viernes, 21 de diciembre de 2007

El sueldo ético de la docencia universitaria

Docentes universitarios de la UNT-Trujillo, en huelga de hambre en una carpa en la plaza de armas.

Se nota cansancio, consternación y rabia, pero ante todo, el firme propósito de salvar su dignidad ante la rémora burocrática del régimen aprista que viene empleando durante todo el año mil argucias frente a las demandas de más de 20 mil docentes de las treinta universidades públicas del país.

Esta huelga nacional indefinida que se ha prolongado por más de dos meses, ha desembocado- como era previsible- en una masiva huelga de hambre, iniciada desde el miércoles último en ocho bases de la Federación Regional de Docentes Universitarios-FERDUNORTE, como una postura de sacrificio físico, pero sobre todo de una exposición moral del régimen, frente a un tema que constitucionalmente, legalmente y financieramente está zanjado desde hace tiempo.

SIMILAR ESCENARIO

Algo similar ocurrió durante el mes de julio del 2006 durante el gobierno de Alejandro Toledo, que felizmente reconoció entonces las justas peticiones de los docentes universitarios y dispuso el inicio del proceso de homologación de sueldos con los de los magistrados del Poder Judicial.

Pero, llegar a ese logro costó a los maestros de las universidades del Estado una lucha de 23 años, para que se comience a cumplir el artículo 53 de la Ley Universitaria 23733.

Se pensaba que el nuevo gobierno de Alan García respetaría durante el 2007 el proceso de homologación, pero no fue así.
A lo largo del 2007 los maestros tuvieron que tocar las puertas del Ejecutivo y del Congreso hasta lograr la dación de la Ley Nº 29035 (junio) y Ley Nº 29070 (julio), refrendados con dos Decretos Supremos que transfieren a las universidades los 71 millones de soles para cancelar el segundo tramo (35%) de la homologación, desde junio del 2007.
A LAS PATADAS

El gobierno demoró casi seis meses para atender recién los reclamos de los maestros universitarios, desconociendo con ello los haberes por homologación de los primeros cinco meses (enero- mayo del 2007). Esta fue la primera patada del gobierno a la docencia universitaria.

La segunda fue la famosa declaración del presidente García en noviembre de este año cuando anunció la solución al problema, pero condicionándola a la “evaluación docente”, siguiendo casi exactamente la estrategia utilizada por el gobierno con los maestros del SUTEP. El problema es que ya termina diciembre y la declaración presidencial se ha devaluado.

Y, para coronar con cereza al pastel, cuando el Congreso de la República había promulgado el 15 de noviembre último la Ley Nº 29137 (una vez más otra ley sobre lo mismo) disponiendo el pago de homologación de los docentes desde junio del presente año, un burócrata del ministerio de Economía y Finanzas le enmienda la plana ¡al propio Congreso! y manda que se cancele la homologación, no desde junio sino desde el 1º de diciembre.

Esta provocación enervó a los docentes y esa es la razón por la cual la huelga no se ha levantado sino que, por el contrario, se ha radicalizado.

Tan expuesto está el gobierno en el tema de la homologación docente universitaria que los operadores políticos del Partido Aprista en el Congreso no les ha quedado otra cosa que tratar de enderezar los entuertos.

Las demandas de los docentes universitarios no es por mayores sueldos sin trabajar, sino un sueldo ético que le permita vivir con dignidad. Está de por medio igualmente el cumplimiento de la ley y de la Constitución que dispone el 6% del PBI a la educación en el país.

Por ahora los parlamentarios de otras tiendas políticas han hecho causa común porque se han dado cuenta que el caso de la homologación docente se estaría prestando para una burla del gobierno.

Así, el miércoles 19 una moción del congresista Oswaldo Luizar Obregón presentada a la Comisión Permanente, trata de corregir la Ley 29137 y precisa las fechas del pago a los docentes universitarios en el periodo del 01 de junio al 28 de noviembre.
La Comisión Permanente ya la dispensó de trámite y lo aprobó sin dilación y el viernes 21 en la tarde firmó la autógrafa enviándola así para la firma y promulgación del Ejecutivo.

Se espera que en las próximas horas gobierno disponga su aplicación a través del MEF.

Mientras ello no ocurra, los docentes de todo el país continuarán en su justo reclamo y han anunciado que de ser preciso masificarán aún más el número de huelguistas de hambre para lo cual levantarán un mayor número de carpas en las plazas públicas de todo el país.

Ven a Palacio esta navidad

Foto: Radio Programas del Peru
El tole tole político, los cambios ministeriales, y las urgencias sociales del gobierno ad portas de las fiestas navideñas.



11.13 am del jueves 20 y en Palacio de Gobierno el presidente Alan García ensayaba un breve discurso de complacencia de su régimen y del primer gabinete que lo acompañó durante 18 meses.

Fue, además un discurso que por lo menos para las tribunas echaba paños fríos al tole tole político que 48 horas antes lo había provocado nada menos que su propio jefe de Gabinete Jorge del Castillo, quien lo miraba de reojo con cara de culpable, pero no se sabe si de conciente arrepentimiento.

