, salieron hacia la zona de desastre los ministros de Salud, de Vivienda y Construcción y del ministerio de la Mujer.

Al día siguiente, el jueves, como madrugando a otras brigadas, el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, llegó a Pisco con un cargamento de hospitales de campaña, un cuerpo de médicos y otros enseres y medicinas.

En la desgracia, hermanos

La furia de la naturaleza fue la única que permitió un acercamiento entre los gobiernos del Perú y Chile, pues hasta el mismo día 15, el debate áspero y belicista, especialmente en el sur, había ganado grandes titulares en los medios de comunicación mapochinos.

El jueves por la tarde se conoció que la presidenta de Chile, Michael Bachelet se había comunicado con su homólogo de Perú, para expresarle las condolencias del pueblo chileno por el terremoto, que había sacudido gran parte del país.

La reacción del Palacio de La Moneda fue también muy rápida, pero la noticia recién fue confirmada por la propia Bachelet, durante una ceremonia pública realizada a 100 kilómetros al sur de Santiago, donde inauguró una planta de energía solar.

La presidenta aceptó que en los últimos días Perú había estado en el centro de la atención de su país a raíz de la publicación de una nueva cartografía peruana que modifica unilateralmente los límites marítimos con Chile.

Bachelet fue tajante: “creo que la ciudadanía sabe muy bien que mi gobierno, junto a todos los sectores políticos, ha manifestado su firme decisión de defender nuestra soberanía y que se respeten los acuerdos internacionales vigentes que existen en materia limítrofe”.

Cuando la prensa chilena quiso conocer más detalles de las acciones presidenciales en relación al tema, Bachelet reaccionó y les contestó: “Hoy no quiero hablar más del tema. Es un día de dolor para el pueblo peruano y es por eso que me he comunicado con el presidente Alan García para expresarle mi solidaridad”, dijo.

Esta postura chilena bien puede expresarse con el título de la novela del nicaragüense, Sergio Ramírez: “¿Margarita, está linda la mar”?, que es la que mejor expresa la actual coyuntura política internacional y nacional, además del desastre natural que enluta a los peruanos.

Lo de mar, en doble sentido. Tanto por el tema internacional con Chile, como por el episodio cataclísmico que sucedió precisamente frente a las costas de Ica, mar adentro y a 45 kilómetros en las profundidades del Pacífico.

En efecto, el martes 14, un día antes del terremoto, el presidente Alan García ya había echado paños fríos al tema manifestando que el pueblo chileno no tiene nada que temer, pues la acción del Estado Peruano de llevar la controversia hasta el Tribunal de La Haya, es para poner fin al debate sobre este punto que tantos disgustos provoca.

Así como estaban las cosas nada hacía presagiar un rápido acercamiento entre Chile y Perú. Ha sido la desgracia la que ha provocado un acercamiento inusual en términos humanitarios.
Pero, nadie sabe que puede pasar en las siguientes semanas, una vez que pase el dolor y la atención internacional distraiga su interés por otros temas.

Líneas caídas

El desastre en el sur y el temor nacional tras el sismo opacó el gesto duro que tuvo el presidente García en su mensaje nacional del miércoles. Allí fustigó duramente a las empresas privadas de telecomunicaciones pues durante el episodio todas las líneas telefónicas, sobre todo de equipos móviles, quedaron inutilizadas por completo.

Hasta el jueves por la mañana las líneas seguían congestionadas en todo el territorio nacional. Sin embargo, el Internet, incluido el MSN Messenger y el Chat no colapsaron y fueron los únicos medios de comunicación en los minutos que siguieron al terremoto.

Los medios de comunicación, especialmente las radioemisoras y la televisión que tienen programas informativos, se vieron precisados a crear cuentas especiales por correo electrónico en Gmail para recibir mensajes de emergencia.

Tanta ha sido la congestión que el acceso a los teléfonos de las principales instituciones públicas y de emergencia fue imposible.

La respuesta de la empresa Telefónica del Perú, el miércoles en la noche, a través de su vocero de comunicaciones, Carlos Oviedo, no fue suficiente.

El jueves la ministra de Transportes había convocado a todos los representantes de las empresas de telefonía fija y móvil para que expliquen la razones técnicas del desastre comunicacional.

