No se escucha taita

Indígenas del pueblo shipibo, en Ucayali esperando una mayor comunicación con el gobierno, que al parecer no habla ni escucha. Y, cuando lo hace los hechos ya están consumados. (Foto:Servindi)

Un gobierno que no escucha ni dialoga con las comunidades amazónicas, y, al contrario, impone y muestra los dientes, provocando que los nativos muestren sus lanzas en señal de defensa.

La violencia desatada la última semana por los nativos de la selva del norte y sur del país, quienes se oponen radicalmente a los Decretos Legislativos 1015 y 1073, dictados por el gobierno-según dice- para facilitar la propiedad de la tierra, ha enfrentado al Congreso de la República con el Ejecutivo.

Cosa extraña, dicen los suspicaces, pues no se entiende como el oficialista presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén logró “quebrar” la protesta de los nativos y el miércoles último, luego de una larga reunión en Lima, firmó un acuerdo con el representante de los pueblos indígenas, Alberto Pizango.

La condición para tal medida fue que el Congreso se reúna para derogar los aludidos decretos y que los nativos levanten la huelga y depongan sus posturas beligerantes. Ambas episodios ya se cumplieron y las aguas se calmaron, por el momento.

¿Arreglo o embuste?

Ante estos hechos el presidente de la República Alan García ha respondido agriamente, fiel a su estilo, apenas supo de la decisión del Congreso de apoyar lo planteado por los nativos.

“Derogar las normas, señaló, sentaría un nefasto precedente, ya que se estaría tomando decisiones bajo amenaza de huelga, toma de carreteras y actos violentos”.

No se sabe si el presidente del Congreso, se ha sentido aludido por las reprimendas del Jefe de Estado, ambos del Partido Aprista, o si dichas conductas forman parte de un manejo mediático, que rayaría con el engaño, para conseguir que los pueblos indígenas en conflicto, depongan a como de lugar su actitud contestataria.

Si ese fuera el caso, tanto el gobierno como el propio Congreso, podrían estar jugando con fuego, pues pasado el señuelo, los nativos tendrían todo el derecho a dejar sentir no sólo mayores protestas sino a reinvindicar el embuste.

Algunos analistas sostienen que los decretos 1015 y 1073 favorece a los nativos, pues el primero dispone que cada comunidad decida la propiedad de sus tierras con la mitad más uno de sus miembros y no con el 66% o más, y, el segundo, precisa que los votantes que definan el destino de las tierras deban tener por lo menos un año de posesionarios de predios, con lo cual las tierras tendrían un mayor valor en caso que quisieran venderlos a inversionistas interesados.

El síndrome del perro del hortelano

Otros analistas, en cambio, sostienen que lo único que quiere el gobierno es desaparecer a las comunidades nativas y ofrecer en venta sus tierras, tal como lo proponía el presidente Alan García desde octubre del año pasado en sus propuestas del Perro del hortelano.

Le recordaron que desde esa fecha, el Primer Mandatario sustentó en los medios la concesión en la selva de grandes lotes (de 5,000 a 20,000 hás) a capitalistas e inversionistas extranjeros. Y, ese, ha sido precisamente el temor fundado de los nativos ante los decretos del gobierno.

Sin embargo, en lo que si coinciden muchos actores de la política nacional, entre ellos algunos medios de comunicaciones, es que el pecado del gobierno fue decretar dichas normas sin un diálogo con las comunidades afectadas, ni mucho menos una política de información transparente.

“Se nota mucha arrogancia y soberbia” de parte del gobierno, han manifestado el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi y la lideresa, Lourdes Flores Nano. Han anotado que el gobierno debería reconocer que se equivocaron al actuar inconsultamente, con los nativos de la selva.

Pero la presión no sólo está por el lado de los pueblos indígenas. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió esta semana admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensa del Pueblo, Beatriz Merino, contra el artículo único del D.L. 1015, publicado el 20 de mayo de este año en el diario oficial El Peruano, referido a la unificación de los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria.

Ahora el TC, ordenó correr traslado del expediente al Congreso, el mismo que tiene un plazo de 30 días para responder. Luego el TC citará a las partes a una audiencia y tendrá un plazo máximo de un mes para resolver la causa.

