No se escucha taita

Indígenas del pueblo shipibo, en Ucayali esperando una mayor comunicación con el gobierno, que al parecer no habla ni escucha. Y, cuando lo hace los hechos ya están consumados. (Foto:Servindi)

Un gobierno que no escucha ni dialoga con las comunidades amazónicas, y, al contrario, impone y muestra los dientes, provocando que los nativos muestren sus lanzas en señal de defensa.

La violencia desatada la última semana por los nativos de la selva del norte y sur del país, quienes se oponen radicalmente a los Decretos Legislativos 1015 y 1073, dictados por el gobierno-según dice- para facilitar la propiedad de la tierra, ha enfrentado al Congreso de la República con el Ejecutivo.

Cosa extraña, dicen los suspicaces, pues no se entiende como el oficialista presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén logró “quebrar” la protesta de los nativos y el miércoles último, luego de una larga reunión en Lima, firmó un acuerdo con el representante de los pueblos indígenas, Alberto Pizango.

La condición para tal medida fue que el Congreso se reúna para derogar los aludidos decretos y que los nativos levanten la huelga y depongan sus posturas beligerantes. Ambas episodios ya se cumplieron y las aguas se calmaron, por el momento.

¿Arreglo o embuste?

Ante estos hechos el presidente de la República Alan García ha respondido agriamente, fiel a su estilo, apenas supo de la decisión del Congreso de apoyar lo planteado por los nativos.

“Derogar las normas, señaló, sentaría un nefasto precedente, ya que se estaría tomando decisiones bajo amenaza de huelga, toma de carreteras y actos violentos”.

No se sabe si el presidente del Congreso, se ha sentido aludido por las reprimendas del Jefe de Estado, ambos del Partido Aprista, o si dichas conductas forman parte de un manejo mediático, que rayaría con el engaño, para conseguir que los pueblos indígenas en conflicto, depongan a como de lugar su actitud contestataria.

Si ese fuera el caso, tanto el gobierno como el propio Congreso, podrían estar jugando con fuego, pues pasado el señuelo, los nativos tendrían todo el derecho a dejar sentir no sólo mayores protestas sino a reinvindicar el embuste.

Algunos analistas sostienen que los decretos 1015 y 1073 favorece a los nativos, pues el primero dispone que cada comunidad decida la propiedad de sus tierras con la mitad más uno de sus miembros y no con el 66% o más, y, el segundo, precisa que los votantes que definan el destino de las tierras deban tener por lo menos un año de posesionarios de predios, con lo cual las tierras tendrían un mayor valor en caso que quisieran venderlos a inversionistas interesados.

El síndrome del perro del hortelano

Otros analistas, en cambio, sostienen que lo único que quiere el gobierno es desaparecer a las comunidades nativas y ofrecer en venta sus tierras, tal como lo proponía el presidente Alan García desde octubre del año pasado en sus propuestas del Perro del hortelano.

Le recordaron que desde esa fecha, el Primer Mandatario sustentó en los medios la concesión en la selva de grandes lotes (de 5,000 a 20,000 hás) a capitalistas e inversionistas extranjeros. Y, ese, ha sido precisamente el temor fundado de los nativos ante los decretos del gobierno.

Sin embargo, en lo que si coinciden muchos actores de la política nacional, entre ellos algunos medios de comunicaciones, es que el pecado del gobierno fue decretar dichas normas sin un diálogo con las comunidades afectadas, ni mucho menos una política de información transparente.

“Se nota mucha arrogancia y soberbia” de parte del gobierno, han manifestado el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi y la lideresa, Lourdes Flores Nano. Han anotado que el gobierno debería reconocer que se equivocaron al actuar inconsultamente, con los nativos de la selva.

Pero la presión no sólo está por el lado de los pueblos indígenas. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió esta semana admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensa del Pueblo, Beatriz Merino, contra el artículo único del D.L. 1015, publicado el 20 de mayo de este año en el diario oficial El Peruano, referido a la unificación de los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria.

Ahora el TC, ordenó correr traslado del expediente al Congreso, el mismo que tiene un plazo de 30 días para responder. Luego el TC citará a las partes a una audiencia y tendrá un plazo máximo de un mes para resolver la causa.

Antes de ello, los congresistas tendrán que ponerse de acuerdo (especialmente la bancada oficialista) con la finalidad de exhibir resultados concretos ante las comunidades nativas.

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el pedido es que dichos decretos no se deroguen sino se mejoren. Pero sus opositores dicen que eso estaría bien si es que el gobierno actuara con transparencia y diálogo. Al final se impuso la decisión del Congreso con todas las repercusiones que se han conocido el fin de semana.

En el supuesto de que el régimen aprista decida dialogar con las comunidades amazónicas, éstas -como lo sostiene el periodista Juan Paredes Castro- no pueden hacer tres cosas: a) abandonar la oportunidad de incorporarse a la modernidad de estos tiempos, dejando atrás más de 500 años de aislamiento, b) convertirse en fácil presa de la manipulación política de grupos y partidos interesados en sacar provecho y, c) descartar el cambio razonable quirúrgico al que deben someterse los decretos legislativos materia de controversia.

El tema, como se ve, tiene para largo, razón por la cual lo que más le conviene al gobierno es no hacerse de oídos sordos, sino escuchar y dialogar sobre el particular con las comunidades afectadas, especialmente de selva.

