jueves, 26 de julio de 2007

La caja de Pandora del mensaje presidencial

A Dios rogando, pero con el mazo de la soberbia dando


Fiestas Patrias en un país que se parece más a la novela del español Arturo Pérez Reverte: “Territorio Comanche”, donde la golpiza o la muerte acecha en una esquina o en una protesta callejera.





Para muchos el mensaje presidencial de 28 de julio constituye una verdadera Caja de Pandora; para otros, será más de lo mismo, conociendo el verbo encendido y efectista del presidente Alan García.

El discurso por Fiestas Patrias será expuesto en el marco de la tensión social que ocupó al régimen en casi gran parte de su primer año de gobierno.

Por el frente interno, el dolor de cabeza del APRA disminuyó con la elección de Luis Gonzáles Posada como nuevo presidente del Congreso de la República, pero a costa de un soterrado amarre con el fujimorismo y un desertor de Unión por el Perú.

La alianza (no pactada) con la bancada fujimorista data desde el inicio del régimen y ha despertado no una sino muchísimas sospechas ciudadanas. De otro lado, por lo menos una decena de upepistas fueron “enamorados” a favor de la candidatura de Gonzáles Posada y fueron prácticamente los que le dieron el triunfo al APRA.

El efecto García

En una carrera contra el tiempo y los fantasmas de su primer gobierno, Alan García ganó las elecciones a un segundo mandato presidencial con el 52.6% de los votos ciudadanos. Le siguió muy cerca, Ollanta Humala, de Unión por el Perú, con el 47.3%.

Estuvo claro que García Pérez ganó en segunda vuelta con el voto prestado de los que apoyaron a Lourdes Flores, de Unidad Nacional, que logró en la primera ronda, el 19.9% vs. 20.4% del APRA.

¿Por qué el gobierno de García llega este 28 de julio tan zarandeado y confundido? ¿Qué pasa con este régimen que prometió mucho y cumple poco?, son las preguntas que ahora le hacen los ciudadanos.

La explicación, dicen los expertos, es que el voto que catapultó a Alan García a Palacio es muy volátil. La gente se inclinó según la conveniencia del momento.

Por eso es que García captó adeptos en el pueblo cuando en la campaña electoral endilgó a Lourdes Flores el sambenito de “candidata de la derecha y de los ricos”.

Hizo otro tanto, para las graderías de la derecha peruana, cuando en la segunda vuelta motejó a Humala como el “candidato del despeñadero y la sinrazón” y lo ubicó en el extremo más radical de la izquierda.

García, por supuesto, ya se había colocado hábilmente en el centro político, desde la primera vuelta. De todo esto, tanto tirios como troyanos han admitido la astucia del líder aprista para ganar las elecciones presidenciales.

Política de terciopelo o de medio pelo

Pero, tras el triunfo como apuntan varios analistas, el gobierno ha seguido un camino errático creyendo que con los resultados macroeconómicos los temas sociales se iban a resolver.

Por ejemplo, Alberto Belaúnde, anota que el régimen de García se caracterizó desde el saque como un “gobierno facilista”.

La primera percepción de ese tipo de manejo comenzó el mismo 28 de julio del 2006 cuando anunció la famosa austeridad y la reducción de los sueldos de los más altos funcionarios del Estado.

Sería interesante conocer ahora- dice Belaúnde- cual ha sido el impacto de las medidas de austeridad y de la reducción de los altos sueldos en el presupuesto general de la República.

El otro tema efectista fue la ley de la pena de muerte a terroristas y violadores de niños. ¿En qué quedó? En eso: en titulares.

Martín Tanaka analiza el tema por el lado de la confianza que se tenía el gobierno en los beneficios del crecimiento económico. La apuesta del APRA, sin duda, era que había que mantener una excelente relación con los capitales privados y contener la oposición política tanto en el Congreso como en las calles, especialmente con la mayoría de gobiernos regionales y municipales, ahora en la oposición.

Desde esa perspectiva se entiende la política del terciopelo que aplicó primero el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, con la firma de una ruma de actas de instalación de mesas de diálogo en casi todos los sectores económicos y diversas regiones en el Perú que clamaban atención del nuevo gobierno.