El gobierno tendrá que obligar a las multinacionales a una previsión de emergencia para que en otras circunstancias similares este fenómeno no vuelva a ocurrir jamás.

La caja de Pandora del mensaje presidencial

2007-07-26T15:34:00.000-07:00

A Dios rogando, pero con el mazo de la soberbia dando

Fiestas Patrias en un país que se parece más a la novela del español Arturo Pérez Reverte: “Territorio Comanche”, donde la golpiza o la muerte acecha en una esquina o en una protesta callejera.

Para muchos el mensaje presidencial de 28 de julio constituye una verdadera Caja de Pandora; para otros, será más de lo mismo, conociendo el verbo encendido y efectista del presidente Alan García.

El discurso por Fiestas Patrias será expuesto en el marco de la tensión social que ocupó al régimen en casi gran parte de su primer año de gobierno.

Por el frente interno, el dolor de cabeza del APRA disminuyó con la elección de Luis Gonzáles Posada como nuevo presidente del Congreso de la República, pero a costa de un soterrado amarre con el fujimorismo y un desertor de Unión por el Perú.

La alianza (no pactada) con la bancada fujimorista data desde el inicio del régimen y ha despertado no una sino muchísimas sospechas ciudadanas. De otro lado, por lo menos una decena de upepistas fueron “enamorados” a favor de la candidatura de Gonzáles Posada y fueron prácticamente los que le dieron el triunfo al APRA.

El efecto García

En una carrera contra el tiempo y los fantasmas de su primer gobierno, Alan García ganó las elecciones a un segundo mandato presidencial con el 52.6% de los votos ciudadanos. Le siguió muy cerca, Ollanta Humala, de Unión por el Perú, con el 47.3%.

Estuvo claro que García Pérez ganó en segunda vuelta con el voto prestado de los que apoyaron a Lourdes Flores, de Unidad Nacional, que logró en la primera ronda, el 19.9% vs. 20.4% del APRA.

¿Por qué el gobierno de García llega este 28 de julio tan zarandeado y confundido? ¿Qué pasa con este régimen que prometió mucho y cumple poco?, son las preguntas que ahora le hacen los ciudadanos.

La explicación, dicen los expertos, es que el voto que catapultó a Alan García a Palacio es muy volátil. La gente se inclinó según la conveniencia del momento.

Por eso es que García captó adeptos en el pueblo cuando en la campaña electoral endilgó a Lourdes Flores el sambenito de “candidata de la derecha y de los ricos”.

Hizo otro tanto, para las graderías de la derecha peruana, cuando en la segunda vuelta motejó a Humala como el “candidato del despeñadero y la sinrazón” y lo ubicó en el extremo más radical de la izquierda.

García, por supuesto, ya se había colocado hábilmente en el centro político, desde la primera vuelta. De todo esto, tanto tirios como troyanos han admitido la astucia del líder aprista para ganar las elecciones presidenciales.

Política de terciopelo o de medio pelo

Pero, tras el triunfo como apuntan varios analistas, el gobierno ha seguido un camino errático creyendo que con los resultados macroeconómicos los temas sociales se iban a resolver.

Por ejemplo, Alberto Belaúnde, anota que el régimen de García se caracterizó desde el saque como un “gobierno facilista”.

La primera percepción de ese tipo de manejo comenzó el mismo 28 de julio del 2006 cuando anunció la famosa austeridad y la reducción de los sueldos de los más altos funcionarios del Estado.

Sería interesante conocer ahora- dice Belaúnde- cual ha sido el impacto de las medidas de austeridad y de la reducción de los altos sueldos en el presupuesto general de la República.

El otro tema efectista fue la ley de la pena de muerte a terroristas y violadores de niños. ¿En qué quedó? En eso: en titulares.

Martín Tanaka analiza el tema por el lado de la confianza que se tenía el gobierno en los beneficios del crecimiento económico. La apuesta del APRA, sin duda, era que había que mantener una excelente relación con los capitales privados y contener la oposición política tanto en el Congreso como en las calles, especialmente con la mayoría de gobiernos regionales y municipales, ahora en la oposición.