Mediocridad y enjuague político

EL ENJUAGUE DEL EJECUTIVO Y LA BANCADA FUJIMORISTA (Foto:www.latinstock.com.pe)

El hilo conductor entre el Congreso y el Ejecutivo serían las componendas bajo la mesa entre apristas y fujimoristas para ablandar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori y eventualmente exculparlo de sus fechorías

Un Parlamento mediocre que desmoraliza y el “enjuague político” que compromete al gobierno aprista con el procesado Alberto Fujimori, son los dos hechos de preocupación ciudadana, que los medios de comunicación ya habían advertido pero que cobran mayor notoriedad en palabras del laureado escritor, Mario Vargas Llosa.

Los episodios ocurren a poco de concluida la renovación de la Junta Directiva del Congreso, con los escandaletes y pujas partidarias entre el oficialismo y la oposición y, la resaca por fiestas patrias.

Vargas Llosa, sensible como siempre, y enterado de los acontecimientos políticos en el país le puso la puntería a las dos noticias que dominaron la discusión palaciega y mediática nacional.

“Se trata de un Congreso mediocre de exclusiva responsabilidad nuestra. Esa es la gente que elegimos. Por eso hay que votar la próxima vez con más responsabilidad y manteniendo la memoria para no volver a llevarlos al Parlamento”, se quejó el novelista el último miércoles ante el acoso de la prensa por conocer sus opiniones.

Imagen negativa

No le falta razón a Vargas Llosa. Con un Congreso desaprobado en un 60.5%, según el Barómetro de junio de este año de la Universidad de Lima y con una reprobación, del 57.7% del chiclayano Javier Velásquez Quesquén, durante la primea semana de julio, cuando estuvo candidateando a la presidencia del Parlamento, la desacreditación no era para menos.

Más aún cuando se conoce que el 50% del total de parlamentarios (especialmente de upepistas y apristas), se encuentra denunciado y con gruesos expedientes en la Comisión de Ética del Congreso.

Al APRA lo acusan ahora de “dinamitar” la organicidad de las agrupaciones políticas al interior del Congreso, especialmente a la bancada de Unión por el Perú (UPP) y de afianzar un pacto secreto con la bancada fujimorista.

Es decir, por un lado, el Partido Aprista estaría propiciando el transfugismo congresal, tan usual en la época de Montesinos y Fujimori, y de otro, bloquear la acción de la bancada fujimorista, negociando mejores condiciones penitenciarias para el proceso ex presidente Alberto Fujimori.

Ese es el escenario en el cual se mueve ahora el Congreso del Perú. Tan efectiva le ha resultado la política disociadora del APRA, que la UPP prácticamente está partida en dos bloques.

Negociar, por ejemplo, que Alvaro Gutiérrez Cueva, miembro del originario UPP integre la Junta Directiva de Velásquez Quesquén, significó un remezón en las filas de la oposición upepista. Luego de ello nació el llamado Bloque Popular que se escindía de Unión por el Perú.

Para la repartija de las presidencias de las Comisiones Ordinarias y Extraordinarias del Congreso, surgió un nuevo y pomposo nombre: Unidad Patriótica Peruana-Bloque Popular.

En este “toma y daca” el APRA se muestra sólida en el Congreso con sus 36 integrantes y mantiene con esta nueva directiva oficialista, siete Comisiones. Los fujimoristas, con 13 miembros le secundan y en términos generales han sido bien tratados. Tanto así que en la directiva de Velásquez, Alejandro Aguinaga Recuenco, del Grupo Parlamentario Fujimorista, ocupa nada menos que la primera vicepresidencia del Congreso.

Pero la pésima imagen del Parlamento no es tanto por las diatribas que se incuban en su seno para el teje y maneje político, sino por los escándalos de sus integrantes, de los que no se escapa ni el propio Velásquez Quesquén.

Si no basta recordar el audio difundido en un programa de televisión, donde se escucha al ahora presidente del Congreso abogar por un amiste entre Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza Soto, ambos ex humalistas, enfrentados a “muerte”. Y, todo para requerir sus votos para la presidencia.

Después del escándalo mediático, los dos congresistas fueron sometidos a investigación sumaria por la Comisión de Ética, por inconducta funcional, por supuesto tráfico de influencias y violación de la intimidad.

Espinoza acusó a Torres Caro de solicitar dinero al empresario uruguayo Sergio Cayrus Silva para ayudarle (a Cayrus) a ganar dinero y, además, de desacreditarlo, valiéndose de su asesor de prensa Humberto Landeo Bustamante.

Pero, lo más nebuloso en el manejo parlamentario es el “enamoramiento” cada vez más evidente entre la bancada aprista a la fujimorista, que ha funcionado especialmente para que éstos negocien con el gobierno para mejorar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. Y, lo han conseguido.

El pacto

A esos episodios se refería Vargas Llosa cuando manifestó esta semana que “si (Alan García) llegara a ponerse de acuerdo con Fujimori, y eso fuera explícito, yo seré la persona que salga a criticarlo con más energía. Sería una catástrofe para el Perú y para él. Él esta reconstruyendo una imagen, ahora tiene la imagen de un estadista responsable y moderno, no creo que él quiera poner en riesgo esa imagen llegando a un pacto con un dictador, alguien que persiguió a él mismo y a su partido. Espero que eso no ocurra".