Desengañados las organizaciones sindicales, populares y hasta empresariales, de dichos “acuerdos”, pasaron a casi una guerra interna contra el gobierno que convirtió su política de terciopelo a una política de “mano dura”, casi fascista, como dirían algunos o a una política de medio pelo, como anotaría el periodista Raúl Vargas.

Paquete represor

En ese contexto y al cumplirse el primer año de gobierno, el Ejecutivo, jaqueado por protestas y marchas callejeras, en vez de buscar consensos aprovechó las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso en abril último y presentó un paquete de once decretos que lo fortalecen en la lucha contra el crimen, pero que también lo enfrentan contra las autoridades regionales y locales.

El decreto ley que más roncha ha sacado es el que modifica el Código Penal, especialmente en el artículo 200, que prohíbe que los funcionarios públicos que desempeñan cargos de confianza o dirección serán inhabilitados si participan en una huelga. La medida apunta a los presidentes regionales, alcaldes y hasta congresistas que apoyan marchas y protestas.


Otro decreto que preocupa es el que declara exentos de responsabilidad penal a policías o miembros de las FF.AA que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber”, en una clara invitación a que usen lógicamente sus armas.

“Se advierte así un gobierno orientado solo a reprimir, para detener la ola de protesta. Nada de diálogo ni consensos”, dicen los opositores del régimen.

Voces más técnicas advierten al gobierno que el crecimiento económico no lleva espontáneamente a la reducción de la pobreza ni de las desigualdades.

Para ilustrar esta aseveración, César Peñaranda, citado por Rospigliosi dice que para entender el círculo vicioso en el que estamos atrapados, las “altas inequidades afectan la dinámica de la reducción de la pobreza”. Es decir cuanto mayor es la desigualdad, más difícil es reducir la pobreza.

Y, esto es lo que parece que el gobierno del APRA soslaya o no entiende, expresan. Se trata en suma de aplicar urgentes políticas de Estado estructurales que reduzcan la exclusión social, las desigualdades e inequidades en el Perú. Esa sería en todo caso la caja de Pandora que la ciudadanía querría escuchar en este mensaje presidencial 2007.



















jueves, 12 de julio de 2007

Tras cuernos, palos



(Publicado el 15 de julio 2007 en el suplemento Dominical del diario La Industria de Chiclayo)



La efervescencia social está en auge y rechina contra la política económica de un régimen que más parece de salida, que de entrada. A ello se suma la decisión de un juez chileno que desestimó la extradición de Fujimori.


Los acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante la semana lindan en lo dramático, tanto en el frente interno como externo.

Por un lado fermenta el descontento social no solo de trabajadores sino también de un grupo de empresarios, especialmente del oriente peruano.

La furia se expresa en huelgas, marchas y jornadas de protesta, episodios callejeros que fueron subiendo de tono en los últimos quince días.

De otro lado tenemos el sorpresivo rechazo del juez chileno Orlando Álvarez a la solicitud peruana de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, conocido el miércoles 11, en pleno desarrollo de la jornada de protesta que convocó la Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP).

El fallo del “tremendo juez” del país mapocho echó más leña al fuego popular, pues coincidió en el momento menos oportuno para el gobierno. La repulsa al régimen aprista se extendió a la clase dirigente chilena y especialmente a la justicia de ese país.

¿Calma chicha?
La tensión social venía aumentando desde la semana pasada y alcanzó su pico más alto el 11, cuando confluyeron todos los gremios en conflicto, tanto en Lima como en el interior del país.

Las demandas son amplias y variadas y van desde los reclamos salariales, en el sector Educación, Salud, Minería y atención al agro nacional, hasta el rechazo de la política económica del régimen aprista y, por supuesto, el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC), que se suscribiría con Estados Unidos y por la defensa de las exoneraciones tributarias en la selva peruana.

En resumen, la Defensoría del Pueblo dio cuenta que existían 75 conflictos sociales en el país. De esta cifra 35 están activos y son los que vienen convulsionando a la nación. Las causas, según la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, serían, entre otras, “la falta de interlocución entre la ciudadanía y el Estado”.

