(Publicado el 15 de julio 2007 en el suplemento Dominical del diario La Industria de Chiclayo)
La efervescencia social está en auge y rechina contra la política económica de un régimen que más parece de salida, que de entrada. A ello se suma la decisión de un juez chileno que desestimó la extradición de Fujimori.
Los acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante la semana lindan en lo dramático, tanto en el frente interno como externo.
Por un lado fermenta el descontento social no solo de trabajadores sino también de un grupo de empresarios, especialmente del oriente peruano.
La furia se expresa en huelgas, marchas y jornadas de protesta, episodios callejeros que fueron subiendo de tono en los últimos quince días.
De otro lado tenemos el sorpresivo rechazo del juez chileno Orlando Álvarez a la solicitud peruana de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, conocido el miércoles 11, en pleno desarrollo de la jornada de protesta que convocó la Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP).
El fallo del “tremendo juez” del país mapocho echó más leña al fuego popular, pues coincidió en el momento menos oportuno para el gobierno. La repulsa al régimen aprista se extendió a la clase dirigente chilena y especialmente a la justicia de ese país.
¿Calma chicha?
La tensión social venía aumentando desde la semana pasada y alcanzó su pico más alto el 11, cuando confluyeron todos los gremios en conflicto, tanto en Lima como en el interior del país.
Las demandas son amplias y variadas y van desde los reclamos salariales, en el sector Educación, Salud, Minería y atención al agro nacional, hasta el rechazo de la política económica del régimen aprista y, por supuesto, el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC), que se suscribiría con Estados Unidos y por la defensa de las exoneraciones tributarias en la selva peruana.
En resumen, la Defensoría del Pueblo dio cuenta que existían 75 conflictos sociales en el país. De esta cifra 35 están activos y son los que vienen convulsionando a la nación. Las causas, según la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, serían, entre otras, “la falta de interlocución entre la ciudadanía y el Estado”.
Esta situación ha motivado a la defensora a manifestar que espera que “los conflictos sociales no se convierta en una política de Estado en los próximos cinco años” y aclaró que “la costumbre del gobierno, expresando en los continuos viajes de los ministros a las zonas de conflicto para calmar los ánimos, no es útil. Esta política no va a detener las protestas”, enfatizó Merino.
La estrategia del gobierno giraba inicialmente en las buenas cosas que podía gestionar el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pero, cansados de los incumplimientos a las actas suscritas en los “diálogos”, los gremios decidieron salir a las calles.
Ese era el escenario por lo menos hace dos semanas, hasta que el Jefe de Estado decidió entrar en escena, especialmente a partir del inicio de la huelga general indefinida del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).
Alan García sigue demostrando que es cáustico y letal con el verbo. Pero, también es paradójico. No solo ha lanzado improperios a los maestros- sin distinción alguna- sino también a todos aquellos que han levantado su voz de protesta frente al régimen.
El lunes último les dijo“comechados” a los maestros y “locos, suicidas y picones”, a los dirigentes populares, sindicales y agrarios.
“No les temo a estos grupúsculos de revoltosos”, había expresado unos días antes, pero el mismo lunes 9, ya se había publicado en el diario Oficial El Peruano el decreto supremo 060-2007-PCM que disponía que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional y durante 30 días a “garantizar el funcionamiento de las entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos para el normal desarrollo de las actividades de la población”.
El gobierno se ha cuidado de que durante la intervención de las FF.AA. no hubiera restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, las leyes y en los Tratados Internacional sobre Derechos Humanos, en una suerte de poner el parche, ante los graves conflictos sociales.
Felizmente, ante la protesta de varios sectores por la drástica y contradictoria medida, el miércoles 11 no se vio mucha presencia de los efectivos militares en algunas regiones en conflicto.
En esta especie de “guerra” entre el gobierno y el Sutep, García dio su estocada final el miércoles en la tarde al promulgar la ley de la Carrera Pública Magisterial, luego de que la Junta de Portavoces del Parlamento la exonerara de la segunda votación.
El Sutep, por supuesto, ha rechazado la norma y profetiza que en menos de un año la nueva ley no podrá aplicarse porque el gobierno no la proveerá de los recursos financieros necesarios.
En ese contexto, los empresarios del oriente peruano, a pesar de la tregua pactada con el gobierno, siguen molestos por el recorte de las exoneraciones tributarias.
Pero son los empresarios agrupados en la CONFIEP, los que intentan ser más ponderados. Señalaron, en palabras de su presidente, Jaime Cáceres Sayán, que ellos se mantienen optimistas en relación al futuro de la economía peruana, aunque reconocieron su preocupación por la ola de paros y huelgas en diversas zonas del país.
En ese mismo sentido se pronunciaron los presidentes de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias.
Sea como fuere, la gestión del gobierno aprista en su conjunto ha visto caer sus niveles de aprobación durante la última semana, según las últimas encuestas, especialmente de la Universidad de Lima.
La aprobación al presidente García cayó once puntos, de 52.6 a 41.3% durante el último mes. Similar tendencia sufre la gestión del premier Jorge del Castillo (baja de 41.3 a 38.9%) y la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (de 54.4 a 48.9%).
El fugitivo y la ley
Las reacciones en el país y en el exterior frente a la decisión de la justicia chilena respecto a la extradición del fugitivo ex presidente Fujimori, han recrudecido con mayor virulencia.
El único consuelo que exponen los expertos es que esa postura soberana de Chile no significa de modo alguno una expedición de un certificado de buena conducta del ex dictador peruano, ya que Chile no está juzgando a Fujimori. Solo tramita un pedido de extradición.