Desde esa perspectiva se entiende la política del terciopelo que aplicó primero el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, con la firma de una ruma de actas de instalación de mesas de diálogo en casi todos los sectores económicos y diversas regiones en el Perú que clamaban atención del nuevo gobierno.

Desengañados las organizaciones sindicales, populares y hasta empresariales, de dichos “acuerdos”, pasaron a casi una guerra interna contra el gobierno que convirtió su política de terciopelo a una política de “mano dura”, casi fascista, como dirían algunos o a una política de medio pelo, como anotaría el periodista Raúl Vargas.

Paquete represor

En ese contexto y al cumplirse el primer año de gobierno, el Ejecutivo, jaqueado por protestas y marchas callejeras, en vez de buscar consensos aprovechó las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso en abril último y presentó un paquete de once decretos que lo fortalecen en la lucha contra el crimen, pero que también lo enfrentan contra las autoridades regionales y locales.

El decreto ley que más roncha ha sacado es el que modifica el Código Penal, especialmente en el artículo 200, que prohíbe que los funcionarios públicos que desempeñan cargos de confianza o dirección serán inhabilitados si participan en una huelga. La medida apunta a los presidentes regionales, alcaldes y hasta congresistas que apoyan marchas y protestas.

Otro decreto que preocupa es el que declara exentos de responsabilidad penal a policías o miembros de las FF.AA que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber”, en una clara invitación a que usen lógicamente sus armas.

“Se advierte así un gobierno orientado solo a reprimir, para detener la ola de protesta. Nada de diálogo ni consensos”, dicen los opositores del régimen.

Voces más técnicas advierten al gobierno que el crecimiento económico no lleva espontáneamente a la reducción de la pobreza ni de las desigualdades.

Para ilustrar esta aseveración, César Peñaranda, citado por Rospigliosi dice que para entender el círculo vicioso en el que estamos atrapados, las “altas inequidades afectan la dinámica de la reducción de la pobreza”. Es decir cuanto mayor es la desigualdad, más difícil es reducir la pobreza.

Y, esto es lo que parece que el gobierno del APRA soslaya o no entiende, expresan. Se trata en suma de aplicar urgentes políticas de Estado estructurales que reduzcan la exclusión social, las desigualdades e inequidades en el Perú. Esa sería en todo caso la caja de Pandora que la ciudadanía querría escuchar en este mensaje presidencial 2007.

Tras cuernos, palos

2007-07-12T09:16:00.000-07:00

(Publicado el 15 de julio 2007 en el suplemento Dominical del diario La Industria de Chiclayo)

La efervescencia social está en auge y rechina contra la política económica de un régimen que más parece de salida, que de entrada. A ello se suma la decisión de un juez chileno que desestimó la extradición de Fujimori.

Los acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante la semana lindan en lo dramático, tanto en el frente interno como externo.

Por un lado fermenta el descontento social no solo de trabajadores sino también de un grupo de empresarios, especialmente del oriente peruano.

La furia se expresa en huelgas, marchas y jornadas de protesta, episodios callejeros que fueron subiendo de tono en los últimos quince días.

De otro lado tenemos el sorpresivo rechazo del juez chileno Orlando Álvarez a la solicitud peruana de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, conocido el miércoles 11, en pleno desarrollo de la jornada de protesta que convocó la Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP).

El fallo del “tremendo juez” del país mapocho echó más leña al fuego popular, pues coincidió en el momento menos oportuno para el gobierno. La repulsa al régimen aprista se extendió a la clase dirigente chilena y especialmente a la justicia de ese país.

¿Calma chicha?
La tensión social venía aumentando desde la semana pasada y alcanzó su pico más alto el 11, cuando confluyeron todos los gremios en conflicto, tanto en Lima como en el interior del país.

Las demandas son amplias y variadas y van desde los reclamos salariales, en el sector Educación, Salud, Minería y atención al agro nacional, hasta el rechazo de la política económica del régimen aprista y, por supuesto, el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC), que se suscribiría con Estados Unidos y por la defensa de las exoneraciones tributarias en la selva peruana.

En resumen, la Defensoría del Pueblo dio cuenta que existían 75 conflictos sociales en el país. De esta cifra 35 están activos y son los que vienen convulsionando a la nación. Las causas, según la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, serían, entre otras, “la falta de interlocución entre la ciudadanía y el Estado”.

