Indígenas del pueblo shipibo, en Ucayali esperando una mayor comunicación con el gobierno, que al parecer no habla ni escucha. Y, cuando lo hace los hechos ya están consumados. (Foto:Servindi)
Un gobierno que no escucha ni dialoga con las comunidades amazónicas, y, al contrario, impone y muestra los dientes, provocando que los nativos muestren sus lanzas en señal de defensa.
La violencia desatada la última semana por los nativos de la selva del norte y sur del país, quienes se oponen radicalmente a los Decretos Legislativos 1015 y 1073, dictados por el gobierno-según dice- para facilitar la propiedad de la tierra, ha enfrentado al Congreso de la República con el Ejecutivo.
Cosa extraña, dicen los suspicaces, pues no se entiende como el oficialista presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén logró “quebrar” la protesta de los nativos y el miércoles último, luego de una larga reunión en Lima, firmó un acuerdo con el representante de los pueblos indígenas, Alberto Pizango.
La condición para tal medida fue que el Congreso se reúna para derogar los aludidos decretos y que los nativos levanten la huelga y depongan sus posturas beligerantes. Ambas episodios ya se cumplieron y las aguas se calmaron, por el momento.
¿Arreglo o embuste?
Ante estos hechos el presidente de la República Alan García ha respondido agriamente, fiel a su estilo, apenas supo de la decisión del Congreso de apoyar lo planteado por los nativos.
“Derogar las normas, señaló, sentaría un nefasto precedente, ya que se estaría tomando decisiones bajo amenaza de huelga, toma de carreteras y actos violentos”.
No se sabe si el presidente del Congreso, se ha sentido aludido por las reprimendas del Jefe de Estado, ambos del Partido Aprista, o si dichas conductas forman parte de un manejo mediático, que rayaría con el engaño, para conseguir que los pueblos indígenas en conflicto, depongan a como de lugar su actitud contestataria.
Si ese fuera el caso, tanto el gobierno como el propio Congreso, podrían estar jugando con fuego, pues pasado el señuelo, los nativos tendrían todo el derecho a dejar sentir no sólo mayores protestas sino a reinvindicar el embuste.
Algunos analistas sostienen que los decretos 1015 y 1073 favorece a los nativos, pues el primero dispone que cada comunidad decida la propiedad de sus tierras con la mitad más uno de sus miembros y no con el 66% o más, y, el segundo, precisa que los votantes que definan el destino de las tierras deban tener por lo menos un año de posesionarios de predios, con lo cual las tierras tendrían un mayor valor en caso que quisieran venderlos a inversionistas interesados.
El síndrome del perro del hortelano Otros analistas, en cambio, sostienen que lo único que quiere el gobierno es desaparecer a las comunidades nativas y ofrecer en venta sus tierras, tal como lo proponía el presidente Alan García desde octubre del año pasado en sus propuestas del Perro del hortelano.
Le recordaron que desde esa fecha, el Primer Mandatario sustentó en los medios la concesión en la selva de grandes lotes (de 5,000 a 20,000 hás) a capitalistas e inversionistas extranjeros. Y, ese, ha sido precisamente el temor fundado de los nativos ante los decretos del gobierno.
Sin embargo, en lo que si coinciden muchos actores de la política nacional, entre ellos algunos medios de comunicaciones, es que el pecado del gobierno fue decretar dichas normas sin un diálogo con las comunidades afectadas, ni mucho menos una política de información transparente.
“Se nota mucha arrogancia y soberbia” de parte del gobierno, han manifestado el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi y la lideresa, Lourdes Flores Nano. Han anotado que el gobierno debería reconocer que se equivocaron al actuar inconsultamente, con los nativos de la selva.
Pero la presión no sólo está por el lado de los pueblos indígenas. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió esta semana admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensa del Pueblo, Beatriz Merino, contra el artículo único del D.L. 1015, publicado el 20 de mayo de este año en el diario oficial El Peruano, referido a la unificación de los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria.
Ahora el TC, ordenó correr traslado del expediente al Congreso, el mismo que tiene un plazo de 30 días para responder. Luego el TC citará a las partes a una audiencia y tendrá un plazo máximo de un mes para resolver la causa.
Antes de ello, los congresistas tendrán que ponerse de acuerdo (especialmente la bancada oficialista) con la finalidad de exhibir resultados concretos ante las comunidades nativas.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el pedido es que dichos decretos no se deroguen sino se mejoren. Pero sus opositores dicen que eso estaría bien si es que el gobierno actuara con transparencia y diálogo. Al final se impuso la decisión del Congreso con todas las repercusiones que se han conocido el fin de semana.
En el supuesto de que el régimen aprista decida dialogar con las comunidades amazónicas, éstas -como lo sostiene el periodista Juan Paredes Castro- no pueden hacer tres cosas: a) abandonar la oportunidad de incorporarse a la modernidad de estos tiempos, dejando atrás más de 500 años de aislamiento, b) convertirse en fácil presa de la manipulación política de grupos y partidos interesados en sacar provecho y, c) descartar el cambio razonable quirúrgico al que deben someterse los decretos legislativos materia de controversia.
El tema, como se ve, tiene para largo, razón por la cual lo que más le conviene al gobierno es no hacerse de oídos sordos, sino escuchar y dialogar sobre el particular con las comunidades afectadas, especialmente de selva.
Indígenas del pueblo shipibo, en Ucayali esperando una mayor comunicación con el gobierno, que al parecer no habla ni escucha. Y, cuando lo hace los hechos ya están consumados. (Foto:Servindi)
