Foto: AFPUn escenario convulso, en la política educativa y agraria del Ejecutivo donde el descontento se quiere solucionar con balas y gases lacrimógenos.
Ha sido esta una semana de recule político del Ejecutivo, especialmente en Educación, pero- para su mala suerte- concluyó con heridos, muertes y cientos de detenidos, en el marco de un panorama conflictivo que se ha radicalizado con el Paro Nacional Agrario.
Este escenario con olor a llanta quemada, gases lacrimógenos, y sangre es casi un “territorio comanche”, al mejor estilo del español Arturo Pérez-Reverte y se produce justo cuando el gobierno menos lo pensaba, pues ya se aprestaba a ajustar el programa preparatorio para la cumbre mundial del Foro Asia-Pacífico, APEC y una desbocada tarea para la suscripción de Tratados de Libre Comercio con Singapur, Canadá, con la Unión Europea, China y hasta con el Japón.
Esto sin tener en cuenta que ya tenemos un TLC con Estados Unidos y con el Canadá y, en stand by, ha quedado un TLC con Chile.
Terco Chang
El quiebre político del gobierno de esta semana fue, el debate primero, el descontento luego y finalmente un nuevo decreto supremo que reemplaza al tristísimo D.S. 004 del tercio superior, promovido por el ministro José Antonio Chang con el objetivo de torcerle el cogote al SUTEP.
En su afán, Chang no solo se abrió otra vez un conflicto con los maestros sutepistas, sino que provocó una crisis en cadena, que chocó con cerca de 20 presidente regionales, los expertos del Consejo Nacional de Educación y hasta con algunos congresistas del partido gobernante, entre ellos, Mercedes Cabanillas.
A estas alturas el presidente Alan García ya había “pulseado” la situación política y no le quedó otra camino que salir el lunes ante la opinión pública junto con su ministro para anunciar “algunas medidas complementarias” a la tan zarandeada norma.
Pero 48 horas después en una tensa reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros, Chang se sentó con los presidentes regionales y al final de la negociación su defensa del tercio superior resultó no solo insostenible sino jalada de los cabellos.
Este será un negro precedente para el ministro Chang y para el gobierno, pues cualquier enfrentamiento con los docentes de Educación Básica Regular o con cualquier otro sector, tendrá siempre el estigma de un régimen autoritario.
Palo con el paro
En otro frente, no menos espinoso, los últimos acontecimientos en torno al Paro Agrario, deja en el balance un cierto temor de la ciudadanía, que no lo valoró quizá en su oportunidad.
Como se sabe el gobierno promovió y dictó a fines del año pasado el proyecto de ley 982, que declara inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales para que usen sus armas para dispersar manifestaciones y además, que no sean investigados por el Ministerio Público.
Esta norma fue dictada justamente a raíz de las grandes manifestaciones populares que se escenificaron durante el último trimestre del 2007, y que concluyeron en aisladas medidas económicas por parte del gobierno, traducidas en “bonos por productividad”, como una forma del “chorreo económico”.
Sin embargo, la compulsa y el descontento de los trabajadores quedaron ahí embalsados, hasta ahora.
Por eso es que, la protesta aislada de los expertos no dejaba de tener razón: el proyecto de ley de entonces colisiona con la normatividad internacional que exige el uso adecuado y proporcional de la fuerza en las manifestaciones.
Y, lo que se temía se produjo precisamente el martes durante los sucesos ocurridos en el paro agrario, donde murieron cuatro campesinos en Ayacucho, Arequipa y Barranca.
El enfrentamiento entre las fuerzas del orden no sólo se escenificó en las carreteras sino también en las calles de Ayacucho y del resto de ciudades convulsionadas.
En Ayacucho el enfrentamiento se produjo en la plaza de armas de Huamanga donde los campesinos les rendían homenaje a Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, muertos por dos impactos de bala en la cabeza. Allí miles de manifestantes de organizaciones sociales, gremiales y sindicales protestaban por la muerte de dichos comuneros, y en esas circunstancias se produjo un nuevo enfrentamiento con la policía.
El velatorio se convirtió en un pandemonium pues la policía comenzó a disparar gases lacrimógenos, como se ha podido observar en las dramáticas imágenes de todos los noticiarios de televisión de alcance nacional.