“Este es un gobierno que se ha propuesto redistribuir lo que se logre del crecimiento económico sin pedir carné partidario. Trabajamos y beneficiaremos a todos sin ver de que grupos sociales son y seremos neutros en dicha política mientras esté yo al frente del gobierno”, comenzó su discurso mientras los ministros asistentes se codeaban unos a otros.

Quince minutos después inició el rito de rigor de aceptar la renuncia de cinco ministros de Estado y la incorporación del mismo número, con la juramentación frente a la cruz y la Biblia.

Alan García se animó a un recambio parcial de su gabinete, como corolario de la batahola política provocada durante la semana, nada menos que por su Premier y fiel escudero, Jorge del Castillo.

Las infelices declaraciones del presidente del Consejo de Ministros el domingo último en un acto público en Lurín, fue casi como un tiro en el propio pié del gobierno, que de inmediato el propio Jefe del Estado trató de atribuirle a un “desliz de mala comunicación” de su compañero de partido.

¿Qué había dicho Del Castillo?: que en adelante sus bastiones apristas tendrían la prioridad en la asignación del gasto social que administra el gobierno.

El mensaje inoportuno cayó como chicharrón de cebo a los propios dirigentes apristas y la prueba sectaria que necesitaban los enemigos del gobierno aprista.

Lo que sigue es una historia de reuniones palaciegas nada dramáticas sino de humor y contraste que terminó con la ratificación de Del Castillo, el martes al mediodía, y la decisión de las movidas ministeriales que comenzó a cocinarse en Palacio de Gobierno y que culminaron el jueves antes del mediodía, con la juramentación del nuevo gabinete.

Hubo algunos cambios de rostros y enroques que en nada modifican las líneas de política económica del régimen.

Lo que si se advirtieron fueron algunas novedades. Una de ellas fue el ingreso de Antero Flores Aáoz, actual embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cartera de Defensa en reemplazo de Allan Wagner. Este, a su vez, irá a la Corte Internacional de la Haya para asumir la defensa del Perú en la demanda a Chile por la delimitación marítima.

Otro hecho remarcado por muchos analistas es la incorporación de Rosario Fernández como ministra de Justicia, en reemplazo de María Zavala. Si bien, la entrante- dicen los voceros apristas- es una destacada profesional, su pasivo es que ha sido la abogada del empresario televisivo Ernesto Schutz, hijo, heredero de la televisora que vendió su línea editorial por torres de dólares al fujimontesinismo.

La otra novedad es el ingreso del abogado laboralista independiente Mario Pasco Cosmópolis en la cartera de Trabajo, en lugar de Susana Pinilla, quien va al ministerio de la Mujer y Promoción Social.

Llamó también la atención la designación de Hernán Garrido Lecca, quien se desempeñaba en el ministerio de Vivienda y Construcción y que ahora va a Salud, en reemplazo de Carlos Vallejo.

Entra a Vivienda y Construcción Enrique Cornejo, quien fuera el primer secretario general de Palacio de Gobierno durante el primer gobierno aprista.

Para gran parte de los entendidos no fue una sorpresa, pero si deploraron, por ejemplo, que en esta renovación del gabinete no se haya incluido al ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien tiene exhibe menos pergaminos ministeriales que Allan Wagner.

Lo que pasa es que LAC es un referente del APRA y eso es lo que pesó finalmente en los conciliábulos en la Casa de Pizarro.

Los expertos en análisis de la política nacional no ven auspicioso solo el cambio de caras en el gabinete ministerial dado que las políticas económicas y sociales del gobierno permanecen en el statu quo. Y ese es el problema de fondo del régimen aprista.

El sociólogo Sinesio López, dijo por ejemplo que los pobres exigen cambios del modelo de exclusión del Estado y parece que el gobierno del APRA no está dispuesto a cumplir.
José Vega de Unión por el Perú tildó de cambio “cosmético” la renovación ministerial, pues no implica un cambio del modelo económico neoliberal.

Para Carlos Raffo del Movimiento Fujimorista, “estos cambios no sirven de mucho porque la imagen del capitán del equipo (Jorge del Castillo) está deteriorado y eso será un lastre para todo el gabinete”.

El gasto social

Ya lo ha deslizado el presidente García en la juramentación de ministros. El énfasis de este nuevo gabinete está en dinamizar la política del gasto social. Tiene explicación entonces la designación de Susana Pinilla en el ministerio de la Mujer y Promoción Social, quien se nota más operativa que su antecesora.

Después de todo, tal como se conoce en los últimos 10 años el gasto social en el Perú sumó US $38,000 pero ha favorecido a las regiones con más ingresos y los resultados no fueron buenos: duplicidad de beneficiarios, filtración alta de no pobres, entre otros aspectos.

Nada garantiza que el programa Crecer del gobierno del APRA disminuya la pobreza ostensiblemente si es que no cambian las políticas del empleo y de la reactivación del aparato productivo nacional.

De manera que aquí estará el reto en la coyuntura inmediata que le espera al gabinete remozado. Esa será por ahora la preocupación del gobierno en medio de un ambiente navideño ganado por el consumismo, producto del boom de los megaplazas y los megaretail.















sábado, 8 de diciembre de 2007

¿País justo y próspero?