Esta situación ha motivado a la defensora a manifestar que espera que “los conflictos sociales no se convierta en una política de Estado en los próximos cinco años” y aclaró que “la costumbre del gobierno, expresando en los continuos viajes de los ministros a las zonas de conflicto para calmar los ánimos, no es útil. Esta política no va a detener las protestas”, enfatizó Merino.

La estrategia del gobierno giraba inicialmente en las buenas cosas que podía gestionar el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pero, cansados de los incumplimientos a las actas suscritas en los “diálogos”, los gremios decidieron salir a las calles.

Ese era el escenario por lo menos hace dos semanas, hasta que el Jefe de Estado decidió entrar en escena, especialmente a partir del inicio de la huelga general indefinida del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).

Alan García sigue demostrando que es cáustico y letal con el verbo. Pero, también es paradójico. No solo ha lanzado improperios a los maestros- sin distinción alguna- sino también a todos aquellos que han levantado su voz de protesta frente al régimen.

El lunes último les dijo“comechados” a los maestros y “locos, suicidas y picones”, a los dirigentes populares, sindicales y agrarios.

“No les temo a estos grupúsculos de revoltosos”, había expresado unos días antes, pero el mismo lunes 9, ya se había publicado en el diario Oficial El Peruano el decreto supremo 060-2007-PCM que disponía que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional y durante 30 días a “garantizar el funcionamiento de las entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos para el normal desarrollo de las actividades de la población”.

El gobierno se ha cuidado de que durante la intervención de las FF.AA. no hubiera restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, las leyes y en los Tratados Internacional sobre Derechos Humanos, en una suerte de poner el parche, ante los graves conflictos sociales.

Felizmente, ante la protesta de varios sectores por la drástica y contradictoria medida, el miércoles 11 no se vio mucha presencia de los efectivos militares en algunas regiones en conflicto.

En esta especie de “guerra” entre el gobierno y el Sutep, García dio su estocada final el miércoles en la tarde al promulgar la ley de la Carrera Pública Magisterial, luego de que la Junta de Portavoces del Parlamento la exonerara de la segunda votación.

El Sutep, por supuesto, ha rechazado la norma y profetiza que en menos de un año la nueva ley no podrá aplicarse porque el gobierno no la proveerá de los recursos financieros necesarios.

En ese contexto, los empresarios del oriente peruano, a pesar de la tregua pactada con el gobierno, siguen molestos por el recorte de las exoneraciones tributarias.

Pero son los empresarios agrupados en la CONFIEP, los que intentan ser más ponderados. Señalaron, en palabras de su presidente, Jaime Cáceres Sayán, que ellos se mantienen optimistas en relación al futuro de la economía peruana, aunque reconocieron su preocupación por la ola de paros y huelgas en diversas zonas del país.

En ese mismo sentido se pronunciaron los presidentes de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias.
Sea como fuere, la gestión del gobierno aprista en su conjunto ha visto caer sus niveles de aprobación durante la última semana, según las últimas encuestas, especialmente de la Universidad de Lima.

La aprobación al presidente García cayó once puntos, de 52.6 a 41.3% durante el último mes. Similar tendencia sufre la gestión del premier Jorge del Castillo (baja de 41.3 a 38.9%) y la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (de 54.4 a 48.9%).

El fugitivo y la ley
Las reacciones en el país y en el exterior frente a la decisión de la justicia chilena respecto a la extradición del fugitivo ex presidente Fujimori, han recrudecido con mayor virulencia.

El único consuelo que exponen los expertos es que esa postura soberana de Chile no significa de modo alguno una expedición de un certificado de buena conducta del ex dictador peruano, ya que Chile no está juzgando a Fujimori. Solo tramita un pedido de extradición.

Hasta en el propio Japón, muchos sectores creen que sería conveniente que Fujimori mejor se allane a la justicia peruana para “salir de las dudas y limpiar su honorabilidad”, si es que en verdad la tiene.