Hasta en el propio Japón, muchos sectores creen que sería conveniente que Fujimori mejor se allane a la justicia peruana para “salir de las dudas y limpiar su honorabilidad”, si es que en verdad la tiene.
Los acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante la semana lindan en lo dramático, tanto en el frente interno como externo.
Por un lado fermenta el descontento social no solo de trabajadores sino también de un grupo de empresarios, especialmente del oriente peruano.
La furia se expresa en huelgas, marchas y jornadas de protesta, episodios callejeros que fueron subiendo de tono en los últimos quince días.
De otro lado tenemos el sorpresivo rechazo del juez chileno Orlando Álvarez a la solicitud peruana de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, conocido el miércoles 11, en pleno desarrollo de la jornada de protesta que convocó la Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP).
El fallo del “tremendo juez” del país mapocho echó más leña al fuego popular, pues coincidió en el momento menos oportuno para el gobierno. La repulsa al régimen aprista se extendió a la clase dirigente chilena y especialmente a la justicia de ese país.
¿Calma chicha?
La tensión social venía aumentando desde la semana pasada y alcanzó su pico más alto el 11, cuando confluyeron todos los gremios en conflicto, tanto en Lima como en el interior del país.
Las demandas son amplias y variadas y van desde los reclamos salariales, en el sector Educación, Salud, Minería y atención al agro nacional, hasta el rechazo de la política económica del régimen aprista y, por supuesto, el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC), que se suscribiría con Estados Unidos y por la defensa de las exoneraciones tributarias en la selva peruana.
En resumen, la Defensoría del Pueblo dio cuenta que existían 75 conflictos sociales en el país. De esta cifra 35 están activos y son los que vienen convulsionando a la nación. Las causas, según la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, serían, entre otras, “la falta de interlocución entre la ciudadanía y el Estado”.
Esta situación ha motivado a la defensora a manifestar que espera que “los conflictos sociales no se convierta en una política de Estado en los próximos cinco años” y aclaró que “la costumbre del gobierno, expresando en los continuos viajes de los ministros a las zonas de conflicto para calmar los ánimos, no es útil. Esta política no va a detener las protestas”, enfatizó Merino.
La estrategia del gobierno giraba inicialmente en las buenas cosas que podía gestionar el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, pero, cansados de los incumplimientos a las actas suscritas en los “diálogos”, los gremios decidieron salir a las calles.
Ese era el escenario por lo menos hace dos semanas, hasta que el Jefe de Estado decidió entrar en escena, especialmente a partir del inicio de la huelga general indefinida del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).
Alan García sigue demostrando que es cáustico y letal con el verbo. Pero, también es paradójico. No solo ha lanzado improperios a los maestros- sin distinción alguna- sino también a todos aquellos que han levantado su voz de protesta frente al régimen.
El lunes último les dijo“comechados” a los maestros y “locos, suicidas y picones”, a los dirigentes populares, sindicales y agrarios.
“No les temo a estos grupúsculos de revoltosos”, había expresado unos días antes, pero el mismo lunes 9, ya se había publicado en el diario Oficial El Peruano el decreto supremo 060-2007-PCM que disponía que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional y durante 30 días a “garantizar el funcionamiento de las entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos para el normal desarrollo de las actividades de la población”.
El gobierno se ha cuidado de que durante la intervención de las FF.AA. no hubiera restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, las leyes y en los Tratados Internacional sobre Derechos Humanos, en una suerte de poner el parche, ante los graves conflictos sociales.
Felizmente, ante la protesta de varios sectores por la drástica y contradictoria medida, el miércoles 11 no se vio mucha presencia de los efectivos militares en algunas regiones en conflicto.
En esta especie de “guerra” entre el gobierno y el Sutep, García dio su estocada final el miércoles en la tarde al promulgar la ley de la Carrera Pública Magisterial, luego de que la Junta de Portavoces del Parlamento la exonerara de la segunda votación.
El Sutep, por supuesto, ha rechazado la norma y profetiza que en menos de un año la nueva ley no podrá aplicarse porque el gobierno no la proveerá de los recursos financieros necesarios.
En ese contexto, los empresarios del oriente peruano, a pesar de la tregua pactada con el gobierno, siguen molestos por el recorte de las exoneraciones tributarias.
Pero son los empresarios agrupados en la CONFIEP, los que intentan ser más ponderados. Señalaron, en palabras de su presidente, Jaime Cáceres Sayán, que ellos se mantienen optimistas en relación al futuro de la economía peruana, aunque reconocieron su preocupación por la ola de paros y huelgas en diversas zonas del país.
En ese mismo sentido se pronunciaron los presidentes de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias.
Sea como fuere, la gestión del gobierno aprista en su conjunto ha visto caer sus niveles de aprobación durante la última semana, según las últimas encuestas, especialmente de la Universidad de Lima.
La aprobación al presidente García cayó once puntos, de 52.6 a 41.3% durante el último mes. Similar tendencia sufre la gestión del premier Jorge del Castillo (baja de 41.3 a 38.9%) y la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (de 54.4 a 48.9%).
El fugitivo y la ley
Las reacciones en el país y en el exterior frente a la decisión de la justicia chilena respecto a la extradición del fugitivo ex presidente Fujimori, han recrudecido con mayor virulencia.
El único consuelo que exponen los expertos es que esa postura soberana de Chile no significa de modo alguno una expedición de un certificado de buena conducta del ex dictador peruano, ya que Chile no está juzgando a Fujimori. Solo tramita un pedido de extradición.
Hasta en el propio Japón, muchos sectores creen que sería conveniente que Fujimori mejor se allane a la justicia peruana para “salir de las dudas y limpiar su honorabilidad”, si es que en verdad la tiene.
