"Como el dia era la noche": autor:dibujo de Edilberto Jiménez.Subversión y narcotráfico: un cóctel mortal que si el Estado no enfrenta con políticas sociales y legales claras y profundas, fragmentará más al país.
Hay un notorio y preocupante avance sedicioso en la zona sur oriental del país desde finales del año 2006 que el gobierno del APRA parece haberse distraído, interesado por supuesto en estos 16 meses de gestión en cumplir parte de sus promesas electorales y quizá en poner orden administrativo y logístico en la cartera del Ministerio del Interior.
Los dos últimos ataques a policías en un intervalo de quince días, ha crispado no sólo los nervios del gobierno sino de las comunidades en Huancavelica y Apurímac, que se sienten más desprotegidas que nunca.
En uno y otro caso la táctica de enfrentamiento empleada ha sido diferente. El 1º de noviembre fue atacada frontalmente la comisaría de Ocobamba (provincia de Chincheros, Apurímac). El martes 13 una patrulla policial fue emboscada en Huachocolpa (Pampas de Tayacaja, en Huancavelica).
El resultado en ambos episodios sangrientos ha sido cinco policías muertos e igual número de heridos y, por parte de los sediciosos, tres abatidos en combate, según fuentes militares.
Sin embargo, los familiares de dos supuestos terroristas han denunciado en Huancavelica que sus parientes son ajenos a las imputaciones que ha hecho la policía.
¿Narcos o terrucos?
Lo servicios de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía no se ponen de acuerdo hasta ahora en el origen faccioso de los grupos armados. El Ministerio de Defensa ha calificado de “delincuentes terroristas”al grupo que emboscó a la patrulla policial en Huachocolpa. En tanto que el ministro del Interior, Luis Alva Castro en su viaje realizado a la comisaría de Ocobamba aseguraba que el ataque fue realizado por “narcoterroristas”.
Sean unos u otros, se piensa ya en una alianza mortal entre columnas dispersas de Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico que tratan de controlar los accesos del Valle de los ríos Apurímac y Ene- VRAE, zonas de alto tránsito de pasta básica, el insumo principal que sale hacia los laboratorios que luego es transformada en clorhidrato de cocaína.
Aún cuando la zona está declarada en emergencia y controlada por las Fuerzas Armadas desde enero del presente año, el accionar tanto de supuestas columnas de Sendero como de sicarios del narcotráfico no ha sido neutralizado, menos reducido.
Cronología
La prensa nacional ya ha informado que en abril, junio y agosto de este año se produjeron ataques en Corah, en Santa Lucía, también en Tocache, donde asesinaron a tres policías y al fiscal Arturo Campos, y un incursión en el centro minero de Doe Run, donde murió un policía.
En diciembre del 2006 fue emboscada una patrulla policial en el VRAE donde murieron cinco policías y tres empleados de la empresa ENACO.
Un poco más atrás, a fines del año 2005 dos feroces ataques terroristas terminaron, uno por el VRAE y el otro en Aucayacu (Huanuco), con la vida de trece policías en total, en una arremetida sangrienta que impactó en la colectividad nacional.
Nada claro
Los dos últimos ataques a policías en un intervalo de quince días, ha crispado no sólo los nervios del gobierno sino de las comunidades en Huancavelica y Apurímac, que se sienten más desprotegidas que nunca.
En uno y otro caso la táctica de enfrentamiento empleada ha sido diferente. El 1º de noviembre fue atacada frontalmente la comisaría de Ocobamba (provincia de Chincheros, Apurímac). El martes 13 una patrulla policial fue emboscada en Huachocolpa (Pampas de Tayacaja, en Huancavelica).
El resultado en ambos episodios sangrientos ha sido cinco policías muertos e igual número de heridos y, por parte de los sediciosos, tres abatidos en combate, según fuentes militares.
Sin embargo, los familiares de dos supuestos terroristas han denunciado en Huancavelica que sus parientes son ajenos a las imputaciones que ha hecho la policía.
¿Narcos o terrucos?
Lo servicios de inteligencia, tanto del Ejército como de la Policía no se ponen de acuerdo hasta ahora en el origen faccioso de los grupos armados. El Ministerio de Defensa ha calificado de “delincuentes terroristas”al grupo que emboscó a la patrulla policial en Huachocolpa. En tanto que el ministro del Interior, Luis Alva Castro en su viaje realizado a la comisaría de Ocobamba aseguraba que el ataque fue realizado por “narcoterroristas”.
