Los idus de octubre del régimen

El "baile" del gobierno será así de complicado en lo que queda del 2007. Haber si no queda dislocado. (Foto Valery Bazán-Trujillo Dayly Photo)

Temblores políticos que por el momentohan amainado en la coyuntura nacional, pero que por los indicios, el panorama tiene a
calentar las calles y plazas, en pleno friaje.

Semana de grandes sustos políticos para el gobierno, aunque sus voceros más connotados, incluido el propio presidente de la República, traten de echar tierra al asunto y optar por voltear la página.

Los temblores apuntaban directamente a dos ministros quienes estuvieron en la picota y, otros tantos, en salmuera, a raíz de una serie de episodios que llevaron al inquilino de Palacio de Gobierno a pensar seriamente en recambios urgentes para protegerse de la tromba ciudadana. De todas maneras la población ha castigado al Ejecutivo en las dos últimas encuestas.

Frente al cadalso

Estuvieron con un pié en el cadalso el ministro del Interior, Luis Alva Castro y el titular de Salud, Carlos Vallejo.

El primero se salvó por un pelo de la moción de censura que había presentado la oposición en el Congreso, por los escándalos alrededor de la compra de patrulleros y la posterior suspensión de la licitación respectiva.

Fueron los 10 votos decisivos de la agrupación fujimorista y de algunos congresistas de oposición que-coincidentemente no estuvieron en la sesión del miércoles último por sus “múltiples” ocupaciones- los que le salvaron el pellejo a LAC y, por ende, el cuestionamiento político al gobierno.

Pero la censura obtuvo 51 votos y ello ha sido importante para la oposición. El mínimo de votos era 61. El analista Santiago Pedraglio, ha manifestado que el hecho de que Alva Castro no fuera censurado constituye una “victoria pírrica”, si se tiene en cuenta la caída de la popularidad del presidente García y del gobierno en su conjunto.

De otro lado, el ministro Vallejo, en cambio, recibía desde hace 20 días tal andanada de críticas, especialmente por escándalos de los contagios del VIH por transfusión sanguínea y la denuncia por corrupción en el Seguro Integral de Salud.

Sin embargo no eran los únicos ministros-fusibles los que iban a ser “sacrificados”, si hubiera prosperado la censura congresal.

La coyuntura política dejaba lista las condiciones para una renovación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia y aunque remotamente se pensaban también en el Ministerio de la Producción, que despacha el socio del APRA, Rafael Rey Rey.

Malestar en aumento

Aún cuando García Pérez siempre ha dicho que no administra el gobierno en función a las encuestas, su caída en las preferencias populares, no deja lugar a dudas de un malestar ciudadano que va en aumento.

La creciente alza de precios de los principales productos de la canasta básica y los escándalos de las corruptelas e ineficiencia en algunos sectores del gobierno, se manifiestan en las calles.

Por lo menos ello ha sido “fotografiado” por el sondeo de la PUCP que reveló que la aprobación presidencial bajó de 49% el mes pasado a 30% en octubre y, en análisis de la Universidad de Lima, García baja de 51.6% de las preferencias a 37.7%, en ese mismo periodo.

Es posible que en lo que queda de octubre y noviembre los índices de desaprobación aumentará, pues, desengañados muchos sectores del aparato del Estado, los pequeños ganaderos y las comunidades contaminadas por la minería rapaz, retomarán sus tambores de guerra para que el gobierno se acuerde de sus promesas.

La batahola comenzará el martes 16 con la huelga general indefinida anunciada por los maestros de todas las universidades públicas del país, cansados de que el gobierno incumpla con sus propias leyes, ratificadas hasta en “mesas de diálogo” y que hasta el momento no los pueda homologar.

Es tal la indignación de los catedráticos de las universidades del Estado que han alertado que el programa de homologación dispuesto por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, quede sin efecto si se llegara a aprobar el proyecto de presupuesto nacional del 2008, donde se ha incluido un artículo que dispone “dejar sin efecto todo programa de homologación o indexación de sueldos”.

En todo caso, todas las demandas de los quejosos se canalizarán a través de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), según han adelantado sus dirigentes. Y, como para que no quede dudas han anunciado un paro y movilización nacional para el próximo 8 de noviembre.

La Ministra de Trabajo, Susana Pinilla ha reaccionado rápidamente, pero sólo para decir que “le da pena” la decisión de la CGTP y la ha calificado como una “acción política”.
No es novedad. Así calificó el gobierno el conjunto de demandas nacionales que asolaron todo el país hasta unos días antes de Fiestas Patrias.

Pero, en su mensaje por 28 de Julio, el presidente García no sólo se golpeó el pecho sino que hasta tuvo que pedir público perdón a los maestros sutepistas, aquellos a los que vilipendió y maltrató.

En fin, lo que parece venir no será a todas luces malva de rosas sino un hueso duro de roer que el gobierno tendrá que manejar con mucho cuidado.


Después de todo lo que la ciudadanía le pide es que no solo sea responsable sino también equitativo y justo con las demandas de la población.