Ratatouille constitucional

2007-06-25T09:07:00.000-07:00

En los sucesos de El Fiesta más de un comensal quiso emular a Remy, la rata chef

(Publicado en el suplemento Dominical del diario La Industria de Chiclayo, el 24 de junio del 2007)

Comidilla política de la semana
con indigestión de comensales

Nunca antes como ahora un potaje, en lugar de asentarse con un vino o cualquier otro trago, cae bien con política, aunque parezca descabellado.
Después de todo, los grandes y memorables conciliábulos políticos siempre se han cocinado alrededor de un buen plato y una copa con bebida espirituosa. Pero, como también es sabido, muchas veces la comilonga produce indigestión y, si los comensales son políticos o personajes públicos, la primicia periodística está asegurada.

La cola de la rata, o la punta de la historia

Es lo que ocurrió precisamente la semana pasada en el restaurante Fiesta, de Miraflores, en Lima, con el almuerzo que congregó al ex ministro aprista, Agustín Mantilla, su hermano Jorge Luis, Óscar López Meneses, brazo derecho y operador montesinista, Javier Jesús Ríos Castillo, uno de los 17 candidatos elegidos por el Congreso para integrar una terna del Tribunal Constitucional, y dos militares en actividad.

La publicación de las fotos que hizo Caretas el jueves 14 de la divina comida se convirtió, en menos de 24 horas, en horrible dispepsia (empacho), que afectó primero a Ríos y, luego, a los dos militares en actividad.

Fue más que un revoltijo estomacal. Sus efectos remecieron la política nacional y las reacciones, aún cuando no departieron de la mesa, alcanzaron institucionalmente al Congreso de la República y al Gobierno.
Ríos Castillo, el candidato al Tribunal Constitucional, fue renuente a renunciar por dignidad, hasta que la presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas anunció- muy a su pesar- la anulación de la elección de Ríos al TC que horas antes el Pleno había sancionado.

En las siguientes horas, el general EP Roberto Vértiz Cabrejos, quien ocupaba la Jefatura del Comando de Educación y Doctrina del Ejército y el general EP Germán Cuadra, quien actuaba como su secretario, fueron relevados de sus cargos por el ministro de Defensa Alan Warner y puestos a disposición de la Inspectoría General del Ejército para que los investiguen.

En este caso el Ejecutivo actúo rápido luego del escándalo político, pero, lo que no sabe es que tan drástico será con estos dos militares golosos.
Daniel Santoro, el periodista argentino del diario Clarín, de quien hemos prestado el subtítulo, dice que el drama de los periodistas consiste en encontrar la cola de la rata, es decir, la primera pista, la punta de la historia.

El ampay del Fiesta se convirtió así en la cola de la rata que ha motivado escribir, decir y mostrar, durante toda la semana una historia salpicada de escasa transparencia política y ausencia de entereza democrática de varios operadores políticos del Congreso y del gobierno.

Y, el tema, cae como anillo al dedo para vincularlo con la historia de Ratatouille, la última versión animada de Disney Picture y la productora Pixar, que entrenaron precisamente este jueves 21, en Australia y Chile.

Ratatouille es la historia de ratas y ratones, esos seres pequeños y divertidos, cuyo personaje central es Remy, una rata que sueña con convertirse en un gran chef francés, a pesar de la oposición de su familia y del problema que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores.

Los productores mediáticos en realidad prestaron el nombre de la comida francesa. El ratatouille, es parte de la gastronomía gala. Es, de hecho, un plato delicioso de berenjenas, cebolla, pimiento, tomate y ajo. El inicio roedor de la película de Pixar es un detalle idiomático, igual de delicioso, en términos de recaudación.

Idéntico de sabroso es emplear el término para la historia política de la semana, donde más de un Remy peruano se quiso graduar de chef en el Fiesta.

Se busca cuatro justos

Tras rechazar la propuesta de anular todo el proceso que condujo a la elección de los 17 postulantes iniciales para el Tribunal Constitucional, el Pleno del Congreso, dejó sin efecto la elección de los cuatro nuevos magistrados del T.C. que había aprobado la semana pasada, entre los cuales figuraba el zarandeado Ríos Castillo, quien se vio obligado a renunciar a la terna.

Ahora, los cuatro nuevos integrantes serán elegidos el próximo miércoles 27, en forma individual, teniendo en cuenta como base el puntaje ponderado alcanzado por los aspirantes, entre cuyos primeros puestos no figuraba Ríos.