Antes de ello, los congresistas tendrán que ponerse de acuerdo (especialmente la bancada oficialista) con la finalidad de exhibir resultados concretos ante las comunidades nativas.

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el pedido es que dichos decretos no se deroguen sino se mejoren. Pero sus opositores dicen que eso estaría bien si es que el gobierno actuara con transparencia y diálogo. Al final se impuso la decisión del Congreso con todas las repercusiones que se han conocido el fin de semana.

En el supuesto de que el régimen aprista decida dialogar con las comunidades amazónicas, éstas -como lo sostiene el periodista Juan Paredes Castro- no pueden hacer tres cosas: a) abandonar la oportunidad de incorporarse a la modernidad de estos tiempos, dejando atrás más de 500 años de aislamiento, b) convertirse en fácil presa de la manipulación política de grupos y partidos interesados en sacar provecho y, c) descartar el cambio razonable quirúrgico al que deben someterse los decretos legislativos materia de controversia.

El tema, como se ve, tiene para largo, razón por la cual lo que más le conviene al gobierno es no hacerse de oídos sordos, sino escuchar y dialogar sobre el particular con las comunidades afectadas, especialmente de selva.

Mediocridad y enjuague político

EL ENJUAGUE DEL EJECUTIVO Y LA BANCADA FUJIMORISTA (Foto:www.latinstock.com.pe)

El hilo conductor entre el Congreso y el Ejecutivo serían las componendas bajo la mesa entre apristas y fujimoristas para ablandar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori y eventualmente exculparlo de sus fechorías

Un Parlamento mediocre que desmoraliza y el “enjuague político” que compromete al gobierno aprista con el procesado Alberto Fujimori, son los dos hechos de preocupación ciudadana, que los medios de comunicación ya habían advertido pero que cobran mayor notoriedad en palabras del laureado escritor, Mario Vargas Llosa.

Los episodios ocurren a poco de concluida la renovación de la Junta Directiva del Congreso, con los escandaletes y pujas partidarias entre el oficialismo y la oposición y, la resaca por fiestas patrias.

Vargas Llosa, sensible como siempre, y enterado de los acontecimientos políticos en el país le puso la puntería a las dos noticias que dominaron la discusión palaciega y mediática nacional.

“Se trata de un Congreso mediocre de exclusiva responsabilidad nuestra. Esa es la gente que elegimos. Por eso hay que votar la próxima vez con más responsabilidad y manteniendo la memoria para no volver a llevarlos al Parlamento”, se quejó el novelista el último miércoles ante el acoso de la prensa por conocer sus opiniones.

Imagen negativa

No le falta razón a Vargas Llosa. Con un Congreso desaprobado en un 60.5%, según el Barómetro de junio de este año de la Universidad de Lima y con una reprobación, del 57.7% del chiclayano Javier Velásquez Quesquén, durante la primea semana de julio, cuando estuvo candidateando a la presidencia del Parlamento, la desacreditación no era para menos.

Más aún cuando se conoce que el 50% del total de parlamentarios (especialmente de upepistas y apristas), se encuentra denunciado y con gruesos expedientes en la Comisión de Ética del Congreso.

Al APRA lo acusan ahora de “dinamitar” la organicidad de las agrupaciones políticas al interior del Congreso, especialmente a la bancada de Unión por el Perú (UPP) y de afianzar un pacto secreto con la bancada fujimorista.

Es decir, por un lado, el Partido Aprista estaría propiciando el transfugismo congresal, tan usual en la época de Montesinos y Fujimori, y de otro, bloquear la acción de la bancada fujimorista, negociando mejores condiciones penitenciarias para el proceso ex presidente Alberto Fujimori.

Ese es el escenario en el cual se mueve ahora el Congreso del Perú. Tan efectiva le ha resultado la política disociadora del APRA, que la UPP prácticamente está partida en dos bloques.

Negociar, por ejemplo, que Alvaro Gutiérrez Cueva, miembro del originario UPP integre la Junta Directiva de Velásquez Quesquén, significó un remezón en las filas de la oposición upepista. Luego de ello nació el llamado Bloque Popular que se escindía de Unión por el Perú.