Sueldos y desigualdades hoy

Fuente de fotografia: La República


Repaso al debate sobre el aumento de la RMV que no resuelve el drama de la pobreza en el Perú.

El aumento de la remuneración mínima vital (RMV) en 50 soles, anunciado durante la semana por el gobierno ha puesto sobre el tapete la vieja discusión de las desigualdades sociales en el país.
La medida, anunciada por el presidente Alan García el martes último, no fue del agrado de los gremios empresariales, pero, tampoco de las organizaciones laborales.

La decisión, más bien, ha sido vista por algunos líderes de opinión como “medida populista”, pues el aumento no solucionará los graves problemas de pobreza de una gran mayoría de peruanos, según han expresado.

El aumento, según versiones oficiales, se otorgará en dos tramos. Un primer monto de 30 soles se dará a partir del 1º de octubre, y el segundo, de 20 soles, desde enero del 2008.

Adicionalmente el gobierno entregará unos denominados “bonos por crecimiento” a los 150 mil empleados del sector público, que ganan menos de 1,000 soles, pero que aún no se ha especificado ni el monto, menos la modalidad.

Luego de la decisión del Ejecutivo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha expresado que ahora las coordinaciones realizadas por los gremios empresariales, sindicatos y organizaciones vinculadas al sector Trabajo para definir un método técnico para calcular los ajustes de la RMV, ha sido descartado al haberse producido una decisión política para dicho aumento.

Como era de esperarse, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el ministro de Economía, Luis Carranza han salido a defender la medida. Este último manifestó que se había decidido aumentar el sueldo mínimo para proteger a los trabajadores.

Señaló, además, que la idea es que la RMV deba considerar el aumento del costo de la canasta básica, cuyo precio está ya en los 1,300 nuevos soles mensuales.

Cifras que no mienten

Recientemente, el analista económico Humberto Campodónico, remitiéndose al reciente Informe Estadístico Mensual (mayo 2006) del Ministerio de Trabajo, daba cuenta que la gran mayoría de limeños son pobres, pues, de varios años de crecimiento, con las justas llegan a 1,000 soles mensuales en sus remuneraciones.

Los empleados privados en los rangos más bajos, constituyen el 9.8% (de 0 a 400 soles) y el porcentaje mayor, 45.8% ( de 400 a 1,000 soles).

No sucede lo mismo con los empleados públicos, pues el 33.8% gana menos de 1,000 soles mensuales. Y, el 48.3% gana de 1,000 a 2,000 soles. A pesar de estas diferencias entre empleados públicos y privados, dice Campodónico, no quiere decir que los primeros no sean pobres. Lo son.

Sueldos siderales



Si estos datos ya son esclarecedores, mucho más son las comparaciones que hace poco hiciera Pedro Francke, ex funcionario del gobierno de Toledo y actualmente profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Francke señala que hay siete ejecutivos en el Perú que ganan más de un millón de soles anuales. Se concentran principalmente en el sector minero, y, el dato es aportado por la consultora Deloitte.
El sueldo más alto de un gerente en Perú, es de un millón 400 mil soles anuales: el equivalente a 120 mil soles mensuales.

Un solo gerente minero gana más que 200 trabajadores juntos de la minera Casapalca, o más que 150 catedráticos de una universidad pública.

La comparación más escalofriante que ensaya Francke es la siguiente: los propietarios de las acciones tipo C de Southern Perú Cooper Corp. han visto disparar sus acciones de una cotización de 10 mil millones de dólares, a valer 27 millones de dólares actualmente. Una ganancia de 17 mil millones de dólares, unos 50 mil millones de soles. ¿en obreros, cuanto sería esta cifra? se pregunta el analista.

De allí que resulta dispar, dicen algunos, el aumento de 50 soles al SMV (actualmente de 500 soles), cuando la canasta familiar está por los 1,200 o 1,300 soles.

En la otra orilla. Por ejemplo, desde la perspectiva del Instituto de Libre Empresa, Jorge Valín sostiene que “obligar a las empresas a remunerar a sus empleados con un sueldo mínimo significa que los que actualmente cobran una cuantía inferior a éste automáticamente quedan fuera del terreno laboral o bien pasan a cobrar lo mismo pero dentro de la economía sumergida”.

En tanto que Miguel Jaramillo de Grade, puntualiza que “bajo ciertas circunstancias, el salario mínimo puede ser útil para mejorar las remuneraciones de los trabajadores en la cola de la distribución del ingreso. Sin embargo, no debe perderse de vista que el salario es una variable “resultado”, por tanto, no puede fijarse arbitrariamente o siguiendo criterios ajenos al mercado laboral.”.

La única manera efectiva de elevar las remuneraciones a largo plazo es a través del aumento de la productividad, por lo que el énfasis en las políticas debería ir en dicha dirección, enfatiza Jaramillo.

Una mercancía más

Francke, polemiza con estos criterios expuestos cuando sostiene que “con su discurso contra los salarios y los derechos laborales, lo que en verdad quiere defender la derecha son las ganancias empresariales, que se achican con mayores salarios. Pero para ellos, las utilidades son intocables y los capitales son la única fuerza de desarrollo, como si el trabajo no importara y fuera solo una mercancía más que se compra y se vende.”