Aurelio Pastor (APRA), presidente de la Comisión Especial que se encargó de evaluar y seleccionar a los candidatos al TC ya entregó el ranking de cada uno de ellos y, de paso, se ha salvado de ser defenestrado de este encargo. Los primeros puestos son ocupados por Ricardo Beaumont, Carlos Ramos, Ernesto Blume y Gerardo Eto Cruz.

Pastor y Mercedes Cabanillas, su compañera de partido, fueron directamente involucrados en este caso del Ratatouille político, cuyo olor se expandió desde el Fiestas hasta el Congreso.
Quien cayó primero por el olor fue José Cevasco, el Oficial Mayor del Congreso y hombre de confianza de Cabanillas.

Esos vínculos, los antecedentes, la familiaridad y las relaciones de la presidenta del Congreso y de sus asistentes, es lo preocupante, según expresaron en casi todos los tonos y medios, expertos y neófitos en el tema.

La evaluación y elección, por ello, de los nuevos magistrados del TC impone una decisión justa, democrática, transparente e imparcial. Y, ello sí resulta bastante difícil para las conductas terrenales de nuestros congresistas.

Si esta vez comenten torpezas, se necesitará de la justicia divina, pues, aplicar la justicia terrenal ya no es posible. Como saben los juristas, en Grecia, la única justicia aplicada y conocida para tamañas culpas- como en el caso de los personajes de esta crónica- era el rodamiento de cabezas.

Ningún fuero ni partido político protegía a ladrones, delincuentes o bribones, ni de la plebe, menos de cuello y corbata.

“¡Alan, escucha…!”

2007-06-19T18:42:00.000-07:00

Crónica de marchas…y contramarchas: las de maestros universitarios y del gobierno aprista que cree que invertir en Educación no es rentable para sus propósitos políticos.

“¡Pásame la U!”, grita a todo pulmón un docente en medio del griterío.
“¡UUUUUU…! responde una fila de colegas que se han unido a la protesta, en esta mañana friolenta. Más parece una marcha en contra de la contaminación ambiental, que el airado reclamo político, legal y salarial de los catedráticos de la Universidad Nacional de Trujillo.

No es sin duda la Gran Marcha, como en la China de Mao. Es, más bien, una marcha un poco desordenada, rala y deficitaria de apoyo. Pero, aún así, a fuerza de gritos, aplausos y lemas, los docentes de la UNT, comenzaron hace ocho días su huelga general indefinida.

Poco importa que el gobierno o los medios no se interesen por el tema. Al fin y al cabo, los docentes de la UNT están cuajados en mil y un combates y sólo esperan que su lucha se imponga, por la fuerza de la ley o por la del espíritu luchador de los maestros del Perú.

La rutina, desde que el 12 de junio se iniciara la medida, es sencilla: coge uno su banderola, se aprende su lema y se blinda de coraje antes de salir por las calles, por justos reclamos, por rabia, por impaciencia…por amor propio.

En el desfile de pancartas, banderolas y pitos los docentes aprovechan la ocasión para el humor negro. Como quien dice, para armarse de valor.
- Allí viene el combativo colega Acevedo, dice un maestro. Todos miran al profesor que se incorpora al grupo. Otro docente se lleva la mano a la boca y completa el chiste.
- Si pues, “combativo” de combate. Siempre está presente en las “comilongas”. Todos festejan la ocurrencia y el colega abucheado se pone a la orden y marcha cabeza agacha.

Los transeúntes miran a los docentes como bichos raros. ¿Qué piden…? le pregunta uno a otro que está a su lado. Había escuchado el lema: “¡Homologación, ahora!”, pero no entendía que significaba el término. El interrogado, inmediatamente le contesta sin problemas: ¡están pidiendo aumento de sueldos los sinvergüenzas..!

Más allá otros vecinos aplauden y dan vítores a los maestros, en una suerte de equilibrio en la percepción de la gente en torno a la bullanguera marcha docente.

