Frases célebres

Foto La República-Perú

Antes de partir a cumbre de APEC el presidente Alan García nos dejó algunas frases para el análisis y…la consternación:

Semana agitada en el despacho presidencial y el Congreso de la República, marcada por las célebres frases del Jefe de Estado, horas antes de emprender vuelo hacia Sydney (Australia), a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico.

Los acuciosos miran los antecedentes y luego se frotan las manos cuando el presidente Alan García lanza cada frase, que después lo desmiente o lo lamenta públicamente.

"Si nosotros comenzamos a protegernos unos a otros, entonces eso la población lo ve como una cochinada", dijo en tono amargo el miércoles el Jefe de Estado, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Puntualizó que no se refería puntualmente al caso de su compañera de partido, la congresista por La Libertad, Tula Benites Vásquez, cuyo acuerdo para suspenderla por 120 días ha enfrentado al oficialismo y a la oposición congresal, durante estos últimos tres meses.

Alan García tuvo el afán de marcar distancias pero de ningún modo mandar al cadalso a la Benites. Advirtió que “no puede haber doble moral ni doble medida. Si se han aplicado medidas preventivas en un caso, tienen que plantearse del mismo modo en casos parecidos", pero que esto no va para la legisladora liberteña. Todos se preguntan entonces para que dijo lo que dijo.

Coincidencia o no el verbo de García siempre mata y, esta vez, la ciudadanía vincula la cochinada a la que se refiere el presidente a los intríngulis que se “cocinan” en el Congreso para salvar a su compañera de partido. Esta postura, por lo demás, no es ninguna novedad.
Después de todo el espíritu de cuerpo del que hacen gala los otorongos es usual en el Parlamento.

De ahí que cuando el Jefe del Estado habla de doble moral y de cochinadas, la población no hace distingos. Los sanciona por igual, sea del Partido Aprista, de Unidad Nacional o de UPP.
Es que el impacto mediático que generaron los casos de los inefables congresistas Elsa Canchaya y Walter Menchola, sancionados inmediatamente por hechos parecidos, constituyen antecedentes que ahora, tanto la Célula Parlamentaria Aprista, como el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada no deben pasar por alto.

No sancionar a Benites o tratarla con perfume de impunidad, bien puede costarle al oficialismo una repulsa y, con ello, echar en alforja de ciego, las celebérrimas frases del presidente García.

Finalmente la “Canchaya aprista”, fue inhabilitada por 120 días sin goce de haberes y sus compañeros de partido han cortado con ella por lo sano, pese a las pataletas de Benites.

¿Otro gobierno?

La siguiente frase de AGP, no por justa resulta contraproducente: "El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley, la misma que establece las reglas que el país tiene para generar inversión. Eso no depende de que algunas personas se reúnan y digan que no quieren inversión. Entonces escojan otro gobierno”.

Fue pronunciada también el miércoles en la reunión con los periodistas. Se trataba de una respuesta a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se realice actividad minera en Ayabaca?
Esta es la interrogante de la consulta popular que a toda costa planea realizar el municipio provincial de dicha localidad el domingo 16 de setiembre.
La empresa minera aludida es Majaz (propiedad de la empresa china Zijin Metais), que planea operar en la zona y que, para congraciarse con la población, ha ofrecido crear un fondo de US$ 80 millones para obras de infraestructura.

Habría que ver que postura toma la población de Ayabaca con eso de “que mejor escojan a otro gobierno”.

Pero allí no quedó todo. El presidente calificó de “agitadores comunistas” a quienes están detrás de la consulta popular. “Creen todavía en el Estado propietario de todo, creen que el capitalismo es enemigo de los pobres”, enfatizó García.

Palanas en ristre

La respuesta no se ha hecho esperar. En un comunicado difundido en varios medios electrónicos el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, conformado por las municipalidades, comunidades campesinas, frentes, organizaciones sociales, instituciones y colectivos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, Jaén y de los distritos de Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Tambogrande, han denunciado la campaña de amedrentamiento del gobierno y de la empresa Majaz S.A.

Dicen que se trata de impedir lo que ellos llaman “manera libre y voluntaria de opinar” sobre la realización de una actividad económica que va a afectar la planificación del desarrollo concertada, el ordenamiento territorial y el medio ambiente.