Los empresarios en el Perú tan proclives a mencionar a Chile como el modelo a seguir, deberían conocer que este año el gobierno mapocho aumentó el sueldo mínimo a 144,000 pesos mensuales (unos 275 dólares), un 6.7% más que en el 2006. Lo gracioso- como para sacar roncha al gobierno aprista y a la propia derecha peruana- es que los aumentos se realizan todos los años.

Aquí se habla mucho del crecimiento económico y sostenido desde el gobierno de Toledo, pero en materia de sueldos y salarios y de inversión en infraestructura básica como educación, salud, agua y desagüe, el decrecimiento es dramático.
Solo hasta el año 2004 el déficit en infraestructura en el Perú alcanzó la cifra de 30 mil millones de dólares. Los mayores montos estaban en transportes, energía, y saneamiento.
Y esto es solo en infraestructura. De tecnología y conocimiento, mejor ni hablar.

Frases célebres

Foto La República-Perú

Antes de partir a cumbre de APEC el presidente Alan García nos dejó algunas frases para el análisis y…la consternación:

Semana agitada en el despacho presidencial y el Congreso de la República, marcada por las célebres frases del Jefe de Estado, horas antes de emprender vuelo hacia Sydney (Australia), a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico.

Los acuciosos miran los antecedentes y luego se frotan las manos cuando el presidente Alan García lanza cada frase, que después lo desmiente o lo lamenta públicamente.

"Si nosotros comenzamos a protegernos unos a otros, entonces eso la población lo ve como una cochinada", dijo en tono amargo el miércoles el Jefe de Estado, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Puntualizó que no se refería puntualmente al caso de su compañera de partido, la congresista por La Libertad, Tula Benites Vásquez, cuyo acuerdo para suspenderla por 120 días ha enfrentado al oficialismo y a la oposición congresal, durante estos últimos tres meses.

Alan García tuvo el afán de marcar distancias pero de ningún modo mandar al cadalso a la Benites. Advirtió que “no puede haber doble moral ni doble medida. Si se han aplicado medidas preventivas en un caso, tienen que plantearse del mismo modo en casos parecidos", pero que esto no va para la legisladora liberteña. Todos se preguntan entonces para que dijo lo que dijo.

Coincidencia o no el verbo de García siempre mata y, esta vez, la ciudadanía vincula la cochinada a la que se refiere el presidente a los intríngulis que se “cocinan” en el Congreso para salvar a su compañera de partido. Esta postura, por lo demás, no es ninguna novedad.
Después de todo el espíritu de cuerpo del que hacen gala los otorongos es usual en el Parlamento.

De ahí que cuando el Jefe del Estado habla de doble moral y de cochinadas, la población no hace distingos. Los sanciona por igual, sea del Partido Aprista, de Unidad Nacional o de UPP.
Es que el impacto mediático que generaron los casos de los inefables congresistas Elsa Canchaya y Walter Menchola, sancionados inmediatamente por hechos parecidos, constituyen antecedentes que ahora, tanto la Célula Parlamentaria Aprista, como el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada no deben pasar por alto.

No sancionar a Benites o tratarla con perfume de impunidad, bien puede costarle al oficialismo una repulsa y, con ello, echar en alforja de ciego, las celebérrimas frases del presidente García.

Finalmente la “Canchaya aprista”, fue inhabilitada por 120 días sin goce de haberes y sus compañeros de partido han cortado con ella por lo sano, pese a las pataletas de Benites.

¿Otro gobierno?

La siguiente frase de AGP, no por justa resulta contraproducente: "El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley, la misma que establece las reglas que el país tiene para generar inversión. Eso no depende de que algunas personas se reúnan y digan que no quieren inversión. Entonces escojan otro gobierno”.

Fue pronunciada también el miércoles en la reunión con los periodistas. Se trataba de una respuesta a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que se realice actividad minera en Ayabaca?
Esta es la interrogante de la consulta popular que a toda costa planea realizar el municipio provincial de dicha localidad el domingo 16 de setiembre.
La empresa minera aludida es Majaz (propiedad de la empresa china Zijin Metais), que planea operar en la zona y que, para congraciarse con la población, ha ofrecido crear un fondo de US$ 80 millones para obras de infraestructura.

Habría que ver que postura toma la población de Ayabaca con eso de “que mejor escojan a otro gobierno”.

Pero allí no quedó todo. El presidente calificó de “agitadores comunistas” a quienes están detrás de la consulta popular. “Creen todavía en el Estado propietario de todo, creen que el capitalismo es enemigo de los pobres”, enfatizó García.

Palanas en ristre

La respuesta no se ha hecho esperar. En un comunicado difundido en varios medios electrónicos el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, conformado por las municipalidades, comunidades campesinas, frentes, organizaciones sociales, instituciones y colectivos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, Jaén y de los distritos de Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Tambogrande, han denunciado la campaña de amedrentamiento del gobierno y de la empresa Majaz S.A.