Al llegar, frente al local de la ex Prefectura, en la plaza de armas, los gritos suben de decibeles y la voz del profesor Hervando se escucha potente: “¡Alan mentiroso, cumple con la ley!, ¡Alan, mentiroso, cumple con la ley!”, “Alan Escucha, esto no es apoyo…esto es repudiooooo!”.

Apenas termina de decir repudioooo, se escucha una sarta de matracas, palmas y pitazos, como queriendo festejar la protesta verbal.

Aquélla es la Casa de Gobierno, donde el presidente García dicen que despachará una semana, que no se sabe cual, ni de que año.

Hasta el alcalde César Acuña le anda sacando cachita, cada vez que puede: ya pues, Alan, decídete y date una vuelta por Trujillo, para recibirte como se debe, parece decirle el burgomaestre.

Con tantas marchas frente al local presidencial, nuestro primer Mandatario no le ha quedado otra que aplazar su visita, hasta las calendas griegas o hasta que se acabe la botella de aceite. De cualquier modo, el aceite, el arroz y el azúcar, amén de la leche, no son productos inacabables. Se agotan. Y, pronto.

La marcha de esta mañana termina sin pena, ni gloria. En fila india los maestros se pierden por el jirón Pizarro, en una especie de rito popular que estupefactos, o quien sabe ya acostumbrados policías, solo atinan a observar…por ahora.

No hubo desmanes. Por lo mismo, tampoco acción policial. No se produjeron enfrentamientos. Por tanto, ni muertos, ni heridos. Todo normal.

Los docentes universitarios ocupan ahora, junto con los maestros del Sutep, el último escalón, en la agenda de prioridades del gobierno aprista.

Pareciera- o quizá es una total verdad- que la educación regular y la universitaria les importara un bledo. Ni que decir de la dignidad de los maestros: no hay adjetivo calificativo que soporte tan grande arrogancia gubernamental.

Combos políticos

2007-06-19T11:21:00.000-07:00

De las calles su bulla: un menú social que huele muy mal, en casi todas las regiones del país.

Combo, es una palabreja proveniente de la jerga popular peruana para referirse al menú, a la comida del día. Algunos le dan un matiz bélico: combate, le dicen.
Por eso, “vamos a combear, implica vamos a “guerrear” con el plato de lentejas, el tacu tacu, los tallarines o el cevichito.

El término probablemente tenga su origen en el habla delincuencial. Pero, eso no importa, pues, de su génesis se encargan los lingüistas y otros versados. Y, cuando queremos salir del apuro, hasta en “diccionarios” de jergas peruanas la encontramos.

Pero no es mi intención, repasar ni jerga ni comida, sino emplear dicha palabra en este sancochado político en el que se ha convertido, durante las últimas semanas, la puja entre los diversos gremios de trabajadores y el gobierno aprista.

Combo I

Este combo, de sabor amazónico le provocó indigestión al régimen, hace dos semanas. Más de cinco mil ciudadanos, de toda condición, ganaron las polvorientas calles de Iquitos, Yurimaguas y Madre de Dios, enardecidos por la eliminación de las exoneraciones tributarias de la amazonía, que –según el MEF- le representa al gobierno la friolera de 926 millones de soles, en promedio y, a los pueblos selváticos – en versión de los empresarios charapas- una “pedrada en ojo tuerto”.

No era para menos. Dichos beneficios, otorgados por la Ley Nº 27037, estuvieron vigentes en las regiones de la Amazonía desde fines del año 1998. Es decir, casi ocho años.
Eliminarlos de un plumazo, como efectivamente sucedió, a pesar de las forzadas explicaciones del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, era equivalente a tomarse un trago de uvachao, bien maceradito, que, cuando uno lo traga no sólo raspa el cogote sino entona de inmediato.

Más o menos eso fue lo que provocó en los pueblos de la selva los ahora famosos decretos leyes 977 y 978, producidos inconsultamente por los tecnócratas del ministerio de Economía y Finanzas. Los dispositivos legales actuaron como detonantes.

Evidentemente, el combo I, con sabor a un juane descompuesto, no le cayó nada gracioso al régimen que trata ahora de dorar la píldora mejorando los ingredientes del menú.

Como dice Eduardo Cruzado, integrante del grupo Propuesta Ciudadana, el gobierno, en lugar de dialogar con los ciudadanos sobre su propuesta, lo ha impuesto de la manera más burda, tildando- de paso- al pueblo amazónico de una sarta de traficantes y contrabandistas.