Claro este movimiento es una alerta para el presidente que precisamente en Australia en la reunión de APEC tratará de promover las inversiones en nuestro país.

Pero, el gobierno debería tener presente que, antes de actuar como acusete y endilgar clichés empleados desde el primer gobierno del presidente Belaúnde (“agitadores comunistas”), los movimientos de campesinos por la defensa de su hábitat ha traído siempre enfrentamientos que terminaron con muertes.

Los antecedentes más cercanos y recientes son los acontecidos en Cajamarca, con la pugna casi permanente entre las comunidades y la empresa Yanacocha.

Aquí el gobierno ha dejado hacer y ha dejado pasar y el conflicto está ahí latente. La contaminación en Cajamarca no tiene nada de ideológico o político- partidario. El desmadre medioambiental es causa de la voracidad de la transnacional de sacar hasta el último gramo de oro antes de dejar estas tierras.

Otra cosa es que la población de Ayabaca no haya seguido el trámite adecuado para su consulta popular, tal como ha denunciado el gobierno y los organismos competentes como el Jurado Nacional de Elecciones.

Pero eso es lo menos. Lo más está en el conflicto mismo que se puede extender por el resto de comunidades afectadas también por la actividad minera y donde el Estado ni garantiza el cuidado del medio ambiente ni sanciona a sus responsables.

Al cierre de esta crónica el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo acusó el guante y junto con el obispo de Chimbote, Luis Bambarén voló a Piura para dialogar con la población y los alcaldes y buscar una salida al conflicto.

Como siempre, el presidente de la República primero menosprecia el tema y hasta lanza adjetivos y su fiel escudero no le queda otra alternativa que apagar el incendio y atemperar los arrebatos ciudadanos.

Combos políticos

De las calles su bulla: un menú social que huele muy mal, en casi todas las regiones del país.


Combo, es una palabreja proveniente de la jerga popular peruana para referirse al menú, a la comida del día. Algunos le dan un matiz bélico: combate, le dicen.
Por eso, “vamos a combear, implica vamos a “guerrear” con el plato de lentejas, el tacu tacu, los tallarines o el cevichito.

El término probablemente tenga su origen en el habla delincuencial. Pero, eso no importa, pues, de su génesis se encargan los lingüistas y otros versados. Y, cuando queremos salir del apuro, hasta en “diccionarios” de jergas peruanas la encontramos.

Pero no es mi intención, repasar ni jerga ni comida, sino emplear dicha palabra en este sancochado político en el que se ha convertido, durante las últimas semanas, la puja entre los diversos gremios de trabajadores y el gobierno aprista.

Combo I

Este combo, de sabor amazónico le provocó indigestión al régimen, hace dos semanas. Más de cinco mil ciudadanos, de toda condición, ganaron las polvorientas calles de Iquitos, Yurimaguas y Madre de Dios, enardecidos por la eliminación de las exoneraciones tributarias de la amazonía, que –según el MEF- le representa al gobierno la friolera de 926 millones de soles, en promedio y, a los pueblos selváticos – en versión de los empresarios charapas- una “pedrada en ojo tuerto”.

No era para menos. Dichos beneficios, otorgados por la Ley Nº 27037, estuvieron vigentes en las regiones de la Amazonía desde fines del año 1998. Es decir, casi ocho años.
Eliminarlos de un plumazo, como efectivamente sucedió, a pesar de las forzadas explicaciones del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, era equivalente a tomarse un trago de uvachao, bien maceradito, que, cuando uno lo traga no sólo raspa el cogote sino entona de inmediato.

Más o menos eso fue lo que provocó en los pueblos de la selva los ahora famosos decretos leyes 977 y 978, producidos inconsultamente por los tecnócratas del ministerio de Economía y Finanzas. Los dispositivos legales actuaron como detonantes.

Evidentemente, el combo I, con sabor a un juane descompuesto, no le cayó nada gracioso al régimen que trata ahora de dorar la píldora mejorando los ingredientes del menú.

Como dice Eduardo Cruzado, integrante del grupo Propuesta Ciudadana, el gobierno, en lugar de dialogar con los ciudadanos sobre su propuesta, lo ha impuesto de la manera más burda, tildando- de paso- al pueblo amazónico de una sarta de traficantes y contrabandistas.