Dicen que se trata de impedir lo que ellos llaman “manera libre y voluntaria de opinar” sobre la realización de una actividad económica que va a afectar la planificación del desarrollo concertada, el ordenamiento territorial y el medio ambiente.

Claro este movimiento es una alerta para el presidente que precisamente en Australia en la reunión de APEC tratará de promover las inversiones en nuestro país.

Pero, el gobierno debería tener presente que, antes de actuar como acusete y endilgar clichés empleados desde el primer gobierno del presidente Belaúnde (“agitadores comunistas”), los movimientos de campesinos por la defensa de su hábitat ha traído siempre enfrentamientos que terminaron con muertes.

Los antecedentes más cercanos y recientes son los acontecidos en Cajamarca, con la pugna casi permanente entre las comunidades y la empresa Yanacocha.

Aquí el gobierno ha dejado hacer y ha dejado pasar y el conflicto está ahí latente. La contaminación en Cajamarca no tiene nada de ideológico o político- partidario. El desmadre medioambiental es causa de la voracidad de la transnacional de sacar hasta el último gramo de oro antes de dejar estas tierras.

Otra cosa es que la población de Ayabaca no haya seguido el trámite adecuado para su consulta popular, tal como ha denunciado el gobierno y los organismos competentes como el Jurado Nacional de Elecciones.

Pero eso es lo menos. Lo más está en el conflicto mismo que se puede extender por el resto de comunidades afectadas también por la actividad minera y donde el Estado ni garantiza el cuidado del medio ambiente ni sanciona a sus responsables.

Al cierre de esta crónica el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo acusó el guante y junto con el obispo de Chimbote, Luis Bambarén voló a Piura para dialogar con la población y los alcaldes y buscar una salida al conflicto.

Como siempre, el presidente de la República primero menosprecia el tema y hasta lanza adjetivos y su fiel escudero no le queda otra alternativa que apagar el incendio y atemperar los arrebatos ciudadanos.

¿Margarita, está linda la mar?

Foto: Radio Programas del Perú

Semana de cataclismos: el diferendo marítimo con Chile y, el terremoto que sacudió gran
parte del Perú.

La política internacional y menuda del Perú quedó en el closet por esta semana, a raíz del sismo de 7,9 grados Richter que remeció al país el miércoles 15.

El presidente Alan García y su gabinete ministerial reaccionaron como un resorte a los pocos minutos de producido el terremoto, que ha dejado más de medio millar de muertos, 176 mil damnificados y unas 16 mil viviendas destruidas. Las cifras probablemente aumentarán en la medida que se retiren los escombros, especialmente en Chincha, según estimó el director regional de Operaciones de INDECI, Arístides Mussio.

Las otras ciudades más afectadas, fueron Ica y Pisco y, ante el dolor nacional, el gobierno declaró tres días de duelo nacional.

La acción gubernamental se advirtió a los pocos minutos del cataclismo, con las informaciones preliminares de la desgracia. El jefe del Estado convocó de emergencia a su Consejo de Ministros donde trazaron lineamientos y un plan de crisis que el propio García lo expuso en cadena nacional por televisión.

La misma noche del sismo, salieron hacia la zona de desastre los ministros de Salud, de Vivienda y Construcción y del ministerio de la Mujer.

Al día siguiente, el jueves, como madrugando a otras brigadas, el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, llegó a Pisco con un cargamento de hospitales de campaña, un cuerpo de médicos y otros enseres y medicinas.

En la desgracia, hermanos

La furia de la naturaleza fue la única que permitió un acercamiento entre los gobiernos del Perú y Chile, pues hasta el mismo día 15, el debate áspero y belicista, especialmente en el sur, había ganado grandes titulares en los medios de comunicación mapochinos.

El jueves por la tarde se conoció que la presidenta de Chile, Michael Bachelet se había comunicado con su homólogo de Perú, para expresarle las condolencias del pueblo chileno por el terremoto, que había sacudido gran parte del país.

La reacción del Palacio de La Moneda fue también muy rápida, pero la noticia recién fue confirmada por la propia Bachelet, durante una ceremonia pública realizada a 100 kilómetros al sur de Santiago, donde inauguró una planta de energía solar.

La presidenta aceptó que en los últimos días Perú había estado en el centro de la atención de su país a raíz de la publicación de una nueva cartografía peruana que modifica unilateralmente los límites marítimos con Chile.

Bachelet fue tajante: “creo que la ciudadanía sabe muy bien que mi gobierno, junto a todos los sectores políticos, ha manifestado su firme decisión de defender nuestra soberanía y que se respeten los acuerdos internacionales vigentes que existen en materia limítrofe”.

Cuando la prensa chilena quiso conocer más detalles de las acciones presidenciales en relación al tema, Bachelet reaccionó y les contestó: “Hoy no quiero hablar más del tema. Es un día de dolor para el pueblo peruano y es por eso que me he comunicado con el presidente Alan García para expresarle mi solidaridad”, dijo.

Esta postura chilena bien puede expresarse con el título de la novela del nicaragüense, Sergio Ramírez: “¿Margarita, está linda la mar”?, que es la que mejor expresa la actual coyuntura política internacional y nacional, además del desastre natural que enluta a los peruanos.