Alan: “¡Que sirva de lección!”
El miércoles, tras los trágicos sucesos, el Presidente García enfiló sus baterías verbales contra los “seudodirigentes y los agitadores extremistas que de una manera empujan como carne de cañón a los pobladores”, y demandó que ellos deben ser investigados en lugar de su ministro del Interior, Luis Alva Castro.
Pero no contento con esta reprimenda, ha advertido: "Que sirva de lección para que cuando alguien promueve públicamente y agitadamente un paro, sepa a dónde está conduciendo a estas personas, que sepa a qué está abriendo las puertas. De ahora en adelante, si no es ahora mismo como dicen los fiscales, todo aquel que convoque a este tipo de movilizaciones tiene que ser directamente responsable de cualquier cosa que ocurra, de la destrucción y de la muerte de cualquier persona".
Por el momento los dirigentes agrarios han pedido no solo la renuncia de Alva Castro sino que se forme una comisión investigadora en el Congreso de la República. Estos pedidos fueron acogidos por las bancadas de UPP y de los nacionalistas, que son las más afanosas para derogar la ley del uso de la fuerza armada y policial en las manifestaciones populares.
Algo que no parece darse cuenta el Presidente (o es un defecto en él) es que, quien ha rociado gasolina a la hoguera ha sido precisamente el propio Jefe del Estado, pues ante la impaciencia de los agricultores y campesinos para que les resuelvan sus demandas, García Pérez no solo los ha ninguneado sino ha insultado llamándolos “borregos” y, ahora, “seudodirigentes” y “agitadores extremistas”.
Casi el mismo guión empleado con los docentes del Sutep, los catedráticos de las universidades nacionales y hasta con los pobladores que se oponen a las operaciones de las empresas mineras irresponsables con el medio ambiente y con una vida saludable de las comunidades.
La única explicación racional de lo que sucede con el APRA y el gobierno en su conjunto es su giro ideológico mucho más a la derecha que lo está estigmatizando como un régimen dictatorial y represivo, han coincido muchos analistas, entre ellos Humberto Campodónico.
Ha sido esta una semana de recule político del Ejecutivo, especialmente en Educación, pero- para su mala suerte- concluyó con heridos, muertes y cientos de detenidos, en el marco de un panorama conflictivo que se ha radicalizado con el Paro Nacional Agrario.
Este escenario con olor a llanta quemada, gases lacrimógenos, y sangre es casi un “territorio comanche”, al mejor estilo del español Arturo Pérez-Reverte y se produce justo cuando el gobierno menos lo pensaba, pues ya se aprestaba a ajustar el programa preparatorio para la cumbre mundial del Foro Asia-Pacífico, APEC y una desbocada tarea para la suscripción de Tratados de Libre Comercio con Singapur, Canadá, con la Unión Europea, China y hasta con el Japón.
Esto sin tener en cuenta que ya tenemos un TLC con Estados Unidos y con el Canadá y, en stand by, ha quedado un TLC con Chile.
Terco Chang
El quiebre político del gobierno de esta semana fue, el debate primero, el descontento luego y finalmente un nuevo decreto supremo que reemplaza al tristísimo D.S. 004 del tercio superior, promovido por el ministro José Antonio Chang con el objetivo de torcerle el cogote al SUTEP.
En su afán, Chang no solo se abrió otra vez un conflicto con los maestros sutepistas, sino que provocó una crisis en cadena, que chocó con cerca de 20 presidente regionales, los expertos del Consejo Nacional de Educación y hasta con algunos congresistas del partido gobernante, entre ellos, Mercedes Cabanillas.
A estas alturas el presidente Alan García ya había “pulseado” la situación política y no le quedó otra camino que salir el lunes ante la opinión pública junto con su ministro para anunciar “algunas medidas complementarias” a la tan zarandeada norma.
Pero 48 horas después en una tensa reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros, Chang se sentó con los presidentes regionales y al final de la negociación su defensa del tercio superior resultó no solo insostenible sino jalada de los cabellos.