Sean unos u otros, se piensa ya en una alianza mortal entre columnas dispersas de Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico que tratan de controlar los accesos del Valle de los ríos Apurímac y Ene- VRAE, zonas de alto tránsito de pasta básica, el insumo principal que sale hacia los laboratorios que luego es transformada en clorhidrato de cocaína.
Aún cuando la zona está declarada en emergencia y controlada por las Fuerzas Armadas desde enero del presente año, el accionar tanto de supuestas columnas de Sendero como de sicarios del narcotráfico no ha sido neutralizado, menos reducido.
Cronología
La prensa nacional ya ha informado que en abril, junio y agosto de este año se produjeron ataques en Corah, en Santa Lucía, también en Tocache, donde asesinaron a tres policías y al fiscal Arturo Campos, y un incursión en el centro minero de Doe Run, donde murió un policía.
En diciembre del 2006 fue emboscada una patrulla policial en el VRAE donde murieron cinco policías y tres empleados de la empresa ENACO.
Un poco más atrás, a fines del año 2005 dos feroces ataques terroristas terminaron, uno por el VRAE y el otro en Aucayacu (Huanuco), con la vida de trece policías en total, en una arremetida sangrienta que impactó en la colectividad nacional.
Nada claro
No se conoce hasta ahora con claridad cual es la política antisubversiva y antinarcóticos del gobierno, salvo algunos anuncios efectistas hechos hace dos meses, especialmente en el control de activos por lavado de dinero.
Pero ante la escalada de violencia senderista que se va extendiendo poco a poco y que el gobierno no quiere reconocer y, de otro lado, la violencia social, desatada por la desatención del Estado a los reclamos- la mayoría de ellos justos- de los trabajadores, municipios, gobiernos regionales, y otros gremios de la producción, el Ejecutivo se encuentra prácticamente en un dilema de urgente solución.
Lo único que se conoce del gobierno aprista en esta materia es la contradicción en que cayó durante su primer gobierno. Cuando en 1985 García accedió al poder anunció solemnemente en el Congreso que “no combatiría la barbarie con la barbarie”. Los hechos demostraron posteriormente que en ese empeño fracasó. Ahí están como episodios irrefutables, leguleyadas aparte, las masacres de campesinos en Accomarca y Pucayacu (Ayacucho), la matanza de los penales (Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara), Cayara (Ayacucho) y otros casos más.
En un informe publicado en 1990 el Instituto de Defensa Legal mencionaba que “durante los cinco años del gobierno de García la acción contra el país por parte de los grupos subversivos creció en intensidad […] La estrategia antisubversiva con que se enfrentó el problema fue, a la luz de los resultados, claramente ineficaz e incluso contraproducente. El permanente recurso de la violación a los derechos humanos y de la impunidad fue uno de los ingredientes fundamentales que explican ese fracaso”.
Fragmentación
Sin embargo, después de 1990 y durante todo el periodo de Fujimori, etapa en la cual la política antisubversiva frenó las acciones sediciosas, la brecha de “fragmentación de la vida social”, como la llamaron Max Hernández y Francisco Sagasti se amplió y complicó más.
En suma- decía ya en un estudio del año 2000, la institución Agenda Perú- que “la prédica terrorista siempre va a encontrar un terreno fértil en la pobreza y el abandono en que han vivido y viven muchos peruanos. La exclusión y la injusticia fueron tomadas como pretexto por los grupos subversivos para plantear la destrucción del Estado. Al romper lo que debe ser el monopolio estatal en el uso legítimo de la coerción y la violencia, el terrorismo muestra la debilidad del Estado peruano y el hecho de entregar zonas enteras del país al control de las Fuerzas Armadas abrió nuevas posibilidades a la represión indiscriminada”.
Ese mismo fenómeno se le puede presentar al nuevo gobierno del APRA, si antes no define y pone en marcha políticas eficaces para reducir drásticamente la “fragmentación de la vida social”. Pero esta es una punta de la madeja. La otra punta es la guerra contra la droga que ya a estas alturas se ha constituido en una serie cuestión de Estado.
Aquí hay tareas urgentes, difíciles y complejas. Y, si no se enfrentan ambos miedos-la subversión y el narcotráfico- el cóctel mortal puede estar a la vuelta de la esquina.