Foto: K. Thorsen en http://www.shutterstock.com/pic-1319621-india-poverty.html


El TLC con EE.UU y el debate del CADE sobre nuestro futuro pone en agenda ahora más que nunca el tema de la pobreza y como reducirla aceleradamente.



El Tratado de Libre Comercio-TLC entre Estados Unidos y Perú, ratificado por el Senado americano a inicio de semana y los debates de la 45º Conferencia Anual de Ejecutivos-CADE, 2007 que concluyó el sábado 1º de diciembre, constituyen dos grandes temas que se cruzan pero que también provocan divergencias en el país.

Pese a ello, el gabinete en su última sesión del jueves ha creado una Comisión multisectorial para supervisar la implementación del TLC.

El grupo de trabajo está integrado por los titulares de los ministerios de la Producción, Transportes y Comunicaciones, comercio Exterior y Turismo, Agricultura, Economía y Finanzas, Deberán sumarse a ellos Indecopi, Sunat, Osiptel, entre otros. Tendrán como tarea destrabar la maraña de normas que impedirían el proceso de aplicación del TLC.

Lo curioso es que casi todas las instituciones comprometidas son a su vez integrantes del Consejo Nacional de la Competitividad, que poco o nada ha avanzado en esta materia, a pesar de que ya se conocía que la ratificación del TLC con Estados Unidos era ya inminente, tras largos 43 meses en que ambos países firmaran el acuerdo, durante el periodo del ex presidente Alejandro Toledo.

Justicia y prosperidad

La noticia de que el Senado americano aprobaría el acuerdo comercial con Perú se conoció precisamente en el último día del CADE de Trujillo, donde los empresarios peruanos discurseaban sobre el tema “Todo lo que nos falta para ser un país justo y próspero”.

Y, es aquí donde el tema de la justicia, la prosperidad, inclusión social, la lucha contra la pobreza, la identidad y autoestima, categorías conceptuales incorporadas al debate del CADE, son ahora reinterpretadas por empresarios, trabajadores y analistas, luego de conocerse la votación del Senado USA a favor del acuerdo comercial con nuestro país.

Por supuesto, un sector de empresarios, desde el CADE saludó la ratificación del TLC. En cambio otros, especialmente vinculados al CONVEAGRO han propuesto desde el año 2004 una Plataforma Agraria en Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano, ante las grandes diferencias entre el agro peruano y el norteamericano.

David vs Goliat


Los críticos del TLC manifiestan que los Estados Unidos buscan siempre un trato igualitario en estos acuerdos comerciales y no reconocen las profundas diferencias con los países de América Latina.

Solo para ilustrar a grandes rasgos el problema hay que tener en cuenta los siguientes indicadores: la población de EE.UU. es 11 veces la población del Perú. El Producto Bruto Interno per cápita es 7 veces al nuestro y su presupuesto público es 126 veces al de Perú.
Según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología. RICYT, la inversión anual en Investigación y Desarrollo por habitante durante el año 2002 fue en Perú de solo US$ 2.17 dólares, mientras que el coloso del norte fue de US$ 989.4 dólares por habitante, es decir 455 veces más.

Ni que decir de las exportaciones. EE.UU. exporta 80 veces más que Perú (en US$ 715 billones vs US$ 9 billones) y en importaciones la brecha es sideral (US$ 1,260 billones vs US$ 8 billones).

¿Qué pasa con Chile?

La desigualdad comercial con Estados Unidos siempre estará presente, si no veamos el análisis que resumió en un documento de trabajo la Comunidad Andina el año 2003 al Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Chile, nuestro vecino.

Chile concluyó el 2002 negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero también ese año lo hizo con Europa y Corea.

Según el gobierno chileno el TLCCE le permitiría consolidar y ampliar el acceso de sus productos a las principales economías internacionales, diversificar las exportaciones y contar con reglas de juego claras y, de este modo, la productividad de las empresas chilenas se vería incrementada al facilitar la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios.

Sin embargo fueron claros en las importantes desventajas o “sacrificios”, como eufemísticamente le llamaron y que ahora soportan. Entre ellos: el no contemplar tratamientos diferenciales para Chile, como país en desarrollo, el esfuerzo de eliminación del impuesto de lujo para automóviles, la limitación en el uso de regímenes aduaneros especiales, tales como la exención o la remisión de impuestos de importación de bienes no originarios utilizados en la producción de bienes de exportación, entre otros agudos puntos.

¿El TLC reduce la pobreza?

La pregunta, como apuntaba Pedro Francke, analista de la Universidad Católica del Perú, es si ¿el TLC con Estados Unidos reducirá la pobreza en el Perú? y ¿si esta será la mejor que otras alternativas de integración comercial?

Y, ese es precisamente el problema actual de discusión y que los empresarios del CADE tibiamente trataron de poner en la agenda de su Conferencia anual de Trujillo.