Sin embargo, todas las evidencias difundidas por el periodismo apuntan a que ese pacto sí ha ocurrido.

Lo real ahora es que Fujimori goza de un nuevo régimen carcelario concedido en junio por el Instituto Nacional Penitenciario, que le ha posibilitado entre otras gollerías, celebrar su cumpleaños 70, (el 28 de julio) con dos integrantes del grupo uruguayo Los Iracundos, amén de recibir visitas todos los días de semana, no sólo de sus familiares sino de quienquiera.

Ahora se alista a seguir las incidencias de los Juegos Olímpicos de Bejing en un televisor de plasma de 52 pulgadas cómodamente sentado comiendo sushi.

Y, como para que no quede la menor duda, el mismísimo ministro del Interior Luis Alva Castro (el mismo que la población lo desaprueba en más del 50%, según GOP de la Universidad de Lima), lo habría visitado el sábado 19 de julio en su carceleta de la Diroes, donde está recluido.

A dicha reunión secreta no habría ido solo sino acompañado de la Ministra de Justicia y del director de la Policía, general Octavio Salazar.

¿A que fueron? Las declaraciones de LAC y de sus voceros oficiales niegan la cita, pero caen en contradicciones cuando se les pregunta específicamente para qué visitaron la Diroes.

Hasta la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos ha tenido que admitir que la flexibilización del régimen carcelario es revisable si el INPE no argumenta claramente el por qué de las mejoras carcelarias a Alberto Fujimori.

Algo se cocina en el Parlamento, y ese olor trasciende por el Ejecutivo y llega nítidamente hasta la Diroes, en el fundo Barbadillo. Habrá que llamar al chef Gastón Acurio para ver de qué menú se trata.

Paro y reparos

Foto: www.peru.com


El tañido de las cacerolas vacías debe recordarle al gobierno que, a pesar del crecimiento sostenido del Perú desde el año 2002, la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno se redujo de 30.1% en el año 1991 al 21% en el 2006 y desde allí no ha habido mejoras durante todo este tiempo del segundo mandato de García Pérez.

Después del 9 de julio no viene el 10 como socarronamente dijo el presidente Alan García, sino que continúa el 9 de noviembre, fecha anunciada para la convocatoria de un frente político y un nuevo paro, según confesó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán.

El juego de palabras del Jefe de Estado, cinco días antes del paro de la CGTP, trasuntaba no sólo malestar evidente en el gobierno sino una especie de esquizofrenia política por frenar en seco la paralización convocada por la mayor central sindical del Perú.

Lo que si parece evidente de todo esto es que de aquí hasta noviembre el ambiente es de incertidumbre, a tenor del malestar social incubado durante todo este tiempo, sin que el gobierno aprista atine a reencaminar su prédica filosofal de justicia y de pan con libertad.

Fermento social

Con anticipación la paralización fue fermentando en la amazonía, en el sector agrario y en ocho regiones, especialmente en el sur y oriente peruano.

El malestar no ha sido otro que por un cambio del modelo económico que ha continuado sin miramientos el gobierno aprista, envalentonado por los evidentes logros en su política macroeconómica, en desmedro de la microeconomía, es decir de la atención a los bolsillos del común de la gente.

Las encuestas últimas reflejan ese estado de ánimo de la población, pero, ahora, se ha manifestado con ferocidad ante un Estado indolente y ciego que no quiere ver la brecha de inequidad, y que hasta los propios empresarios lo abordaron en la última CADE y en cuanto forum organizaron, con la presencia del Jefe de Estado.

Desde la accidentada geografía, Ancash, Ayacucho y Puno son las regiones que más preocupación vienen dándole al gobierno. El descontento manifestado en esas paupérrimas zonas del país, debería servirle al régimen como una alerta para que en los próximos meses la situación no se escape de las manos.

De modo que, después del 10 de julio, el horizonte del malestar es de zozobra. Sin embargo, el gobierno solo atinó a ejercer la diatriba para desacreditar las protestas, como el uso del famoso “vladispots”, y utilizando al vocero más desacreditado- Vladimiro Montesinos- para provocar pánico y desbande en la población.

Soldados a la calle

Por eso, después de las declaraciones del presidente García y hasta las postrimerías del miércoles 9, los principales gonfaloneros del régimen, antes que hacerle un bien al gobierno, terminaron favoreciendo a los organizadores del paro nacional.

A instancias de Palacio de Gobierno, el ministro de Defensa, Antero Flores, anunciaría a fines de la semana última, que las Fuerzas Armadas saldrían a las calles para resguardar los puntos estratégicos en las principales regiones. Se dijo que los soldados iban a complementar la labor de los policías. Los opositores al régimen tildaron al gobierno de fascista y de pretender criminalizar las protestas populares. Tuvieron razón.

El día del paro no se observó a ningún miembro de las Fuerzas Armadas. El gobierno pulseó el ambiente y se percató que iba a convalidar un papelón con repercusiones internacionales.

Ya calmo, el propio presidente García reconocería el miércoles al término de una maratónica sesión de Consejo de Ministros que efectivamente el paro reflejaba un descontento que hay que atender y que la protesta nacional tiene un reclamo fundamentado por el alza del precio de los alimentos.