Este achoramiento oficial enervó los ánimos del pueblo amazónico. El gobierno no sólo actuó con oídos sordos sino hasta con soberbia.

Combo II

El combo II comienza a fermentar. No es para menos. Se trata de un sancochado amplio y variado. En el plato servido desde el 12 de junio hay desde un arroz con pato norteño, un juane selvático, un tacu tacu limeño, rocoto relleno arequipeño y hasta papa a la huancaína, del centro del Perú.

Cada potaje representa las zonas geográficas de las 33 universidades nacionales, que desde hace unos ocho días han reiniciado una huelga general indefinida que no se sabe cuando concluirá.

Los maestros universitarios ya marcharon en Lima la semana pasada. Este jueves 21 han programado en la Capital una segunda jornada, donde confluirán delegaciones de las universidades públicas de todo el Perú.

La demanda principal es el cumplimiento del programa de homologación de las remuneraciones de los docentes universitarios, con la de los magistrados del Poder Judicial, que los maestros vienen pidiendo desde hace 24 años. ¡Casi un cuarto de siglo de peticiones, luchas y movilizaciones!

Fue durante el mandato del ex presidente Alejandro Toledo cuando se expidió la ley 20603 que reconoce la plena vigencia del art. 53º de la ley 23733, Ley Universitaria dictada durante el gobierno del ex presidente Fernando Belaúnde Ferry.

Casi al finalizar el régimen toledista, y tras una prolongada huelga de docentes, el gobierno dispuso en el 2005 la elaboración de un programa de homologación (decreto Supremo 121-EF) y ese mismo año se aprobó la propuesta mediante Decreto de Urgencia 033.

Con la asignación del 20% durante el 2006 y la previsión de otro 35% para el año 2007, el programa de homologación quedó entonces oleado y sacramentado.

Pero, el gobierno aprista, escudándose en su “política de austeridad”, ha pretendido “tirar cabeza”, es decir se estaba haciendo “el sueco”. Dictaminó así una serie de decretos de urgencia que suspenden los programas de indexación y homologación de los funcionarios (los Altos Funcionarios) del Estado.

Lo chistoso es que entre este “altos funcionarios”, han incluido a los pobres docentes universitarios.

Manuel Burga, ex rector de la universidad Mayor de San Marcos y presidente del Instituto de Estudios sobre la Universidad (INESU), dijo recientemente que la meta del programa de homologación era llegar al 100% en el 2008. Eso se ha detenido. Estamos terminando junio del 2007 y ha pasado un año sin que se cumplan las metas.

¿Qué significa esa homologación?, se preguntó Burga: significa que un profesor auxiliar al año 2008 iba a tener un sueldo básico de un magistrado superior: 2000 nuevos soles. Un profesor asociado iba a ganar 3100, y un profesor principal 5600, que es el 80% de la remuneración básica de un magistrado supremo. Eso el gobierno del APRA lo ha detenido porque no tiene ningún interés en la educación pública universitaria, explicó.

El problema de las universidades peruanas no sólo se centra en las magras remuneraciones de los docentes que hasta para compararnos con los países vecinos a un maestro se le cae la cara de pura vergüenza.

Un profesor universitario colombiano gana el equivalente a dos mil dólares mensuales, uno de Brasil, un poco más de cinco mil y cerca de cuatro mil dólares otro de Chile. ¡Un catedrático en el Perú, recibe un promedio de 400 dólares al mes!

Pero, no hay que salir del Perú para las odiosas comparaciones: convertidos los 400 dólares promedio en moneda nacional, el sueldo de 1,300 soles mensuales resulta una migaja frente a los dos mil quinientos soles que gana un barredor de Essalud, los cinco mil de un portapliegos de Palacio de Gobierno y los 25 mil soles de un congresista.

Terrible desigualdad que se extiende dramáticamente al magisterio nacional y que refuerza, con mucha pena y rabia a la vez, la percepción ciudadana de que al gobierno del APRA le interesa un comino la educación en el país.

Este es el combo que el régimen no digiere y al parecer tampoco lo hará.