Para la repartija de las presidencias de las Comisiones Ordinarias y Extraordinarias del Congreso, surgió un nuevo y pomposo nombre: Unidad Patriótica Peruana-Bloque Popular.

En este “toma y daca” el APRA se muestra sólida en el Congreso con sus 36 integrantes y mantiene con esta nueva directiva oficialista, siete Comisiones. Los fujimoristas, con 13 miembros le secundan y en términos generales han sido bien tratados. Tanto así que en la directiva de Velásquez, Alejandro Aguinaga Recuenco, del Grupo Parlamentario Fujimorista, ocupa nada menos que la primera vicepresidencia del Congreso.

Pero la pésima imagen del Parlamento no es tanto por las diatribas que se incuban en su seno para el teje y maneje político, sino por los escándalos de sus integrantes, de los que no se escapa ni el propio Velásquez Quesquén.

Si no basta recordar el audio difundido en un programa de televisión, donde se escucha al ahora presidente del Congreso abogar por un amiste entre Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza Soto, ambos ex humalistas, enfrentados a “muerte”. Y, todo para requerir sus votos para la presidencia.

Después del escándalo mediático, los dos congresistas fueron sometidos a investigación sumaria por la Comisión de Ética, por inconducta funcional, por supuesto tráfico de influencias y violación de la intimidad.

Espinoza acusó a Torres Caro de solicitar dinero al empresario uruguayo Sergio Cayrus Silva para ayudarle (a Cayrus) a ganar dinero y, además, de desacreditarlo, valiéndose de su asesor de prensa Humberto Landeo Bustamante.

Pero, lo más nebuloso en el manejo parlamentario es el “enamoramiento” cada vez más evidente entre la bancada aprista a la fujimorista, que ha funcionado especialmente para que éstos negocien con el gobierno para mejorar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori. Y, lo han conseguido.

El pacto

A esos episodios se refería Vargas Llosa cuando manifestó esta semana que “si (Alan García) llegara a ponerse de acuerdo con Fujimori, y eso fuera explícito, yo seré la persona que salga a criticarlo con más energía. Sería una catástrofe para el Perú y para él. Él esta reconstruyendo una imagen, ahora tiene la imagen de un estadista responsable y moderno, no creo que él quiera poner en riesgo esa imagen llegando a un pacto con un dictador, alguien que persiguió a él mismo y a su partido. Espero que eso no ocurra".

Sin embargo, todas las evidencias difundidas por el periodismo apuntan a que ese pacto sí ha ocurrido.

Lo real ahora es que Fujimori goza de un nuevo régimen carcelario concedido en junio por el Instituto Nacional Penitenciario, que le ha posibilitado entre otras gollerías, celebrar su cumpleaños 70, (el 28 de julio) con dos integrantes del grupo uruguayo Los Iracundos, amén de recibir visitas todos los días de semana, no sólo de sus familiares sino de quienquiera.

Ahora se alista a seguir las incidencias de los Juegos Olímpicos de Bejing en un televisor de plasma de 52 pulgadas cómodamente sentado comiendo sushi.

Y, como para que no quede la menor duda, el mismísimo ministro del Interior Luis Alva Castro (el mismo que la población lo desaprueba en más del 50%, según GOP de la Universidad de Lima), lo habría visitado el sábado 19 de julio en su carceleta de la Diroes, donde está recluido.

A dicha reunión secreta no habría ido solo sino acompañado de la Ministra de Justicia y del director de la Policía, general Octavio Salazar.

¿A que fueron? Las declaraciones de LAC y de sus voceros oficiales niegan la cita, pero caen en contradicciones cuando se les pregunta específicamente para qué visitaron la Diroes.

Hasta la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos ha tenido que admitir que la flexibilización del régimen carcelario es revisable si el INPE no argumenta claramente el por qué de las mejoras carcelarias a Alberto Fujimori.

Algo se cocina en el Parlamento, y ese olor trasciende por el Ejecutivo y llega nítidamente hasta la Diroes, en el fundo Barbadillo. Habrá que llamar al chef Gastón Acurio para ver de qué menú se trata.