Este será un negro precedente para el ministro Chang y para el gobierno, pues cualquier enfrentamiento con los docentes de Educación Básica Regular o con cualquier otro sector, tendrá siempre el estigma de un régimen autoritario.
Palo con el paro
En otro frente, no menos espinoso, los últimos acontecimientos en torno al Paro Agrario, deja en el balance un cierto temor de la ciudadanía, que no lo valoró quizá en su oportunidad.
Como se sabe el gobierno promovió y dictó a fines del año pasado el proyecto de ley 982, que declara inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales para que usen sus armas para dispersar manifestaciones y además, que no sean investigados por el Ministerio Público.
Esta norma fue dictada justamente a raíz de las grandes manifestaciones populares que se escenificaron durante el último trimestre del 2007, y que concluyeron en aisladas medidas económicas por parte del gobierno, traducidas en “bonos por productividad”, como una forma del “chorreo económico”.
Sin embargo, la compulsa y el descontento de los trabajadores quedaron ahí embalsados, hasta ahora.
Por eso es que, la protesta aislada de los expertos no dejaba de tener razón: el proyecto de ley de entonces colisiona con la normatividad internacional que exige el uso adecuado y proporcional de la fuerza en las manifestaciones.
Y, lo que se temía se produjo precisamente el martes durante los sucesos ocurridos en el paro agrario, donde murieron cuatro campesinos en Ayacucho, Arequipa y Barranca.
El enfrentamiento entre las fuerzas del orden no sólo se escenificó en las carreteras sino también en las calles de Ayacucho y del resto de ciudades convulsionadas.
En Ayacucho el enfrentamiento se produjo en la plaza de armas de Huamanga donde los campesinos les rendían homenaje a Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, muertos por dos impactos de bala en la cabeza. Allí miles de manifestantes de organizaciones sociales, gremiales y sindicales protestaban por la muerte de dichos comuneros, y en esas circunstancias se produjo un nuevo enfrentamiento con la policía.
El velatorio se convirtió en un pandemonium pues la policía comenzó a disparar gases lacrimógenos, como se ha podido observar en las dramáticas imágenes de todos los noticiarios de televisión de alcance nacional.
Alan: “¡Que sirva de lección!”
El miércoles, tras los trágicos sucesos, el Presidente García enfiló sus baterías verbales contra los “seudodirigentes y los agitadores extremistas que de una manera empujan como carne de cañón a los pobladores”, y demandó que ellos deben ser investigados en lugar de su ministro del Interior, Luis Alva Castro.
Pero no contento con esta reprimenda, ha advertido: "Que sirva de lección para que cuando alguien promueve públicamente y agitadamente un paro, sepa a dónde está conduciendo a estas personas, que sepa a qué está abriendo las puertas. De ahora en adelante, si no es ahora mismo como dicen los fiscales, todo aquel que convoque a este tipo de movilizaciones tiene que ser directamente responsable de cualquier cosa que ocurra, de la destrucción y de la muerte de cualquier persona".
Por el momento los dirigentes agrarios han pedido no solo la renuncia de Alva Castro sino que se forme una comisión investigadora en el Congreso de la República. Estos pedidos fueron acogidos por las bancadas de UPP y de los nacionalistas, que son las más afanosas para derogar la ley del uso de la fuerza armada y policial en las manifestaciones populares.
Algo que no parece darse cuenta el Presidente (o es un defecto en él) es que, quien ha rociado gasolina a la hoguera ha sido precisamente el propio Jefe del Estado, pues ante la impaciencia de los agricultores y campesinos para que les resuelvan sus demandas, García Pérez no solo los ha ninguneado sino ha insultado llamándolos “borregos” y, ahora, “seudodirigentes” y “agitadores extremistas”.
Casi el mismo guión empleado con los docentes del Sutep, los catedráticos de las universidades nacionales y hasta con los pobladores que se oponen a las operaciones de las empresas mineras irresponsables con el medio ambiente y con una vida saludable de las comunidades.
La única explicación racional de lo que sucede con el APRA y el gobierno en su conjunto es su giro ideológico mucho más a la derecha que lo está estigmatizando como un régimen dictatorial y represivo, han coincido muchos analistas, entre ellos Humberto Campodónico.