Claro está es la primera vez que lo abordan oficialmente, pues no les quedaba otra cosa, ad portas de la ratificación del TLC por el Senado norteamericano y las observaciones que hizo la representación congresal demócrata que pugnó por incluir en el acuerdo artículos referidos a la protección del medio ambiente y de las condiciones laborales.

Los temas de fondo de este TLC con Estados Unidos son a tenor de Francke los siguientes: a) Exportaciones y empleo, b) Precios agropecuarios, c) Medicamentos y salud, d) Presupuesto y gasto público. En un análisis de todos estos puntos, el Perú no sale bien parado. Todo lo contrario.

Francke profetiza: “Cualquier acuerdo comercial, favorecerá o no a un país y a la reducción de su pobreza dependiendo, en primer lugar, de las condiciones del mismo. Bajo las condiciones que parecen prevalecer en los acuerdos TLC firmados con Estados Unidos con otros países y las posiciones que hasta la fecha mantiene el país del norte, no es seguro que el TLC reduzca la pobreza. Es más bien probable lo contrario”.
Por su parte los empresarios alrededor de la CONFIEP expresaron su alegría por el TLC e instaron a los opositores del acuerdo a “no tener los ojos vendados” y sumarse al proceso de modernización del país y pidieron al Ejecutivo y al Congreso a apretar el acelerador e iniciar en breve el proceso de adecuación legal y de infraestructura.

El camino será largo y tortuoso, pero de cualquier modo será mejor que el Perú tenga su propio proyecto de desarrollo y no se agudice más la brecha de los excluidos y de pobres y ricos.

viernes, 16 de noviembre de 2007

Guerra avisada

"Como el dia era la noche": autor:dibujo de Edilberto Jiménez.


Subversión y narcotráfico: un cóctel mortal que si el Estado no enfrenta con políticas sociales y legales claras y profundas, fragmentará más al país.



Hay un notorio y preocupante avance sedicioso en la zona sur oriental del país desde finales del año 2006 que el gobierno del APRA parece haberse distraído, interesado por supuesto en estos 16 meses de gestión en cumplir parte de sus promesas electorales y quizá en poner orden administrativo y logístico en la cartera del Ministerio del Interior.

Los dos últimos ataques a policías en un intervalo de quince días, ha crispado no sólo los nervios del gobierno sino de las comunidades en Huancavelica y Apurímac, que se sienten más desprotegidas que nunca.

En uno y otro caso la táctica de enfrentamiento empleada ha sido diferente. El 1º de noviembre fue atacada frontalmente la comisaría de Ocobamba (provincia de Chincheros, Apurímac). El martes 13 una patrulla policial fue emboscada en Huachocolpa (Pampas de Tayacaja, en Huancavelica).

El resultado en ambos episodios sangrientos ha sido cinco policías muertos e igual número de heridos y, por parte de los sediciosos, tres abatidos en combate, según fuentes militares.
Sin embargo, los familiares de dos supuestos terroristas han denunciado en Huancavelica que sus parientes son ajenos a las imputaciones que ha hecho la policía.

¿Narcos o terrucos?

Lo servicios de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía no se ponen de acuerdo hasta ahora en el origen faccioso de los grupos armados. El Ministerio de Defensa ha calificado de “delincuentes terroristas”al grupo que emboscó a la patrulla policial en Huachocolpa. En tanto que el ministro del Interior, Luis Alva Castro en su viaje realizado a la comisaría de Ocobamba aseguraba que el ataque fue realizado por “narcoterroristas”.

Sean unos u otros, se piensa ya en una alianza mortal entre columnas dispersas de Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico que tratan de controlar los accesos del Valle de los ríos Apurímac y Ene- VRAE, zonas de alto tránsito de pasta básica, el insumo principal que sale hacia los laboratorios que luego es transformada en clorhidrato de cocaína.

Aún cuando la zona está declarada en emergencia y controlada por las Fuerzas Armadas desde enero del presente año, el accionar tanto de supuestas columnas de Sendero como de sicarios del narcotráfico no ha sido neutralizado, menos reducido.

Cronología

La prensa nacional ya ha informado que en abril, junio y agosto de este año se produjeron ataques en Corah, en Santa Lucía, también en Tocache, donde asesinaron a tres policías y al fiscal Arturo Campos, y un incursión en el centro minero de Doe Run, donde murió un policía.

En diciembre del 2006 fue emboscada una patrulla policial en el VRAE donde murieron cinco policías y tres empleados de la empresa ENACO.

Un poco más atrás, a fines del año 2005 dos feroces ataques terroristas terminaron, uno por el VRAE y el otro en Aucayacu (Huanuco), con la vida de trece policías en total, en una arremetida sangrienta que impactó en la colectividad nacional.

Nada claro



No se conoce hasta ahora con claridad cual es la política antisubversiva y antinarcóticos del gobierno, salvo algunos anuncios efectistas hechos hace dos meses, especialmente en el control de activos por lavado de dinero.

Pero ante la escalada de violencia senderista que se va extendiendo poco a poco y que el gobierno no quiere reconocer y, de otro lado, la violencia social, desatada por la desatención del Estado a los reclamos- la mayoría de ellos justos- de los trabajadores, municipios, gobiernos regionales, y otros gremios de la producción, el Ejecutivo se encuentra prácticamente en un dilema de urgente solución.