Este achoramiento oficial enervó los ánimos del pueblo amazónico. El gobierno no sólo actuó con oídos sordos sino hasta con soberbia.

Combo II

El combo II comienza a fermentar. No es para menos. Se trata de un sancochado amplio y variado. En el plato servido desde el 12 de junio hay desde un arroz con pato norteño, un juane selvático, un tacu tacu limeño, rocoto relleno arequipeño y hasta papa a la huancaína, del centro del Perú.

Cada potaje representa las zonas geográficas de las 33 universidades nacionales, que desde hace unos ocho días han reiniciado una huelga general indefinida que no se sabe cuando concluirá.

Los maestros universitarios ya marcharon en Lima la semana pasada. Este jueves 21 han programado en la Capital una segunda jornada, donde confluirán delegaciones de las universidades públicas de todo el Perú.

La demanda principal es el cumplimiento del programa de homologación de las remuneraciones de los docentes universitarios, con la de los magistrados del Poder Judicial, que los maestros vienen pidiendo desde hace 24 años. ¡Casi un cuarto de siglo de peticiones, luchas y movilizaciones!

Fue durante el mandato del ex presidente Alejandro Toledo cuando se expidió la ley 20603 que reconoce la plena vigencia del art. 53º de la ley 23733, Ley Universitaria dictada durante el gobierno del ex presidente Fernando Belaúnde Ferry.

Casi al finalizar el régimen toledista, y tras una prolongada huelga de docentes, el gobierno dispuso en el 2005 la elaboración de un programa de homologación (decreto Supremo 121-EF) y ese mismo año se aprobó la propuesta mediante Decreto de Urgencia 033.

Con la asignación del 20% durante el 2006 y la previsión de otro 35% para el año 2007, el programa de homologación quedó entonces oleado y sacramentado.

Pero, el gobierno aprista, escudándose en su “política de austeridad”, ha pretendido “tirar cabeza”, es decir se estaba haciendo “el sueco”. Dictaminó así una serie de decretos de urgencia que suspenden los programas de indexación y homologación de los funcionarios (los Altos Funcionarios) del Estado.

Lo chistoso es que entre este “altos funcionarios”, han incluido a los pobres docentes universitarios.

Manuel Burga, ex rector de la universidad Mayor de San Marcos y presidente del Instituto de Estudios sobre la Universidad (INESU), dijo recientemente que la meta del programa de homologación era llegar al 100% en el 2008. Eso se ha detenido. Estamos terminando junio del 2007 y ha pasado un año sin que se cumplan las metas.

¿Qué significa esa homologación?, se preguntó Burga: significa que un profesor auxiliar al año 2008 iba a tener un sueldo básico de un magistrado superior: 2000 nuevos soles. Un profesor asociado iba a ganar 3100, y un profesor principal 5600, que es el 80% de la remuneración básica de un magistrado supremo. Eso el gobierno del APRA lo ha detenido porque no tiene ningún interés en la educación pública universitaria, explicó.

El problema de las universidades peruanas no sólo se centra en las magras remuneraciones de los docentes que hasta para compararnos con los países vecinos a un maestro se le cae la cara de pura vergüenza.

Un profesor universitario colombiano gana el equivalente a dos mil dólares mensuales, uno de Brasil, un poco más de cinco mil y cerca de cuatro mil dólares otro de Chile. ¡Un catedrático en el Perú, recibe un promedio de 400 dólares al mes!

Pero, no hay que salir del Perú para las odiosas comparaciones: convertidos los 400 dólares promedio en moneda nacional, el sueldo de 1,300 soles mensuales resulta una migaja frente a los dos mil quinientos soles que gana un barredor de Essalud, los cinco mil de un portapliegos de Palacio de Gobierno y los 25 mil soles de un congresista.

Terrible desigualdad que se extiende dramáticamente al magisterio nacional y que refuerza, con mucha pena y rabia a la vez, la percepción ciudadana de que al gobierno del APRA le interesa un comino la educación en el país.

Este es el combo que el régimen no digiere y al parecer tampoco lo hará.