Pero, a continuación, fiel al estilo, García espetó: “Si el 9 no pudo parar ni el 5% del país, en noviembre no parará ni al 1% porque nadie se suma a los perdedores", dijo y denunció una especie de “conspiración contra la democracia”.

Metidas de pata

Los juicios y argumentos presidenciales post paro siguen la misma línea de las “metidas de pata” de su entorno más íntimo en el gobierno y en el Partido Aprista. El “vladispots” que el domingo último canalizara a través de una empresa publicitaria limeña, prácticamente dejó mal parado al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pues la factura salió a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no tiene nada que hacer en este lío interno.

Solícito, el secretario general del APRA, Mauricio Mulder, se autoinculpó y dijo que se había cometido un error en la facturación, pues el documento debió cancelarlo el APRA y no el PNUD.

Todo esto sucedió en las postrimerías del paro del 9 y los resultados todos los conocemos: el gobierno le había hecho una campaña publicitaria gratuita al paro de la CGTP y a Mario Huamán y compañía.

El tañido de las cacerolas vacías le debe recordar al gobierno que, tal como apuntara el economista Julio Gomero, que a pesar del crecimiento sostenido del Perú desde el año 2002, la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno se redujo de 30.1% en el año 1991 al 21% en el 2006 y desde allí no ha habido mejoras durante todo este tiempo del segundo mandato de García Pérez.

Si a esto se suma el alza del costo de vida que paulatinamente se ha venido produciendo prácticamente desde que ingresara a gobernar el APRA y, en el escenario los aumentos internacionales del precio de alimentos y combustibles no cesan sino que se acentúan, entonces lo que tenemos en el mediano plazo es una bomba molotov que el régimen debe intentar desactivar si se quiere alcanzar el desarrollo sostenido.

Si de verdad el APRA quisiera ser consecuente con sus postulados doctrinarios, lo primero que tendría que pensar es no ser macartista, endilgando las protestas populares a “la izquierda roja”, como se le ha escuchado decir a Mauricio Mulder ni menos criminalizar los reclamos de la ciudadanía.

Es decir, de lo que se trata es de no dejar el camino libre a sus opositores que quisieran sacar el máximo provecho de los errores del gobierno, para auparse a una protesta petardista que en nada beneficiaría a la democracia.

Sintonizar con el pueblo y atender sus necesidades y reclamos no significará para el APRA, ser inconsecuente. Sino todo lo contrario.

¿Teléfono malogrado?

Ilustración: http://www.fotosearch.es/UNN362/u18204761/


¿Quién repara las líneas maestras que conectan los buenos resultados macroeconómicos del Perú con la caída libre en la aprobación presidencial de los últimos 21 meses del gobierno aprista, y el ránking latinoamericano donde García está muy lejos del tercio superior?

El jueves 24 Alan García hizo madrugar a más de un ministro quizá abrumado por las malas noticias del día anterior. Daba la impresión de haber entrado en pánico, aún cuando en su discurso lo negaba rotundamente.

La consultora Apoyo había difundido los resultados de su última encuesta de abril donde el presidente cayó, en su aprobación, a 26%, dos puntos menos en relación a marzo (28%).

Veinticuatro horas antes ya había comenzado a circular también el ránking americano de la consultora mexicana Mitofsky, donde – de un total de 20 presidentes latinoamericanos- el Jefe de Estado peruano ocupa el puesto 18.

Y eso que la consultora mexicana había utilizado el índice de aprobación de marzo (28%) y no el de abril donde Alan García bajó en dos dígitos. En el ránking de Mitofsky el presidente de mayor aprobación es el colombiano Alvaro Uribe (84%) y el último es el paraguayo, Nicanor Duarte (5%).

Es decir nuestro Jefe de Estado figura a la cola de los desaprobados por los ciudadanos peruanos y a gran distancia del tercio superior presidencial latinoamericano. ¿Qué dirá de esta noticia su ministro de Educación, José Antonio Chang, que tanto le gusta hablar del tercio superior?

Encuestas vs obras

El humor y las poses de García Pérez han variado mucho en las últimas semanas después del shock que sufriera con el tema de la corrupción en el Banco de Materiales. Desde entonces ha afilado mucho más su discurso confrontacional empleando términos como “imbéciles”, “sinvergüenzas”, “botar a patadas”, y terminó esta semana disparando contra el Congreso de la República por el tema de la “renunciabilidad de los congresistas”.

Por eso el jueves último dispuso que se programara en la primera hora de la jornada laboral en Palacio de Gobierno, una ceremonia para presentar públicamente -empleando el poder amplificador de los medios de comunicación- 38 ambulancias, de un total de 200, para Essalud y un paquete de obras y equipamiento en diversos hospitales en el país.

Incluyó en la ceremonia el anuncio de los trabajos en 18 carreteras, a razón de cinco kilómetros asfaltados por día y aseguró que con todas estas obras el Perú tendrá el año 2011 una situación superior a la del 2006, tratando así de diferenciarse del régimen toledista.

Pero a tono con su genio, aprovechó el momento para decir: "Problemas, noticias pequeñas, diferentes, pueden haber pero el buen gobernante y el buen administrador no se deja distraer por esas tonterías, sino que ataca las obras como usted lo está haciendo", dijo el dignatario dirigiéndose al presidente de Essalud, Fernando Barrios, presente en el acto palaciego. “Respondo a las encuestas con obras”, reafirmó.