Lo único que se conoce del gobierno aprista en esta materia es la contradicción en que cayó durante su primer gobierno. Cuando en 1985 García accedió al poder anunció solemnemente en el Congreso que “no combatiría la barbarie con la barbarie”. Los hechos demostraron posteriormente que en ese empeño fracasó. Ahí están como episodios irrefutables, leguleyadas aparte, las masacres de campesinos en Accomarca y Pucayacu (Ayacucho), la matanza de los penales (Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara), Cayara (Ayacucho) y otros casos más.

En un informe publicado en 1990 el Instituto de Defensa Legal mencionaba que “durante los cinco años del gobierno de García la acción contra el país por parte de los grupos subversivos creció en intensidad […] La estrategia antisubversiva con que se enfrentó el problema fue, a la luz de los resultados, claramente ineficaz e incluso contraproducente. El permanente recurso de la violación a los derechos humanos y de la impunidad fue uno de los ingredientes fundamentales que explican ese fracaso”.

Fragmentación

Sin embargo, después de 1990 y durante todo el periodo de Fujimori, etapa en la cual la política antisubversiva frenó las acciones sediciosas, la brecha de “fragmentación de la vida social”, como la llamaron Max Hernández y Francisco Sagasti se amplió y complicó más.

En suma- decía ya en un estudio del año 2000, la institución Agenda Perú- que “la prédica terrorista siempre va a encontrar un terreno fértil en la pobreza y el abandono en que han vivido y viven muchos peruanos. La exclusión y la injusticia fueron tomadas como pretexto por los grupos subversivos para plantear la destrucción del Estado. Al romper lo que debe ser el monopolio estatal en el uso legítimo de la coerción y la violencia, el terrorismo muestra la debilidad del Estado peruano y el hecho de entregar zonas enteras del país al control de las Fuerzas Armadas abrió nuevas posibilidades a la represión indiscriminada”.

Ese mismo fenómeno se le puede presentar al nuevo gobierno del APRA, si antes no define y pone en marcha políticas eficaces para reducir drásticamente la “fragmentación de la vida social”. Pero esta es una punta de la madeja. La otra punta es la guerra contra la droga que ya a estas alturas se ha constituido en una serie cuestión de Estado.

Aquí hay tareas urgentes, difíciles y complejas. Y, si no se enfrentan ambos miedos-la subversión y el narcotráfico- el cóctel mortal puede estar a la vuelta de la esquina.

viernes, 2 de noviembre de 2007

Del “perro del hortelano” a la política del “perro muerto”










Fotos Dalia Chevez (Blog Rodrigo Peñalba)

Un repaso a las leyes, políticas y filosofías populares acicateados desde lo alto por el Primer Mandatario, pero con efecto boomerang.

El presidente Alan García hizo público hace siete días una de sus últimas “leyes” que, puesta en la agenda pública desató, como era de esperar, un agrio debate nacional.

Más que una norma del Ejecutivo, lo que presentó el Jefe del Estado, en blanco y negro, fue un ensayo periodístico donde sustentó su ahora famosa “ley del perro del hortelano”.

No se trata de un dispositivo en favor de tantos perrunos sueltos en plazas. Es más bien una visión particular de lo que el Primer Mandatario entiende por uso de los recursos naturales, inversión y generación de trabajo.

Apenas apareció el artículo en un medio de circulación nacional se inició el debate en programas radiales y en la televisión, siempre con invitados a favor y en contra de los juicios presidenciales.

Empresarios, como Pablo Bustamante, o congresistas del APRA como Aurelio Pastor Valdivieso, justificaron las propuestas de García. En cambio, Pedro Francke, coordinador nacional de Foro Salud y otros parlamentarios de la bancada de UPP, sostuvieron que en lugar de denigrar las reclamaciones de la ciudadanía, bajo el supuesto de que ésta actúa como “el perro del hortelano”, lo que se requería era que el Presidente lidere en forma concreta los sectores económicos a los que hacía alusión en su comentario personal.

“Ociosos e indolentes”

García ha manifestado que en el país existen ingentes recursos naturales, sin uso que no son transables, que no reciben inversión y no generan trabajo. Y, le ha echado la culpa de todo ello al “tabú de ideologías superadas y también a la ociosidad y a la indolencia”.

A continuación repasa los recursos que el Estado no puede ofrecer a los inversionistas porque hay “ociosos e indolentes” en el país que se niegan a facilitar la tarea del Ejecutivo. Es decir, la “ley del perro del hortelano”.

Hay dos temas iniciales que se emparentan en la propuesta de García: la propiedad de la tierra en la amazonía y las facilidades para su adquisición en grandes dimensiones. Vendida en grandes lotes traería tecnología, asegura.

Otro asunto es el de los recursos mineros. El Perú tiene la riqueza más grande del mundo, sin embargo, apenas una décima parte está en explotación porque “aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado”.