Esta situación ha motivado a la defensora a manifestar que espera que “los conflictos sociales no se convierta en una política de Estado en los próximos cinco años” y aclaró que “la costumbre del gobierno, expresando en los continuos viajes de los ministros a las zonas de conflicto para calmar los ánimos, no es útil. Esta política no va a detener las protestas”, enfatizó Merino.

La estrategia del gobierno giraba inicialmente en las buenas cosas que podía gestionar el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pero, cansados de los incumplimientos a las actas suscritas en los “diálogos”, los gremios decidieron salir a las calles.

Ese era el escenario por lo menos hace dos semanas, hasta que el Jefe de Estado decidió entrar en escena, especialmente a partir del inicio de la huelga general indefinida del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).

Alan García sigue demostrando que es cáustico y letal con el verbo. Pero, también es paradójico. No solo ha lanzado improperios a los maestros- sin distinción alguna- sino también a todos aquellos que han levantado su voz de protesta frente al régimen.

El lunes último les dijo“comechados” a los maestros y “locos, suicidas y picones”, a los dirigentes populares, sindicales y agrarios.

“No les temo a estos grupúsculos de revoltosos”, había expresado unos días antes, pero el mismo lunes 9, ya se había publicado en el diario Oficial El Peruano el decreto supremo 060-2007-PCM que disponía que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional y durante 30 días a “garantizar el funcionamiento de las entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos para el normal desarrollo de las actividades de la población”.

El gobierno se ha cuidado de que durante la intervención de las FF.AA. no hubiera restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, las leyes y en los Tratados Internacional sobre Derechos Humanos, en una suerte de poner el parche, ante los graves conflictos sociales.

Felizmente, ante la protesta de varios sectores por la drástica y contradictoria medida, el miércoles 11 no se vio mucha presencia de los efectivos militares en algunas regiones en conflicto.

En esta especie de “guerra” entre el gobierno y el Sutep, García dio su estocada final el miércoles en la tarde al promulgar la ley de la Carrera Pública Magisterial, luego de que la Junta de Portavoces del Parlamento la exonerara de la segunda votación.

El Sutep, por supuesto, ha rechazado la norma y profetiza que en menos de un año la nueva ley no podrá aplicarse porque el gobierno no la proveerá de los recursos financieros necesarios.

En ese contexto, los empresarios del oriente peruano, a pesar de la tregua pactada con el gobierno, siguen molestos por el recorte de las exoneraciones tributarias.

Pero son los empresarios agrupados en la CONFIEP, los que intentan ser más ponderados. Señalaron, en palabras de su presidente, Jaime Cáceres Sayán, que ellos se mantienen optimistas en relación al futuro de la economía peruana, aunque reconocieron su preocupación por la ola de paros y huelgas en diversas zonas del país.

En ese mismo sentido se pronunciaron los presidentes de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias.
Sea como fuere, la gestión del gobierno aprista en su conjunto ha visto caer sus niveles de aprobación durante la última semana, según las últimas encuestas, especialmente de la Universidad de Lima.

La aprobación al presidente García cayó once puntos, de 52.6 a 41.3% durante el último mes. Similar tendencia sufre la gestión del premier Jorge del Castillo (baja de 41.3 a 38.9%) y la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (de 54.4 a 48.9%).

El fugitivo y la ley
Las reacciones en el país y en el exterior frente a la decisión de la justicia chilena respecto a la extradición del fugitivo ex presidente Fujimori, han recrudecido con mayor virulencia.

El único consuelo que exponen los expertos es que esa postura soberana de Chile no significa de modo alguno una expedición de un certificado de buena conducta del ex dictador peruano, ya que Chile no está juzgando a Fujimori. Solo tramita un pedido de extradición.

Hasta en el propio Japón, muchos sectores creen que sería conveniente que Fujimori mejor se allane a la justicia peruana para “salir de las dudas y limpiar su honorabilidad”, si es que en verdad la tiene.