En realidad la caída en la aprobación presidencial reflejada en los últimos sondeos nacionales ha descuadrado, aparte del Jefe de Estado, a más de un dirigente del partido de gobierno.

¿Mudos o sordos?

Ya el secretario general del APRA, Mauricio Mulder se había referido a los ministros “mudos” que han dejado solo al presidente García y que no lo acompañan para comunicar acerca de sus obras y logros en sus respectivas carteras.

A ese coro se unieron durante la presente semana la ministra de Justicia Rosario Fernández y el presidente del Congreso, Luis Gonzáles Posada. Ambos coincidieron en que al presidente “no hay que dejarlo solo en la tarea de comunicar los logros, pues de este modo se produce un vacío de comunicación que afecta al gobierno”.

Otras voces, como el del ex titular del IRTP, Eduardo Bruce, ex funcionario toledista, aseguró que “como estrategia comunicacional este gobierno tiene muchas fallas, pero el problema de fondo es de gestión”.

En ese aspecto coinciden con el análisis de Juan Paredes Castro, de El Comercio quien manifiesta que “Lo que más afecta a Alan García y al país no son los puntos que él pierde en las encuestas, sino el papel que pierde cada día como jefe de Estado”. Es decir, la gestión del gobierno, su dirección y su articulación con las demandas de la ciudadanía.

Retos siguen vigentes

Y ese es el quid del asunto: ¿Por qué si el crecimiento del país sube como la espuma, las percepciones de los ciudadanos respecto al Jefe de Estado van degradándose en los sondeos?

El descontento, sin duda, se refleja en las encuestas. Pueden ser variables como el repunte de la inflación, el alza persistente de los alimentos de primera necesidad y, por supuesto, los episodios de corrupción en la administración pública.

Puno, por ejemplo, al cierre de esta crónica había comenzado un paro regional de 24 horas por el alza del costo de vida. La actividad en la región sureña había sido paralizada por el bloqueo de carreteras y la suspensión de las clases en los colegios.

Algunos analistas dicen que García sufre en los sondeos por su sobreexposición en los medios. Esa sería en parte la explicación de su baja popularidad. Pero ¿Quién le dice al presidente que no se exponga tanto en actividades que muchas veces lo pueden hacer sus ministros o hasta funcionarios de un rango más inferior?

Sin embargo, otros, como el ministro de Defensa Antero Flores Aráoz, abogan por la inmediata puesta en marcha de una política de comunicación integral y planificada, como si esa fuera la tabla de salvación del gobierno.

El problema es que al presidente García, no sólo la oposición si no algunos miembros de su propio partido, lo han etiquetado como un “neoliberal a ultranza” que ha perdido el horizonte de lo que requiere el país para el futuro.

Y, esta percepción coincide- aunque parezca increíble- con el pensamiento de muchos analistas liberales como Paredes Castro, quien aboga por la “necesidad de marcar la agenda del país (qué queremos ser y hacer por fin) y las señales a futuro (la predictibilidad vital de estos tiempos) que nos permitan saber qué nos espera a la vuelta de la esquina nacional”.

Transparencia gubernamental, lucha frontal contra la pobreza y contra la corrupción en el sector público y privado, mayor presupuesto en salud, educación básica regular, educación universitaria, reforma radical del Estado, mayor énfasis en la regionalización, búsqueda urgente de consenso y apertura del Ejecutivo con las organizaciones productivas y populares, son temas que el gobierno aprista no ha impulsado, para su desgracia, en sus 21 meses de mandato.

Calatos, pero buenos pagadores

Cómo las calificadoras de riesgo nos alientan para un chorreo de inversiones por ser buenos pagadores afuera… pero olvidan a los perromuerteros adentro. Dejar de ser calatos es el reto de este gobierno. (Foto: Mauricio Ramos, en http://www.tierramerica.net/global/galerias/mauricioramos4.shtml)

¿Cuál es el hilo conductor entre el malestar de las amas de casa que día a día ven como los precios de los productos de primera necesidad se van elevando y, la sonrisa del Gobierno que asegura que ahora somos un país más rico?

Esta es la paradoja del Perú ahora luego que el miércoles último se conociera que Fitch Ratings, una de las tres más importantes calificadoras de riesgo del mundo, le otorgara a nuestro país el “grado de inversión”, fundamentalmente por ser un “buen pagador”.

Esta noticia alegró a la gran mayoría de agentes económicos y políticos y lógicamente al gobierno, pues en palabras del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza: “este es el acontecimiento más importante para el Perú en los últimos quince años”.

Y, tiene razón. Al término del mandato del primer gobierno aprista de Alan García, en 1990, nuestras finanzas quedaron peor que una economía de guerra. En las esferas crediticias internacionales fuimos unos apestados y perromuerteros, pues no pagábamos nuestras acreencias.

Así aparece en la escena nacional el ahora procesado ex Presidente Alberto Fujimori, que si bien combatió y frenó el duro proceso inflacionario de entonces, pero, en el largo plazo minó el sistema democrático, con los resultados que ahora conocemos.