Un cuarto tema es el mar. “Reaccionan los pescadores artesanales de la caleta cercana, que ven nacer una competencia más moderna y dicen que se está bloqueando su derecho al libre paso, que se contamina el mar y, otros, invocan lo sagrado del Mar de Grau”.

Finalmente García aborda un punto neurálgico, pero lo hace por la tangente: la educación. “Tampoco se pone en valor el cerebro de nuestros alumnos e hijos”, dice el presidente. Y, a continuación considera como causa “a un grupo de malos profesores y malos funcionarios que exigen no ser evaluados para esconder su mediocridad y así el sistema sigue produciendo resultados sin valor”.

El Estado tramposo

Lo que muchos analistas le han recordado al Presidente García a raíz de su ya famoso artículo periodístico, es que si de perros se trata, es bueno recordar en todo caso la política del “perro muerto” o del “Estado tramposo” o de la cultura de “meterle el dedo en la boca” a los trabajadores y ciudadanos, creyéndose el iluminado del reino.

El Estado ha instalado en el país la política y cultura del “perro muerto” y esa conducta es la fatalidad nacional que deja como bebe de pecho a la filosofía del “perro del hortelano” que expone a su manera el Jefe del Estado.

El primero gobierno de García Pérez (1985-1990) fue acusado por el régimen fujimorista y por gran parte de los agentes económicos de “perromuertero”, por el hecho de dejar de pagar la deuda externa. A nivel internacional el Perú fue visto durante ese quinquenio como un paria, no sujeto a créditos, como narró una vez el empresario Raúl Benavides.

Claro, el Presidente García explicó en una Carta al Pueblo Peruano, desde Colombia en enero del 2001, así: “Cuando recibí el gobierno el 28 de Julio de 1985 el Perú tenía una deuda de más de 14,000 millones de dólares y debía pagar en 1986 1,200 millones por ese año, más 1,500 atrasados del año anterior. Tenía que pagar un total de 2,700 millones siendo que todas sus exportaciones al extranjero no llegaban a 3,000 millones. Por eso decidí que mientras la situación económica y de violencia no cambiara, el país sólo dedicaría el 10% del valor de sus exportaciones al pago de la deuda”.

En esa misma misiva enrostró al hoy preso ex Presidente Fujimori denunciándolo que “él comenzó su política del perro muerto contra el empleo, la industria, la agricultura, la salud y la educación del país. Todo fue sacrificado al pago de la deuda externa”.

Ahora, en el 2007, el gobierno del Apra, nuevamente se enfrenta con esta política de Estado: la del perro muerto.

¿Cómo poner en valor a la Educación en el Perú, por ejemplo, si el Estado le sigue negando recursos para infraestructura, equipamiento y encima maltrata a sus docentes de Educación Básica Regular y de Educación Universitaria?

Sin mencionar los dispositivos legales dictados durante el gobierno de Toledo para finiquitar lo estipulado en la Ley Universitaria Nº 23733, en lo que va de este año durante el presente régimen el Congreso dictó en junio último la Ley Nº 29035 que autorizó el pago del 26% de la homologación de los maestros universitarios, después de una larga huelga nacional.

Mediante el D.S 087-2007-EF, firmados por el presidente y los ministros de Educación y de Economía y Finanzas se transfirieron 52 millones 753 mil soles a las universidades y, la Ley Nº 29070 (06 de julio) estableció en 9% el porcentaje para completar el monto fijado para el Programa de Homologación.

Esta semana el Gobierno- en medio de otra huelga nacional indefinida de los maestros- se desdijo de su propia normatividad y envió al Congreso un proyecto de Ley sobre la materia que tira al traste los dispositivos ya vigentes.

Pone en marcha la evaluación de los catedráticos desconociendo que esta práctica ya tiene más de 50 años en la universidad pública. Es decir, como siempre, la vieja cantaleta y práctica del Estado: la política del perro muerto, la del huevo de pato, y el cuento del gato por liebre.
Y el de los maestros no es el único caso. Abundan en este corto periodo del segundo gobierno del APRA y son más patéticos que la ley del perro del hortelano. Es decir, dicen los críticos del régimen, a otro perro con ese hueso.

lunes, 15 de octubre de 2007

Los idus de octubre del régimen

El "baile" del gobierno será así de complicado en lo que queda del 2007. Haber si no queda dislocado. (Foto Valery Bazán-Trujillo Dayly Photo)



Temblores políticos que por el momentohan amainado en la coyuntura nacional, pero que por los indicios, el panorama tiene a
calentar las calles y plazas, en pleno friaje.


Semana de grandes sustos políticos para el gobierno, aunque sus voceros más connotados, incluido el propio presidente de la República, traten de echar tierra al asunto y optar por voltear la página.

Los temblores apuntaban directamente a dos ministros quienes estuvieron en la picota y, otros tantos, en salmuera, a raíz de una serie de episodios que llevaron al inquilino de Palacio de Gobierno a pensar seriamente en recambios urgentes para protegerse de la tromba ciudadana. De todas maneras la población ha castigado al Ejecutivo en las dos últimas encuestas.