Lo de mar, en doble sentido. Tanto por el tema internacional con Chile, como por el episodio cataclísmico que sucedió precisamente frente a las costas de Ica, mar adentro y a 45 kilómetros en las profundidades del Pacífico.

En efecto, el martes 14, un día antes del terremoto, el presidente Alan García ya había echado paños fríos al tema manifestando que el pueblo chileno no tiene nada que temer, pues la acción del Estado Peruano de llevar la controversia hasta el Tribunal de La Haya, es para poner fin al debate sobre este punto que tantos disgustos provoca.

Así como estaban las cosas nada hacía presagiar un rápido acercamiento entre Chile y Perú. Ha sido la desgracia la que ha provocado un acercamiento inusual en términos humanitarios.
Pero, nadie sabe que puede pasar en las siguientes semanas, una vez que pase el dolor y la atención internacional distraiga su interés por otros temas.

Líneas caídas

El desastre en el sur y el temor nacional tras el sismo opacó el gesto duro que tuvo el presidente García en su mensaje nacional del miércoles. Allí fustigó duramente a las empresas privadas de telecomunicaciones pues durante el episodio todas las líneas telefónicas, sobre todo de equipos móviles, quedaron inutilizadas por completo.

Hasta el jueves por la mañana las líneas seguían congestionadas en todo el territorio nacional. Sin embargo, el Internet, incluido el MSN Messenger y el Chat no colapsaron y fueron los únicos medios de comunicación en los minutos que siguieron al terremoto.

Los medios de comunicación, especialmente las radioemisoras y la televisión que tienen programas informativos, se vieron precisados a crear cuentas especiales por correo electrónico en Gmail para recibir mensajes de emergencia.

Tanta ha sido la congestión que el acceso a los teléfonos de las principales instituciones públicas y de emergencia fue imposible.

La respuesta de la empresa Telefónica del Perú, el miércoles en la noche, a través de su vocero de comunicaciones, Carlos Oviedo, no fue suficiente.

El jueves la ministra de Transportes había convocado a todos los representantes de las empresas de telefonía fija y móvil para que expliquen la razones técnicas del desastre comunicacional.

El gobierno tendrá que obligar a las multinacionales a una previsión de emergencia para que en otras circunstancias similares este fenómeno no vuelva a ocurrir jamás.

La caja de Pandora del mensaje presidencial

A Dios rogando, pero con el mazo de la soberbia dando

Fiestas Patrias en un país que se parece más a la novela del español Arturo Pérez Reverte: “Territorio Comanche”, donde la golpiza o la muerte acecha en una esquina o en una protesta callejera.

Para muchos el mensaje presidencial de 28 de julio constituye una verdadera Caja de Pandora; para otros, será más de lo mismo, conociendo el verbo encendido y efectista del presidente Alan García.

El discurso por Fiestas Patrias será expuesto en el marco de la tensión social que ocupó al régimen en casi gran parte de su primer año de gobierno.

Por el frente interno, el dolor de cabeza del APRA disminuyó con la elección de Luis Gonzáles Posada como nuevo presidente del Congreso de la República, pero a costa de un soterrado amarre con el fujimorismo y un desertor de Unión por el Perú.

La alianza (no pactada) con la bancada fujimorista data desde el inicio del régimen y ha despertado no una sino muchísimas sospechas ciudadanas. De otro lado, por lo menos una decena de upepistas fueron “enamorados” a favor de la candidatura de Gonzáles Posada y fueron prácticamente los que le dieron el triunfo al APRA.

El efecto García

En una carrera contra el tiempo y los fantasmas de su primer gobierno, Alan García ganó las elecciones a un segundo mandato presidencial con el 52.6% de los votos ciudadanos. Le siguió muy cerca, Ollanta Humala, de Unión por el Perú, con el 47.3%.

Estuvo claro que García Pérez ganó en segunda vuelta con el voto prestado de los que apoyaron a Lourdes Flores, de Unidad Nacional, que logró en la primera ronda, el 19.9% vs. 20.4% del APRA.

¿Por qué el gobierno de García llega este 28 de julio tan zarandeado y confundido? ¿Qué pasa con este régimen que prometió mucho y cumple poco?, son las preguntas que ahora le hacen los ciudadanos.

La explicación, dicen los expertos, es que el voto que catapultó a Alan García a Palacio es muy volátil. La gente se inclinó según la conveniencia del momento.

Por eso es que García captó adeptos en el pueblo cuando en la campaña electoral endilgó a Lourdes Flores el sambenito de “candidata de la derecha y de los ricos”.

Hizo otro tanto, para las graderías de la derecha peruana, cuando en la segunda vuelta motejó a Humala como el “candidato del despeñadero y la sinrazón” y lo ubicó en el extremo más radical de la izquierda.

García, por supuesto, ya se había colocado hábilmente en el centro político, desde la primera vuelta. De todo esto, tanto tirios como troyanos han admitido la astucia del líder aprista para ganar las elecciones presidenciales.