Ahora la situación ha cambiado. El presidente García ha pasado por una especie de metamorfosis y ya no tira perromuerto. Más bien se ha convertido en un eximio pagador de nuestras deudas públicas. No había otra salida, pues el régimen del ex Presidente Alejandro Toledo le dejó la valla bien alta.

Altamente elegibles

Por eso conocer esta semana que no sólo Fitch Ratings, sino otras reputadas calificadoras de riesgo del planeta, como Standard and Poor´s y Moody´s calificaran al Perú con la ubicación BB+ (a un paso del grado de inversión) y Ba2, respectivamente (a dos pasos del grado de inversión), era para ensayar una sonrisa de oreja a oreja.

¿Qué hizo la agencia Fitch para ponernos contentos? Pues, elevó la calificación de la deuda peruana de largo plazo en moneda extranjera de “BB+” (grado especulativo) a “BBB-“(con perspectiva positiva, el primer escalón en el grupo de calificaciones que corresponden al denominado grado de inversión).

La calificación con grado de inversión la tienen sólo dos países de América Latina: Chile (A) y México (BBB+).

Sin embargo, la mencionada agencia reconoce algunas debilidades del país en el sentido de que seguimos siendo una base exportadora concentrada en materias primas además de los deficientes indicadores sociales y políticos o los de gobernabilidad. Esos siguen siendo nuestro Talón de Aquiles.

Meta: reducir la pobreza

A pesar de ello, el entusiasmado ministro Carranza en una entrevista radial el día miércoles, aseguró que las principales calificadoras de riesgo “respaldan nuestras políticas macroecnómicas, separándonos de los países de grado especulativos”.

Y, el titular del MEF fue más allá en sus apreciaciones. Manifestó que ahora el Perú es más rico, pues las propiedades valdrán más y la mayor inversión ayudará a reducir la pobreza a pasos agigantados. Se espera buenos resultados antes de concluir el gobierno aprista.

Con estas declaraciones el ministro prácticamente ha comprometido al presente régimen a continuar con una buena política macroeconómica, y a no descuidar la microeconomía. Esa que las amas de casa saborean cada día cuando van a los mercados de abastos a comprar pollo, pan, leche, arroz o fideos.

Es este tema precisamente el que más dolor de cabeza le sigue provocando al gobierno a raíz del repunte inflacionario que a marzo último llegó a 1,04%, según el INEI, y corresponde ya al sexto mes consecutivo que la inflación superar al del mes anterior. El incremento de precios anual bordea ahora el 5.5%.

Salvado por la campana

Los precios vienen golpeando dramáticamente a todo el país y esa situación había puesto en jaque al ministro de Economía. Muchas versiones corrieron esta semana en el sentido de que varios colegas de Luis Carranza y el propio presidente de la República estaban molestos con el titular del MEF.

Pero, las noticias de la buena calificación de riesgo del país pararon en seco no sólo las miradas adustas hacia el ministro Carranza sino que el hecho se convirtió felizmente en su salvación.

Tan sensible está el gobierno con el tema de la inflación que el propio Alan García en su reunión del miércoles con los presidentes regionales en Palacio de Gobierno, les instó a que apoyaran con un conjunto de estrategias para atenuar el alza de precios descontrolado acicateado-según les dijo- por los comerciantes inescrupulosos.

Tanto el Banco Central de Reserva como el propio INEI han informado que la inflación tenderá a la baja en el segundo semestre de este año hasta situarse dentro del rango- meta establecida por el BCR- de hasta 3%.

Pero para aguarle la fiesta a las buenas intenciones del Ejecutivo, Samuel Gleiser de la Cámara de Comercio de Lima pronosticó que la inflación será 5,40% a fin de año.
Esta situación es la que sentirán entonces las amas de casa y seguirán interrogando con razón: total ¿que no somos un país rico?

El vía crucis de Tula Benites

Tula Benites sale del Congreso cargando su cruz (la del desafuero) y comenzará ahora su vía crucis judicial, lejos del Parlamento y fuera del APRA, su partido que la expulsó después de apañarla y protegerla por más de 10 meses. Foto Yael Rojas (Diario PERU 21)

A pocos días de Semana Santa, el Partido Aprista ha adelantado su vía crucis política en el caso de la congresista Tula Benítes que fue finalmente acusada constitucionalmente para que el Poder Judicial decida su caso.

Algunos dicen que fue un anunciado corsi y recorsi, otros que se trató de un estratégico recule político, pero hay voces que aseguran que el presidente Alan García, no tuvo otra alternativa que imponer disciplina en la bancada aprista del Congreso, en el caso de la parlamentaria Tula Benites Vásquez.

El vía crucis político de Benítes se escenificó en sólo 24 horas. El miércoles 12 el Congreso no aprobó la acusación constitucional contra la citada parlamentaria, durante la sesión plenaria que se convirtió horas después en acto reservado, ante el pedido del congresista Mauricio Mulder, secretario General del APRA.

Al final, la congresista aprista no sólo no fue acusada sino que, por esas malas artes que han denigrado a la política y al propio Congreso, Benites salió protegida, pues de los 48 votos que se requerían para acusarla, 39 estuvieron a favor, 16 en contra (incluida el voto de la propia acusada), 19 abstenciones y un número no determinado sin pronunciarse.