Frente al cadalso

Estuvieron con un pié en el cadalso el ministro del Interior, Luis Alva Castro y el titular de Salud, Carlos Vallejo.

El primero se salvó por un pelo de la moción de censura que había presentado la oposición en el Congreso, por los escándalos alrededor de la compra de patrulleros y la posterior suspensión de la licitación respectiva.

Fueron los 10 votos decisivos de la agrupación fujimorista y de algunos congresistas de oposición que-coincidentemente no estuvieron en la sesión del miércoles último por sus “múltiples” ocupaciones- los que le salvaron el pellejo a LAC y, por ende, el cuestionamiento político al gobierno.

Pero la censura obtuvo 51 votos y ello ha sido importante para la oposición. El mínimo de votos era 61. El analista Santiago Pedraglio, ha manifestado que el hecho de que Alva Castro no fuera censurado constituye una “victoria pírrica”, si se tiene en cuenta la caída de la popularidad del presidente García y del gobierno en su conjunto.

De otro lado, el ministro Vallejo, en cambio, recibía desde hace 20 días tal andanada de críticas, especialmente por escándalos de los contagios del VIH por transfusión sanguínea y la denuncia por corrupción en el Seguro Integral de Salud.

Sin embargo no eran los únicos ministros-fusibles los que iban a ser “sacrificados”, si hubiera prosperado la censura congresal.

La coyuntura política dejaba lista las condiciones para una renovación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia y aunque remotamente se pensaban también en el Ministerio de la Producción, que despacha el socio del APRA, Rafael Rey Rey.

Malestar en aumento

Aún cuando García Pérez siempre ha dicho que no administra el gobierno en función a las encuestas, su caída en las preferencias populares, no deja lugar a dudas de un malestar ciudadano que va en aumento.

La creciente alza de precios de los principales productos de la canasta básica y los escándalos de las corruptelas e ineficiencia en algunos sectores del gobierno, se manifiestan en las calles.

Por lo menos ello ha sido “fotografiado” por el sondeo de la PUCP que reveló que la aprobación presidencial bajó de 49% el mes pasado a 30% en octubre y, en análisis de la Universidad de Lima, García baja de 51.6% de las preferencias a 37.7%, en ese mismo periodo.

Es posible que en lo que queda de octubre y noviembre los índices de desaprobación aumentará, pues, desengañados muchos sectores del aparato del Estado, los pequeños ganaderos y las comunidades contaminadas por la minería rapaz, retomarán sus tambores de guerra para que el gobierno se acuerde de sus promesas.

La batahola comenzará el martes 16 con la huelga general indefinida anunciada por los maestros de todas las universidades públicas del país, cansados de que el gobierno incumpla con sus propias leyes, ratificadas hasta en “mesas de diálogo” y que hasta el momento no los pueda homologar.

Es tal la indignación de los catedráticos de las universidades del Estado que han alertado que el programa de homologación dispuesto por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, quede sin efecto si se llegara a aprobar el proyecto de presupuesto nacional del 2008, donde se ha incluido un artículo que dispone “dejar sin efecto todo programa de homologación o indexación de sueldos”.

En todo caso, todas las demandas de los quejosos se canalizarán a través de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), según han adelantado sus dirigentes. Y, como para que no quede dudas han anunciado un paro y movilización nacional para el próximo 8 de noviembre.

La Ministra de Trabajo, Susana Pinilla ha reaccionado rápidamente, pero sólo para decir que “le da pena” la decisión de la CGTP y la ha calificado como una “acción política”.
No es novedad. Así calificó el gobierno el conjunto de demandas nacionales que asolaron todo el país hasta unos días antes de Fiestas Patrias.

Pero, en su mensaje por 28 de Julio, el presidente García no sólo se golpeó el pecho sino que hasta tuvo que pedir público perdón a los maestros sutepistas, aquellos a los que vilipendió y maltrató.

En fin, lo que parece venir no será a todas luces malva de rosas sino un hueso duro de roer que el gobierno tendrá que manejar con mucho cuidado.


Después de todo lo que la ciudadanía le pide es que no solo sea responsable sino también equitativo y justo con las demandas de la población.

domingo, 23 de setiembre de 2007

Sueldos y desigualdades hoy

Fuente de fotografia: La República


Repaso al debate sobre el aumento de la RMV que no resuelve el drama de la pobreza en el Perú.

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) en 50 soles, anunciado durante la semana por el gobierno ha puesto sobre el tapete la vieja discusión de las desigualdades sociales en el país.
La medida, anunciada por el presidente Alan García el martes último, no fue del agrado de los gremios empresariales, pero, tampoco de las organizaciones laborales.

La decisión, más bien, ha sido vista por algunos líderes de opinión como “medida populista”, pues el aumento no solucionará los graves problemas de pobreza de una gran mayoría de peruanos, según han expresado.

El aumento, según versiones oficiales, se otorgará en dos tramos. Un primer monto de 30 soles se dará a partir del 1º de octubre, y el segundo, de 20 soles, desde enero del 2008.

Adicionalmente el gobierno entregará unos denominados “bonos por crecimiento” a los 150 mil empleados del sector público, que ganan menos de 1,000 soles, pero que aún no se ha especificado ni el monto, menos la modalidad.