Política de terciopelo o de medio pelo

Pero, tras el triunfo como apuntan varios analistas, el gobierno ha seguido un camino errático creyendo que con los resultados macroeconómicos los temas sociales se iban a resolver.

Por ejemplo, Alberto Belaúnde, anota que el régimen de García se caracterizó desde el saque como un “gobierno facilista”.

La primera percepción de ese tipo de manejo comenzó el mismo 28 de julio del 2006 cuando anunció la famosa austeridad y la reducción de los sueldos de los más altos funcionarios del Estado.

Sería interesante conocer ahora- dice Belaúnde- cual ha sido el impacto de las medidas de austeridad y de la reducción de los altos sueldos en el presupuesto general de la República.

El otro tema efectista fue la ley de la pena de muerte a terroristas y violadores de niños. ¿En qué quedó? En eso: en titulares.

Martín Tanaka analiza el tema por el lado de la confianza que se tenía el gobierno en los beneficios del crecimiento económico. La apuesta del APRA, sin duda, era que había que mantener una excelente relación con los capitales privados y contener la oposición política tanto en el Congreso como en las calles, especialmente con la mayoría de gobiernos regionales y municipales, ahora en la oposición.

Desde esa perspectiva se entiende la política del terciopelo que aplicó primero el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, con la firma de una ruma de actas de instalación de mesas de diálogo en casi todos los sectores económicos y diversas regiones en el Perú que clamaban atención del nuevo gobierno.

Desengañados las organizaciones sindicales, populares y hasta empresariales, de dichos “acuerdos”, pasaron a casi una guerra interna contra el gobierno que convirtió su política de terciopelo a una política de “mano dura”, casi fascista, como dirían algunos o a una política de medio pelo, como anotaría el periodista Raúl Vargas.

Paquete represor

En ese contexto y al cumplirse el primer año de gobierno, el Ejecutivo, jaqueado por protestas y marchas callejeras, en vez de buscar consensos aprovechó las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso en abril último y presentó un paquete de once decretos que lo fortalecen en la lucha contra el crimen, pero que también lo enfrentan contra las autoridades regionales y locales.

El decreto ley que más roncha ha sacado es el que modifica el Código Penal, especialmente en el artículo 200, que prohíbe que los funcionarios públicos que desempeñan cargos de confianza o dirección serán inhabilitados si participan en una huelga. La medida apunta a los presidentes regionales, alcaldes y hasta congresistas que apoyan marchas y protestas.

Otro decreto que preocupa es el que declara exentos de responsabilidad penal a policías o miembros de las FF.AA que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber”, en una clara invitación a que usen lógicamente sus armas.

“Se advierte así un gobierno orientado solo a reprimir, para detener la ola de protesta. Nada de diálogo ni consensos”, dicen los opositores del régimen.

Voces más técnicas advierten al gobierno que el crecimiento económico no lleva espontáneamente a la reducción de la pobreza ni de las desigualdades.

Para ilustrar esta aseveración, César Peñaranda, citado por Rospigliosi dice que para entender el círculo vicioso en el que estamos atrapados, las “altas inequidades afectan la dinámica de la reducción de la pobreza”. Es decir cuanto mayor es la desigualdad, más difícil es reducir la pobreza.

Y, esto es lo que parece que el gobierno del APRA soslaya o no entiende, expresan. Se trata en suma de aplicar urgentes políticas de Estado estructurales que reduzcan la exclusión social, las desigualdades e inequidades en el Perú. Esa sería en todo caso la caja de Pandora que la ciudadanía querría escuchar en este mensaje presidencial 2007.

Tras cuernos, palos

(Publicado el 15 de julio 2007 en el suplemento Dominical del diario La Industria de Chiclayo)

La efervescencia social está en auge y rechina contra la política económica de un régimen que más parece de salida, que de entrada. A ello se suma la decisión de un juez chileno que desestimó la extradición de Fujimori.


Los acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante la semana lindan en lo dramático, tanto en el frente interno como externo.

Por un lado fermenta el descontento social no solo de trabajadores sino también de un grupo de empresarios, especialmente del oriente peruano.

La furia se expresa en huelgas, marchas y jornadas de protesta, episodios callejeros que fueron subiendo de tono en los últimos quince días.

De otro lado tenemos el sorpresivo rechazo del juez chileno Orlando Álvarez a la solicitud peruana de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, conocido el miércoles 11, en pleno desarrollo de la jornada de protesta que convocó la Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP).

El fallo del “tremendo juez” del país mapocho echó más leña al fuego popular, pues coincidió en el momento menos oportuno para el gobierno. La repulsa al régimen aprista se extendió a la clase dirigente chilena y especialmente a la justicia de ese país.

¿Calma chicha?
La tensión social venía aumentando desde la semana pasada y alcanzó su pico más alto el 11, cuando confluyeron todos los gremios en conflicto, tanto en Lima como en el interior del país.

Las demandas son amplias y variadas y van desde los reclamos salariales, en el sector Educación, Salud, Minería y atención al agro nacional, hasta el rechazo de la política económica del régimen aprista y, por supuesto, el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC), que se suscribiría con Estados Unidos y por la defensa de las exoneraciones tributarias en la selva peruana.