Pero, el jueves 13, en una nueva sesión y en otra votación la situación de la congresista pasó de la risa al llanto, pues fue acusada constitucionalmente para que responda ante la justicia por la presunta contratación irregular de un empleado en su despacho.

Esta vez votaron a favor de la acusación 66 congresistas y 9 se abstuvieron. El estupor en los medios de comunicación fue mayor pues dio la impresión que estábamos ante dos representaciones congresales: la del miércoles y la del jueves.

Previamente a la sesión donde se sancionó a Benites, fue aceptado el pedido de reconsideración para proceder a la acusación constitucional, que en las primeras horas de la mañana del jueves, en una comunicación telefónica, había anunciado la congresista Mercedes Cabanillas, en calidad de presidenta de la dirección política del APRA y que coincidió con una postura similar del congresista (AP), Johny Lescano.

Clamor ciudadano

El desafuero de Tula Benites era un clamor nacional y todos pensaban que la congresista aprista tenía los días contados en el Parlamento, pero, eso no ocurrió el miércoles durante la sesión plenaria. Al final de esa jornada la congresista aprista no sólo no fue desaforada sino que quedó en la más completa impunidad…por algunas horas.

Todo se ha consumado

Rumiando este quiebre político del APRA, el congresista acciopopulista, Yonhy Lescano dijo la noche del miércoles mismo a la periodista Rosa María Palacios que se había “consumado la impunidad, aunque viniendo del APRA ya ni eso llamaba la atención, pero si indignaba”.

Lescano se refería a la postura que tomó la bancada del APRA en el caso Canchaya (UN), donde se mostró expeditiva, y que ahora contrastaba con la de Benites, cuyo proceso no sólo se dilató en extremo sino que, al final, en una rara alianza con los fujimoristas, terminaron por salvarla momentáneamente de la acusación constitucional.

Tras el impacto político y mediático que significó para el Partido Aprista la defensa de una congresista, de sus filas, que había sido suspendida por 120 días por la Comisión de Ética Parlamentaria por la presunta contratación de un asesor que no trabajaba en el Congreso, pero si cobraba religiosamente, la dirección política del APRA se reunió de manera urgente para analizar este espinoso episodio.

Esa postura la anunció formalmente Mercedes Cabanillas, cuando abruptamente intervino por teléfono el jueves por la mañana, en medio de una acalorada discusión radial, donde los parlamentarios, Aurelio Pastor (APRA), Oswaldo Luisa (UPP) y Luis Galarreta (UN) estaban enfrascados en los pormenores de la sesión de la noche anterior.

Pilatos

Al Partido Aprista no parece haberle quedado otra alternativa que actuar casi como Pilatos en el caso su compañera Benites. Se lavaron las manos en una nueva votación del jueves y han dejado expedito el camino para que el Poder Judicial investigue a la parlamentaria aprista y determine su culpa o inocencia.

A la bancada del APRA tampoco le quedaba mucho espacio tratando de dilatar más este paradigmático caso de corrupción entre sus propias filas, pues evidenciaba de manera grotesca la política de “dos cañones” que se le atribuye al partido de la estrella.

Tampoco concordaba con el discurso presidencial de Alan García que había enfilado sus baterías no sólo contra el narcotráfico, sino contra la corrupción de funcionarios del Estado.

Precisamente el jueves García, enterado ya del tema desde la noche anterior, había declarado que la posición inicial del Parlamento en el caso Benites “había sido una bofetada para La Libertad y para el país”, en alusión al origen de su compañera de partido.

Los analistas ya vislumbraban el alto costo político para el APRA el hecho de seguir encubriendo a Benites y además dejarle sentarse en su curul desde el miércoles, dado que ya ha había cumplido la pena de 120 días impuesto por el Congreso.

Había sido fuerte el impacto político que el presidente del Congreso Luis Gonzáles Posada ni siquiera dio cara a la prensa para que explicara la indisciplina de la bancada aprista, que fue dejada a su “libre conciencia” para la primera votación y también para que presentara la lista de los legisladores apristas que protegieron a Benites.

Nunca como antes fue más notorio, también dicen los expertos, aquella política de que otorongo no come a otorongo. Es decir, congresistas apristas no expectoran a congresistas apristas, así éstos sean acusados de corruptos por todos los indicios registrados.

Territorio Comanche

Foto: AFP

Un escenario convulso, en la política educativa y agraria del Ejecutivo donde el descontento se quiere solucionar con balas y gases lacrimógenos.

Ha sido esta una semana de recule político del Ejecutivo, especialmente en Educación, pero- para su mala suerte- concluyó con heridos, muertes y cientos de detenidos, en el marco de un panorama conflictivo que se ha radicalizado con el Paro Nacional Agrario.

Este escenario con olor a llanta quemada, gases lacrimógenos, y sangre es casi un “territorio comanche”, al mejor estilo del español Arturo Pérez-Reverte y se produce justo cuando el gobierno menos lo pensaba, pues ya se aprestaba a ajustar el programa preparatorio para la cumbre mundial del Foro Asia-Pacífico, APEC y una desbocada tarea para la suscripción de Tratados de Libre Comercio con Singapur, Canadá, con la Unión Europea, China y hasta con el Japón.

Esto sin tener en cuenta que ya tenemos un TLC con Estados Unidos y con el Canadá y, en stand by, ha quedado un TLC con Chile.