Luego de la decisión del Ejecutivo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha expresado que ahora las coordinaciones realizadas por los gremios empresariales, sindicatos y organizaciones vinculadas al sector Trabajo para definir un método técnico para calcular los ajustes de la RMV, ha sido descartado al haberse producido una decisión política para dicho aumento.

Como era de esperarse, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el ministro de Economía, Luis Carranza han salido a defender la medida. Este último manifestó que se había decidido aumentar el sueldo mínimo para proteger a los trabajadores.

Señaló, además, que la idea es que la RMV deba considerar el aumento del costo de la canasta básica, cuyo precio está ya en los 1,300 nuevos soles mensuales.

Cifras que no mienten

Recientemente, el analista económico Humberto Campodónico, remitiéndose al reciente Informe Estadístico Mensual (mayo 2006) del Ministerio de Trabajo, daba cuenta que la gran mayoría de limeños son pobres, pues, de varios años de crecimiento, con las justas llegan a 1,000 soles mensuales en sus remuneraciones.

Los empleados privados en los rangos más bajos, constituyen el 9.8% (de 0 a 400 soles) y el porcentaje mayor, 45.8% ( de 400 a 1,000 soles).

No sucede lo mismo con los empleados públicos, pues el 33.8% gana menos de 1,000 soles mensuales. Y, el 48.3% gana de 1,000 a 2,000 soles. A pesar de estas diferencias entre empleados públicos y privados, dice Campodónico, no quiere decir que los primeros no sean pobres. Lo son.

Sueldos siderales



Si estos datos ya son esclarecedores, mucho más son las comparaciones que hace poco hiciera Pedro Francke, ex funcionario del gobierno de Toledo y actualmente profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Francke señala que hay siete ejecutivos en el Perú que ganan más de un millón de soles anuales. Se concentran principalmente en el sector minero, y, el dato es aportado por la consultora Deloitte.
El sueldo más alto de un gerente en Perú, es de un millón 400 mil soles anuales: el equivalente a 120 mil soles mensuales.

Un solo gerente minero gana más que 200 trabajadores juntos de la minera Casapalca, o más que 150 catedráticos de una universidad pública.

La comparación más escalofriante que ensaya Francke es la siguiente: los propietarios de las acciones tipo C de Southern Perú Cooper Corp. han visto disparar sus acciones de una cotización de 10 mil millones de dólares, a valer 27 millones de dólares actualmente. Una ganancia de 17 mil millones de dólares, unos 50 mil millones de soles. ¿en obreros, cuanto sería esta cifra? se pregunta el analista.

De allí que resulta dispar, dicen algunos, el aumento de 50 soles al SMV (actualmente de 500 soles), cuando la canasta familiar está por los 1,200 o 1,300 soles.

En la otra orilla. Por ejemplo, desde la perspectiva del Instituto de Libre Empresa, Jorge Valín sostiene que “obligar a las empresas a remunerar a sus empleados con un sueldo mínimo significa que los que actualmente cobran una cuantía inferior a éste automáticamente quedan fuera del terreno laboral o bien pasan a cobrar lo mismo pero dentro de la economía sumergida”.

En tanto que Miguel Jaramillo de Grade, puntualiza que “bajo ciertas circunstancias, el salario mínimo puede ser útil para mejorar las remuneraciones de los trabajadores en la cola de la distribución del ingreso. Sin embargo, no debe perderse de vista que el salario es una variable “resultado”, por tanto, no puede fijarse arbitrariamente o siguiendo criterios ajenos al mercado laboral.”.

La única manera efectiva de elevar las remuneraciones a largo plazo es a través del aumento de la productividad, por lo que el énfasis en las políticas debería ir en dicha dirección, enfatiza Jaramillo.

Una mercancía más

Francke, polemiza con estos criterios expuestos cuando sostiene que “con su discurso contra los salarios y los derechos laborales, lo que en verdad quiere defender la derecha son las ganancias empresariales, que se achican con mayores salarios. Pero para ellos, las utilidades son intocables y los capitales son la única fuerza de desarrollo, como si el trabajo no importara y fuera solo una mercancía más que se compra y se vende.”

Los empresarios en el Perú tan proclives a mencionar a Chile como el modelo a seguir, deberían conocer que este año el gobierno mapocho aumentó el sueldo mínimo a 144,000 pesos mensuales (unos 275 dólares), un 6.7% más que en el 2006. Lo gracioso- como para sacar roncha al gobierno aprista y a la propia derecha peruana- es que los aumentos se realizan todos los años.

Aquí se habla mucho del crecimiento económico y sostenido desde el gobierno de Toledo, pero en materia de sueldos y salarios y de inversión en infraestructura básica como educación, salud, agua y desagüe, el decrecimiento es dramático.
Solo hasta el año 2004 el déficit en infraestructura en el Perú alcanzó la cifra de 30 mil millones de dólares. Los mayores montos estaban en transportes, energía, y saneamiento.
Y esto es solo en infraestructura. De tecnología y conocimiento, mejor ni hablar.