En resumen, la Defensoría del Pueblo dio cuenta que existían 75 conflictos sociales en el país. De esta cifra 35 están activos y son los que vienen convulsionando a la nación. Las causas, según la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, serían, entre otras, “la falta de interlocución entre la ciudadanía y el Estado”.

Esta situación ha motivado a la defensora a manifestar que espera que “los conflictos sociales no se convierta en una política de Estado en los próximos cinco años” y aclaró que “la costumbre del gobierno, expresando en los continuos viajes de los ministros a las zonas de conflicto para calmar los ánimos, no es útil. Esta política no va a detener las protestas”, enfatizó Merino.

La estrategia del gobierno giraba inicialmente en las buenas cosas que podía gestionar el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pero, cansados de los incumplimientos a las actas suscritas en los “diálogos”, los gremios decidieron salir a las calles.

Ese era el escenario por lo menos hace dos semanas, hasta que el Jefe de Estado decidió entrar en escena, especialmente a partir del inicio de la huelga general indefinida del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).

Alan García sigue demostrando que es cáustico y letal con el verbo. Pero, también es paradójico. No solo ha lanzado improperios a los maestros- sin distinción alguna- sino también a todos aquellos que han levantado su voz de protesta frente al régimen.

El lunes último les dijo“comechados” a los maestros y “locos, suicidas y picones”, a los dirigentes populares, sindicales y agrarios.

“No les temo a estos grupúsculos de revoltosos”, había expresado unos días antes, pero el mismo lunes 9, ya se había publicado en el diario Oficial El Peruano el decreto supremo 060-2007-PCM que disponía que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional y durante 30 días a “garantizar el funcionamiento de las entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos para el normal desarrollo de las actividades de la población”.

El gobierno se ha cuidado de que durante la intervención de las FF.AA. no hubiera restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, las leyes y en los Tratados Internacional sobre Derechos Humanos, en una suerte de poner el parche, ante los graves conflictos sociales.

Felizmente, ante la protesta de varios sectores por la drástica y contradictoria medida, el miércoles 11 no se vio mucha presencia de los efectivos militares en algunas regiones en conflicto.

En esta especie de “guerra” entre el gobierno y el Sutep, García dio su estocada final el miércoles en la tarde al promulgar la ley de la Carrera Pública Magisterial, luego de que la Junta de Portavoces del Parlamento la exonerara de la segunda votación.

El Sutep, por supuesto, ha rechazado la norma y profetiza que en menos de un año la nueva ley no podrá aplicarse porque el gobierno no la proveerá de los recursos financieros necesarios.

En ese contexto, los empresarios del oriente peruano, a pesar de la tregua pactada con el gobierno, siguen molestos por el recorte de las exoneraciones tributarias.

Pero son los empresarios agrupados en la CONFIEP, los que intentan ser más ponderados. Señalaron, en palabras de su presidente, Jaime Cáceres Sayán, que ellos se mantienen optimistas en relación al futuro de la economía peruana, aunque reconocieron su preocupación por la ola de paros y huelgas en diversas zonas del país.

En ese mismo sentido se pronunciaron los presidentes de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias.
Sea como fuere, la gestión del gobierno aprista en su conjunto ha visto caer sus niveles de aprobación durante la última semana, según las últimas encuestas, especialmente de la Universidad de Lima.

La aprobación al presidente García cayó once puntos, de 52.6 a 41.3% durante el último mes. Similar tendencia sufre la gestión del premier Jorge del Castillo (baja de 41.3 a 38.9%) y la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (de 54.4 a 48.9%).

El fugitivo y la ley
Las reacciones en el país y en el exterior frente a la decisión de la justicia chilena respecto a la extradición del fugitivo ex presidente Fujimori, han recrudecido con mayor virulencia.

El único consuelo que exponen los expertos es que esa postura soberana de Chile no significa de modo alguno una expedición de un certificado de buena conducta del ex dictador peruano, ya que Chile no está juzgando a Fujimori. Solo tramita un pedido de extradición.

Hasta en el propio Japón, muchos sectores creen que sería conveniente que Fujimori mejor se allane a la justicia peruana para “salir de las dudas y limpiar su honorabilidad”, si es que en verdad la tiene.

Ratatouille constitucional

En los sucesos de El Fiesta más de un comensal quiso emular a Remy, la rata chef

(Publicado en el suplemento Dominical del diario La Industria de Chiclayo, el 24 de junio del 2007)

Comidilla política de la semana
con indigestión de comensales


Nunca antes como ahora un potaje, en lugar de asentarse con un vino o cualquier otro trago, cae bien con política, aunque parezca descabellado.
Después de todo, los grandes y memorables conciliábulos políticos siempre se han cocinado alrededor de un buen plato y una copa con bebida espirituosa. Pero, como también es sabido, muchas veces la comilonga produce indigestión y, si los comensales son políticos o personajes públicos, la primicia periodística está asegurada.