Terco Chang

El quiebre político del gobierno de esta semana fue, el debate primero, el descontento luego y finalmente un nuevo decreto supremo que reemplaza al tristísimo D.S. 004 del tercio superior, promovido por el ministro José Antonio Chang con el objetivo de torcerle el cogote al SUTEP.

En su afán, Chang no solo se abrió otra vez un conflicto con los maestros sutepistas, sino que provocó una crisis en cadena, que chocó con cerca de 20 presidente regionales, los expertos del Consejo Nacional de Educación y hasta con algunos congresistas del partido gobernante, entre ellos, Mercedes Cabanillas.

A estas alturas el presidente Alan García ya había “pulseado” la situación política y no le quedó otra camino que salir el lunes ante la opinión pública junto con su ministro para anunciar “algunas medidas complementarias” a la tan zarandeada norma.

Pero 48 horas después en una tensa reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros, Chang se sentó con los presidentes regionales y al final de la negociación su defensa del tercio superior resultó no solo insostenible sino jalada de los cabellos.

Este será un negro precedente para el ministro Chang y para el gobierno, pues cualquier enfrentamiento con los docentes de Educación Básica Regular o con cualquier otro sector, tendrá siempre el estigma de un régimen autoritario.

Palo con el paro

En otro frente, no menos espinoso, los últimos acontecimientos en torno al Paro Agrario, deja en el balance un cierto temor de la ciudadanía, que no lo valoró quizá en su oportunidad.

Como se sabe el gobierno promovió y dictó a fines del año pasado el proyecto de ley 982, que declara inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales para que usen sus armas para dispersar manifestaciones y además, que no sean investigados por el Ministerio Público.
Esta norma fue dictada justamente a raíz de las grandes manifestaciones populares que se escenificaron durante el último trimestre del 2007, y que concluyeron en aisladas medidas económicas por parte del gobierno, traducidas en “bonos por productividad”, como una forma del “chorreo económico”.

Sin embargo, la compulsa y el descontento de los trabajadores quedaron ahí embalsados, hasta ahora.

Por eso es que, la protesta aislada de los expertos no dejaba de tener razón: el proyecto de ley de entonces colisiona con la normatividad internacional que exige el uso adecuado y proporcional de la fuerza en las manifestaciones.

Y, lo que se temía se produjo precisamente el martes durante los sucesos ocurridos en el paro agrario, donde murieron cuatro campesinos en Ayacucho, Arequipa y Barranca.

El enfrentamiento entre las fuerzas del orden no sólo se escenificó en las carreteras sino también en las calles de Ayacucho y del resto de ciudades convulsionadas.

En Ayacucho el enfrentamiento se produjo en la plaza de armas de Huamanga donde los campesinos les rendían homenaje a Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, muertos por dos impactos de bala en la cabeza. Allí miles de manifestantes de organizaciones sociales, gremiales y sindicales protestaban por la muerte de dichos comuneros, y en esas circunstancias se produjo un nuevo enfrentamiento con la policía.

El velatorio se convirtió en un pandemonium pues la policía comenzó a disparar gases lacrimógenos, como se ha podido observar en las dramáticas imágenes de todos los noticiarios de televisión de alcance nacional.

Alan: “¡Que sirva de lección!”

El miércoles, tras los trágicos sucesos, el Presidente García enfiló sus baterías verbales contra los “seudodirigentes y los agitadores extremistas que de una manera empujan como carne de cañón a los pobladores”, y demandó que ellos deben ser investigados en lugar de su ministro del Interior, Luis Alva Castro.

Pero no contento con esta reprimenda, ha advertido: "Que sirva de lección para que cuando alguien promueve públicamente y agitadamente un paro, sepa a dónde está conduciendo a estas personas, que sepa a qué está abriendo las puertas. De ahora en adelante, si no es ahora mismo como dicen los fiscales, todo aquel que convoque a este tipo de movilizaciones tiene que ser directamente responsable de cualquier cosa que ocurra, de la destrucción y de la muerte de cualquier persona".

Por el momento los dirigentes agrarios han pedido no solo la renuncia de Alva Castro sino que se forme una comisión investigadora en el Congreso de la República. Estos pedidos fueron acogidos por las bancadas de UPP y de los nacionalistas, que son las más afanosas para derogar la ley del uso de la fuerza armada y policial en las manifestaciones populares.

Algo que no parece darse cuenta el Presidente (o es un defecto en él) es que, quien ha rociado gasolina a la hoguera ha sido precisamente el propio Jefe del Estado, pues ante la impaciencia de los agricultores y campesinos para que les resuelvan sus demandas, García Pérez no solo los ha ninguneado sino ha insultado llamándolos “borregos” y, ahora, “seudodirigentes” y “agitadores extremistas”.

Casi el mismo guión empleado con los docentes del Sutep, los catedráticos de las universidades nacionales y hasta con los pobladores que se oponen a las operaciones de las empresas mineras irresponsables con el medio ambiente y con una vida saludable de las comunidades.

La única explicación racional de lo que sucede con el APRA y el gobierno en su conjunto es su giro ideológico mucho más a la derecha que lo está estigmatizando como un régimen dictatorial y represivo, han coincido muchos analistas, entre ellos Humberto Campodónico.