La cola de la rata, o la punta de la historia

Es lo que ocurrió precisamente la semana pasada en el restaurante Fiesta, de Miraflores, en Lima, con el almuerzo que congregó al ex ministro aprista, Agustín Mantilla, su hermano Jorge Luis, Óscar López Meneses, brazo derecho y operador montesinista, Javier Jesús Ríos Castillo, uno de los 17 candidatos elegidos por el Congreso para integrar una terna del Tribunal Constitucional, y dos militares en actividad.

La publicación de las fotos que hizo Caretas el jueves 14 de la divina comida se convirtió, en menos de 24 horas, en horrible dispepsia (empacho), que afectó primero a Ríos y, luego, a los dos militares en actividad.

Fue más que un revoltijo estomacal. Sus efectos remecieron la política nacional y las reacciones, aún cuando no departieron de la mesa, alcanzaron institucionalmente al Congreso de la República y al Gobierno.
Ríos Castillo, el candidato al Tribunal Constitucional, fue renuente a renunciar por dignidad, hasta que la presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas anunció- muy a su pesar- la anulación de la elección de Ríos al TC que horas antes el Pleno había sancionado.

En las siguientes horas, el general EP Roberto Vértiz Cabrejos, quien ocupaba la Jefatura del Comando de Educación y Doctrina del Ejército y el general EP Germán Cuadra, quien actuaba como su secretario, fueron relevados de sus cargos por el ministro de Defensa Alan Warner y puestos a disposición de la Inspectoría General del Ejército para que los investiguen.

En este caso el Ejecutivo actúo rápido luego del escándalo político, pero, lo que no sabe es que tan drástico será con estos dos militares golosos.
Daniel Santoro, el periodista argentino del diario Clarín, de quien hemos prestado el subtítulo, dice que el drama de los periodistas consiste en encontrar la cola de la rata, es decir, la primera pista, la punta de la historia.

El ampay del Fiesta se convirtió así en la cola de la rata que ha motivado escribir, decir y mostrar, durante toda la semana una historia salpicada de escasa transparencia política y ausencia de entereza democrática de varios operadores políticos del Congreso y del gobierno.

Y, el tema, cae como anillo al dedo para vincularlo con la historia de Ratatouille, la última versión animada de Disney Picture y la productora Pixar, que entrenaron precisamente este jueves 21, en Australia y Chile.

Ratatouille es la historia de ratas y ratones, esos seres pequeños y divertidos, cuyo personaje central es Remy, una rata que sueña con convertirse en un gran chef francés, a pesar de la oposición de su familia y del problema que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores.

Los productores mediáticos en realidad prestaron el nombre de la comida francesa. El ratatouille, es parte de la gastronomía gala. Es, de hecho, un plato delicioso de berenjenas, cebolla, pimiento, tomate y ajo. El inicio roedor de la película de Pixar es un detalle idiomático, igual de delicioso, en términos de recaudación.

Idéntico de sabroso es emplear el término para la historia política de la semana, donde más de un Remy peruano se quiso graduar de chef en el Fiesta.

Se busca cuatro justos

Tras rechazar la propuesta de anular todo el proceso que condujo a la elección de los 17 postulantes iniciales para el Tribunal Constitucional, el Pleno del Congreso, dejó sin efecto la elección de los cuatro nuevos magistrados del T.C. que había aprobado la semana pasada, entre los cuales figuraba el zarandeado Ríos Castillo, quien se vio obligado a renunciar a la terna.

Ahora, los cuatro nuevos integrantes serán elegidos el próximo miércoles 27, en forma individual, teniendo en cuenta como base el puntaje ponderado alcanzado por los aspirantes, entre cuyos primeros puestos no figuraba Ríos.

Aurelio Pastor (APRA), presidente de la Comisión Especial que se encargó de evaluar y seleccionar a los candidatos al TC ya entregó el ranking de cada uno de ellos y, de paso, se ha salvado de ser defenestrado de este encargo. Los primeros puestos son ocupados por Ricardo Beaumont, Carlos Ramos, Ernesto Blume y Gerardo Eto Cruz.

Pastor y Mercedes Cabanillas, su compañera de partido, fueron directamente involucrados en este caso del Ratatouille político, cuyo olor se expandió desde el Fiestas hasta el Congreso.
Quien cayó primero por el olor fue José Cevasco, el Oficial Mayor del Congreso y hombre de confianza de Cabanillas.

Esos vínculos, los antecedentes, la familiaridad y las relaciones de la presidenta del Congreso y de sus asistentes, es lo preocupante, según expresaron en casi todos los tonos y medios, expertos y neófitos en el tema.

La evaluación y elección, por ello, de los nuevos magistrados del TC impone una decisión justa, democrática, transparente e imparcial. Y, ello sí resulta bastante difícil para las conductas terrenales de nuestros congresistas.

Si esta vez comenten torpezas, se necesitará de la justicia divina, pues, aplicar la justicia terrenal ya no es posible. Como saben los juristas, en Grecia, la única justicia aplicada y conocida para tamañas culpas- como en el caso de los personajes de esta crónica- era el rodamiento de cabezas.

Ningún fuero ni partido político protegía a ladrones, delincuentes o bribones, ni de la plebe, menos de cuello y corbata.